Consulta pública

Alberto Aziz Nassif
3 de junio de 2008
El Universal

Las necesidades políticas del país han rebasado a las estructuras institucionales. México, como un país complejo, necesita instituciones que respondan a los retos y desafíos que plantea nuestra accidentada construcción democrática.

En muchos países desarrollados existen formas democráticas de consulta, métodos para la participación directa como el referéndum y el plebiscito. En Europa, diversas decisiones fundamentales se han tomado a través de estos mecanismos plebiscitarios, como la adopción del euro o la propia Constitución europea. Aquí durante años se ha insistido en la necesidad de contar con estas figuras para resolver problemas fundamentales, disyuntivas nacionales.

Sin embargo, la clase política, corta de miras, se ha negado o ha evitado llegar a legislar sobre estos instrumentos a nivel nacional. Hoy estamos en uno de esos momentos que necesitan llegar a una amplia consulta de la sociedad, pero el país no tiene los instrumentos adecuados para lograrlo. La reforma petrolera y la suerte que corra la principal empresa pública del país son un tema de agenda que necesita no sólo debate y acción parlamentaria, sino quizá una amplia consulta a la ciudadanía.

Varios estados y el DF han corrido mejor suerte y cuentan con estos mecanismos. Sin embargo, a pesar de que las figuras existen ya en algunos estados, no se han llevado a cabo, por lo cual son letra, pero no han sido acto. Las figuras de la democracia directa, como se les puede llamar, en las que la autoridad consulta a la ciudadanía para que se manifieste en favor o en contra de alguna propuesta, se conocen como plebiscito; el referéndum es un instrumento de participación directa en el cual los ciudadanos expresan su rechazo o aprobación sobre la creación, derogación o modificación de reglas y leyes; la iniciativa popular consiste en la presentación de proyectos al organismo legislativo; también existe la posibilidad de quitarle la representación a algún gobernante o representante mediante una derogación de mandato.

Ahora el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, ha propuesto una consulta pública para el próximo 27 de julio, y lo ha hecho en su intervención en el debate petrolero en el Senado de la República. Este ejercicio está consignado en la Ley de Participación Ciudadana del DF. La consulta se hará a través del Instituto Electoral del Distrito Federal, que tiene los instrumentos para llevarla a cabo.

Resulta significativo que sea el DF el primer lugar donde se haga esta consulta. En marzo de 1993, un grupo de ciudadanos independientes y organizaciones sociales hicieron un plebiscito para establecer una reforma política, cuyos temas eran la elección directa del jefe de Gobierno, la transformación de la Asamblea de Representantes en un Congreso local y la conversión del DF en el estado 32. Las tres propuestas fueron respondidas positivamente en una mayoría de un universo de 300 mil personas que participaron. Esta experiencia se hizo sin ningún reconocimiento legal, pero marcó la agenda futura, se logró la elección directa cuatro años después; la Asamblea se fortaleció, sin llegar a tener la autonomía de un Congreso local, y está pendiente una reforma política a fondo en la capital, que mantiene un estatus dependiente.

Unos años después, en 1998, se hizo el intento de celebrar un referéndum revocatorio en Chihuahua, a propósito de una reforma electoral regresiva que se aprobó en ese año. Esta figura está en la Constitución de ese estado norteño desde su reforma integral en 1995. Sin embargo, mediante un convenio que se hizo entre la autoridad electoral local y la Secretaría Ejecutiva del IFE, se estableció un requisito sumamente restrictivo para identificación de las firmas (plan con maña), es decir, la anotación de los 18 dígitos de la credencial de elector, y con ello se desechó una cantidad suficiente de firmas para no tener el 10% del padrón que exigía la normatividad. De haberse realizado este ejercicio, hubiera sido el primero con pleno reconocimiento constitucional en el país.

La situación actual en México, según los argumentos de algunos juristas, pueden remitirse al artículo 26 de la Constitución, donde se establece el siguiente texto: “La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática”. Así fue retomado por un grupo de académicos e intelectuales en un desplegado en el que invitan a los gobiernos de los estados y del DF que ya cuenten con estos instrumentos de participación directa a realizar consultas públicas sobre el tema de la reforma petrolera.

Con la limitación de instrumentos que existen hay un rezago nacional, porque incluso lo del artículo 26 puede ser motivo de debate y de interpretación; y, por supuesto, dichos “procedimientos de participación y consulta” no derivan automáticamente en leyes secundarias. Los podría establecer el Congreso de la Unión mediante una reforma; ya existen diversas iniciativas en este sentido, pero no se han querido hacer estas reformas.

También se podría establecer un mecanismo especial, que el mismo IFE, que tiene los instrumentos, como el padrón y la logística electoral, lo podría instrumentar. Por supuesto, hay otras soluciones intermedias que podrían ser complementarias, como combinar la consulta directa con encuestas. En caso de una consulta pública nacional lo más importante sería establecer condiciones de equidad en el uso de medios para que las partes pudieran exponer sus tesis sobre la consulta, porque si alguna de las partes tiene el predominio en los medios, lleva de entrada una ventaja sobre su proyecto.

Sin duda que el país necesita una ampliación de sus instrumentos democráticos de participación directa para fortalecer la gobernabilidad, porque por el momento sólo contamos con la tribuna o la calle.

Investigador del CIESAS