Apóstoles de la telecracia

PLAZA PÚBLICA

Miguel Ángel Granados Chapa
25 Jun. 08
Reforma

Sin importar que se había adelantado como tema del periodo extraordinario, Gustavo Madero y Manlio Fabio Beltrones detuvieron las reformas a la Ley de Radio y Televisión; atendieron con ese freno a otros intereses, no sus obligaciones, según fue señalado. Tras la reforma electoral era necesario modificar la ley que regula los medios electrónicos pero no se logró; las sanciones para quienes no acaten las nuevas disposiciones en los periodos de campaña quedaron frustradas

Parece que el senador Gustavo E. Madero empezó a cumplir la encomienda que, en lo inmediato, motivó su designación al frente de los legisladores panistas en Xicoténcatl. La semana pasada estaba lista para ser aprobada en el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso una reforma a la Ley de Radio y Televisión en materia electoral, iniciada por un miembro de esa bancada, Ricardo García Cervantes. Pero el nuevo coordinador decidió frenarla, en beneficio principalmente del duopolio televisivo. No falta ya quien, por esa actitud y en paralelo al mote de su tío abuelo, cuya fisonomía heredó, llame al Madero de hoy Apóstol de la telecracia.

Es una denominación que al menos debe ser compartida con Manlio Fabio Beltrones. Más todavía, quizá Madero usurpa una descripción que corresponde exclusivamente al líder senatorial priista, porque antes de que éste emergiera como líder de sus compañeros, el sonorense ya había mostrado que su beligerancia contra el duopolio había cedido y dado paso a una nueva y feliz etapa de colaboración con la gente poderosa de los medios electrónicos. A pesar de ese notorio vuelco de su parecer, todavía el martes de la semana pasada aceptó (lo mismo que Madero) que la iniciativa de García Cervantes formara parte de la agenda de las sesiones extraordinarias. El propio Beltrones había dicho que sólo serían programados asuntos sobre los que ya hubiera consenso, para asegurar que salieran avante.

El proyecto de García Cervantes consiste (consistía es un mejor modo de decirlo) en establecer una sanción extrema para los concesionarios relapsos en el incumplimiento de la legislación electoral. La reforma constitucional aprobada el año pasado, y que (hoy vemos que ilusamente) fue aclamada como un grito de libertad de políticos frente a los poderes de hecho, impone a quienes manejan la radio y televisión obligaciones de hacer y de no hacer. No pueden admitir propaganda política y electoral pagada, y deben en cambio transmitir los mensajes de los partidos que les presente el Instituto Federal Electoral. García Cervantes propuso que quienes desacataran repetidamente esas disposiciones quedaran en riesgo de perder la concesión. En caso de reincidencia el órgano electoral estaría facultado para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la revocación de la concesión respectiva. Adviértase que no se concedía al IFE atribuciones en esa materia. No sería ese instituto el que cancelara la autorización para transmitir. Se limitaría a solicitarlo a la autoridad competente, que obraría conforme a sus responsabilidades.

La sanción extrema no debía provocar temor en ningún concesionario dispuesto a cumplir la ley. Pero sí, en cambio, a quienes han manifestado su oposición a acatarla (como TV Azteca) y a quienes transmiten propaganda y apenas la disfrazan para hacerla aparecer como información (tal como Televisa hace todas las noches con las notas en que el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, es protagonista). Por ello esos concesionarios ejercieron su poder, para alejar de sí el fantasma de una sanción suficientemente fuerte como para disuadirlos de infringir la norma.

Aliados con ese propósito, Beltrones y Madero instruyeron a sus compañeros que integran las comisiones de Radio y Televisión y de Estudios Legislativos en el Senado a que el jueves pasado, víspera de las sesiones extraordinarias, simplemente se abstuvieran de asistir a esas comisiones. Sin quórum no hubo dictamen, y sin dictamen no hay reforma. De tal modo que durante el proceso legislativo de 2009 si los concesionarios insisten en desacatar la ley no podrán ser castigados con la pena máxima, que no llegó a nacer.

El autor de la iniciativa frustrada no vaciló en denunciar la maniobra: "el Congreso se somete a otro tipo de intereses y deja de cumplir sus obligaciones", "me parece no sólo grave, sino síntoma y signo de una claudicación que me parece vergonzosa". Preguntado sobre la influencia de las televisoras en este caso, García Cervantes afirmó que la había: "es tan evidente que ni siquiera se puede legislar cuando se encuentra uno obligado a hacerlo" (Reforma, 24 de junio).

Al presentar ese proyecto, García Cervantes fue congruente con la posición que tomó el año pasado ante la Suprema Corte, durante las audiencias previas a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Televisa. Dijo entonces que tras la resolución judicial el Congreso tendría que hacer su parte en la modificación de las normas que rigen a la radio y la televisión. El Senado mismo pareció transitar en esa dirección cuando constituyó un grupo de trabajo ex profeso, que presentó un libro blanco sobre el tema, materia prima para la nueva ley de medios, en que se resumirían los ajustes legales necesarios tras la sentencia de la Corte y los avances que es preciso lograr en congruencia con la decisión judicial. Todo ello ha quedado frustrado. Congelar el proyecto de García Cervantes es sólo un anticipo.

Beltrones ya había evidenciado que su ánimo a favor de nuevas condiciones para la radio y la televisión, que implicaran la pluralidad de difusores, la apertura del mercado a nuevos competidores, era frágil y veleidoso. En prenda de que no habrá la gran reforma necesaria, inició la suya propia de alcance limitado y con la mira de congraciarse con un sector de la radiodifusión, presentó un proyecto para que los concesionarios de AM reciban automáticamente autorizaciones de FM. Le quedarán muy agradecidos.


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