Opinion - Ricardo Monreal

Petróleo y referendo

Publico

¿Qué sigue después de aprobar en el Congreso la reforma energética? En condiciones democráticas de avanzada, dispondríamos de dos instancias: un tribunal constitucional que dictaminara si los legisladores se apegaron a la Constitución o se excedieron en sus facultades; un referendo o consulta ciudadana que ratificara o rechazara lo aprobado por el Poder Legislativo.

Disponemos de ambos mecanismos, pero en condiciones inacabadas o a medias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde 1994, conoce de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad de ordenamientos y disposiciones de los tres órdenes de gobierno. Un boom de controversias se ha registrado desde entonces, dando lugar a plantear la necesidad de que la SCJN actúe exclusivamente como tribunal constitucional o, por lo menos, crear una sala especializada en estos temas.

En relación al referendo, la figura está formalmente reconocida en nuestra Constitución, pero realmente está proscrita de nuestra vida pública al carecer de una ley reglamentaria. Sólo algunas entidades federativas la tienen formal y materialmente contemplada como mecanismo de participación ciudadana, como es el caso del DF, Coahuila y 15 estados más.

De esta manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación parece ser la siguiente estación de la llamada reforma energética, una vez que una mayoría legislativa conformada por el PAN, un sector del PRI y otros partidos aprueben una especie de “reforma de la reforma energética” de Felipe Calderón. Es decir, una versión corregida de la iniciativa original.

Antes de los foros de consulta en el Senado (un logro concreto del llamado “tribunazo”) las aristas a pulir de la controversial reforma parecían pactados y delimitados. El PRI eliminaría los aspectos flamables de la iniciativa (refinerías privadas, arbitrajes extranacionales y enajenación de la renta petrolera, entre otros), pero mantendría el núcleo central de la misma: el reconocimiento legal y la aplicación generalizada de la figura de “contratos de servicio ampliados”. Es decir, la privatización de Pemex por la peor de las modalidades posibles, el contratismo. Además de mantener intocada la actual relación entre el sindicato y la empresa.

Esta ruta crítica de aprobación se mantiene sin cambios relevantes. Los foros del Senado modificaron el calendario pero no el contenido previamente pactado por el PAN y el PRI. A lo sumo, la consulta servirá para agregar nuevas condicionantes y exigencias de los aliados parlamentarios, pero no para modificar el núcleo privatizador original, motivo de una previsible controversia constitucional.

¿Cómo fallaría la SCJN en este eventual escenario? Los dos foros del Senado destinados a analizar la constitucionalidad de la iniciativa perfilaron la polarización de opiniones que seguramente se dará en el máximo tribunal del país. De 14 juristas, investigadores y abogados participantes, siete exhibieron la naturaleza inconstitucional de la iniciativa, seis abogaron a su favor y uno se abstuvo de abordar el tema. Sin embargo, a diferencia de la votación que se puede predecir desde ahora en el Poder Legislativo, la Corte ha actuado de manera impredecible en casos relevantes.

Ha respondido como un tribunal fundacional y de contrapeso en casos como los militares con sida, la despenalización del aborto en el DF y la Ley de Medios. Pero también ha convalidado abusos de poder y atracos a garantías individuales como los casos de Lydia Cacho versus Mario Marín, Oaxaca y el anatocismo financiero. En asuntos de interés netamente ciudadanos, la SCJN actúa de manera innovadora. En asuntos de poder y dinero, responde de manera conservadora. Y el tema del petróleo es un asunto de poder y de muchísimo dinero.

La otra opción válida, aunque inacabada, sería el referendo o la consulta ciudadana. Es la salida planteada por el ex ministro Juventino Castro y Castro y por el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard.

Si hubiera referendo, el siguiente paso después del Congreso sería convocar a los ciudadanos a las urnas para que refrenden o rechacen la reforma energética, debiendo acatar los poderes Legislativo y Ejecutivo ese resultado. Validar si la mayoría legislativa integrada en las cámaras se corresponde plenamente con la opinión mayoritaria de los ciudadanos.

La reforma energética, tal como la pretenden aprobar el PAN y el PRI, impactará el futuro económico y social del país. Es un asunto de interés nacional como para dejarlo en manos exclusivas de 500 diputados federales, 128 senadores y 11 ministros de la Suprema Corte. Que la mayoría de los mexicanos, no una élite, decidan el futuro de la reforma energética.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

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