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lunes, diciembre 17, 2007

El Hospitalito, el caso Coronado y la Villa, asuntos que aborda el Juicio Nacional Popular


Integrantes de la APPO relataron cómo son intimidados por el gobierno de Ulises Ruiz


Integrantes de diferentes organizaciones del país asistieron al tercer Juicio Nacional Popular en la Plaza de Armas.

“Estás bien buena mamacita. ¡Aguas! Un día de éstos me vas a disfrutar”, es uno de tantos mensajes intimidatorios que por celular, las autoridades del gobierno de Oaxaca, encabezadas por el priísta UIises Ruiz, envían a integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, relató ayer María, integrante de la APPO, en conversación con La Jornada Jalisco durante el tercer Juicio Nacional Popular en la Plaza de Armas de Guadalajara.

El juicio que ayer empezó y que termina este domingo alrededor de las seis de la tarde con la participación de la senadora del Partido del Trabajo (PT), Rosario Ibarra de Piedra, es una especie de corte popular que reúne a “todos los golpeados del país”, según María.

Y es que “Oaxaca no es sólo Oaxaca, es una cadena de intereses del capital liberal”, expresó la mujer morena y de baja estatura. El escenario en Oaxaca sigue vivo con la APPO, que reúne a unos 15 grupos. Bajo un plan de acción denominado Jornada Permanente Estatal, Nacional e Internacional para la Libertad de los Presos, el Castigo a los Culpables y la Destitución de Ulises Ruiz, la APPO se encuentra en una etapa de reorganización. La persecución se ha extendido hacia los jóvenes y las mujeres, dijo María. Las estrategias de las corporaciones de seguridad del gobierno priísta van desde el soborno y pago a vecinos de appistas, la vigilancia extrema en domicilios de los mismos y las amenazas mediante teléfonos celulares: “si tienes un hijo que se llama Felipe, cuídalo”, es sólo un ejemplo que reciben en sus aparatos telefónicos los appistas.

Oaxaca. Poco más de mil kilómetros. Casi diez horas de camino. Oaxaca en Guadalajara la tarde de este sábado. La gente, ni enterada. No se entera del estado sureño en la televisión porque las televisoras “no pasan lo que sucede en Oaxaca”, comentó un joven appista que tan sólo hace un mes fue levantado cerca de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) mientras vendía playeras marca “Hecho en la APPO”. Fue el 2 de noviembre, día de conmemoración en que la APPO dio batalla a la Policía Federal Preventiva (PFP) un año antes. De ahí a la Dirección de Seguridad del estado. Patadas, golpes y toletazos. “Y es costumbre”, expresó el joven de no más de 20 años de edad.

Acá, en Jalisco, nada pasa. El aguinaldo lo acomoda todo en su lugar. Las bolsas de Fábricas de Francia se paseaban en las manos de sus compradores frente a los carteles de a cien pesos en los que se muestra al “Santo y la APPO contra las momias del PRI-AN”.

Los tapatíos que ayer paseaban entre palomas, “orejas” (empleados del gobierno que registran fotos de los manifestantes haciéndose pasar de civiles) y unos 10 policías –antimotines y municipales–, muchos de ellos no se enteraron que en Oaxaca vive Artemio León, en un poblado de 700 habitantes llamado San Isidro Vistahermosa “Tlaxiaco”. Algunos paseantes, con sus regalos envueltos en papel navideño, no supieron que Artemio nació con un conflicto heredado desde 1929. La ranchería donde vive adquirió ese año el rango de agencia municipal dependiente de Santa Cruz Mundaco, en la mixteca. En ese lugar residen comuneros ligados por caciques del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes en 1934 han desatado una guerra contra Tlaxiaco con el argumento de convertir a todo el municipio en propiedad comunal.

Desde esa fecha ha habido asesinatos, violaciones, incendios a semillas y robo de ganado. Quizá algunos de los que ayer caminaron frente al Palacio de Gobierno –donde estaban los del jurado popular– no se enteraron que en donde vive Artemio, el 13 de mayo de 2003 una familia fue secuestrada; que el 15 de mayo del mismo año, otra familia fue secuestrada; que el 5 de julio de 2005 secuestraron a otras 38 personas; que del 29 al 30 de julio de ese año, Olga Isabel León fue raptada y violada por gente cercana a las autoridades municipales; que el 29 de agosto de 2005, a una familia la desalojaron de sus tierras a balazos; que la lista es larga y que Artemio, como en una bitácora, ha ido anotando cada caso con tinta roja en una libreta tamaño carta con todos los números de denuncia.

Aquí, en Jalisco, donde reina el Partido Acción Nacional (PAN) los casos que desde ayer se ventilan para el conocimiento de la comunidad local, nacional e internacional en el tercer Juicio Nacional Popular son otros: El Hospitalito en Zapopan, la presunta participación del procurador de Justicia, el panista Tomás Coronado, en fiestas donde adultos tenían sexo con menores; los vecinos del parque Morelos ante el proyecto de la Villa Panamericana en Guadalajara; la contaminación en El Salto y Juanacatlán, en donde ONG han registrado más de 120 casos de cáncer ante la omisión gubernamental; la intromisión del cardenal Juan Sandoval Iñiguez en las políticas públicas y el Estado laico, y el que ubica a Guadalajara como una ciudad represora en el ámbito mundial, el caso del 28 de mayo de 2004, según enlistó Guadalupe Cepeda, miembro de la Coordinadora 28 de Mayo AC.

Hoy, a las seis de la tarde, el Juicio Nacional Popular emitirá los veredictos. En la Plaza de Armas se conocerá de la resolución para las autoridades locales, los panistas Emilio González Márquez, Tomás Coronado Olmos, Alfonso Petersen Farah, Juan Sánchez Aldana, Alfonso Gutiérrez Carranza, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, Jorge Vizcarra Mayorga y los que vayan saliendo de acuerdo con los casos que continúe presentando el pueblo, así como los nacionales, Felipe Calderón Hinojosa, Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación, y por supuesto, Ulises Ruiz Ortiz, gobernador de Oaxaca.

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::

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