Artículo publicado en El Occidental el 3 de diciembre de 2007
Impunidad
Jorge Gómez Naredo
Impunidad, parece ser la palabra que resume a los actuales gobiernos panistas, ya sean el federal, los estatales o los municipales. Y no solamente a los ejecutivos, es decir, a los presidentes municipales, gobernadores o primeros ediles, sino también a las estructuras judicial y legislativa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, en una votación de seis a favor y cuatro en contra, estableció que la periodista Lydia Cacho no había probado bien sus dichos y que, por lo tanto, no procedía castigar al gobernador de Puebla, Mario Marín, a pesar de las evidencias de abuso de poder, de persecución y de las conversaciones donde se planeaba el “coscorrón” que el gober precioso, por instancias de su amigo Kamel Nacif, le iba a propinar a Lydia Cacho.
Impunidad también en el Instituto Federal Electoral: Luis Carlos Ugalde se va de la presidencia de dicho instituto a dar clases, él lo dice muy ufano, a la Universidad de Harvard. Y se va con un historial de afrentas encima, pues fue él quien permitió que la campaña de odio (la guerra sucia electoral) panista se iniciara y manchara las elecciones presidenciales de 2006 y fue también él, con todos los consejeros que lo acompañaron (muchos de los cuales se quedan en sus puestos), los que apoyaron el fraude electoral en contra de Andrés Manuel López Obrador.
Impunidad en el caso de Vicente Fox, quien también participó en el fraude electoral. Impunidad a su esposa Martha Sahagún y sus hijos, los hermanos Bribiesca, los cuales se enriquecieron al amparo del poder. Impunidad y más impunidad pactada en las altas esferas de gobierno, en los círculos judiciales, en las oficinas de los gobernadores y en los pasillos de Los Pinos. Un país de impunidad y más impunidad.
Impunidad al ex senador Diego Fernández de Cevallos, que al amparo de sus relaciones políticas y de sus puestos en la burocracia federal, llevó a cabo juicios que no tenían nada de limpios y sí, en cambio, mucho de venales. Impunidad al ahora diputado del PRI Emilio Gamboa Patrón, pues a pesar de quedar demostrada su participación en tráfico de influencias, a través de una llamada que le hizo Kamel Nacif y que fue divulgada en la prensa, no ha tenido ningún empacho en explicar los vínculos con dicho empresario ni sus actos de corrupción.
Impunidad también en el Estado de Jalisco y en la Secretaría de Gobernación federal, pues a un año de la muerte de Néstor Alan Rodríguez, no se han esclarecido las responsabilidades porque quienes manejaban ebrios y provocaron la colisión que le provocó la muerte al joven tapatío: son parte, estos asesinos, de la aristocracia política del Estado y están cobijados por el poder del ahora secretario de gobernación Francisco Ramírez Acuña. Impunidad, no cabe duda, que desespera e indigna.
Impunidad también al actual procurador del Estado de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, quien a pesar de estar señalado como pederasta, no se le han hecho investigaciones y continúa en su puesto. El actual gobernador, Emilio González Márquez, no lo quiere investigar ni quiere establecer una fiscalía especial para atender el caso: y todo porque la impunidad parece ser la regla que guía a los gobiernos panistas y priístas. Impunidad, también, a Martín Aguirre Aguirre, ex funcionario público del Ayuntamiento de Guadalajara, que fue señalado como pederasta y que, a pesar de ello, no ha tenido castigo.
Vivimos en un país donde las leyes no se respetan o donde las leyes se utilizan para lograr impunidad. Por eso resultan hipócritas los llamados de funcionarios municipales, estatales y federales a respetar el “estado de derecho”, el cual es usado para beneficiar a unos cuantos y perjudicar a los muchos. Impunidad, sí, en todas partes y a todas horas. Una impunidad que duele y que necesita ser combatida no por los de arriba (ellos jamás lo harán), sino por los de abajo, por el pueblo organizado. Es la única salida para tratar de aminorar esta corrupción que día a día se vuelve más común, más nociva y más dañina.
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