La criminalización de la protesta: el caso de Guadalajara
El pasado 8 de diciembre diversas organizaciones sociales participaron en una manifestación –que partió de la glorieta de la normal a palacio de gobierno– para protestar en contra de las constantes violaciones a los derechos humanos en el Estado. Después de un mitin y de constantes intimidaciones por parte de las policías municipal y estatal, algunos de los participantes en la marcha decidieron quedarse en un plantón (con duración de una semana) que no obstruyera ninguna vialidad. A eso de 11:00 de la noche, quienes habían decidido pernoctar en el andador Pedro Moreno, observaron cómo más de doscientos policías acompañados de docenas de inspectores de mercados del Ayuntamiento tapatío se comenzaban a acercar: marchaban con sus escudos y toletes, desafiantes. De un momento a otro las “fuerzas del orden” levantaron el pequeño toldo que habían montado los manifestantes y se llevaron equipos de sonidos, banderas, mantas, mochilas y cuanto encontraron a su paso.
La realidad, sin duda, es en demasía irónica: la manifestación y el posterior plantón se realizaron para pugnar por el respeto a los derechos humanos y a la libre manifestación y todo terminó, una vez más, en la violación a las garantías constitucionales y al derecho que todo mexicano tiene de salir a las calles para mostrar su inconformidad. Después de la manifestación y de la represión que se vivió el 8 de diciembre en el centro de Guadalajara, las autoridades mostraron un mutismo exasperante: nada dijeron.
El viernes pasado, sin embargo, Alfonso Petersen Farah rompió el silencio cuando cuatro integrantes del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) y dos visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se apersonaron en las oficinas del munícipe. Raudo y veloz el funcionario argumentó: “qué bueno que vinieron pues en este momento pensaba ir al plantón con ustedes”. Vaya importancia que le da el alcalde de Guadalajara a los actos de represión: una semana después explicaría por qué se había tratado a los inconformes como delincuentes. Ante los reclamos, Petersen Farah prometió castigo a quienes se habían robado (no se puede utilizar otro verbo) los objetos de los manifestantes; arguyó, además, que los empleados del municipio no debieron haber hecho lo que hicieron, que estuvo mal, que tendrían tache y castigo, que qué poca...
Las declaraciones de Alfonso Petersen Farah muestran el cinismo característico de los funcionarios panistas. La intimidación, robo de objetos y algunos golpes estaban planeados con detenimiento y antelación. Esto lo comprueba la presencia en el lugar de los hechos del mismísimo director general de seguridad pública del Ayuntamiento, Macedonio Tamez Guajardo, quien sonriente, con saco y sin corbata, dirigía a los policías municipales y estatales (hay un vídeo que lo demuestra). ¿Entonces, por qué reducir los actos violentos del 8 de diciembre a un problema de “mercados”?, ¿por qué no reconocer que se planeó el hurto del toldo, los equipos de sonido, las banderas, las mantas y la constante intimidación a los manifestantes en contubernio con las autoridades estatales?, ¿por qué no decir que en Guadalajara no se permite que unos cincuenta ciudadanos duerman en el centro histórico como una manera de manifestar su inconformidad?, ¿acaso es un delito?, ¿se castigará a Tamez Guajardo por estos hechos?
No ha habido explicación sobre el asunto por parte del municipio y hay más preguntas que deberían contestarse: ¿quién pidió la intervención de las fuerzas estatales antimotines?, ¿Macedonio Tamez Guajardo?, ¿el alcalde, Alfonso Petersen Farah? O Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, secretario de seguridad pública estatal, ¿las envió como un afectuoso regalo navideño a las autoridades municipales?
El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez (quien ha iniciado un largo periplo por Europa, con escala en Italia, para regalarle al Papa un hermoso nacimiento –que costó a los contribuyentes la nada despreciable cantidad de 2 millones de pesos–), ha guardado un silencio total, sepulcral. Parecería que a las autoridades municipales y estatales no les importa explicar qué ordenamiento se viola cuando los ciudadanos deciden manifestarse: ¿cuál es el delito, la grave falta, la inenarrable afrenta, el crimen, la trasgresión, la fechoría, la inefable ofensa?
Lo que sucedió el 8 de diciembre de 2007 en el centro histórico de Guadalajara no se debe pensar como un simple hecho más de represión e intolerancia: va mucho más allá. Los hechos acaecidos el sábado 8 son signos evidentes (un eslabón más) de que la protesta, la inconformidad y la manifestación son conceptuadas, por las autoridades panistas de Jalisco, como delitos y, por lo tanto, se castigan como tales. Y eso aquí y en todo el mundo es peligro, peligrosísimo.
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