Artículo publicado en El Occidental, el 17 de diciembre de 2007.
Visos de autoritarismo
Parecería que nos dirigimos, directo y sin escalas, a una realidad llena de represión y de violaciones constantes a los derechos humanos. Los diputados y senadores del PAN, PRI y PVEM, aprobarán en febrero una reforma judicial con la cual se otorgan facultades a la policía para ingresar a los domicilios sin orden judicial, “cuando exista una amenaza inminente a la vida y a la integridad de las personas”. El senador perredista Pablo Gómez exclamó indignado ante estas modificaciones: “¡qué manera de partirle la madre a la Constitución!” Y tiene razón: con los cambios se tendrá, sin duda, un incremento desmesurado de las violaciones a los derechos humanos y a las garantías constitucionales.
La justificación de estas modificaciones es el “combate” a la delincuencia organizada, al narcotráfico. Felipe Calderón, desde su controvertida toma de posesión como “presidente” de México, ha tratado de convencer a la población de sus “infinitas” ganas de erradicar el crimen organizado. Ha desplegado (más para los medios de comunicación electrónicos que para funcionar efectivamente) al ejército en varios estados de la República para “combatir” a las mafias, pero los resultados han sido magros: la lucha entre cárteles crece día a día y las ejecuciones no se han detenido, al contrario, se han incrementado.
Por eso Calderón envió una iniciativa para “facilitar” la labor de desmantelamiento del crimen organizado. El problema, sin embargo, es evidente: con las inminentes reformas ningún ciudadano estará a salvo en su domicilio. Podrán llegar varios policías a una casa, argumentar que hay “una amenaza inminente a la vida” e irrumpir en ella sin mayor impedimento: la ley los protegerá. Eso votaron el PAN y el PRI y eso ratificarán a inicios del próximo año.
México es un país con una larga tradición de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades. Aquí hubo una guerra sucia donde murieron decenas de luchadores sociales. Las policías federales, estatales y municipales no están entrenadas para respetar las garantías individuales de los ciudadanos y es fácil que violen la constitución constantemente. Por eso, otorgarles facultades legales para realizar cateos sin orden judicial es fortalecer el ambiente autoritario que hoy se vive.
El párrafo que fue aprobado por los senadores y que seguramente será ratificado por la cámara de diputados es: “La policía podrá ingresar, sin orden judicial, a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia, cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado”. Esta reforma se planteó para impedir que el narcotráfico continuara su ola de crímenes. Sin embargo, a quien de verdad podrá afectar es a la ciudadanía, pues ahora nadie, absolutamente nadie, estará seguro en sus domicilios.
Pero la cuestión más importante es que a través de esta ley, los luchadores sociales podrán ser fácilmente amedrentados. Hoy, en México no se respetan los derechos humanos (como ejemplo tenemos Atenco, Oaxaca, Lázaro Cárdenas, Guadalajara y un sinfín de casos más) y, con estas modificaciones, tendremos más abusos de poder, represión e intimidación.
El problema del narcotráfico y de la delincuencia organizada no se resuelve con otorgarle a la policía mayores poderes. La solución debe ser más profunda: mejores condiciones de vida para la población, más fuentes de trabajo y sueldos dignos, mayor bienestar, pues. Con leyes como las que pretende aprobar el PRI y el PAN lo único que vamos a obtener es un retroceso a situaciones que pensábamos se habían superados. El senador Ricardo Monreal resumió con exactitud lo que significa aprobar la reforma penal calderonista: “Con esta reforma se está destruyendo un sistema de libertades que nos ha costado décadas construir. No será un sistema expedito y eficiente de justicia, sino uno autoritario, con amplísimas posibilidades de avasallar a los ciudadanos, dejando la puerta abierta para combatir con violencia a los enemigos políticos”.
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