- Un amparo revoca efectos de la resolución presidencial sobre bosque de Santa Ana Tepetitlán
- Un bosque ejidal de 640 ha quedó libre de la protección de su flora y fauna, y en consecuencia, puede ser desarrollado. Ejidatarios disidentes denuncian que hay un negocio inmobiliario detrás de este proceso jurídico. La Semarnat lo impugnará.
Los enemigos del modelo mexicano de conservación se acaban de anotar un señalado triunfo judicial, al extraer del régimen de protección 640 hectáreas del bosque La Primavera, justo en la zona en que la reserva forestal y de fauna colinda con el área urbana de Zapopan.
La dirigencia del ejido Santa Ana Tepetitlán hizo valer sus argumentos de que la creación de la reserva ha significado la desposesión real de sus terrenos forestales, y además, de que el decreto que formó el área protegida señala literalmente que la superficie afectada son “30,500 hectáreas de propiedad particular”, lo que a su juicio excluye otro tipo de propiedad, como son en México la comunal, la social o ejidal y la pública.
El juez tercero de distrito en materia administrativa de Guadalajara, emitió su resolución sobre el juicio de amparo 413/2001-3 el 19 de abril pasado. Este diario posee una copia.
En ella, determina que “la justicia de la unión ampara y protege al ejido Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco, en contra de las autoridades responsables Presidente de la república, secretario de la Reforma Agraria y gobernador del estado de Jalisco, que se hicieron consistir en el decreto expedido por el primero [el Presidente] el 19 de febrero de 1980 [publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo siguiente], y el acuerdo y convenio celebrados el 18 de agosto de 2000 y 8 de enero de 2001, por el gobernador del estado de Jalisco…” (sic).
En los hechos, esto significa que el territorio ejidal referido, presuntamente afectado por el decreto, en condiciones equiparables a las de una expropiación (según la argumentación del juez), sale de la zona de protección de La Primavera, como bien señala la sentencia, que es “… para el efecto de que dejen insubsistente el decreto reclamado, respecto de la superficie propiedad del ejido quejoso, así como sus consecuencias”.
El delegado en Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José de Jesús Álvarez Carrillo, aseguró ayer que apenas fueron notificados de la resolución el pasado viernes 1 de junio, y que ya está en el conocimiento de la dirección jurídica de la Semarnat, en México, y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). “Por supuesto que vamos a impugnarlo; vamos a pedir la revisión de esta decisión y vamos a buscar echar para abajo los argumentos invocados; es muy importante que los ciudadanos sepan que se defenderá el patrimonio natural de esta región”, destacó.
A Álvarez Carrillo, al igual que al director del área natural protegida, Salvador Mayorga Castañeda, les preocupa no sólo el alcance específico de este amparo, sino que, en caso de ser ratificado por el Tribunal Colegiado en turno, sentaría un precedente que debilitaría el sustento legal de las reservas ecológicas mexicanas, la inmensa mayoría de las cuales se asientan sobre propiedades privadas, comunales o sociales, e imponen regulaciones al uso de los recursos naturales que el juez tercero de distrito de Guadalajara consideró equivalentes a la expropiación.
• La casa ejidal de Santa Ana Tepetitlán. El comisariado actuó a espaldas de los campesinos, acusan. Foto: Iván García
La historia judicial
El amparo 413/2001-3 fue admitido el 22 de mayo de 2001. Lo interpusieron los miembros del comisariado ejidal en ese entonces, Antonio Cruz Arandas, Silviano Alvarado Flores y Lázaro García Ramírez (respectivamente, presidente, secretario y tesorero), bajo la asesoría legal de Antonio Soto Becerra, un abogado afamado en el entorno agrario que divide opiniones, pero amigos y enemigos lo califican, a fin de cuentas, de “eficiente”.
El proceso tuvo, por decirlo de algún modo, dos vidas: entre 2001 y 2003 fue negado y los quejosos reclamaron en un recurso de revisión. El 31 de diciembre de 2003 se emitió la sentencia recurrida. Pasó al conocimiento del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual revocó esa primera sentencia el 8 de junio de 2004 “y ordenó la reposición del procedimiento”, pues había faltado de desahogarse una prueba pericial. El asunto regresó al conocimiento del Juzgado Tercero. Hoy, su nueva sentencia está a punto de cumplir 50 días, y es diametralmente distinta a la primera.
Al juzgador no le convenció el planteamiento de los abogados del Presidente de la república, quienes reclaman improcedencia del amparo porque “el ejido quejoso carece de interés jurídico para promover el juicio […] toda vez que el decreto no cancela los derechos agrarios de los habitantes de la zona de afectación, pues en todo caso, éstos deben sujetarse a las condiciones que establezca la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente ”. El juez comenta: “Lo anterior es infundado”.
Y añade: “La parte quejosa reclama, sustancialmente, el decreto emitido por el Presidente de la república el 19 de febrero de 1980 […] mediante el cual decreta zona de protección forestal y refugio de la fauna silvestre la región conocida como La Primavera, que se localiza dentro de una superficie de 30,500 hectáreas […] en razón de que, afirma, afectan casi la totalidad de las 641 ha que le fueron dotadas” por concepto de ampliación ejidal.
Y establece un argumento decisivo para la sentencia: “La superficie de terreno reclamada fue afectada por el decreto reclamado, lo que sin duda afecta su interés jurídico, en razón de que si bien dicho decreto no cancela los derechos de propiedad del ejido respecto de la superficie dotada, lo cierto es que le impide libremente gozar, disfrutar y disponer de la misma —características de la propiedad—, toda vez que prohíbe explotar de forma desmedida los recursos naturales que contiene, así como emplearla para fines urbanísticos…”.
Y dicho decreto se dio violando las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues “se emitió sin haberles otorgado la garantía de audiencia, seguridad jurídica, legalidad y debido proceso no obstante que con éste se les priva de su patrimonio ejidal”.
Un tercer argumento contra el decreto deriva de la presunta ausencia de estudios justificativos que determinaran el valor ambiental y biológico de las florestas a proteger, pese a que la Universidad de Guadalajara tenía al menos un decenio trabajando en la zona en investigaciones científicas.
Sorprendentemente, los representantes de la autoridad (presidencia, Secretaría de Agricultura, Semarnat, gobierno del estado), manifestaron que “no existen en esas dependencias estudios y peritajes de los que se advierta que en la superficie del ejido se encuentran macizos forestales, acuíferos subterráneos y aguas superficiales con los que se determinó la conveniencia de declarar la zona de protección forestal y refugio de fauna…”, según el texto de la sentencia.
Esto es parte de lo argüido para dar la razón a los ejidatarios. Hubo argumentos de que la desposesión se concretó con alambrado, con operativos policiacos y actos de autoridad, y también pesaron. Héctor Martín Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Jalisco, terminó convencido de las violaciones.
• Los servicios ambientales de La Primavera fueron la justificación para crear el área natural protegida, en 1980. Foto: Iván García
¿Negocio de especuladores?
Tranquilino Flores Aguilar y Benjamín Rivera, ejidatarios de Santa Ana Tepetitlán, cuestionaron los verdaderos móviles que llevaron al comisariado a impugnar el decreto de protección de La Primavera. Y ven detrás de esa presunta lucha por los derechos ejidales, la presencia de especuladores inmobiliarios, que tendrían abierto un enorme paraje de bosque para meter costosos desarrollos inmobiliarios.
El juicio “jamás fue aprobado por la asamblea”, advirtió Tranquilino, el líder de los campesinos disidentes. “Nosotros queremos que siga la protección porque impide que especulen y se hagan ricos con nuestras tierras”, subrayó.
Pero hay experiencias demasiado frescas. El último día de abril de este año, los regidores de Zapopan aprobaron clausurar un fraccionamiento espontáneo que “brotó” justamente en el área protegida de Santa Ana, pero el acuerdo no se ha ejecutado en casi 40 días.
“Acabamos de reunirnos [ayer] con Pablo Aguilar Lucio, y gente de Reglamentos y Obras Públicas, pero de inicio como que no había voluntad y mejor nos salimos de la reunión, aunque Pablo Aguilar prometió hacer algunas clausuras entre hoy y mañana, pero tenemos muchas dudas”, dijo por su parte Benjamín Rivera.
Los por qué del amparo, según el campesino. “Lo que pasa es que ellos, los del comisariado y el licenciado Soto Becerra, siguen con la depredación, tienen sus proyectos con empresarios y funcionarios, y ese negociote está detrás de todo esto”.
Los ejidatarios disidentes prometieron no quedarse de brazos cruzados: “Nosotros vamos a impugnar lo necesario, iremos ante las instituciones correspondientes para ir contra esos depredadores, porque hay un desacuerdo total con sacar nuestros bosques del área protegida”, añadió Benjamín.
Esta postura alienta la posición de la Semarnat y de la administración del bosque. Salvador Mayorga, el director de la reserva, señaló que el destino final de este amparo marcará una ruta decisiva para todo el esquema legal de protección de la naturaleza vigente en México. “Si ganan ellos, se debilitan todos los decretos, se ponen en tela de juicio, por eso espero que las autoridades cumplan su deber y defiendan a La Primavera”.
Lo interesante es que el regidor responsable de Obras Públicas en Zapopan es un PRI-ANista acusado precisamente por los ejidatarios de Santa Ana Tepetitlán de ser traficante de terrenos.
Pérez Plazola fraguó compra irregular en Charcos Azules
La empresa, en asamblea de socios celebrada el 1 de diciembre de 2004, acordó ampliar su objeto social para realizar “compra, venta arrendamiento, donación, comodato, y en general cualquier clase de contrato relacionado con bienes muebles e inmuebles y participar en cualquier tipo de licitaciones, sean públicas o privadas, ante cualquier tipo de dependencia de gobierno, sea federal, estatal o municipal, así como ante cualquier tipo de organismos públicos centralizados o descentralizados o ante empresas del sector privado”.
En el acta se expone que los accionistas tomaron la decisión ante la posibilidad de nuevos negocios y “en beneficio de la empresa para su desarrollo y crecimiento”. Sin embargo, un mes después de venderle al gobierno, decidió entrar en liquidación y declarar su inexistencia. En el acta correspondiente a la asamblea celebrada el 20 de abril de 2005, se asentó que Consorcio Agroindustrial entrara en liquidación, ya que no tiene cuentas por cobrar ni por pagar a personas terceras a los socios.
El ahora senador jalisciense por el Partido Acción Nacional (PAN), a nombre del gobierno del estado, dirigió un oficio a la empresa con fecha del 17 de diciembre de 2004, del que Público tiene copia, en que le comunica que “existe la intención de adquirir, si las condiciones presupuestales y jurídicas lo permiten, los predios que forman parte del predio rústico denominado Charcos Azules”.
Añade el oficio SAJ/12777/2004-2447/04 que el inmueble se destinaría para la construcción de la Ciudad Judicial “a cargo del Poder Judicial federal”.
Del oficio se envió copia “para su conocimiento” a Víctor Manuel León Figueroa, María del Carmen Chávez Galindo y José Guillermo Meza García, subsecretario de Gobierno para asuntos jurídicos, directora general de Gobierno y director jurídico, respectivamente.
Precisamente ese diciembre de 2004, tres meses antes de que Camapef comprara y luego vendiera el predio Charcos Azules al Ejecutivo estatal, la empresa realizó una asamblea de socios para estar en condiciones de ampliar sus operaciones, aunque ante Hacienda no reportó movimientos en ese año ni el posterior, que vislumbró como de “crecimiento”.
Pero también se tiene que un día antes de que Camapef celebrara la compraventa correspondiente con los dueños de las ocho fracciones, a quienes les compró a 2,200 pesos metro cuadrado, lo que vendió al gobierno casi al doble, Pérez Plazola giró un comunicado a Ignacio Novoa López, quien era secretario de Finanzas, para informarle que “en virtud de que se están concluyendo las negociaciones para la adquisición del inmueble denominado Charcos Azules, mismo que encuentra tramitándose ante notario público y en revisión de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría General, le solicito de la manera más atenta que prevenga la expedición de los cheques correspondientes”. Se trató de dos operaciones consignadas en la misma escritura, una con Camapef por un monto de 92 millones 856,204 pesos, y otra con Ana Alicia Garza Ramírez, quien vendió una fracción a un precio de cinco millones 615,400 pesos. La suma de las fracciones de terreno que se fusionaron es de 24,445 metros cuadrados, de acuerdo con la escritura 44,403 pasada ante la fe del notario 58, Vidal González Durán.
Público dio a conocer que el actual gobierno de Emilio González Márquez inició su gestión el 1 de marzo de 2007 con 104.5 millones de pesos más en caja, debido a que nueve días antes de que concluyera el periodo de Francisco Ramírez Acuña, actual secretario de Gobernación, el gobernador interino “devolvió” el terreno a la empresa y ésta reintegró la cantidad con casi seis millones de pesos adicionales, por concepto de actualización. Pero la operación diseñada para librar la responsabilidad de la adquisición a sobreprecio a los funcionarios involucrados fue más compleja, de sofisticada ingeniería jurídica, toda vez que se rescindieron las escrituras con base en una carta compromiso que ni los diputados conocieron cuando analizaron la permuta del predio para la Ciudad Judicial, ni el notario mencionó en la compraventa, y que se habría firmado un día antes de la compra irregular y a sobreprecio (Público 7 de mayo y 4 de junio de 2007).
• Héctor Pérez Plazola, ex secretario de Gobierno y hoy senador por Jalisco. Foto: Rafael del Río
La empresa se liquidó, pero siguió operando
• Fue hasta junio de 2005 cuando la Secretaría de Finanzas (Sefin) emitió los cheques correspondientes para pagar el terreno conocido como Charcos Azules, ubicado en Colomos III, a Consorcio Agroindustrial Camapef, adquirido el 14 de marzo de ese año.
El dato es relevante porque el 20 de abril, en su asamblea de accionistas, Camapef aprobó el proyecto de liquidación de la empresa, en que nombró a Ricardo Villaseñor Sáenz como liquidador, y expuso que “en virtud de que no existen cuentas por cobrar ni cuentas por pagar a personas terceras o socios, se declara formalmente liquidada esta sociedad debiendo cancelarse su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio. También se aprobó que el Consejo de Administración “no podrá iniciar nuevas operaciones comerciales”. Esto, pese a que el gobierno del estado era deudor a esa fecha.
Más aún, el 23 de noviembre de 2006 Gerardo Octavio Solís Gómez y José Rafael Ríos Martínez, gobernador interino y secretario general de Gobierno, respectivamente, celebraron un convenio de colaboración con el Consorcio Agroindustrial Camapef para rescindir las escrituras de la compra venta del predio Charcos Azules, con superficie de 23,445 metros cuadrados, ubicado en Colomos III, lo que materializaron en febrero pasado y de lo que dio fe el notario 58, Vidal González Durán.
Según la investigación de la Contraloría del Estado sobre este tema, el 15 de junio de 2005 Camapef presentó su baja ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
- Claves
La historia del predio polémico
• El 14 de marzo de 2005, el gobierno del estado compró en 98.4 millones de pesos, un predio de 23,445 metros2 en el bosque Los Colomos, tercera sección, también conocido como Colomos III o El Polvorín
• Según la escritura 44,403, el vendedor del terreno fue la sociedad anónima de capital variable denominada Consorcio Agroindustrial Camapef; la cual, tres días antes de la transacción, compró a particulares (a la mitad del precio en que se los vendió al Ejecutivo) ocho predios que fusionó en uno, todos conocidos como Charcos Azules
• El gobierno estatal unió la superficie adquirida con la de un terreno de 16,554.3 metros cuadrados, del que era propietario, para ofrecer así “una unidad topográfica” de 40 mil metros cuadrados para la construcción del Palacio de Justicia Federal, pero el Congreso del Estado negó la autorización al proyecto en ese lugar
• La Comisión de Inspección en el Congreso pidió una auditoría, ante los señalamientos de tráfico de influencias y compra a sobreprecio, de la cual no se dieron a conocer oficialmente los resultados, aunque hace unos días, Juan Manuel Estrada, miembro del Comité Pro Defensa de Los Colomos III, informó que sí se encontraron diversas irregularidades en la transacción
• Ante la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano de Zapopan (CTDU), un individuo de nombre Roberto Álvarez Silva, tramitó el cambio de uso de suelo en el predio para la construcción de vivienda de alta densidad (popular) de tipo vertical en la zona, lo cual autorizó la CTDU el 30 de noviembre de 2006, al parecer en una sesión fantasma
• Pocos días antes de que terminara la Administración estatal pasada, ingresaron al erario 104.5 millones de pesos, que según la Secretaría de Finanzas correspondían al reintegro del dinero a cambio del terreno que el Ejecutivo devolvió a la empresa, luego de que decidió rescindir las escrituras, argumentando que existía una carta compromiso que lo permitía, lo cual fue calificado como una operación muy irregular por notarios consultados por este diario.
ROBERTO CASTELÁN RUEDA: ESPACIO 67
Lo único malo de los 67 es que no se aprovechó el Espacio para un buen 69. Porque si ya desde hace años Televisa chupa del Estado y el Estado chupa de Televisa, pues el número hubiera sido muy simbólico. Representaría de la mejor manera posible la hermosa relación que existe entre ambos poderes. El Espacio es el lugar idóneo para refrendarla. Total, qué importa lo que digan los envidiosos y egoístas que no saben entregarse y dar hasta lo que no se tiene, hasta lo que no es suyo, por amor simple y puro. El amor es así. Hoy me das tú, aunque sea 67, mañana te doy yo, aunque sea un pequeño Espacio.
Pero eso, los pobres mediocres y huérfanos de afecto no lo entienden. Corroídos por la envidia, celosos de un amor tan bien cimentado y tan bien correspondido, se dedican a lamer sus heridas, a murmurar sus rencores y a inventar historias.
Que si los viejitos, que si los enfermos, que los desempleados, que más escuelas, que un hospital, que las carreteras, que esto y que esto otro.
Patrañas, lo único que quieren es aprovecharse del gran corazón, la nobleza de espíritu y la enorme capacidad para dar al prójimo, características de humildad, amor y desprendimiento, propias de quienes forjaron sus valores en el inexistente Yunque.
Quieren ignorar que el gobierno generoso, en su función de padre de una sociedad, está para transmitir valores a sus gobernados y un valor fundamental y escaso en nuestra sociedad mercantilista es el agradecimiento.
Si fuéramos capaces de pensar, aunque sea por un momento, a quién le debemos lo esencial de nuestra educación y cultura, nos avergonzaría nuestro egoísmo y le ofreceríamos a nuestra querida televisora, no sólo 67, sino todos los millones que se van a la ineficiente Secretaría de Educación Pública.
Seamos honestos y aceptemos que sufrimos, lloramos y reímos, de la misma forma en que sufren, ríen y lloran nuestros héroes en las telenovelas. Aceptemos que el de las estrellas nos abrió los ojos al advertirnos sobre el verdadero peligro para México.
Los nombres de nuestros hijos: Yésica Esmeralda, Paulina Graciela, Ximena Azucena, Rodrigo Yair, Juan Escutia, ¿a quién se los debemos?
Gracias a ella nos pusimos la verde, imitamos a nuestros ídolos, aprendemos, nos divertimos. Sin duda, junto con la Iglesia, es el mejor lazo de unión familiar.
No permitamos que el egoísmo nos impida gozar de nuestro Espacio. Aunque sea con un humilde, pero muy sincero, 67.
Por favor, acéptenlo.
De Rubén Martín, conductor de Cosa Pública:
RUBÉN MARTÍN: LE VALE MADRE
Emilio González Márquez, el gobernador del estado, declaró el martes que le “vale madre” el plazo de cien días que algunos dirigentes opositores se dieron para evaluar su Administración estatal. “Me vale madre que vayan cien días, a mí me interesan trimestres y los años”, dijo, y fin de la discusión. Pero también en estos días han arreciado las críticas por la donación de 67 millones de pesos que el gobierno de Jalisco hizo para celebrar el evento de Televisa, Espacio 2007.
Y aunque no lo ha declarado, claramente le vale madre el asunto. Con tal de tener cobertura favorable en su Administración por parte de esa televisora, le valen madre las críticas generalizadas que ha recibido por esta decisión.
Myriam Vidriales, hace dos semanas, y ayer David Gómez Álvarez compararon lo que representa la donación de 67 millones de pesos a Televisa. Gracias a esos datos sabemos que el regalo a esta empresa prácticamente duplica el presupuesto del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y que supera por tres millones de pesos al presupuesto anual de la Secretaría de Turismo.
Pero hay otras cifras que hacen todavía más absurda esa donación. El programa de pensiones para ancianos arrancó hace dos semanas con apoyos para tres mil personas, porque no hay recursos suficientes para más; pues bien los 67 millones de pesos servirían para dar una pensión de 500 pesos al mes, durante un año, a 11,166 ancianos más.
Con 67 millones de pesos se podrían construir unas 60 escuelas (la Secretaría de Educación tiene dinero en este año para levantar apenas 90 planteles); con ese dinero se podría multiplicar por 40 veces el presupuesto que tiene la Comisión Estatal Indígena (1.5 millones de pesos) o triplicar el dinero para el desarrollo de infraestructura a municipios. Servirían también para duplicar el programa estatal de apoyo a la vivienda (que tiene 30 mdp), o triplicar el programa de Desarrollo de la Tecnología y la Ciencia (con apenas 25 millones de pesos para todo el año).
Al paso del tiempo nos hemos cansado de escuchar a los gobiernos decir que la investigación científica y tecnológica es prioritaria para el desarrollo y resulta que en este año al consejo estatal en esa materia se le asignan menos de seis millones de pesos, diez veces menos que el regalo que se dio a Televisa.
Las prioridades del gobierno de Emilio González se muestran con nitidez en este caso: en lugar de apostar por la ciencia o la tecnología, o destinar la mayor cantidad de recursos disponibles para la mitad de la población que está en la pobreza y la marginación, el gobernador decidió regalar 67 millones de pesos a Televisa, y todo porque quiere ser candidato presidencial en 2012 y para ello requiere del apoyo de la principal empresa de medios en el país.
Es tan indefendible el regalo de 67 millones de pesos que suenan absurdos los intentos de justificación del gobernador y otros funcionarios. Claro que son meras justificaciones. Lo que está detrás son dos asuntos que van marcando el ejercicio de la política profesional: uno, el divorcio palpable y notorio entre lo que dicen los encargados de las instituciones públicas y la realidad; y dos, la creciente tendencia a la privatización de la política y de los compromisos de los servidores públicos con los dueños del dinero.
Desde siempre, el ejercicio de la política va acompañado de un discurso ideológico que justifica acciones que claramente van en contra de los gobernados. Pero no siempre el divorcio es tan notable. Ahora, ese divorcio se está convirtiendo en una enorme brecha que hace que las palabras de los políticos suenen tan falsas como una moneda de tres pesos.
El regalo de dinero por parte del gobierno de Jalisco a la principal empresa de entretenimiento en el país revela con claridad quién es más importante para los políticos a la hora de gobernar. A Emilio González, quien quiere ser candidato en 2012, le interesa más el visto bueno de esa empresa que de los ciudadanos. Este juego de complacencias entre el poder público y las corporaciones privadas hace cada vez más notoria la tendencia de los gobiernos para subsidiar con recursos públicos proyectos empresariales, cuyos beneficios quedan en manos privadas. Bonito negocio, usar dinero público para financiar proyectos que enriquecerán a unos cuantos. Bajo esta lógica está actuando el gobernador de Jalisco en los tres meses que lleva en el cargo.
Hay que recordar que además del regaló a Televisa, Emilio González ha regalado dinero público para otros proyectos privados, como en los casos de la ampliación de Expo Guadalajara, en los apoyos para la construcción del museo Guggenheim y los 700 millones de pesos prometidos para los empresarios de Puerto Vallarta. Y todo de una cartera que no es suya, sino de todos los contribuyentes. Pero le vale madre.
Sin embargo, Samuel Romero Valle, (¿Pablo Gómez local?) diputado del PRD sí defendió la entrega de ese dinero para la realización del evento de Televisa, evento en el que ya ha participado, mientras tanto, el dirigente estatal del PRD sí se opone rotundamente a esto. Una vez más, la incoherencia en el partido para mantenerlo lejos de las simpatías ciudadanas.
La dirigencia del ejido Santa Ana Tepetitlán hizo valer sus argumentos de que la creación de la reserva ha significado la desposesión real de sus terrenos forestales, y además, de que el decreto que formó el área protegida señala literalmente que la superficie afectada son “30,500 hectáreas de propiedad particular”, lo que a su juicio excluye otro tipo de propiedad, como son en México la comunal, la social o ejidal y la pública.
El juez tercero de distrito en materia administrativa de Guadalajara, emitió su resolución sobre el juicio de amparo 413/2001-3 el 19 de abril pasado. Este diario posee una copia.
En ella, determina que “la justicia de la unión ampara y protege al ejido Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco, en contra de las autoridades responsables Presidente de la república, secretario de la Reforma Agraria y gobernador del estado de Jalisco, que se hicieron consistir en el decreto expedido por el primero [el Presidente] el 19 de febrero de 1980 [publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo siguiente], y el acuerdo y convenio celebrados el 18 de agosto de 2000 y 8 de enero de 2001, por el gobernador del estado de Jalisco…” (sic).
En los hechos, esto significa que el territorio ejidal referido, presuntamente afectado por el decreto, en condiciones equiparables a las de una expropiación (según la argumentación del juez), sale de la zona de protección de La Primavera, como bien señala la sentencia, que es “… para el efecto de que dejen insubsistente el decreto reclamado, respecto de la superficie propiedad del ejido quejoso, así como sus consecuencias”.
El delegado en Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José de Jesús Álvarez Carrillo, aseguró ayer que apenas fueron notificados de la resolución el pasado viernes 1 de junio, y que ya está en el conocimiento de la dirección jurídica de la Semarnat, en México, y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). “Por supuesto que vamos a impugnarlo; vamos a pedir la revisión de esta decisión y vamos a buscar echar para abajo los argumentos invocados; es muy importante que los ciudadanos sepan que se defenderá el patrimonio natural de esta región”, destacó.
A Álvarez Carrillo, al igual que al director del área natural protegida, Salvador Mayorga Castañeda, les preocupa no sólo el alcance específico de este amparo, sino que, en caso de ser ratificado por el Tribunal Colegiado en turno, sentaría un precedente que debilitaría el sustento legal de las reservas ecológicas mexicanas, la inmensa mayoría de las cuales se asientan sobre propiedades privadas, comunales o sociales, e imponen regulaciones al uso de los recursos naturales que el juez tercero de distrito de Guadalajara consideró equivalentes a la expropiación.
• La casa ejidal de Santa Ana Tepetitlán. El comisariado actuó a espaldas de los campesinos, acusan. Foto: Iván García
La historia judicial
El amparo 413/2001-3 fue admitido el 22 de mayo de 2001. Lo interpusieron los miembros del comisariado ejidal en ese entonces, Antonio Cruz Arandas, Silviano Alvarado Flores y Lázaro García Ramírez (respectivamente, presidente, secretario y tesorero), bajo la asesoría legal de Antonio Soto Becerra, un abogado afamado en el entorno agrario que divide opiniones, pero amigos y enemigos lo califican, a fin de cuentas, de “eficiente”.
El proceso tuvo, por decirlo de algún modo, dos vidas: entre 2001 y 2003 fue negado y los quejosos reclamaron en un recurso de revisión. El 31 de diciembre de 2003 se emitió la sentencia recurrida. Pasó al conocimiento del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual revocó esa primera sentencia el 8 de junio de 2004 “y ordenó la reposición del procedimiento”, pues había faltado de desahogarse una prueba pericial. El asunto regresó al conocimiento del Juzgado Tercero. Hoy, su nueva sentencia está a punto de cumplir 50 días, y es diametralmente distinta a la primera.
Al juzgador no le convenció el planteamiento de los abogados del Presidente de la república, quienes reclaman improcedencia del amparo porque “el ejido quejoso carece de interés jurídico para promover el juicio […] toda vez que el decreto no cancela los derechos agrarios de los habitantes de la zona de afectación, pues en todo caso, éstos deben sujetarse a las condiciones que establezca la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente ”. El juez comenta: “Lo anterior es infundado”.
Y añade: “La parte quejosa reclama, sustancialmente, el decreto emitido por el Presidente de la república el 19 de febrero de 1980 […] mediante el cual decreta zona de protección forestal y refugio de la fauna silvestre la región conocida como La Primavera, que se localiza dentro de una superficie de 30,500 hectáreas […] en razón de que, afirma, afectan casi la totalidad de las 641 ha que le fueron dotadas” por concepto de ampliación ejidal.
Y establece un argumento decisivo para la sentencia: “La superficie de terreno reclamada fue afectada por el decreto reclamado, lo que sin duda afecta su interés jurídico, en razón de que si bien dicho decreto no cancela los derechos de propiedad del ejido respecto de la superficie dotada, lo cierto es que le impide libremente gozar, disfrutar y disponer de la misma —características de la propiedad—, toda vez que prohíbe explotar de forma desmedida los recursos naturales que contiene, así como emplearla para fines urbanísticos…”.
Y dicho decreto se dio violando las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues “se emitió sin haberles otorgado la garantía de audiencia, seguridad jurídica, legalidad y debido proceso no obstante que con éste se les priva de su patrimonio ejidal”.
Un tercer argumento contra el decreto deriva de la presunta ausencia de estudios justificativos que determinaran el valor ambiental y biológico de las florestas a proteger, pese a que la Universidad de Guadalajara tenía al menos un decenio trabajando en la zona en investigaciones científicas.
Sorprendentemente, los representantes de la autoridad (presidencia, Secretaría de Agricultura, Semarnat, gobierno del estado), manifestaron que “no existen en esas dependencias estudios y peritajes de los que se advierta que en la superficie del ejido se encuentran macizos forestales, acuíferos subterráneos y aguas superficiales con los que se determinó la conveniencia de declarar la zona de protección forestal y refugio de fauna…”, según el texto de la sentencia.
Esto es parte de lo argüido para dar la razón a los ejidatarios. Hubo argumentos de que la desposesión se concretó con alambrado, con operativos policiacos y actos de autoridad, y también pesaron. Héctor Martín Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Jalisco, terminó convencido de las violaciones.
• Los servicios ambientales de La Primavera fueron la justificación para crear el área natural protegida, en 1980. Foto: Iván García
¿Negocio de especuladores?
Tranquilino Flores Aguilar y Benjamín Rivera, ejidatarios de Santa Ana Tepetitlán, cuestionaron los verdaderos móviles que llevaron al comisariado a impugnar el decreto de protección de La Primavera. Y ven detrás de esa presunta lucha por los derechos ejidales, la presencia de especuladores inmobiliarios, que tendrían abierto un enorme paraje de bosque para meter costosos desarrollos inmobiliarios.
El juicio “jamás fue aprobado por la asamblea”, advirtió Tranquilino, el líder de los campesinos disidentes. “Nosotros queremos que siga la protección porque impide que especulen y se hagan ricos con nuestras tierras”, subrayó.
Pero hay experiencias demasiado frescas. El último día de abril de este año, los regidores de Zapopan aprobaron clausurar un fraccionamiento espontáneo que “brotó” justamente en el área protegida de Santa Ana, pero el acuerdo no se ha ejecutado en casi 40 días.
“Acabamos de reunirnos [ayer] con Pablo Aguilar Lucio, y gente de Reglamentos y Obras Públicas, pero de inicio como que no había voluntad y mejor nos salimos de la reunión, aunque Pablo Aguilar prometió hacer algunas clausuras entre hoy y mañana, pero tenemos muchas dudas”, dijo por su parte Benjamín Rivera.
Los por qué del amparo, según el campesino. “Lo que pasa es que ellos, los del comisariado y el licenciado Soto Becerra, siguen con la depredación, tienen sus proyectos con empresarios y funcionarios, y ese negociote está detrás de todo esto”.
Los ejidatarios disidentes prometieron no quedarse de brazos cruzados: “Nosotros vamos a impugnar lo necesario, iremos ante las instituciones correspondientes para ir contra esos depredadores, porque hay un desacuerdo total con sacar nuestros bosques del área protegida”, añadió Benjamín.
Esta postura alienta la posición de la Semarnat y de la administración del bosque. Salvador Mayorga, el director de la reserva, señaló que el destino final de este amparo marcará una ruta decisiva para todo el esquema legal de protección de la naturaleza vigente en México. “Si ganan ellos, se debilitan todos los decretos, se ponen en tela de juicio, por eso espero que las autoridades cumplan su deber y defiendan a La Primavera”.
Lo interesante es que el regidor responsable de Obras Públicas en Zapopan es un PRI-ANista acusado precisamente por los ejidatarios de Santa Ana Tepetitlán de ser traficante de terrenos.
Pérez Plazola fraguó compra irregular en Charcos Azules
- Empresa involucrada ajustó su objeto social para negociar con el gobierno y luego se liquidó
- Meses antes de que el Ejecutivo estatal adquiriera el predio en Los Colomos III, el entonces secretario de Gobierno negoció su adquisición con Camapef, firma que no era la dueña y que lo vendió a sobreprecio.
La empresa, en asamblea de socios celebrada el 1 de diciembre de 2004, acordó ampliar su objeto social para realizar “compra, venta arrendamiento, donación, comodato, y en general cualquier clase de contrato relacionado con bienes muebles e inmuebles y participar en cualquier tipo de licitaciones, sean públicas o privadas, ante cualquier tipo de dependencia de gobierno, sea federal, estatal o municipal, así como ante cualquier tipo de organismos públicos centralizados o descentralizados o ante empresas del sector privado”.
En el acta se expone que los accionistas tomaron la decisión ante la posibilidad de nuevos negocios y “en beneficio de la empresa para su desarrollo y crecimiento”. Sin embargo, un mes después de venderle al gobierno, decidió entrar en liquidación y declarar su inexistencia. En el acta correspondiente a la asamblea celebrada el 20 de abril de 2005, se asentó que Consorcio Agroindustrial entrara en liquidación, ya que no tiene cuentas por cobrar ni por pagar a personas terceras a los socios.
El ahora senador jalisciense por el Partido Acción Nacional (PAN), a nombre del gobierno del estado, dirigió un oficio a la empresa con fecha del 17 de diciembre de 2004, del que Público tiene copia, en que le comunica que “existe la intención de adquirir, si las condiciones presupuestales y jurídicas lo permiten, los predios que forman parte del predio rústico denominado Charcos Azules”.
Añade el oficio SAJ/12777/2004-2447/04 que el inmueble se destinaría para la construcción de la Ciudad Judicial “a cargo del Poder Judicial federal”.
Del oficio se envió copia “para su conocimiento” a Víctor Manuel León Figueroa, María del Carmen Chávez Galindo y José Guillermo Meza García, subsecretario de Gobierno para asuntos jurídicos, directora general de Gobierno y director jurídico, respectivamente.
Precisamente ese diciembre de 2004, tres meses antes de que Camapef comprara y luego vendiera el predio Charcos Azules al Ejecutivo estatal, la empresa realizó una asamblea de socios para estar en condiciones de ampliar sus operaciones, aunque ante Hacienda no reportó movimientos en ese año ni el posterior, que vislumbró como de “crecimiento”.
Pero también se tiene que un día antes de que Camapef celebrara la compraventa correspondiente con los dueños de las ocho fracciones, a quienes les compró a 2,200 pesos metro cuadrado, lo que vendió al gobierno casi al doble, Pérez Plazola giró un comunicado a Ignacio Novoa López, quien era secretario de Finanzas, para informarle que “en virtud de que se están concluyendo las negociaciones para la adquisición del inmueble denominado Charcos Azules, mismo que encuentra tramitándose ante notario público y en revisión de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría General, le solicito de la manera más atenta que prevenga la expedición de los cheques correspondientes”. Se trató de dos operaciones consignadas en la misma escritura, una con Camapef por un monto de 92 millones 856,204 pesos, y otra con Ana Alicia Garza Ramírez, quien vendió una fracción a un precio de cinco millones 615,400 pesos. La suma de las fracciones de terreno que se fusionaron es de 24,445 metros cuadrados, de acuerdo con la escritura 44,403 pasada ante la fe del notario 58, Vidal González Durán.
Público dio a conocer que el actual gobierno de Emilio González Márquez inició su gestión el 1 de marzo de 2007 con 104.5 millones de pesos más en caja, debido a que nueve días antes de que concluyera el periodo de Francisco Ramírez Acuña, actual secretario de Gobernación, el gobernador interino “devolvió” el terreno a la empresa y ésta reintegró la cantidad con casi seis millones de pesos adicionales, por concepto de actualización. Pero la operación diseñada para librar la responsabilidad de la adquisición a sobreprecio a los funcionarios involucrados fue más compleja, de sofisticada ingeniería jurídica, toda vez que se rescindieron las escrituras con base en una carta compromiso que ni los diputados conocieron cuando analizaron la permuta del predio para la Ciudad Judicial, ni el notario mencionó en la compraventa, y que se habría firmado un día antes de la compra irregular y a sobreprecio (Público 7 de mayo y 4 de junio de 2007).
• Héctor Pérez Plazola, ex secretario de Gobierno y hoy senador por Jalisco. Foto: Rafael del Río
La empresa se liquidó, pero siguió operando
• Fue hasta junio de 2005 cuando la Secretaría de Finanzas (Sefin) emitió los cheques correspondientes para pagar el terreno conocido como Charcos Azules, ubicado en Colomos III, a Consorcio Agroindustrial Camapef, adquirido el 14 de marzo de ese año.
El dato es relevante porque el 20 de abril, en su asamblea de accionistas, Camapef aprobó el proyecto de liquidación de la empresa, en que nombró a Ricardo Villaseñor Sáenz como liquidador, y expuso que “en virtud de que no existen cuentas por cobrar ni cuentas por pagar a personas terceras o socios, se declara formalmente liquidada esta sociedad debiendo cancelarse su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio. También se aprobó que el Consejo de Administración “no podrá iniciar nuevas operaciones comerciales”. Esto, pese a que el gobierno del estado era deudor a esa fecha.
Más aún, el 23 de noviembre de 2006 Gerardo Octavio Solís Gómez y José Rafael Ríos Martínez, gobernador interino y secretario general de Gobierno, respectivamente, celebraron un convenio de colaboración con el Consorcio Agroindustrial Camapef para rescindir las escrituras de la compra venta del predio Charcos Azules, con superficie de 23,445 metros cuadrados, ubicado en Colomos III, lo que materializaron en febrero pasado y de lo que dio fe el notario 58, Vidal González Durán.
Según la investigación de la Contraloría del Estado sobre este tema, el 15 de junio de 2005 Camapef presentó su baja ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
- Claves
La historia del predio polémico
• El 14 de marzo de 2005, el gobierno del estado compró en 98.4 millones de pesos, un predio de 23,445 metros2 en el bosque Los Colomos, tercera sección, también conocido como Colomos III o El Polvorín
• Según la escritura 44,403, el vendedor del terreno fue la sociedad anónima de capital variable denominada Consorcio Agroindustrial Camapef; la cual, tres días antes de la transacción, compró a particulares (a la mitad del precio en que se los vendió al Ejecutivo) ocho predios que fusionó en uno, todos conocidos como Charcos Azules
• El gobierno estatal unió la superficie adquirida con la de un terreno de 16,554.3 metros cuadrados, del que era propietario, para ofrecer así “una unidad topográfica” de 40 mil metros cuadrados para la construcción del Palacio de Justicia Federal, pero el Congreso del Estado negó la autorización al proyecto en ese lugar
• La Comisión de Inspección en el Congreso pidió una auditoría, ante los señalamientos de tráfico de influencias y compra a sobreprecio, de la cual no se dieron a conocer oficialmente los resultados, aunque hace unos días, Juan Manuel Estrada, miembro del Comité Pro Defensa de Los Colomos III, informó que sí se encontraron diversas irregularidades en la transacción
• Ante la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano de Zapopan (CTDU), un individuo de nombre Roberto Álvarez Silva, tramitó el cambio de uso de suelo en el predio para la construcción de vivienda de alta densidad (popular) de tipo vertical en la zona, lo cual autorizó la CTDU el 30 de noviembre de 2006, al parecer en una sesión fantasma
• Pocos días antes de que terminara la Administración estatal pasada, ingresaron al erario 104.5 millones de pesos, que según la Secretaría de Finanzas correspondían al reintegro del dinero a cambio del terreno que el Ejecutivo devolvió a la empresa, luego de que decidió rescindir las escrituras, argumentando que existía una carta compromiso que lo permitía, lo cual fue calificado como una operación muy irregular por notarios consultados por este diario.
Guadalajara•Esperanza Romero Díaz
ROBERTO CASTELÁN RUEDA: ESPACIO 67
Lo único malo de los 67 es que no se aprovechó el Espacio para un buen 69. Porque si ya desde hace años Televisa chupa del Estado y el Estado chupa de Televisa, pues el número hubiera sido muy simbólico. Representaría de la mejor manera posible la hermosa relación que existe entre ambos poderes. El Espacio es el lugar idóneo para refrendarla. Total, qué importa lo que digan los envidiosos y egoístas que no saben entregarse y dar hasta lo que no se tiene, hasta lo que no es suyo, por amor simple y puro. El amor es así. Hoy me das tú, aunque sea 67, mañana te doy yo, aunque sea un pequeño Espacio.
Pero eso, los pobres mediocres y huérfanos de afecto no lo entienden. Corroídos por la envidia, celosos de un amor tan bien cimentado y tan bien correspondido, se dedican a lamer sus heridas, a murmurar sus rencores y a inventar historias.
Que si los viejitos, que si los enfermos, que los desempleados, que más escuelas, que un hospital, que las carreteras, que esto y que esto otro.
Patrañas, lo único que quieren es aprovecharse del gran corazón, la nobleza de espíritu y la enorme capacidad para dar al prójimo, características de humildad, amor y desprendimiento, propias de quienes forjaron sus valores en el inexistente Yunque.
Quieren ignorar que el gobierno generoso, en su función de padre de una sociedad, está para transmitir valores a sus gobernados y un valor fundamental y escaso en nuestra sociedad mercantilista es el agradecimiento.
Si fuéramos capaces de pensar, aunque sea por un momento, a quién le debemos lo esencial de nuestra educación y cultura, nos avergonzaría nuestro egoísmo y le ofreceríamos a nuestra querida televisora, no sólo 67, sino todos los millones que se van a la ineficiente Secretaría de Educación Pública.
Seamos honestos y aceptemos que sufrimos, lloramos y reímos, de la misma forma en que sufren, ríen y lloran nuestros héroes en las telenovelas. Aceptemos que el de las estrellas nos abrió los ojos al advertirnos sobre el verdadero peligro para México.
Los nombres de nuestros hijos: Yésica Esmeralda, Paulina Graciela, Ximena Azucena, Rodrigo Yair, Juan Escutia, ¿a quién se los debemos?
Gracias a ella nos pusimos la verde, imitamos a nuestros ídolos, aprendemos, nos divertimos. Sin duda, junto con la Iglesia, es el mejor lazo de unión familiar.
No permitamos que el egoísmo nos impida gozar de nuestro Espacio. Aunque sea con un humilde, pero muy sincero, 67.
Por favor, acéptenlo.
De Rubén Martín, conductor de Cosa Pública:
RUBÉN MARTÍN: LE VALE MADRE
Emilio González Márquez, el gobernador del estado, declaró el martes que le “vale madre” el plazo de cien días que algunos dirigentes opositores se dieron para evaluar su Administración estatal. “Me vale madre que vayan cien días, a mí me interesan trimestres y los años”, dijo, y fin de la discusión. Pero también en estos días han arreciado las críticas por la donación de 67 millones de pesos que el gobierno de Jalisco hizo para celebrar el evento de Televisa, Espacio 2007.
Y aunque no lo ha declarado, claramente le vale madre el asunto. Con tal de tener cobertura favorable en su Administración por parte de esa televisora, le valen madre las críticas generalizadas que ha recibido por esta decisión.
Myriam Vidriales, hace dos semanas, y ayer David Gómez Álvarez compararon lo que representa la donación de 67 millones de pesos a Televisa. Gracias a esos datos sabemos que el regalo a esta empresa prácticamente duplica el presupuesto del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y que supera por tres millones de pesos al presupuesto anual de la Secretaría de Turismo.
Pero hay otras cifras que hacen todavía más absurda esa donación. El programa de pensiones para ancianos arrancó hace dos semanas con apoyos para tres mil personas, porque no hay recursos suficientes para más; pues bien los 67 millones de pesos servirían para dar una pensión de 500 pesos al mes, durante un año, a 11,166 ancianos más.
Con 67 millones de pesos se podrían construir unas 60 escuelas (la Secretaría de Educación tiene dinero en este año para levantar apenas 90 planteles); con ese dinero se podría multiplicar por 40 veces el presupuesto que tiene la Comisión Estatal Indígena (1.5 millones de pesos) o triplicar el dinero para el desarrollo de infraestructura a municipios. Servirían también para duplicar el programa estatal de apoyo a la vivienda (que tiene 30 mdp), o triplicar el programa de Desarrollo de la Tecnología y la Ciencia (con apenas 25 millones de pesos para todo el año).
Al paso del tiempo nos hemos cansado de escuchar a los gobiernos decir que la investigación científica y tecnológica es prioritaria para el desarrollo y resulta que en este año al consejo estatal en esa materia se le asignan menos de seis millones de pesos, diez veces menos que el regalo que se dio a Televisa.
Las prioridades del gobierno de Emilio González se muestran con nitidez en este caso: en lugar de apostar por la ciencia o la tecnología, o destinar la mayor cantidad de recursos disponibles para la mitad de la población que está en la pobreza y la marginación, el gobernador decidió regalar 67 millones de pesos a Televisa, y todo porque quiere ser candidato presidencial en 2012 y para ello requiere del apoyo de la principal empresa de medios en el país.
Es tan indefendible el regalo de 67 millones de pesos que suenan absurdos los intentos de justificación del gobernador y otros funcionarios. Claro que son meras justificaciones. Lo que está detrás son dos asuntos que van marcando el ejercicio de la política profesional: uno, el divorcio palpable y notorio entre lo que dicen los encargados de las instituciones públicas y la realidad; y dos, la creciente tendencia a la privatización de la política y de los compromisos de los servidores públicos con los dueños del dinero.
Desde siempre, el ejercicio de la política va acompañado de un discurso ideológico que justifica acciones que claramente van en contra de los gobernados. Pero no siempre el divorcio es tan notable. Ahora, ese divorcio se está convirtiendo en una enorme brecha que hace que las palabras de los políticos suenen tan falsas como una moneda de tres pesos.
El regalo de dinero por parte del gobierno de Jalisco a la principal empresa de entretenimiento en el país revela con claridad quién es más importante para los políticos a la hora de gobernar. A Emilio González, quien quiere ser candidato en 2012, le interesa más el visto bueno de esa empresa que de los ciudadanos. Este juego de complacencias entre el poder público y las corporaciones privadas hace cada vez más notoria la tendencia de los gobiernos para subsidiar con recursos públicos proyectos empresariales, cuyos beneficios quedan en manos privadas. Bonito negocio, usar dinero público para financiar proyectos que enriquecerán a unos cuantos. Bajo esta lógica está actuando el gobernador de Jalisco en los tres meses que lleva en el cargo.
Hay que recordar que además del regaló a Televisa, Emilio González ha regalado dinero público para otros proyectos privados, como en los casos de la ampliación de Expo Guadalajara, en los apoyos para la construcción del museo Guggenheim y los 700 millones de pesos prometidos para los empresarios de Puerto Vallarta. Y todo de una cartera que no es suya, sino de todos los contribuyentes. Pero le vale madre.
Sin embargo, Samuel Romero Valle, (¿Pablo Gómez local?) diputado del PRD sí defendió la entrega de ese dinero para la realización del evento de Televisa, evento en el que ya ha participado, mientras tanto, el dirigente estatal del PRD sí se opone rotundamente a esto. Una vez más, la incoherencia en el partido para mantenerlo lejos de las simpatías ciudadanas.
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