Promover o inducir la revisión de los múltiples señalamientos de violación de derechos humanos por parte de la policía estatal aquel 28 de mayo de 2004, es más que un gesto de buena voluntad por parte del gobernador Emilio González Márquez. Significa su disposición a ejercer el poder público con un estilo diferente al de su antecesor, de quien su “mano firme” -a decir de algunos- trajo orden a Jalisco o fue motivo de desprestigio internacional -a decir de otros-, por el trato dado a altermundistas, sindicalistas y otros grupos inconformes que intentaron obtener justicia y respeto a sus derechos humanos del hoy Secretario de Gobernación.
Los innumerables señalamientos de tortura y abuso de autoridad al encarcelar a más de un presunto inocente de los hechos de vandalismo que inspiraron el impresionante dispositivo, trascendieron a tal nivel que el nombre de Guadalajara fue más sonado en la prensa internacional por esos eventos que por los acuerdos de los Jefes de Estados en esa reunión cumbre, cuya principal aportación fue el maquillaje aplicado a una zona metropolitana que sólo en ese momento lució accesos metropolitanos limpios, balizado y señalamiento renovado, y hasta árboles y espectaculares estratégicamente colocados para el disfrute visual de nuestros visitantes extranjeros y connacionales que así evitaron la vista de pobreza, basura y zonas marginales que merodean sin responsables aparentes, principalmente en el caótico trayecto entre el aeropuerto Miguel Hidalgo y el primer cuadro de nuestra ciudad.
No obstante y una vez de vuelta a la realidad, en la memoria colectiva de lectores asiduos a la prensa debieron enquistarse las palabras de quien entonces fue distinguido como Doctor Honoris Causa de
Sin embargo y a pesar del juicio sumario reproducido por algunos medios de comunicación contra un puñado de jóvenes excedidos en su expresión y proclives al daño a la propiedad ajena, los acontecimientos y el juicio histórico los eximió de ser percibidos como delincuentes y menos aún como terroristas, en un contexto de una violencia extrema que mantiene como rehenes a los habitantes de ciudades hasta hace poco más pacíficas que la altermundizada Guadalajara de mayo.
Se mantiene desde entonces una incógnita: ¿actuar con excesiva violencia para detener la violencia, es un acto de justicia? No lo creo. Por el contrario, arrastrar a jóvenes hombres y mujeres, sangrantes por las calles con lujo de fuerza, y luego de suponer lo sucedido en las celdas, el protagonismo policiaco se transforma en amago psicosocial. El Ejecutivo estatal y los cuerpos de seguridad de Jalisco se ungieron como tribunales para establecer, de antemano, la consigna de utilizar la violencia coercitiva, e incluso presentar y tratar públicamente a los “altermundistas” cual delincuentes y justificar así el trato vejatorio disfrutado por un sector enajenado y confundido (o probablemente todavía), como para poder distinguir entre la justicia y la revancha.
Amedrentar entonces a los ciudadanos fue una práctica común de estilo sexenal y un retroceso alejado de una verdadera transición. El daño por oponerse a la investigación de los hechos vergonzantes en su momento por parte de algunas autoridades y líderes de opinión, podría subsanarse en este 2007 ante la disposición del Ejecutivo de reabrir el expediente de
Carlos M. Orozco Santillán
Diputado de la fracción parlamentaria del PRD
al Congreso de Jalisco
carlos.orozco@congresojal.gob.mx
No hay comentarios.:
Publicar un comentario