Opinión - Jorge Rocha

El balance sexenal en derechos humanos, ¿hubo avance?

PARTE I

Jornada Jalisco

El tema de los derechos humanos sigue teniendo una profunda pertinencia en México y en Jalisco. Diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos, periodistas e instancias gubernamentales coinciden en que el tema de los derechos humanos sigue siendo una agenda pendiente para el segundo gobierno de la alternancia en México y el tercer gobierno panista en Jalisco. Es cierto que se han registrado algunos avances en la materia, pero la violación sistemática de derechos no sólo persiste, sino que incluso en algunos temas se ha experimentado un franco retroceso. Así, a dos meses del inicio de la gestión de Felipe Calderón y a unos días de comenzar la gubernatura de Emilio González Márquez, es preciso hacer un estado de la cuestión en la materia.

Los avances

En el sexenio federal que acaba de concluir se llevó a cabo una serie de avances y aciertos en derechos humanos, entre los que destacan la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, una política exterior en favor del respeto de los derechos humanos (Human Rights Watch, 2006), la instalación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la conclusión del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México y la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) (Amnistía Internacional, 2006). Tanto en las secretarías de Relaciones Exteriores como en la de Gobernación se crearon instancias para atender estos temas y se creó la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales del Pasado (PRODH, 2006).

Los principales retos en derechos humanos

Sin embargo, y a pesar de los avances, hay una serie de temas que no se han resuelto hasta el momento y que siguen siendo fuentes de violación a los derechos humanos, tanto en México como en Jalisco.

La impunidad

En México, hasta ahora hay una serie de casos emblemáticos de violación a derechos humanos que no han sido resueltos ni castigados, resalta la masacre de Acteal, en Chiapas; los casos de Aguas Blancas y El Charco, y los llamados crímenes del pasado, entre los que se encuentran la matanza del 68, el jueves de Corpus y la guerra sucia en los años 70 y 80. En el estado de Jalisco, el caso 28 de mayo no ha tenido hasta el momento ningún responsable de los actos de tortura y malos tratos documentados y denunciados por una amplia gama de organismos de derechos humanos, entre los que está la CNDH. El Centro PRODH, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, en sus respectivos informes de 2006 coinciden en que seguir postergando la justicia y la verdad en estos casos tiene como su principal efecto el mantenimiento de la impunidad y, por lo tanto, la violación a los derechos humanos.

Sistema de justicia

Uno de los temas más preocupantes en materia de derechos humanos es todo lo referente al sistema de justicia, varios son los problemas que se presentan y llaman la atención. El primero es la progresiva militarización de los cuerpos de seguridad pública, sobre todo en los gobiernos de extracción panista (Red TDT, 2006), aunado al aumento de la tortura y los malos tratos de parte de las diversas policías. Para Human Rights Watch (2006), los estados que presentan este problema de forma crónica son Jalisco, Chihuahua y Guerrero; en esta misma línea, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) afirma que la tortura aumentó en Jalisco en un mil por ciento (CEPAD, 2006). El PRODH (2006) señala que hay una tendencia al endurecimiento del sistema inquisitorio a través del aumento de las penas y la ampliación de la edad penal. Finalmente, tanto la Red TDT (2006) como Human Rights Watch (2006) coinciden en que la situación en las cárceles de México es muy grave, y destacan el excesivo uso de la prisión preventiva, que se presta para infligir tortura y malos tratos a los presuntos delincuentes. Otras tendencias que destacan es la criminalización de ciertos sectores sociales, entre los que destaca el caso de las y los jóvenes en el estado de Jalisco (Espeleta, 2006).

Finalmente, otro tema pendiente son las violaciones provocadas por mantener un sistema de justicia militar al margen de las autoridades civiles. Esa situación ha sido objeto de varias recomendaciones por parte de organismos internacionales de derechos humanos.

Violencia política y derechos civiles y políticos

En este campo hay tres problemas sociales relevantes. El primero es la represión y criminalización de movimientos sociales (PRODH, 2006). En el sexenio de Vicente Fox se presentaron los casos de la represión a los pobladores de Atenco (que por fin la SCJN decidió investigar), la ya citada represión a jóvenes altermundistas el 28 de mayo en Guadalajara, la persecución contra miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el hostigamiento a movimientos campesinos ecologistas en el estado de Guerrero, entre otros.

Las primeras actuaciones de Felipe Calderón y el nombramiento de Francisco Ramírez como titular de la Segob, quien es señalado como un violador de derechos humanos, apuntan a que esta tendencia seguirá vigente en el sexenio que comienza.

En segundo lugar destaca el hostigamiento a defensores de derechos humanos y periodistas. La Red TDT (2006) señala en su agenda nacional que se sigue presentando en México una serie de acciones represivas contra organizaciones o personas que defienden derechos humanos, destacan los casos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Enlace Civil en Chiapas; y de CAMPO en Jalisco.

En cuanto a los periodistas, la organización internacional Reporteros sin Frontera, en su informe 2007 señala que México es el país con mayor número de casos de violencia contra periodistas en América Latina (nueve muertos y tres desaparecidos), además resaltan los casos del cierre de CNI Canal 40, el hostigamiento al Diario Noticias de Oaxaca por parte de Ulises Ruiz, y la persecución contra la periodista Lydia Cacho por denuncias a pederastas del estado de Puebla.

En este mismo tema, el Congreso de la Unión aprobó una serie de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión que van en sentido contrario a las recomendaciones hechas por el diagnóstico de la OACNUDH, y que tendrán como escenario previsible el aumento de la concentración de las concesiones de radio y televisión.

Otro de los asuntos que parecía estar resuelto era la democracia electoral. En las pasadas elecciones federales, la intromisión del Ejecutivo federal en el proceso, la falta de capacidad del Instituto Federal Electoral (IFE) y la “campaña negra” orquestada por empresarios y algunos medios masivos de comunicación (sobre todo las dos grandes televisoras), provocaron que el derecho al voto se viera seriamente lesionado. En este momento, al menos 40 por ciento de la población cree que las elecciones no fueron limpias y la credibilidad del IFE quedó en entredicho. Esta situación ha provocado falta de legitimidad al gobierno federal entrante.

En el estado de Jalisco, uno de los puntos pendientes en la agenda de derechos humanos es el derecho a la información. Aunque se logró aprobar una ley de transparencia con muy altos estándares, su aplicación ha sido muy escasa por la evidente falta de voluntad política del gobierno del estado.

El ex gobernador de Jalisco fue el principal violador de este derecho, no sólo por no acatar la ley, sino por emprender una lucha política en contra del organismo encargado de esta materia (ITEI), incluso se presionó al Congreso del Estado para reformar la ley y quitarle facultades a dicho instituto.