Pensión universal para la tercera edad
Jornada Jalisco
En Jalisco existe cerca de un millón de personas mayores de 60 años, en su inmensa mayoría pobres, a los que histórica, moral y socialmente se les ha marginado y excluido de las políticas públicas.
Hace poco más de un año (La Jornada, 22 de enero de 2006),¡ John Scott, del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas y miembro del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México de la Secretaría de Desarrollo, demostró que es “factible y sostenible eliminar la pobreza en este sector de la población por medio de una pensión universal”.
“La pobreza en la tercera edad en México es un problema muy urgente, es una población vulnerable”, dijo en ese entonces Scott. Y añadió: “México destina apenas una décima parte de lo que los países de América Latina dedican, en promedio, a programas de pensiones no contributivos dirigidos hacia la población pobre. Nuestro país destina 0.04 por ciento del producto interno bruto (PIB) a ello, cuando el promedio regional va de 0.4% a 1% del PIB. El problema es muy serio, en México las personas de la tercera edad han sido particularmente desprotegidas”.
Hoy, de acuerdo con datos oficiales, sólo dos de cada 10 mexicanos mayores de 65 años tienen acceso a una pensión. Siete millones que viven en condiciones de extrema pobreza se encuentran excluidos de los beneficios de una pensión a la que, por simple sentido humanitario, les correspondería.
Iniciativa ciudadana
No obstante que hace casi nueve meses se presentó una iniciativa popular por parte del Centro de Atención al Migrante, con más de 70 mil firmas recolectadas a lo largo de dos años, certificadas por el Instituto Estatal Electoral de Jalisco y respaldada en la Ley de Participación Ciudadana, que propuso se legisle y se apoye a los ancianos con una pensión universal, el Congreso no ha dado la más mínima muestra de atender este sector altamente vulnerable.
Los diputados panistas y priístas, los anteriores y los actuales, que tienen en sus manos mayoría para decidir, han cargado de prejuicios ideológicos un problema cuyo abordaje de solución les parece que es “populista” aun cuando no es así. Simplemente es, de estricta justicia, desarrollar un programa solidario y humano.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos señaló en el artículo 22 que toda persona tiene derecho a la seguridad social, el cual debe lograrse “mediante el esfuerzo nacional, al que se incorpora desde luego el derecho a la salud y una pensión económica, entre otros. Esto sin dar por descontado el seguro contra el desempleo que ya debe estudiarse ante el evidente fracaso para promover y crear nuevas fuentes de trabajo por parte del “presidente del empleo”. El actual programa de Oportunidades del gobierno federal destina magros recursos a las personas de la tercera edad. Los destina sobre todo de forma selectiva, es decir, aporta apoyos con base en la premisa de tener el voto cautivo en procesos electorales futuros bajo el principio de vincular “el agradecimiento” de los jóvenes que son parte de las familias con miembros de la tercera edad.
Pero millones de personas están al margen. No están las personas del sector informal que perdieron sus changarros ante la presencia avasalladora de multinacionales, ni los ex braceros. Estas personas quedaron al margen de la seguridad social como dice esta Declaración “por circunstancias ajenas a su voluntad”. Por ello el Estado debe intervenir decisivamente.
Es evidente que los sistemas pensionarios actuales, IMSS, ISSSTE, Pensiones estatales, han fracasado y su viabilidad estuvo siempre condicionada desde un principio a la creciente evasión patronal (incluyendo al Estado), para hacer sostenido y sustentable este derecho humano. Pero ello no obsta para intentar promover un programa distinto que podría fortalecer el mercado interno y combatir la desigualdad social, cosa que no hacen los otros programas pensionarios pues están dirigidos a derechohabientes de ingresos medios y altos.
El Centro de Atención al Migrante propone que se otorgue a los ancianos, como un principio de justicia, una pensión que se encuentre apenas en la línea de pobreza alimentaria, es decir, de 750 pesos mensuales, lo que representa apenas la mitad de un salario mínimo mensual..
Urgente legislar
Hoy Jalisco se encuentra, si bien no en condiciones insuperables, con capacidad de reajustar el gasto público, es decir, para iniciar la eliminación de la pobreza al revalorar la tercera edad como un sector útil. Una pensión no desalentaría el ahorro ni el empleo. ¿Por qué no pensar por ejemplo en crear la universidad de la tercera edad, para insertarlos –los que puedan todavía–, en actividades productivas y empresa comunitarias con beneficios fiscales?
En Jalisco, un programa a favor de los adultos mayores, no representaría una carga de ninguna forma. El Congreso del Estado de Jalisco debe legislar para que se otorgue un apoyo a todos los miembros de la tercera edad, sin más requisito que ser considerado en pobreza y pobreza extrema.
La pensión universal la reconoce incluso el Banco Mundial, pues recomienda el establecimiento de un sistema multipilar: un “pilar-cero” tiene un nivel mínimo de protección y disposiciones complementarias para las personas más pobres. Incluso, en todos los países desarrollados de la OCDE, el Estado continúa manejando las pensiones.
Una pensión universal, dice Scott, tiene “virtudes múltiples”: garantiza la cobertura prácticamente total de la población pobre y es la única estrategia que garantiza la eliminación de la pobreza extrema... una pensión universal no afectaría los incentivos laborales, de ahorro privado o de incorporarse a sistemas público contributivos de seguridad social, al no condicionarse el ingreso de los beneficiarios. Finalmente, una pensión universal prácticamente eliminaría los altos costos administrativos, al no suponer procesos de identificación y seguimiento”.
Otorgar una pensión universal para la tercera edad en Jalisco no es un acto de generosidad y bondad, es simplemente, el reconocimiento a un derecho humano irrestricto y a todas luces impostergable.
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