Opinión - Ramon Guzman Ramos

Descontento social

Jornada Jalisco

El gobierno de Felipe Calderón ha tomado acciones sin consultar la opinión y la voluntad de grandes franjas de la sociedad. Los sectores que han resultado afectados en sus derechos, como es el caso de los trabajadores al servicio del Estado con la reforma a la Ley del ISSSTE, que acaba de ser publicada y ha entrado en vigor a partir del sábado de la semana pasada, se vieron obligados a salir a la calle y tomar los espacios públicos para expresar su rechazo. Pero el gobierno optó por cerrar los oídos y responder sólo al interés de quienes serán los únicos beneficiados: el propio gobierno, las cúpulas sindicales y la banca privada.

Los trabajadores que se movilizaron no han aceptado las razones que por todos los medios se empeña en difundir el gobierno federal. Nadie puede negar que se trata, en realidad, de un golpe mortal al sistema solidario de pensiones y jubilaciones que había en el país. En vez de un fondo social que pudiera tener un espíritu mutualista, las cuentas de los trabajadores serán individuales, como lo recomienda, precisamente, la norma neoliberal que tan fielmente acatamos en México, las cuales pasarán a ser administradas por los bancos. Ellos podrán llamarle como gusten, pero es una medida que privatiza los dineros de los trabajadores que se destinan a su jubilación.

Los legisladores que aprobaron esta reforma tampoco consultaron el sentir de quienes han resultado afectados en sus derechos. Simplemente acataron la línea que les llegó del gobierno federal y aprobaron una reforma que tampoco aclara qué se hizo con todas las cotizaciones que durante décadas han aportado los trabajadores.

De pronto, alcanzar perspectivas más amplias de vida se ha convertido en un verdadero problema para el gobierno. Los trabajadores viven más años y se jubilan a una edad más temprana. Esto es algo que no podían tolerar los que gobiernan los destinos del país. Un sistema de jubilaciones y pensiones, como ellos lo conciben, tendría que contemplar a trabajadores que se retiren nada más para morirse.

El proceso que siguió la reforma no fue acompañado de un debate con quienes han salido afectados. Ni el gobierno federal ni los legisladores se dieron tiempo, porque simplemente no lo consideraron pertinente, para abrir espacios de análisis y debate con los trabajadores. Los legisladores actuaron por su cuenta, ignorando incluso a una parte considerable del Congreso que tampoco estuvo de acuerdo con la reforma.

Y éste es, precisamente, el otro problema grave que tenemos. El sistema político mexicano, tal como se nos presenta en este momento, no ha sido diseñado para incluir la participación de la sociedad en la elaboración y aplicación de las políticas públicas. Es un sistema desvinculado totalmente de los verdaderos intereses y aspiraciones de la población.

Esto ha generado que el descontento de la sociedad se dé por partida doble. No sólo por las acciones concretas de gobierno que se traducen en un golpe contundente contra los derechos y las conquistas laborales de los trabajadores, sino por el modo como se hacen. La voz de la inconformidad no ha encontrado oídos abiertos entre los ámbitos superiores de gobierno.

Y es que el propósito del gobierno ha sido beneficiar más bien a los banqueros al colocar en sus manos la administración de cientos de miles de cuentas individuales. Es la política que crea condiciones para que en México los grandes multimillonarios sigan reproduciendo su riqueza, aunque sea a costa de reproducir en la base de la sociedad a los pobres y miserables.

La reforma finalmente se impuso. El gobierno federal no sabe todavía a qué costo. El descontento de los trabajadores no se ha desvanecido, ni su decisión de continuar con la lucha. A diferencia de lo que sucedió con la reforma al sistema de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del IMSS, que se retiraron del campo de batalla cuando se consumó el golpe, los trabajadores al servicio del Estado mantendrán sus movilizaciones.

La siguiente jornada será la del primero de mayo. Y a partir del 2 podría estallar un gran paro nacional. Uno de los objetivos es echar abajo esta reforma. También, desde luego, detener esta política de privatizaciones indiscriminadas y de aniquilación de los derechos fundamentales de la sociedad.

Los agravios que ha recibido la sociedad han sido demasiados en tan corto tiempo. Además del de carácter electoral, porque finalmente la elección del 2 de julio no se limpió como lo exigía un gran porcentaje de los electores, están las medidas económicas contra la capacidad de consumo de millones de familias que apenas sobreviven con salarios de hambre. Estamos ante una escalada de precios silenciosa que arroja a más mexicanos a la desesperación y a la miseria.

Se empieza a constatar lo que era una sospecha desde antes: que en el sexenio de Vicente Fox se cometieron tropelías de todo tipo y que la impunidad sigue reinando en nuestro país. La riqueza y la soberanía de México se encuentran en peligro. Al gobierno federal sólo le interesa deshacerse de las pocas empresas que son propiedad de la nación, como es el caso del sector energético, incluyendo algunos de los servicios públicos que son estratégicos para el desarrollo integral de toda sociedad, como la educación y la salud públicas.

Están también los golpes represivos que han recibido algunos de los movimientos sociales más importantes en los últimos años, como son los casos de San Salvador Atenco y Oaxaca, donde las violaciones a los derechos humanos, como se ha estado documentando, se dieron a una escala escalofriante, haciéndonos recordar una época de nuestro país que creíamos superada.

Son muchos, como se ve, los motivos para que la gente no esté contenta, para que la inconformidad se acumule y tienda a convertirse en un solo movimiento de magnitud y alcance nacional. El ánimo de indignación no se ha desvanecido. Y son en momentos así que las grandes transformaciones de la historia tienen lugar.