Opinión - Rafael Sandoval

La estrategia del Estado apuesta por la desmovilización social

Jornada Jalisco

En medio del espectáculo montado por la clase política, donde hacen como que se pelean por detalles menores en torno de la legislación de leyes que justifiquen la cobertura legal del asalto y el despojo contra los trabajadores de la ciudad y del campo: la legislación sobre el ISSSTE y el IMSS, la legislación limitada sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo (que en gran medida ya está instalada en diferentes leyes) y sobre las sociedades de convivencia; la Sociedad del Poder da órdenes a las burocracias gubernamentales, emanadas de todos los partidos políticos, para acelerar las operaciones que garanticen la privatización de los recursos naturales de la nación: la electricidad, el petróleo, el agua, los bosques, el aire, etcétera.

De la misma manera, se puede observar cómo estos mismos políticos profesionales se esmeran en entregarles a las grandes corporaciones empresariales el manejo de las instituciones públicas encargadas, hasta ahora, de la administración de la seguridad social que fue resultado de la lucha de los mexicanos, con un costo de un millón de muertos, en la revolución de hace casi 100 años: las pensiones, la salud, la educación, la cultura, la construcción de la habitación popular, entre otras.

En las grandes ciudades como el Distrito Federal, Guadalajara, Toluca, gobernadas respectivamente por el PRD, el PAN y el PRI, se realiza una operación de limpieza en la que se desaloja y reprime a los pobres que viven en la calle (miles de niños entre ellos), a los desempleados y trabajadores ambulantes, que han tenido que salir a las calles en busca de la supervivencia para conservar las mínimas condiciones de reproducción de la vida de sus familias; todo con la intención de dejar libre el espacio a los grandes capitalistas para la instalación de sus grandes comercios y la explotación turística, al servicio de los que pueden pagar por servicios de hoteles, restaurantes y diversiones a precios elevados.

El espectáculo cuenta con el disfraz de la lucha contra el narcotráfico, la seguridad pública, la creación de empleos de servidumbre en condiciones peores que en la época de las haciendas, así como la propaganda que justifica el desarrollo del turismo en aras del progreso. Mientras tanto, los gobiernos municipales, estatales y el federal, desconocen las leyes, los reglamentos y los acuerdos pactados que garantizan mínimas condiciones del derecho al trabajo y la vida para los trabajadores de la calle, las trabajadoras sexuales, los niños y jóvenes que viven en las calles, los sindicatos, ejidos y comunidades indígenas, y los que se resisten son reprimidos por la policía y los militares disfrazados de policías.

En la estrategia para apropiarse del territorio en las ciudades y el campo, cuentan con la asesoría de las mismas corporaciones trasnacionales tanto en materia económica como de inteligencia militar que han diseñado la llamada Tolerancia Cero y Tierra Arrasada, me refiero a los equipos de inteligencia norteamericanos e israelitas, el FBI y el MOSAD, principalmente, que han preparado a los jefes policiacos y de seguridad personal de los gobernantes del PAN, PRI y PRD, en los estados de Jalisco, estado de México y el Distrito Federal, así como a las agencias del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, principalmente.

La estrategia está investida de un discurso de resguardo de la seguridad nacional y de inserción en los mercados internacionales; sin embargo, como se ha publicado en La Jornada Jalisco en días pasados, decenas de miles de personas que viven y trabajan en la calle y en las maquilas del capital internacional, están sometidas a regímenes de subcontratación leoninos, es decir, injustos y arbitrarios, y por la represión policiaca y paramilitar para quienes se resistan a dichas condiciones.

Con todo, esta política de la clase dominante está cavando su propia tumba, y ellos lo saben pero apuestan a que su estrategia de arrasar con la población que habita el territorio de las grandes ciudades y el campo garantizará el tiempo que necesitan para realizar el saqueo y posteriormente completarla con la instalación de un gobierno progresista que actúe como fuerza de control en un campo de tregua, es decir, de supuesta transición a la democracia, pero después de haber aplicado el uso de la represión y el terror: amenazas, detenciones policiacas “preventivas”, desapariciones, torturas a todo tipo de personas por cualquier pretexto o causa.

La idea de gobierno progresista, como parte de la estrategia de control de las sociedades en movimiento y en rebeldía, es el modelo que ya se puede observar en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, y con mayor dificultad en Bolivia y Venezuela, ya que los pueblos y comunidades indígenas, así como las comunidades de los barrios de las ciudades de estos dos países, se han mantenido movilizadas para obligar a sus gobiernos a no ceder demasiado a las exigencias del gran capital trasnacional, pero que igual gobiernan bajo las indicaciones del modelo neoliberal y las reglas que trae consigo: tratados de libre comercio, privatización encubierta de los recursos naturales, privatización de saberes locales, legislaciones suficientemente flexibles para privatizar y despojar de su territorio a los pueblos y comunidades barriales, flexibilización laboral, inversiones extranjeras, militarización y paramilitarización.

El caso de México aparentemente fue la excepción en la aplicación de la segunda etapa de la estrategia de contrainsurgencia, en tanto no se concretó la instalación del gobierno progresista encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pues al parecer las grandes corporaciones trasnacionales del capital convencieron a los más ricos de México, como Carlos Slim, de que el programa de gobierno que ofrecía López Obrador, en los famosos 50 puntos de su plataforma electoral, eran iguales, con excepción de tres o cuatro puntos, a los de Felipe Calderón, y que con la conversión del Estado en un aparato de control policiaco podían garantizar el despojo y la privatización en los próximos seis años, pues advertían que, a pesar de López Obrador, había millones de personas que demostraron, en las marchas y plantones contra el fraude, disposición para movilizarse para detener el modelo económico neoliberal.

Está por verse si sus cálculos en relación con que el pueblo mexicano todavía puede aguantar otros años de explotación, despojo, desprecio y represión, son acertados. Por lo pronto, toda la clase política compite por ser primero en la aplicación del modelo económico y el Estado policiaco, su mira está puesta en el favor de los señores capitalistas para ser elegidos como los administradores del gobierno progresista que podría surgir en las elecciones de 2012.

Ya se verá en los próximos años si calcularon atinadamente. Lo sucedido con la inédita forma de movilización de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca y el tiempo que ésta perduró, la movilización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por mantener sus Juntas de Buen Gobierno y las tierras recuperadas a raíz de la sublevación de 1994, así como la inédita movilización de millones de personas, durante varios meses, en las que tomaron las calles del Distrito Federal contra el fraude electoral, no parecen ser indicadores tomados en cuenta por los estrategas de la sociedad del poder, existe un desprecio y una subestimación por la gente común.