Opinión - Jaime Hernandez

Outsourcing y contratos de protección, paraísos empresariales

Jornada Jalisco


Hoy el corporativismo sindical sigue igual de vigente que antes y es útil al sistema mientras forme parte del férreo control del trabajador y sus demandas.

Casi al mismo tiempo que Emilio González Márquez anunciaba que el outsourcing, o sea la subcontratación de trabajadores por terceros o empresas de tercería con tal de evadir prestaciones e incumplir obligaciones “seguirá extendida en Jalisco si los industriales quieren continuar bajo ese esquema”, por lo que “no era problema del gobierno, sino de los empresarios”; y en tanto que Ernesto Espinosa Guarro, su secretario de Trabajo, también anunciaba días atrás que revisaría el registro de sindicatos “patito” –desde luego que para protegerlos–, en la ciudad de México daba inicio una campaña internacional contra los contratos de protección patronal, acción que ojalá logre extenderse a esta entidad donde abundan.

Contratación fuera de ley

De acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, el sector laboral mexicano ha registrado un aumento inédito de contrataciones fuera de la ley, en el que a los trabajadores se les presiona para que firmen contratos en blanco, se les den empleos sin prestación alguna, se labore a destajo o por comisión, se otorguen contratos temporales por años, se den trabajos de palabra y se les dé de alta al IMSS con un sueldo distinto al que perciben. Entre la población económicamente activa, cerca de 26 millones y medio de trabajadores no tienen prestaciones y laboran fuera de todo contrato legal. Es un fenómeno que se desarrolló y creció en los últimos cuatro sexenios.

Las recientes reformas a la ley del ISSSTE por ejemplo forman parte de un proyecto neoliberal de gran alcance que tiene por objeto combatir ahora el sindicalismo libre e independiente, de tal manera que durante el calderonismo estos fenómenos de subcontratación y protección empresarial se potenciarán a su máxima expresión.

No hay que olvidar que el apartado B del artículo 123 constitucional permite la existencia de un sistema paralelo al IMSS, o sea la del propio ISSSTE, que se ha traducido por décadas en una continua discriminación de los trabajadores al servicio del Estado al grado que se les impuso condiciones de trabajo (en lugar de contratos colectivos de trabajo) además de negar la posibilidad de huelga. Esta discriminación persiste, pues a nivel estatal se sujetan a un arcaico sistema de justicia en los llamados Tribunales de Arbitraje y Escalafón. Aunque tampoco la Juntas de Conciliación y Arbitraje son garantía para el trabajador ya que dependen directamente del gobernador. Por simple lógica deben depender del Poder Judicial ya que la “justicia” es una función jurisdiccional y no administrativa.

A la excesiva injerencia patronal se añade ahora el llamado outsourcing, que forma parte de la generalizada corrupción y simulación en el mundo sindical; procedimiento derivado de los viejos mecanismos de control corporativo en los que se pactan nuevas y diversas formas de explotación entre falsos líderes y empleadores con el objeto de conculcar derechos laborales y el ejercicio de la libertad sindical, entre otros.

Protección para el patrón

Hoy sólo 15 millones de mexicanos tienen prestaciones, pero con tendencia a la baja, pues cerca de 85 por ciento laboran en empresas controladas por sindicatos blancos; es decir, sindicatos que no exigen revisión salarial alguna ni luchan por mejores condiciones de trabajo. Si “emplazan a huelga” la mayoría de las veces es sólo para acordar debajo de la mesa jugosos arreglos económicos que van a parar directamente a los bolsillos de los líderes sindicales comúnmente llamados “charros” a través de un efectivo sistema que se llama “contratos de protección”.

Un contrato de esta naturaleza se caracteriza por “proteger” a una empresa y al patrón de cualquier movimiento auténtico democrático e independiente que pudiera surgir. Los líderes sindicales se encargarán de propiciar un clima de “certidumbre y paz social y la garantía de que no tendrán ningún conflicto en la empresa”; pueden controlar, gracias a las cláusulas de inclusión y exclusión, la permanencia de un trabajador. Dichas cláusulas estipulan que todo trabajador que sea expulsado de un sindicato el empresario deberá despedirlo. Un trabajador ordinario por lo tanto no conoce el contenido de dicho “contrato” y además corre el riesgo de perder el empleo si pide información al respecto. De tal forma que el derecho a la libre sindicalización es continuamente pisoteado en nuestro país, vulnerando no sólo la Constitución, sino el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.

Los emplazamientos a huelga son simulados, pues se hacen a espaldas del trabajador. Entonces, a la más clara usanza gangsteril este tipo de sindicatos vende sus servicios. Los líderes son vitalicios además de ser prácticamente desconocidos por las bases. Los sindicatos son por lo regular de “oficios varios” y están en todas partes y en ninguno. Así, presionados por la necesidad de trabajo las personas renuncian a sus derechos fundamentales, hecho que les conviene a los empresarios, pues con una módica “aportación anual” se evitan despedir directamente a los trabajadores, pagar prestaciones, la “politización” de las relaciones de producción y los emplazamientos reales de huelga. Pero siguen dando salarios de miseria.

Así, la “titularidad” de dicho contrato lo detentan esos líderes como si fuera propiedad privada, al grado que pueden heredarlos a los hijos o venderlo. Como ejemplo de ello está Napoleón Gómez Urrutia que heredó el sindicato minero sin ser trabajador. Durante la administración de Fox se le habilitó porque así convenía al Estado y la empresa, pero el genocidio de Pasta de Conchos lo convirtió en pieza inútil. Entonces, un sindicato charro o blanco siempre es dócil y útil cuando convenga al sistema y al Estado.

Aglutinados en el Movimiento Sindical Internacional, en el que participan diversos sindicatos nacionales independientes, desde este lunes pasado se proponen desarrollar una campaña nacional contra los contratos de protección patronal pues, se estima, más de 80 por ciento de los contratos del país son de esta naturaleza.

Aquí en Jalisco poco menos de mil 600 sindicatos, la mayor parte blancos, y aglutinados a la CTM, CROC y CROM principalmente, se reparten año con año jugosos contratos de protección patronal con cerca de 75 mil empresas registradas en la entidad. ¿No es Jalisco un paraíso empresarial?