Despenalización del aborto
La interrupción del embarazo está rodeada de implicaciones éticas y morales que una y otra vez se entrometen en la discusión legal sobre el “delito de aborto”. La ley —casi siempre inútil como método de persuasión— orilla a la clandestinidad, el estigma y la muerte a las mujeres que deciden no continuar con un embarazo, mientras en el Distrito Federal, la discusión legislativa sobre el aborto se ha vuelto, merced de la derecha, una lucha por los cuerpos de las mujeres.
Por Rocío Sánchez
“Todas las personas estamos a favor de que se acaben los abortos, el problema es que para que eso suceda hay quienes piensan que se tienen que penalizar y otras personas pensamos que se tiene que despenalizar”. La aclaración de la antropóloga Marta Lamas centra una discusión bizantina: el debate por la despenalización del aborto en el Distrito Federal.
Desde que diputados locales de la ciudad de México anunciaron una propuesta para despenalizar el aborto en el caso de que se realice cuando “a juicio de la mujer o a solicitud de ella se interrumpa su proyecto de vida y su desarrollo integral”, los grupos de derecha, confesional y partidista, respondieron como se esperaba y manifestaron su rechazo. Su pancarta central es “la lucha por la vida” y sus iconos las inefables y falaces fotos de fetos destrozados —la mayoría de más de seis meses, muy lejos de la propuesta legislativa que habla de autorizar la interrupción hasta las 12 semanas de gestación (cuando el producto apenas es un embrión).
La población general, de acuerdo a las encuestas, también presenta una fuerte división de posturas, pero con una tendencia a apoyar la despenalización. La encuestadora Consulta Mitofsky señala que 50 por ciento de los hombres y 48 por ciento de las mujeres están a favor de que se permita la interrupción de los embarazos si así lo deciden las mujeres. En contra se manifestaron 48 por ciento de los varones y 49 por ciento de las mujeres. Otra encuesta, del periódico Reforma, arrojó que 53 por ciento de los capitalinos está a favor de la despenalización y 42 por ciento se opone.
Pero mientras la discusión avanza —y polariza— los abortos y los riesgos no esperan. Según estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 1995 se produjeron 110 mil abortos inducidos en todo el territorio nacional. Un estudio del Instituto Alan Guttmacher hace referencia a 533 mil abortos provocados en México. De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), las complicaciones de abortos mal practicados son la tercera causa de muerte materna en nuestro país.
La mortalidad por aborto no es consecuencia del procedimiento en sí, sino que es mucho más alta cuando éste es considerado un delito. De acuerdo con el estudio Aborto inseguro: la pandemia prevenible, publicado en la revista médica The Lancet (noviembre, 2006), en los países donde el aborto es ilegal causa en promedio 30 veces más muertes maternas que en los países donde está legalizado.
La legislación que castiga esta práctica no sirve para disuadir a las mujeres de recurrir a ella. Tampoco es cierto que el legalizarlo provoque un aumento en su incidencia. Según datos de la organización civil IPAS México, 23 de cada mil mujeres de 15 a 49 años que viven en los 82 países con la legislación más restrictiva experimentan un aborto, mientras que sólo dos de cada mil lo hace en los 52 países más liberales respecto al tema.
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