A la izquierda, el presidente de la CIDH, Florentín Mélendez. Lo acompaña Alejandro Negrín, titular de Derechos Humanos y Democracia Foto: María Meléndrez Parada
JOSE ANTONIO ROMAN , VICTOR BALLINAS
En México, como en el resto de América Latina, hay una alarmante índice de impunidad en los agresiones contra los defensores de las garantías individuales, advirtió ayer el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez, quien apremió a los gobiernos de la región a que adopten acciones inmediatas y efectivas para proteger la vida y la integridad física de estos actores sociales.
Al presentar en la cancillería el informe de la situación de los defensores de los derechos humanos en las Américas, el también relator para México citó una larga lista de agravios, que van desde ejecuciones, desapariciones, tortura, atentados, agresiones, amenazas, hostigamiento, invasión de la vida privada y familiar y campañas de difamación, hasta atentados dinamiteros en las oficinas de organismos civiles. Esta situación ocurre, subrayó, en sociedades con gobiernos que se dicen democráticos.
Reconoció que en algunos casos se han registrado avances importantes en la realidad que viven estos defensores, pero subrayó también que aún en las democracias persisten violaciones como las que se practicaron durante las décadas en que usurpaban el poder las dictaduras en la mayoría de los países de la región.
Destacó que aun cuando se ha dado una multiplicación de las organizaciones e individuos defensores de derechos humanos, ésta sigue siendo una tarea fundamental del Estado: "es quien está obligado a garantizar la protección de este tipo de garantías".
En el documento -de 92 páginas-, que ayer fue presentado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el presidente de la CIDH manifiesta su "profunda preocupación" por el alarmante índice de impunidad en los países del hemisferio.
El informe subraya que la falta de investigación seria de las denuncias que involucran a los defensores en algunos casos, así como la lentitud de la administración de justicia en otros, sumadas al desconocimiento por parte de los estados en relación a que los activistas enfrentan obstáculos en el ejercicio de sus actividades y que, como consecuencia, requieren de una protección especial, son todos factores que dan lugar a la impunidad de los agresores.
El documento incluye la respuesta del gobierno mexicano, que respondió un cuestionario elaborado por la CIDH, en el que dice "que la histórica desconfianza mutua entre gobiernos y sociedad civil, sumada a la equivocada percepción de algunos sectores de la sociedad que sostienen que los defensores defienden a delincuentes, ha permitido que el trabajo de aquellos se desarrolle en un ambiente hostil".
La respuesta oficial señala que anteriores administraciones "nunca reconocieron abiertamente la importancia de la sociedad civil ni condenaron enérgicamente los ataques y amenazas contra las defensores, lo que contribuyó a crear un ambiente tenso en el que éstos llevan a cabo su trabajo".
El gobierno mexicano considera que entre los principales obstáculos que enfrentan los defensores en el país se hallan "las inercias del pasado y la cultura heredada de falta de respeto por los derechos humanos".
Por su parte, las organizaciones no gubernamentales entregaron al titular de la CIDH un informe en el que destacan que en el gobierno del presidente Vicente Fox se persiguió, hostigó y hasta se asesinó a defensores de derechos humanos.
Como ejemplo de ello recordaron los asesinatos de los cuales fueron víctimas Digna Ochoa y Griselda Tirado, además de los encarcelamiento de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel; los hostigamientos contra defensores en el estado de Chiapas, contra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Marina Pagés, de la organización SIPAZ.
Otros casos son el allanamiento de morada de la defensora Eréndira Cruz Villegas del Centro Nacional de Comunicación Social, el hostigamiento contra Leonel Rivero y el robo de computadoras a la organización Sin Fronteras.
Las agrupaciones civiles destacan que "frente al deterioro de la vigencia de los derechos humanos en el país por actores nacionales y trasnacionales, la población continúa organizándose para la defensa de los mismos. Sin embargo, existen graves riesgos para los luchadores por los derechos económicos, sociales, culturales, los activistas campesinos y ambientalistas, así como para los periodistas, en particular para las mujeres que luchan contra la violencia sistémica de que son objeto, como se ha evidenciado este año en los estados de Chihuahua, Puebla, Oaxaca, Chiapas y en el Distrito Federal".
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