Estimadas compañeras de las redes feministas de todo el país, compañeras de partidos políticos y otras organizaciones; compañeras diputadas
Desde Coahuila, donde ahora estoy haciendo una investigación periodística, las llamo a solidarizarse con una organización y sus abogadas quienes llevan la causa de 13 mujeres que fueron atacadas por un grupo de militares en julio del año 2006, de los cuales 9 están encarcelados y en proceso.
Estos hechos sucedieron en dos centros de diversión del municipio de Castaños, Coahuila, zona metropolitana de la ciudad de Monclova. Las abogadas del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Asociación Civil (COPROVI) acudieron inmediatamente en su ayuda; consiguieron la inmediata intervención de la Procuraduría de Justicia del estado de Coahuila y lograron la detención de 9 soldados, un caso extraordinario, ya que nunca han sido juzgados militares en la justicia civil por violencia de género.
En Monclova, una ciudad industrial venida a menos, árida y difícil, muy conservadora, el caso ha caminado gracias a la difusión inicial, el compromiso de la Regidora de Castaños, del Partido del Trabajo, Guadalupe Oceguera, la presencia de funcionarios y funcionarias del gobierno de Coahuila, la visita de la Fiscal, Alicia Elena Pérez Duarte y la información permanente y sistemática difundida por la periodista Soledad Jarquín, de Cimacnoticias.
No obstante el tiempo ha pasado. Los soldados han sido puestos a disposición de un juez y tienen 6 defensores, dos de ellos, Aída Guardiola y Pedro Peña, son muy amigos del director del Cereso de Monclova, Jesús Flores Sosa; son abogados muy apoyados y no se sabe quién les paga, y cuentan con recursos y facilidades.
Las abogadas, Sandra de Luna y Martha Castillón, quienes fueron ministerios públicos, se convencieron con el tiempo en crear el COPROVI, porque desde la justicia civil valía más la pena ayudar a decenas de mujeres en problemas; afirman que el nivel de violencia de pareja en la región es muy alto, que el año pasado en la zona fueron asesinadas por sus parejas 14 mujeres y que su actividad es vigilada y frecuentemente hostigada por la sociedad y las autoridades y poderes de Monclova.
Aunque tienen visibilidad a través de los diarios de la región, uno, llamado La Voz de Monclova, las hostiga permanentemente. Su organización apenas tiene un año y ya forman parte de la Red de Refugios, sin embargo no tienen otras conexiones con el movimiento.
Al paso del tiempo son las víctimas y ellas, las más expuestas; hay presiones para las 13 denunciantes, quienes se mantienen en el proceso contra los solados; las abogadas manifiestan que estarán lo necesario y hasta el final. Pero lo cierto es que están debilitadas por las presiones, la falta de recursos, el hostigamiento de la prensa y la ausencia, cada vez mayor, del interés de las autoridades del Estado de Coahuila.
El proceso que lleva el juez ha solicitado la reconstrucción de los hechos, lo que consideran peligroso, porque los nueve soldados en los antros donde violaron a las mujeres y ellas ahí, sometidas a preguntas y presiones, puede convertirse en una trampa. Creen que es jurídicamente conveniente, pero sin vigilancia de la sociedad y del movimiento ello podría acabar en un zafarrancho, intentos para liberar a los soldados, balazos y otros problemas.
URGE LA PRESENCIA DE TODAS
Es por ello que hacen ahora, a través de la que escribe, una solicitud apoyo presencial, para fortalecer el proceso, puesto que aseguran que se han entregado todas las pruebas, que el expediente, si no hay mano negra, podría ser base para aplicar la ley a los soldados y mantenerlos en la cárcel por violación tumultuaria, sin derecho a fianza.
En fin consideran que no hay razón jurídica para liberarlos. Pero la ausencia de apoyos de autoridades y mujeres, la necesaria del Obispo Raúl Vera y otras personas, como las diputadas, podría ser en estos momentos de gran apoyo.
Las audiencias del juicio se reanudan el 12 de febrero. Entonces podría organizarse una comisión para estar cerca del proceso; valdrían declaraciones, un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Equidad y Género; asistencia técnica de la Fiscal, Alicia Pérez Duarte, declaraciones, notas, desplegados, lo que sea necesario.
El caso de Castaños podría ser emblemático, tomando en cuenta que nunca han sido juzgados militares por causa civil relacionada con la violencia contra las mujeres; ejemplo de un proceso posible y de justicia. Sería un ejemplo.
Por ello me he atrevido a escribir estas líneas. Tampoco tienen recursos, ni siquiera han podido hacer las copias del expediente, de más de mil 500 fojas, por su costo, a peso cada una.
El contexto social y geográfico. Un espacio sórdido, despoblado, seco, árido, ayuda a tener un gran sentimiento de orfandad, en una causa que ha sido siempre nuestra, una causa que merece justicia.
El COPROVI cuenta con 4 psicólogas que también han dado apoyo a las víctimas; hoy están todas, las víctimas, las abogadas, la regidora, las psicólogas devastadas, presionadas y marginadas.
Yo sugeriría que se forme una comisión, podemos turnarnos para acompañar las audiencias, podemos hacer presión sistemática y constante desde el Distrito Federal y solicitar apoyos, como el de la carta que enviamos hace unas semanas, donde todas nos estemos expresando constantemente. Este juicio podría terminar en abril, las abogadas sospechan que podrían ser liberados si no se hace la reconstrucción de los hechos, se sospecha que éste es un pretexto peligroso, una trampa.
Yo estuve en Monclova, ya dos veces. La situación es realmente desesperada. Volveré ahí el 7 de febrero, ahora estoy en Saltillo y permaneceré en la zona dos semanas. Sería muy importante contar con ustedes. En mi correo está el número de mi celular. Me gustarían algunas buenas y sinceras respuestas.
Gracias por su atención
Sara Lovera López
Periodista
El correo de Coprovvi es coprovvi@prodigy.net.mx
para cualquier informe, solidaridad directa, preguntas, etc.
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