Editorial - La Jornada

¿Democracia?

Con la escasa elaboración que ha caracterizado desde siempre sus intervenciones verbales, el ex presidente Vicente Fox dejó entrever en una conferencia en Washington que el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador fue un ataque político marcado por la animadversión personal, admitió a su manera la actuación parcial y delictiva del gobierno federal en los comicios presidenciales del año pasado, confesó plenamente que Felipe Calderón Hinojosa fue el candidato de Los Pinos y afirmó con un desparpajo exasperante que la impugnada victoria del michoacano le significó un "desquite" contra el tabasqueño.

Desde luego, nada de lo dicho por Fox representa una revelación. Desde mucho antes de las elecciones, la izquierda aglutinada en torno de la candidatura del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, analistas políticos e incluso algunos priístas señalaron la ilegal y descarada injerencia de la Presidencia de la República en las campañas que estaban en curso. Esa intervención fue particularmente evidente en las desmesuradas sumas que el gobierno de la República invirtió en publicitar logros inexistentes y en recomendar al electorado una continuidad que tenía nombre y apellidos inocultables, así como en el uso selectivo de programas sociales orientado a favorecer a aspirantes panistas, todo ello con cargo a las arcas nacionales. Tan claro fue el uso de recursos públicos para impulsar las posibilidades de uno de los aspirantes que a los consejeros electorales, también impugnados por su parcialidad en contra de López Obrador y en favor de Calderón Hinojosa, no les quedó más remedio que pedir a Los Pinos el retiro de sus anuncios. Después de la elección, en un fallo que resultó emblemático de la inconsistencia política y moral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció como "irregularidad" el indebido activismo presidencial, pero no vio en ello motivo para la anulación del proceso ni para ordenar un recuento de los apretadísimos resultados dados a conocer por el Instituto Federal Electoral y repudiados por más de un tercio del electorado.

La confesión foxista es, en cambio, un escandaloso botón de muestra del cinismo, el patrimonialismo y la falta de respeto a las leyes con que se ha desempeñado el grupo que llegó al poder en diciembre de 2000 y que, con una vocación democrática meramente declarativa, ha causado un daño catastrófico a las instituciones.

Por lo demás, la admisión de los agravios y atropellos perpetrados desde Los Pinos por un individuo que habría debido desempeñarse como presidente de todos los mexicanos y que fue, en cambio, un representante de facción y de intereses empresariales bien conocidos, constituye un severo golpe a las pretensiones de su sucesor en el cargo de obtener el margen de legitimidad que no le dieron los comicios del 2 de julio ni los posteriores procesos de calificación y validación de los resultados. En momentos en que la actual administración busca pasar la página y conseguir que millones de ciudadanos olviden lo que vivieron como un despojo y como una manipulación desde el poder público de los mecanismos electorales, aparece en escena Vicente Fox para describir como "su" victoria personal frente a López Obrador la llegada de Calderón a la Presidencia.

A diferencia de la confesión formulada en septiembre de 2005 por Miguel de la Madrid ­"el PRI perdió las elecciones del 88", afirmó entonces en una entrevista televisiva­, las implicaciones de lo dicho antier por Vicente Fox no son meramente históricas: de ello se desprende que el año antepasado el guanajuatense violó la ley al usar a la Procuraduría General de la República, a la sazón encabezada por Rafael Macedo de la Concha, para destruir a un adversario político con una imputación amañada, o bien que incumplió las disposiciones legales al dejar en suspenso la causa correspondiente; en el primer caso, es inevitable concluir que la Cámara de Diputados atropelló el orden republicano al aprobar el desafuero y que la Suprema Corte se plegó a las animadversiones personales del titular del Ejecutivo; asimismo, las palabras de Fox refuerzan los señalamientos de que el proceso electoral de 2006, aunque declarado formalmente válido por la instancia judicial respectiva, estuvo viciado de origen por la injerencia ilegítima de la mano presidencial, y que en la llegada al cargo de Calderón Hinojosa hubo factores de adulteración de la voluntad ciudadana. Esa es, a lo que puede verse, la peculiar idea de democracia del panismo gobernante.