Editorial La Jornada

Greenspan, vocero de los privatizadores

Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, afirmó ayer, en el contexto de la Expomanagement 2007, que México debe modificar el artículo 27 de su Constitución Política, que consagra la potestad soberana de los combustibles fósiles por parte del Estado, y permitir así la apertura del sector petrolero a inversionistas foráneos. Ante la disminución de reservas de Cantarell, principal surtidor de crudo del país, el ex funcionario estadunidense puso en entredicho la capacidad de la paraestatal Petróleos Mexicanos para realizar tareas de investigación y explotación en el Golfo de México, lo cual, según él, provocaría una "crisis fiscal enorme" en el país.

Una eventual reforma al artículo 27 constitucional, como pretende la iniciativa de Ley de Yacimientos Transfronterizos, diseñada por la administración foxista y retomada por la actual, permitiría el dominio de la zona del Golfo de México -que, según se sabe, cuenta con un enorme potencial en yacimientos de hidrocarburos-- por parte de petroleras trasnacionales como Chevron-Texaco, Mobil, Shell, Halliburton, Exxon y Repsol.

La declaración de Greenspan se inscribe en la lógica de los intereses del capital financiero y las presiones que éste ejerce con el fin de desmantelar y privatizar Pemex. Estas presiones, que proceden tanto del extranjero como de la oligarquía que controla el poder público en el país, pretenden presentar a la paraestatal como una empresa económicamente inviable, depreciada y a punto del colapso, y con ello, convencer a la opinión pública nacional de la necesidad de transferir el control de Pemex a manos privadas; adicionalmente, ese discurso apunta a abaratar el organismo a fin de que pueda ser adquirido por empresarios privados a un precio muy por debajo de su verdadero valor.

Ante la nueva andanada privatizadora es necesario reiterar que la actual situación de Pemex no se debe, como lo quiere hacer ver el capital financiero, ahora por boca de Greenspan, a la incapacidad de la empresa para desempeñar sus funciones, sino a que es utilizada, a falta de una política fiscal justa y equitativa, como principal fuente de financiamiento del Estado. La difícil situación económica de Pemex no es consecuencia del precepto constitucional que pone en manos de la nación la explotación de las reservas petroleras, sino de la política impositiva depredadora y asfixiante que el gobierno federal ejerce sobre el organismo.

En suma, es urgente que Pemex sea colocada en un régimen de autonomía fiscal, a fin de que pueda disponer de los recursos necesarios para su modernización: vaya que los tendría, si no le quitaran por vía impositiva la mayor parte de sus ingresos brutos. La administración federal debe buscar recursos allí donde los obtienen los países modernos: en el cobro de impuestos justos y equitativos a las grandes empresas, a los capitales financieros y a los dueños de las grandes fortunas. La sociedad, por su parte, debe entender que no puede permitirse la venta parcial o total de Pemex, pues ello implicaría la pérdida de la más importante fuente de recursos económicos propios para el desarrollo del país.