Plaza Liberación
Tres años de la represión
Impunidad panista
Jornada Jalisco
Cuando este lunes se cumplan tres años de la represión contra jóvenes altermundistas que ordenó el gobierno autoritario de Francisco Ramírez Acuña, las perspectivas de que se sancione a los responsables o que, al menos, surja un pronunciamiento oficial que reproche el uso abusivo de la fuerza pública, dependen más de que las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos reabran el caso.
También depende de que realmente el actual gobernador y ex alcalde de Guadalajara, Emilio González Márquez, tenga no sólo el interés político en promover una sanción, no sólo política, en contra de su antecesor y actual secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.
Porque basta remitirse a la declaración que hizo la semana pasada, cuando se le preguntó si la represión del 28 de mayo de 2004 ya podía considerarse archivada, para determinar que si bien abrió la puerta a esa posibilidad, la dejó trancada con la cadena: “no hay algo vigente que en este momento deba resolver este gobierno del estado”.
No podría ser de otra manera, si se toma en cuenta que él participó en la ceremonia en que Ramírez Acuña premió a los heróicos policías que detuvieron y torturaron a todos los jóvenes que consideraron globalifóbicos, y emprender una investigación sobre el caso requeriría, forzosamente, revisar ese capítulo y presentar conclusiones sobre la actuación de la policía de Guadalajara que, entonces, estaba a su cargo.
Por lo pronto, el gobernador de Jalisco utilizó la tangente para dejarle la papa caliente a la CEDHJ, en espera de que el organismo presente una nueva recomendación, cuyas conclusiones, difícilmente, serán distintas a las que ya llegó, en su momento, la Comisión Nacional y que pedía iniciar acciones en contra de los responsables de detenciones ilegales y tortura contra los manifestantes.
Así que, en lugar de tomar una decisión para la que está facultado constitucionalmente, Emilio González optó por recurrir a la burocracia, así sea ésta la que corresponde a los defensores de derechos humanos en Jalisco y a nivel nacional. Y aunque por esas razones estaría de más una nueva definición de ambos organismos, en el caso de la CEDHJ hubo respuesta inmediata.
Y en ese sentido, como ha expresado el ombudsman tapatío, Carlos Manuel Barba García, esta semana enviará una notificación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene el expediente en sus manos y debería entonces turnar la recomendación a González Márquez. Se verá entonces si el gobierno estatal inicia una investigación que Ramírez Acuña se negó a emprender o bien sólo optó por una declaración para salir del paso.
Antes, pues, tendrá que ser José Luis Soberanes el que decida si desempolva los documentos o se mantiene ocupado en el recurso de inconstitucionalidad que, casi simultáneamente a la Procuraduría General de la República, presentó en contra de las reformas que legalizan el aborto en la capital de la República.
Por lo pronto, cada día que pasa –y por ello se llega a las protestas de este lunes– el gobierno de González Márquez contribuye a mantener el estado de impunidad, totalitarismo y despotismo que fue el sello característico de Ramírez Acuña y que mantiene en el gobierno de Felipe Calderón para acallar violentamente a los movimientos y protestas sociales, no sólo mediante el uso de la fuerza pública, sino mediante acciones judiciales que equiparan a líderes sociales con terroristas.
Si el gobierno de Vicente Fox reditó la represión de Guadalajara en Atenco y luego en Oaxaca, ya en el tránsito de su administración a la de Calderón, este último arrancó el sexenio con los jóvenes que protestaron por la visita de George Bush a Yucatán, a los que convirtió en los primeros presos políticos de su mandato.
Organismos internacionales defensores de derechos humanos han confirmado que en los dos sucesivos gobiernos de la República, en los gobiernos panistas, no han cesado las violaciones a derechos humanos y, en cambio, se han incrementado.
Ese es el signo del cambio a la derecha y el riesgo de que se ahonde, por la autocomplacencia del panismo, cada vez es mayor. Y si no, ahí está el ejemplo de Paco y su sucesor.
Del archivero
Como tercer interesado, el gobierno del Distrito Federal defenderá la reforma legal que permite el aborto en los hospitales públicos de la capital, y ayer Marcelo Ebrard advirtió que la Iglesia católica y las organizaciones de ultraderecha que están detrás del recurso de la PGR y la CNDH “no van a ganar nada, perderán más con este procedimiento”. De inmediato, el presidente del Colegio de Abogados Católicos, Armando Martínez Gómez, exigió al jefe de Gobierno de la ciudad a mantenerse fuera de la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez que el Ministerio Público y el ombudsman nacional presentaron sus recursos, el PAN en la Asamblea Legislativa se organiza para interponer su propia querella. Nada más que entre la bancada panista y sus aliados del PVEM sólo suman 22 diputados y se requieren 22 firmas.
• plazaliberacion@gmail.com
lunes, mayo 28, 2007
Opinión - Jaime Hernandez Ortiz
¡28 de mayo no se olvida!
El 28 de mayo de 2004 se cometieron en Jalisco varias de las más graves violaciones a los derechos humanos de que se tenga memoria. Como se recordará, ese día jefes de Estado, primeros ministros, presidentes y representantes de más de 55 naciones se reunieron en nuestra ciudad en el marco de la tercera Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y Unión Europea para discutir acuerdos multilaterales. Mientras aprobaban un punto en el que se insistía respetar los derechos humanos tanto en el contexto doméstico como en el internacional, justo a esa hora se iniciaban los preparativos de represión contra más de un centenar de personas a las que ilegalmente se les detuvo para inculparlas de supuestos actos de vandalismo, mientras los verdaderos delincuentes huían sonrientes.
Toque de queda técnico
Todos sabemos que por varias horas se suspendieron las garantías individuales; nadie podía transitar tranquilamente por el centro de la ciudad; se cometieron razzias y se detuvo sin orden de aprehensión a más de un centenar de personas por el simple hecho de tener apariencia de “altermundistas”. Los policías, algunos vestidos de civil, como en la mejor época nazi, se introdujeron a hospitales y hoteles para detener “sospechosos”. Técnicamente fue un toque de queda.
El 16 de agosto de ese mismo año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe denominado Informe especial relativo a los hechos de violencia suscitados en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, con motivo de la celebración de la III Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y Unión Europea, mediante el cual se acreditó y comprobó que se cometieron numerosas violaciones en contra de 110 mexicanos y ocho ciudadanos extranjeros, participantes o no en una manifestación antineoliberal, detenidos durante el 28 y la madrugada del 29 de mayo.
Algunas de las violaciones a los derechos humanos aún son considerados delitos de lesa humanidad: 19 casos de tortura, 15 detenciones arbitrarias, 73 retenciones ilegales, 55 de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y 73 casos de incomunicación. La CNDH señaló que “las autoridades responsables de la seguridad y vigilancia se apartaron de los principios de legalidad, eficiencia y profesionalismo, por lo que se transgredieron derechos fundamentales relativos a la dignidad humana, a la integridad física, a la legalidad y a la seguridad jurídica”. Si estos graves hechos los hubiera cometido un gobernante de izquierda los panistas no lo hubieran bajado de criminal y dictador. Pero como era panista, le aplaudieron y le rindieron honores de un salvador.
Lo sucedido el 28 de mayo de 2004 no es un caso aislado. Se tenía la intención de reprimir y dar una lección contundente a todos los manifestantes y opositores políticos del régimen de derecha de que no se toleraría ningún acto mínimo de “indisciplina”. Ahora el caso por la represión mostrada es tal vez uno de los más visibles en los últimos años junto con Oaxaca y Atenco. Es más, fue el modelo inspirador como iba a serlo la policía infiltrada. En su momento numerosas organizaciones como la Coordinadora 28 de Mayo expresaron que si los hechos de Guadalajara no se investigaban era previsible que la impunidad tuviera una expansión inimaginable, como en efecto ha sucedido. Tan sólo en Jalisco creció el fenómeno de una forma alarmante y sin límite.
Apenas cuatro meses antes de los sucesos de la tercera cumbre, el 10 de diciembre de 2003, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos había entregado al presidente Vicente Fox un amplio diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos, que incluía recomendaciones concretas de carácter legislativo y no legislativo para efectuar una reforma estructural del Estado que garantizara efectivamente el respeto a los derechos humanos, y se dedicaron varios capítulos relativos a detenciones ilegales, al debido proceso penal y el combate a la tortura. El diagnóstico, sin precedentes en otro país y elaborado por diversos expertos nacionales de la sociedad civil, formaba parte de la segunda fase del Acuerdo de Cooperación Técnica suscrito con la ONU y por medio del cual el gobierno se comprometía a elaborar y aplicar un Programa Nacional de Derechos Humanos. Nada se cumplió. En muy poco tiempo ambos documentos fueron convertidos en letra muerta, primero por el gobierno federal y luego por Francisco Javier Ramírez Acuña, como gobernador y posteriormente como secretario de Gobernación.
¿Reapertura del caso?
En Jalisco, al igual que en el plano federal, el papel de la Procuraduría de Justicia del Estado y el Poder Judicial tienen como propósito procurar y administrar la justicia con fines ideológicos y políticos.
Si en Jalisco tuviéramos un Poder Judicial autónomo e independiente, todos los procesados del 28 de mayo ya hubieran sido liberados y exonerados. Todavía no comprenden que es un poder distinto al Ejecutivo y actúan como apéndice del otro. De esta manera, los mecanismos que dieron sustento y dan cohesión al sistema autoritario que creíamos superado continúan funcionado de forma muy vigorosa: ningún defensor de oficio intervino en lo más mínimo para defender a los detenidos, todos fueron mudos cómplices. Casi todas las declaraciones fueron tomadas en la madrugada para que no hubiera abogados a elección de los propios procesados y en todos los casos fueron obligados a declarar contra sí mismos.
El caso reveló que la confesión, sobre todo aquella arrancada con tortura y trato cruel y degradante, sigue siendo la “reina de las pruebas”, aunque se diga lo contrario. En la redacción de las actas ministeriales y las resoluciones judiciales se sigue dando a la “primera declaración” el valor de “prueba plena”, esto con el objeto de proteger a los agentes torturadores. Todos los jueces que conocieron y sentenciaron a los jóvenes ignoraron los alegatos de tortura y el trato de que fueron objeto. Según la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ambas obligatorias para México por suscribirlas, las investigaciones sobre los hechos debieron abrirse inmediatamente y de oficio.
En los hechos del 28 de mayo se observa con claridad una especie de política de impunidad y de Estado que afecta seriamente los escasos avances que se han dado en la vida democrática nacional y local; de manera que en la lucha contra la impunidad, la sociedad civil está perdiendo la batalla.
Nunca estuvo cerrado legalmente. Pero con reservas hay que tomar la declaración de Emilio González Márquez en el sentido de que retomaría y reabriría el caso 28 de mayo si se lo pide la Comisión Estatal o la Nacional de Derechos Humanos. ¿Podrá de verdad demostrar que respetará los derechos humanos y deslindarse de Ramírez Acuña de forma creíble señalando los abusos de su administración? Tiene el beneficio de la duda. En caso de aceptar la recomendación y tratar de cumplirla, los primeros en estar molestos serían los cotos de poder enquistados al interior de la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública que no van a permitir al gobernador que se trastoque una estructura funcional proclive al abuso de poder y que sólo favorece a sus intereses de grupo y no los de una sociedad que anhela ser libre y democrática.
Mientras no se investiguen los hechos, se sancione a los responsables de violaciones a los derechos humanos y se absuelva de los cargos a los todavía procesados, el 28 de mayo no se olvida.
Exigencias
Hoy, a las 6 de la tarde, marcha de organizaciones civiles y políticas contra la criminalización de las protestas ciudadanas y contra la investigación y castigo de los hechos del 28 de mayo. De glorieta de la Normal a Plaza de Armas.
El viernes primero de junio, 10 de la mañana, manifestación de la APPJ y Movimiento de Bases Magisteriales en el contexto del paro cívico nacional y contra la nueva Ley del ISSSTE, saliendo de plaza Juárez al centro de la ciudad, por la calzada Independencia.
domingo, mayo 27, 2007
TVES Primeras Imagenes
Hace unos minutos inicio transmisiones el nuevo canal TVes, un canal alternativo, de orientacion social. Una television con el rostro del pueblo
¿¿En Mexico cuando??
Sitio en Internet - www.tves.org.ve
TVes al aire en la frecuencia recuperada del Canal 2
VTV
A partir de las 12 de la medianoche, los venezolanos disfrutan de la programación que el nuevo canal 2 ha preparado para todo el territorio nacional. La presidenta de TVes, Lil Rodríguez, aseguró que no hay repeticiones dentro de la programación. Las 24 horas de transmisión están garantizadas con el talento de productores nacionales independientes.
Caracas, 27 de mayo de 2007 / La directiva de la Televisora Venezolana Social (TVes) anunció este domingo la programación que tendrá el nuevo canal 2, una vez que al Grupo 1Broadcasting Caracas, representado por Radio Caracas Televisión (RCTV), se le venza, a las 12:00 de la medianoche de este 27 de mayo, la concesión sobre el espectro radioeléctrico que venía ejerciendo.
La parrilla de TVes que disfrutarán los usuarios y usuarias del país, comenzó en la madrugada de este lunes 28 de mayo con las gloriosas notas del Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Seguidamente, se inició la programación semanal prevista.
Algunos de los programas por difundir, elaborados por Productores Nacionales Independientes (PNI) venezolanos, medios alternativos y comunitarios y productores internacionales se encuentran: "TVes es noticia", "El Chef del pueblo", producido por Pedro Torrealba, quien incursiona por primera vez en el mundo de los PNI; "Caribe Son" de Héctor Castillo; "Cuatro Ruedas y un Morral" de Jorge Díaz; "Plazas, Rostros y Costumbres" de Luis Torres; "El Nuevo Sonido de Venezuela" y el "Otro lado del Deporte".
# TVes presenta su primera parrilla de programación:
Igualmente, este domingo se presentó al público la primera parrilla de programación de TVes, la Televisora Venezolana Social, correspondiente a la semana inaugural de transmisiones en la señal del nuevo Canal 2.
Consulte este documento que se incorpora y pasará a la historia de la televisión venezolana como la primera parrilla de programación de la también primera televisora de Servicio Público en el país.
Ora/VTV/MinCI
¿¿En Mexico cuando??
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TVes al aire en la frecuencia recuperada del Canal 2
VTV
A partir de las 12 de la medianoche, los venezolanos disfrutan de la programación que el nuevo canal 2 ha preparado para todo el territorio nacional. La presidenta de TVes, Lil Rodríguez, aseguró que no hay repeticiones dentro de la programación. Las 24 horas de transmisión están garantizadas con el talento de productores nacionales independientes.
Caracas, 27 de mayo de 2007 / La directiva de la Televisora Venezolana Social (TVes) anunció este domingo la programación que tendrá el nuevo canal 2, una vez que al Grupo 1Broadcasting Caracas, representado por Radio Caracas Televisión (RCTV), se le venza, a las 12:00 de la medianoche de este 27 de mayo, la concesión sobre el espectro radioeléctrico que venía ejerciendo.
La parrilla de TVes que disfrutarán los usuarios y usuarias del país, comenzó en la madrugada de este lunes 28 de mayo con las gloriosas notas del Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Seguidamente, se inició la programación semanal prevista.
Algunos de los programas por difundir, elaborados por Productores Nacionales Independientes (PNI) venezolanos, medios alternativos y comunitarios y productores internacionales se encuentran: "TVes es noticia", "El Chef del pueblo", producido por Pedro Torrealba, quien incursiona por primera vez en el mundo de los PNI; "Caribe Son" de Héctor Castillo; "Cuatro Ruedas y un Morral" de Jorge Díaz; "Plazas, Rostros y Costumbres" de Luis Torres; "El Nuevo Sonido de Venezuela" y el "Otro lado del Deporte".
# TVes presenta su primera parrilla de programación:
Igualmente, este domingo se presentó al público la primera parrilla de programación de TVes, la Televisora Venezolana Social, correspondiente a la semana inaugural de transmisiones en la señal del nuevo Canal 2.
Consulte este documento que se incorpora y pasará a la historia de la televisión venezolana como la primera parrilla de programación de la también primera televisora de Servicio Público en el país.
Ora/VTV/MinCI
Calderón, un presidente “virtual”: Muñoz Ledo
luciano campos garza
Monterrey, N.L., 25 de mayo (apro).- Porfirio Muñoz Ledo, consejero ejecutivo de la comisión para la Reforma del Estado, afirmó hoy que Felipe Calderón es un presidente “virtual”.
En una visita a esta ciudad, como parte de una gira nacional que realiza para hablar de los avances de la Reforma del Estado, Muñoz Ledo urgió a Calderón a regresar al Ejército a los cuarteles y dejar de utilizarlo en el combate contra el narcotráfico, “como si el país estuviera en guerra”.
Enfatizó: “Este es un gobierno mediático, virtual, de medios de información. Calderón no está gobernando, más que el Ejército. ¿Quién mató a Colosio? ¿Por qué engañan a la sociedad? Lo mató el narco con complicidad del Ejército. Hay qué ver el origen del problema y no andar jugando a policías y ladrones”.
Añadió que no entiende por qué Calderón echó mano de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado. “Quizá está satisfaciendo el pequeño Napoleón que todos llevamos dentro”, dijo.
Según el exembajador de la Unión Europea en el gobierno de Vicente Fox, el Ejecutivo federal incurre en una flagrante violación a la Constitución al utilizar al Ejército en tareas que no son de su competencia.
Explicó: “Me parece que se ha creado una perniciosa confusión en el asunto de la toma de algunas zonas del país por el Ejército. No puede Calderón ocupar el territorio con el Ejército. No estoy diciendo si es bueno o malo. No puede hacerlo sin permiso del Congreso. No es que viole los derechos humanos. Tiene qué definirse constitucionalmente la función del Ejército en tiempos de paz”.
En su opinión, lo que sucede en el fondo es que las propias autoridades federales no han tenido voluntad política para detener a los grandes capos de las drogas, a pesar de que, dijo, los tiene plenamente identificados y ubicados.
“No hay que dejarse ir con la finta. Lo que está haciendo Calderón es ocupar militarmente el territorio y, con ello, alentando esperanzas de que el problema se va a resolver. ¿A quién está matando el gobierno: a los jefes (del narco) o a los sicarios? ¿Sabe o no el gobierno y la DEA quienes lavan el dinero? ¿Están en los bancos, en Polanco o en Manhattan?
“El gobierno no está atacando al crimen, perdónenme. Les preguntaría sencillamente: ¿por qué México es un país altamente productor y antes no lo era? ¿Hay complicidad del gobierno? Los sicarios los reponen con otros Zetas y luego los Y griegas”, dijo, irónico.
Al preguntarle su opinión sobre los funcionarios y empresarios que dicen sentirse más protegidos con la presencia del Ejército en las calles, el exlegislador respondió que no es necesario que haya únicamente fuerzas armadas entre la comunidad, sino que éstas deben de actuar apegadas a la ley.
Abundó: “Le diría a la ciudadanía algo muy sencillo: la gente puede ser protegida conforme a la ley. También se puede sentir la gente protegida si desembarca la cuarta flota del gobierno de Estados Unidos. La gente puede sentirse protegida si se actúa dentro de la ley. Si te acostumbras a vivir dentro de la ley, vas a ver el cambio”.
En la conferencia de prensa, Muñoz Ledo habló del tema que lo trajo a esta ciudad, y comentó que propugnará por la independencia de las agencias del Ministerio Público que, dijo, actualmente están subordinadas al presidente en el fuero federal y a los gobernadores en los estados.
“En justicia, necesitamos un tribunal constitucional que se encargue de controversias constitucionales y no la Corte, que no tiene autoridad jurídica para ello, y también buscaremos la autonomía del Ministerio Público”, dijo.
Acompañado por el senador Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo, Muñoz Ledo dijo que, como parte de las transformaciones que reclama el país, es indispensable desaparecer el Instituto Federal Electoral (IFE) y crear nuevas reglas para los comicios, como la eliminación de apoyos privados en las campañas y la reducción de tiempos de difusión de imagen en televisión.
“En materia de elecciones, donde hay más de la mitad de coincidencia de partidos, es la prohibición absoluta de la compra de espacios de radio y televisión para fines políticos electorales. Si no hay esa reforma, se acaba todo. Ya no van a haber spots pagados en radio y televisión”, señaló.
Dijo que los otros cambios que hay que hacer tienen que ver con la reducción a cero de las contribuciones privadas en las campañas electorales y la creación de un Instituto Nacional de Elecciones (INE), que, precisó, tendrá carácter federativo.
“Todos están de acuerdo con esto último. Así que díganle adiós a (Luis Carlos) Ugalde y compañía, que nunca debieron de estar ahí”, subrayó.
Se buscará también reducir el financiamiento de las campañas pues, dijo, que tres cuartas partes de los dineros recibidos por partidos y candidatos, fueron destinados a campañas por radio y televisión.
“Estamos pidiendo la mitad igual para todos los partidos y la mitad según los votos obtenidos”, señaló.
Muñoz Ledo dijo que, a pesar de que los partidos ya presentaron sus propuestas, todavía habrá más cambios en el proyecto de Reforma del Estado.
Indicó: “Si los partidos respaldan con hechos sus palabras, vamos a tener una reforma importante. Inicialmente, pensábamos hacer sólo seis o siete grandes cambios, pero con la respuesta calculamos hacer más de 70 modificaciones a la Constitución, lo que nos confirma lo que venimos hablando desde hace muchos años: que la Constitución necesita ser rehecha”.
Al peguntarle si prevén llevar a cabo dichos cambios en la actual administración, Muñoz Ledo respondió, categórico: “El sexenio no es del señor Calderón. El no tiene nada qué ver con esto. Es un ejercicio del Congreso de la Unión, que es la legitimidad del país, y a Calderón no le reconocemos legitimidad, porque no ganó las elecciones. Los sexenios no tienen dueños”.
Monterrey, N.L., 25 de mayo (apro).- Porfirio Muñoz Ledo, consejero ejecutivo de la comisión para la Reforma del Estado, afirmó hoy que Felipe Calderón es un presidente “virtual”.
En una visita a esta ciudad, como parte de una gira nacional que realiza para hablar de los avances de la Reforma del Estado, Muñoz Ledo urgió a Calderón a regresar al Ejército a los cuarteles y dejar de utilizarlo en el combate contra el narcotráfico, “como si el país estuviera en guerra”.
Enfatizó: “Este es un gobierno mediático, virtual, de medios de información. Calderón no está gobernando, más que el Ejército. ¿Quién mató a Colosio? ¿Por qué engañan a la sociedad? Lo mató el narco con complicidad del Ejército. Hay qué ver el origen del problema y no andar jugando a policías y ladrones”.
Añadió que no entiende por qué Calderón echó mano de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado. “Quizá está satisfaciendo el pequeño Napoleón que todos llevamos dentro”, dijo.
Según el exembajador de la Unión Europea en el gobierno de Vicente Fox, el Ejecutivo federal incurre en una flagrante violación a la Constitución al utilizar al Ejército en tareas que no son de su competencia.
Explicó: “Me parece que se ha creado una perniciosa confusión en el asunto de la toma de algunas zonas del país por el Ejército. No puede Calderón ocupar el territorio con el Ejército. No estoy diciendo si es bueno o malo. No puede hacerlo sin permiso del Congreso. No es que viole los derechos humanos. Tiene qué definirse constitucionalmente la función del Ejército en tiempos de paz”.
En su opinión, lo que sucede en el fondo es que las propias autoridades federales no han tenido voluntad política para detener a los grandes capos de las drogas, a pesar de que, dijo, los tiene plenamente identificados y ubicados.
“No hay que dejarse ir con la finta. Lo que está haciendo Calderón es ocupar militarmente el territorio y, con ello, alentando esperanzas de que el problema se va a resolver. ¿A quién está matando el gobierno: a los jefes (del narco) o a los sicarios? ¿Sabe o no el gobierno y la DEA quienes lavan el dinero? ¿Están en los bancos, en Polanco o en Manhattan?
“El gobierno no está atacando al crimen, perdónenme. Les preguntaría sencillamente: ¿por qué México es un país altamente productor y antes no lo era? ¿Hay complicidad del gobierno? Los sicarios los reponen con otros Zetas y luego los Y griegas”, dijo, irónico.
Al preguntarle su opinión sobre los funcionarios y empresarios que dicen sentirse más protegidos con la presencia del Ejército en las calles, el exlegislador respondió que no es necesario que haya únicamente fuerzas armadas entre la comunidad, sino que éstas deben de actuar apegadas a la ley.
Abundó: “Le diría a la ciudadanía algo muy sencillo: la gente puede ser protegida conforme a la ley. También se puede sentir la gente protegida si desembarca la cuarta flota del gobierno de Estados Unidos. La gente puede sentirse protegida si se actúa dentro de la ley. Si te acostumbras a vivir dentro de la ley, vas a ver el cambio”.
En la conferencia de prensa, Muñoz Ledo habló del tema que lo trajo a esta ciudad, y comentó que propugnará por la independencia de las agencias del Ministerio Público que, dijo, actualmente están subordinadas al presidente en el fuero federal y a los gobernadores en los estados.
“En justicia, necesitamos un tribunal constitucional que se encargue de controversias constitucionales y no la Corte, que no tiene autoridad jurídica para ello, y también buscaremos la autonomía del Ministerio Público”, dijo.
Acompañado por el senador Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo, Muñoz Ledo dijo que, como parte de las transformaciones que reclama el país, es indispensable desaparecer el Instituto Federal Electoral (IFE) y crear nuevas reglas para los comicios, como la eliminación de apoyos privados en las campañas y la reducción de tiempos de difusión de imagen en televisión.
“En materia de elecciones, donde hay más de la mitad de coincidencia de partidos, es la prohibición absoluta de la compra de espacios de radio y televisión para fines políticos electorales. Si no hay esa reforma, se acaba todo. Ya no van a haber spots pagados en radio y televisión”, señaló.
Dijo que los otros cambios que hay que hacer tienen que ver con la reducción a cero de las contribuciones privadas en las campañas electorales y la creación de un Instituto Nacional de Elecciones (INE), que, precisó, tendrá carácter federativo.
“Todos están de acuerdo con esto último. Así que díganle adiós a (Luis Carlos) Ugalde y compañía, que nunca debieron de estar ahí”, subrayó.
Se buscará también reducir el financiamiento de las campañas pues, dijo, que tres cuartas partes de los dineros recibidos por partidos y candidatos, fueron destinados a campañas por radio y televisión.
“Estamos pidiendo la mitad igual para todos los partidos y la mitad según los votos obtenidos”, señaló.
Muñoz Ledo dijo que, a pesar de que los partidos ya presentaron sus propuestas, todavía habrá más cambios en el proyecto de Reforma del Estado.
Indicó: “Si los partidos respaldan con hechos sus palabras, vamos a tener una reforma importante. Inicialmente, pensábamos hacer sólo seis o siete grandes cambios, pero con la respuesta calculamos hacer más de 70 modificaciones a la Constitución, lo que nos confirma lo que venimos hablando desde hace muchos años: que la Constitución necesita ser rehecha”.
Al peguntarle si prevén llevar a cabo dichos cambios en la actual administración, Muñoz Ledo respondió, categórico: “El sexenio no es del señor Calderón. El no tiene nada qué ver con esto. Es un ejercicio del Congreso de la Unión, que es la legitimidad del país, y a Calderón no le reconocemos legitimidad, porque no ganó las elecciones. Los sexenios no tienen dueños”.
Soberanía y libertades civiles, en riesgo por el espionaje
Editorial
En el combate contra el crimen organizado, el Estado tiene la responsabilidad de proceder con cautela en el uso de las herramientas judiciales destinadas a garantizar la seguridad ciudadana, para no caer en excesos y violaciones a las garantías individuales. Es por ello que resulta preocupante el sistema de espionaje telefónico y electrónico que el gobierno del presidente Felipe Calderón planea establecer en el país, el cual servirá también a los intereses de Estados Unidos, situación que plantea un doble peligro: la posible limitación de las libertades civiles y la violación a la soberanía nacional.
Según el diario estadunidense Los Angeles Times, el Sistema de Intervención de Comunicaciones tiene un costo de unos 3 millones de dólares -recursos aportados por el Departamento de Estado-, y permitirá intervenir cuentas de correo electrónico y llamadas telefónicas, seguir a los usuarios de aparatos móviles de comunicación aun mientras viajan e identificarlos mediante su voz. El sistema, que ya está terminado y cuya tecnología fue desarrollada por la empresa Verint Systems -compañía "muy bien conectada políticamente" con la administración del presidente George W. Bush, de acuerdo con el rotativo-, será empleado en el corto plazo por el gobierno mexicano, y la información que produzca se compartirá con dependencias oficiales estadunidenses y podrá ser usada en los tribunales de ese país.
Entre otras alarmantes consecuencias, compartir esta intrusión constituye una clara violación a la soberanía de México, ya que implica inmiscuir a un gobierno extranjero en temas tan delicados como la seguridad nacional y poner en sus manos información sensible que podría ser usada en contra de los propios intereses del país. Al respecto, cabe recordar que el gobierno de Estados Unidos es uno de los que más recurren al espionaje en el mundo, tanto para vigilar a sus mismos ciudadanos (caso del programa informático Carnivore, de la FBI) como a personas y gobiernos extranjeros (caso del sistema Echelon), por lo que ha sido acusado de violar el derecho a la privacidad, entre otras garantías individuales. Si Washington no tiene ningún reparo en espiar a su propio pueblo, ¿por qué habría de tener consideraciones hacia México a la hora de manejar información confidencial sobre individuos u organizaciones de esta nación?
Por otra parte, esta medida podría afectar las protecciones constitucionales a los derechos civiles: el sistema se inscribe dentro de las reformas al Código Penal Federal propuestas por Calderón -en especial las modificaciones al artículo 16-, las cuales, de aprobarse, eliminarían el requisito legal de contar con una orden judicial para intervenir comunicaciones. De hecho, la reforma al artículo 16 tan sólo establece que la validez de una intervención "estará sujeta a revisión judicial posterior en los términos que determine la ley". De esta manera, sin la supervisión de un juez, no hay ningún candado que impida utilizar el sistema para otros fines, ajenos a la lucha contra el crimen organizado, y cometer abusos, tal y como han señalado expertos en la materia y defensores de los derechos humanos.
Frente a este doble riesgo, el Congreso está ante la obligación de revisar exhaustivamente el sistema propuesto y definir medidas de protección a las libertades civiles en las reformas judiciales para evitar excesos e injerencias foráneas.
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Mas informacion:
EPIC - Centro de Información para la Privacidad Electrónica ,
Carnivore puede leer practicamente todo
Wikipedia Carnivore (ingles), Carnivore (español),
Revista Rebelion - Echelon: La red espía global
Rocio Castrillo - OJO! El imperio nos espia
Inside Echelon (Ingles)
Documental - Echelon Le pouvoir secret NSA (en frances)
En el combate contra el crimen organizado, el Estado tiene la responsabilidad de proceder con cautela en el uso de las herramientas judiciales destinadas a garantizar la seguridad ciudadana, para no caer en excesos y violaciones a las garantías individuales. Es por ello que resulta preocupante el sistema de espionaje telefónico y electrónico que el gobierno del presidente Felipe Calderón planea establecer en el país, el cual servirá también a los intereses de Estados Unidos, situación que plantea un doble peligro: la posible limitación de las libertades civiles y la violación a la soberanía nacional.
Según el diario estadunidense Los Angeles Times, el Sistema de Intervención de Comunicaciones tiene un costo de unos 3 millones de dólares -recursos aportados por el Departamento de Estado-, y permitirá intervenir cuentas de correo electrónico y llamadas telefónicas, seguir a los usuarios de aparatos móviles de comunicación aun mientras viajan e identificarlos mediante su voz. El sistema, que ya está terminado y cuya tecnología fue desarrollada por la empresa Verint Systems -compañía "muy bien conectada políticamente" con la administración del presidente George W. Bush, de acuerdo con el rotativo-, será empleado en el corto plazo por el gobierno mexicano, y la información que produzca se compartirá con dependencias oficiales estadunidenses y podrá ser usada en los tribunales de ese país.
Entre otras alarmantes consecuencias, compartir esta intrusión constituye una clara violación a la soberanía de México, ya que implica inmiscuir a un gobierno extranjero en temas tan delicados como la seguridad nacional y poner en sus manos información sensible que podría ser usada en contra de los propios intereses del país. Al respecto, cabe recordar que el gobierno de Estados Unidos es uno de los que más recurren al espionaje en el mundo, tanto para vigilar a sus mismos ciudadanos (caso del programa informático Carnivore, de la FBI) como a personas y gobiernos extranjeros (caso del sistema Echelon), por lo que ha sido acusado de violar el derecho a la privacidad, entre otras garantías individuales. Si Washington no tiene ningún reparo en espiar a su propio pueblo, ¿por qué habría de tener consideraciones hacia México a la hora de manejar información confidencial sobre individuos u organizaciones de esta nación?
Por otra parte, esta medida podría afectar las protecciones constitucionales a los derechos civiles: el sistema se inscribe dentro de las reformas al Código Penal Federal propuestas por Calderón -en especial las modificaciones al artículo 16-, las cuales, de aprobarse, eliminarían el requisito legal de contar con una orden judicial para intervenir comunicaciones. De hecho, la reforma al artículo 16 tan sólo establece que la validez de una intervención "estará sujeta a revisión judicial posterior en los términos que determine la ley". De esta manera, sin la supervisión de un juez, no hay ningún candado que impida utilizar el sistema para otros fines, ajenos a la lucha contra el crimen organizado, y cometer abusos, tal y como han señalado expertos en la materia y defensores de los derechos humanos.
Frente a este doble riesgo, el Congreso está ante la obligación de revisar exhaustivamente el sistema propuesto y definir medidas de protección a las libertades civiles en las reformas judiciales para evitar excesos e injerencias foráneas.
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Financia EU espionaje telefónico en México: Los Angeles Times
El gobierno de Calderón se pliega a mecanismos fijados por la Casa Blanca, señala
Washington paga 3 millones de dólares por tecnología para la intervención de comunicaciones
El sistema de vigilancia amenaza libertades individuales en este país, advierte el Centro Pro
Autoridades podrán hurgar correos electrónicos; se compartirán los datos con la nación vecina
El gobierno federal obtuvo tecnología para aumentar su capacidad de intervenir llamadas telefónicas. Imagen de archivo Foto: Alfredo Domínguez
Roberto González Amador y David Brooks
Con dinero del gobierno de Estados Unidos, la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa obtuvo tecnología para aumentar su capacidad de intervenir llamadas telefónicas y hurgar en las cuentas de correo electrónico de ciudadanos mexicanos.
Se trata de una acción que Los Angeles Times, diario que reveló ayer el acuerdo, califica como una muestra de la manera en que "el gobierno conservador de México" está "crecientemente dispuesto" a cooperar con los mecanismos de aplicación de la ley fijados por la Casa Blanca.
La información recogida por el gobierno de Calderón con el Sistema de Intervención de Comunicaciones, como se llama el dispositivo financiado con 3 millones de dólares aportados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, podrá ser vista también por dependencias de la administración estadunidense, informó el diario.
Amplía Estados Unidos su extensión territorial
En ese contexto, Isabel Uriarte, responsable del programa de seguridad ciudadana del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, declaró a La Jornada que el sistema de espionaje de ciudadanos cedido por el gobierno de Estados Unidos representa un riesgo a las libertades individuales en México.
"Es un asunto delicadísimo", comentó Uriarte. "Este hecho concreto forma parte de la anexión de México al perímetro de seguridad creado por Estados Unidos después del 11 de septiembre" de 2001, cuando Nueva York y Washington fueron golpeadas por ataques terroristas, consideró.
El gobierno de Estados Unidos, añadió, está ampliando su extensión territorial con acciones como la descrita por el rotativo estadunidense. Lamentó que el Poder Ejecutivo de México se deje presionar y acepte actuar contra la privacidad de sus ciudadanos.
La integrante del Centro Pro afirmó que el uso de equipo de espionaje cedido por Estados Unidos puede formar parte de una estrategia de endurecimiento del gobierno mexicano, ya anticipada con la propuesta de reformas legales -que se discute en el Congreso- para poder realizar cateos sin orden judicial, lo cual esgrime la administración de Calderón como necesario para combatir la delincuencia organizada.
"Están en peligro los derechos humanos en México; cualquiera puede ser acusado sin respeto a las garantías individuales", advirtió Uriarte, y anticipó que el Centro Pro publicará en los próximos días un reporte especial sobre el sistema de intercepción de comunicaciones pagado por el Departamento de Estado.
Información compartida
"Se trata de una operación del gobierno de México financiada por Estados Unidos", señaló al diario californiano Susan Pittman, de la Oficina Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado.
El diario reveló que el sistema permitirá a las autoridades mexicanas seguir a los usuarios de teléfonos celulares mientras viajan "e incluye una gran capacidad de almacenamiento que hará posible identificar a los usuarios mediante su voz".
Según el diario, que publicó la noticia en primera plana, el sistema está terminado y será usado por el gobierno mexicano "muy pronto". La tecnología fue desarrollada por Verint Systems Inc, empresa que el rotativo califica de "muy bien conectada políticamente" con el gobierno estadunidense y tiene su sede en Melville, Nueva York.
Hasta ahora el gobierno mexicano no ha informado públicamente que se disponga a utilizar equipo cedido por un gobierno extranjero para intervenir llamadas telefónicas o cuentas de correo electrónico. Fuentes del Congreso consultadas ayer por La Jornada dijeron que el gobierno no ha reportado al Legislativo esos acuerdos.
Los Angeles Times publica que la información sobre este equipo de intercepción y el trato entre los gobiernos de México y Estados Unidos para utilizarlo aquí es pública en el país vecino.
Las especificaciones del contrato, añadió el diario, señalan que el sistema está diseñado con el fin de que ambos gobiernos puedan "diseminar de manera oportuna y precisa la información a sus respectivas autoridades federales, estatales y locales, así como a sus socios privados e internacionales".
La posibilidad de participación estadunidense en la vigilancia electrónica puede ser un asunto muy sensible en México, donde Estados Unidos se advierte como un vecino históricamente entrometido, añadió el diario.
"No es claro qué tan extensa será la red de vigilancia del sistema. Expertos legales dicen que los fiscales que tengan acceso a las grabaciones hechas en México podrían usarlas en las cortes estadunidenses", añadió.
El periódico recordó que Calderón ha solicitado al Congreso mexicano que se modifiquen las leyes para permitir que la policía pueda hacer cateos y grabar de modo secreto las conversaciones entre sospechosos de crímenes graves. Su propuesta eliminaría el requisito legal vigente de contar con una orden judicial para intervenir las comunicaciones y sería un medio para aplicar el nuevo sistema de intercepción. Estos cambios legales son vistos como un requisito en la batalla contra las bandas de narcotráfico, abundó.
"Pero otros sostienen que los cambios que se buscan debilitarían las protecciones constitucionales en términos de derechos civiles y abrirían las puertas a un tipo de espionaje interno como el que ha plagado a otros países latinoamericanos", añadió.
John Ackerman, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, citado por el diario, comentó que la propuesta de Calderón se dirige a los casos urgentes de crimen organizado.
El problema, añadió, es que cuando el sistema judicial se pone al margen, el gobierno puede decidir como quiera respecto a dichas intervenciones. "Sin la participación de un juez, la puerta se abre de par en par para el abuso extensivo de las libertades civiles".
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Actualizacion
En el Sendero, desde hace un par de meses habian informado sobre esto, La Jornada hasta ahora saca a la luz publica esta informacion...
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Con dinero del gobierno de Estados Unidos, la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa obtuvo tecnología para aumentar su capacidad de intervenir llamadas telefónicas y hurgar en las cuentas de correo electrónico de ciudadanos mexicanos.
Se trata de una acción que Los Angeles Times, diario que reveló ayer el acuerdo, califica como una muestra de la manera en que "el gobierno conservador de México" está "crecientemente dispuesto" a cooperar con los mecanismos de aplicación de la ley fijados por la Casa Blanca.
La información recogida por el gobierno de Calderón con el Sistema de Intervención de Comunicaciones, como se llama el dispositivo financiado con 3 millones de dólares aportados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, podrá ser vista también por dependencias de la administración estadunidense, informó el diario.
Amplía Estados Unidos su extensión territorial
En ese contexto, Isabel Uriarte, responsable del programa de seguridad ciudadana del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, declaró a La Jornada que el sistema de espionaje de ciudadanos cedido por el gobierno de Estados Unidos representa un riesgo a las libertades individuales en México.
"Es un asunto delicadísimo", comentó Uriarte. "Este hecho concreto forma parte de la anexión de México al perímetro de seguridad creado por Estados Unidos después del 11 de septiembre" de 2001, cuando Nueva York y Washington fueron golpeadas por ataques terroristas, consideró.
El gobierno de Estados Unidos, añadió, está ampliando su extensión territorial con acciones como la descrita por el rotativo estadunidense. Lamentó que el Poder Ejecutivo de México se deje presionar y acepte actuar contra la privacidad de sus ciudadanos.
La integrante del Centro Pro afirmó que el uso de equipo de espionaje cedido por Estados Unidos puede formar parte de una estrategia de endurecimiento del gobierno mexicano, ya anticipada con la propuesta de reformas legales -que se discute en el Congreso- para poder realizar cateos sin orden judicial, lo cual esgrime la administración de Calderón como necesario para combatir la delincuencia organizada.
"Están en peligro los derechos humanos en México; cualquiera puede ser acusado sin respeto a las garantías individuales", advirtió Uriarte, y anticipó que el Centro Pro publicará en los próximos días un reporte especial sobre el sistema de intercepción de comunicaciones pagado por el Departamento de Estado.
Información compartida
"Se trata de una operación del gobierno de México financiada por Estados Unidos", señaló al diario californiano Susan Pittman, de la Oficina Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado.
El diario reveló que el sistema permitirá a las autoridades mexicanas seguir a los usuarios de teléfonos celulares mientras viajan "e incluye una gran capacidad de almacenamiento que hará posible identificar a los usuarios mediante su voz".
Según el diario, que publicó la noticia en primera plana, el sistema está terminado y será usado por el gobierno mexicano "muy pronto". La tecnología fue desarrollada por Verint Systems Inc, empresa que el rotativo califica de "muy bien conectada políticamente" con el gobierno estadunidense y tiene su sede en Melville, Nueva York.
Hasta ahora el gobierno mexicano no ha informado públicamente que se disponga a utilizar equipo cedido por un gobierno extranjero para intervenir llamadas telefónicas o cuentas de correo electrónico. Fuentes del Congreso consultadas ayer por La Jornada dijeron que el gobierno no ha reportado al Legislativo esos acuerdos.
Los Angeles Times publica que la información sobre este equipo de intercepción y el trato entre los gobiernos de México y Estados Unidos para utilizarlo aquí es pública en el país vecino.
Las especificaciones del contrato, añadió el diario, señalan que el sistema está diseñado con el fin de que ambos gobiernos puedan "diseminar de manera oportuna y precisa la información a sus respectivas autoridades federales, estatales y locales, así como a sus socios privados e internacionales".
La posibilidad de participación estadunidense en la vigilancia electrónica puede ser un asunto muy sensible en México, donde Estados Unidos se advierte como un vecino históricamente entrometido, añadió el diario.
"No es claro qué tan extensa será la red de vigilancia del sistema. Expertos legales dicen que los fiscales que tengan acceso a las grabaciones hechas en México podrían usarlas en las cortes estadunidenses", añadió.
El periódico recordó que Calderón ha solicitado al Congreso mexicano que se modifiquen las leyes para permitir que la policía pueda hacer cateos y grabar de modo secreto las conversaciones entre sospechosos de crímenes graves. Su propuesta eliminaría el requisito legal vigente de contar con una orden judicial para intervenir las comunicaciones y sería un medio para aplicar el nuevo sistema de intercepción. Estos cambios legales son vistos como un requisito en la batalla contra las bandas de narcotráfico, abundó.
"Pero otros sostienen que los cambios que se buscan debilitarían las protecciones constitucionales en términos de derechos civiles y abrirían las puertas a un tipo de espionaje interno como el que ha plagado a otros países latinoamericanos", añadió.
John Ackerman, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, citado por el diario, comentó que la propuesta de Calderón se dirige a los casos urgentes de crimen organizado.
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El Congreso Ciudadano de Jalisco
JORGE GÓMEZ NAREDO
En una democracia, nos dicen los de arriba, el ciudadano es quien decide; todos los acuerdos políticos se realizan en bienestar de la población y los medios de comunicación son el vínculo entre los representantes populares y el pueblo, entre quienes poseen cargos en la burocracia pública y quienes trabajan, arduamente, por sobrevivir. Esta es la imagen que la mayoría de las instituciones en México buscan dar; para ello gastan millones y millones de pesos en “comunicación social”, es decir, en espots donde tratan de inocular a la sociedad que la vida va bien, que cada vez somos mejores, más justos e igualitarios.
Esta imagen, sin embargo, está muy alejada de la realidad. No existe un nexo claro entre quienes votan y quienes son votados. Los partidos políticos se han transformado en franquicias que solamente buscan más espacios de poder y dejan de lado lo realmente esencial: representar a la ciudadanía. Alcaldes, gobernadores, diputados locales y federales, senadores, presidentes de la nación, todos llegan al poder vía las urnas (con o sin fraudes), y al momento de tomar posesión de sus cargos se olvidan de quienes los votaron. Es una crisis de representación que cada día se vuelve más insoportable. ¿Cuáles son los caminos que tiene la ciudadanía para verse representada en los puestos de elección popular, si las elecciones y el sistema democrático se han vuelto una entelequia?
Muchos ciudadanos se han organizado porque simple y llanamente sus expectativas no han sido llenadas por los que se dicen “representantes populares”. Hay movimiento, marchas, resistencia. Aquí, allá, acullá, en la mayoría de los estados de la República la gente se junta, bien junta, para luchar en contra de quienes dicen gobernar en bien de todos y en realidad lo hacen en bien de unos cuantos. La organización es la única salida contra el desdén de los que están arriba y siempre piensan en beneficio de los pocos y no de las mayorías.
En Jalisco, el 16 de mayo se dio a conocer públicamente el nacimiento del Congreso Ciudadano de Jalisco, una organización ciudadana conformada por 29 diputados, 27 colaboradores y 39 asesores. Todos laboran sin recibir estipendio alguno. Son personas de reconocida trayectoria intelectual, cultural, académica y sin vínculos partidistas. Fungirá, se menciona en su página de Internet (http://www.congresociudadano.org), como “una organización de información, capacitación, participación y ejercicio de los derechos ciudadanos de distintos sectores, para contribuir en la construcción de una sociedad justa e igualitaria”.
La creación del Congreso Ciudadano es una respuesta ante la inconformidad colectiva por la falta de representación, pues mientras en el Congreso local, en las distintas alcaldías y en el mismo Poder Ejecutivo se habla de ciudadanos, éstos, desgraciadamente, no son representados. Por eso la necesidad de crear una organización que sí dé voz a la ciudadanía, que discuta los problemas que aquejan a la sociedad jalisciense y que sea un vehículo para que los cientos de miles de personas que no se creen representadas, lo puedan estar a través de esta organización.
Los fines de los diputados del Congreso Ciudadano son muchos, y vale la pena destacar tres: “motivar a la ciudadanía para que participe en las acciones de gobierno”, “servir de mediadores entre las demandas ciudadanas y las autoridades”, y “vigilar el desempeño de los funcionarios públicos, obligarlos a que cumplan eficazmente el cargo para el que fueron designados, denunciar las irregularidades en que incurran y exigir su renuncia en su caso”. Es decir, se trata de una organización que busca crear conciencia en la sociedad y ser un dique ante las frivolidades y excesos que, a diario, comete la mayoría de los que se dicen “representantes populares”. Una forma de ejercer la ciudadanía como lo precisa la democracia: todos los días y no solamente durante la jornada electoral.
Pero el Congreso Ciudadano no solamente es una organización que pretende capacitar a la población y crear conciencia social, también quiere ser una voz para presentar propuestas de ley. El mismo 16 de mayo, en que se hizo pública su creación, se presentaron datos, argumentos y acciones para proteger acuíferos y ecosistemas, con la finalidad de reflexionar sobre la inviabilidad de la presa de Arcediano, un proyecto que si se lleva a cabo, además de costoso, será ineficaz y pondrá en riesgo la salud de los jaliscienses. No solamente se busca poner el dedo en la llaga, también se plantean soluciones y soluciones bien reflexionadas y con un sustento intelectual envidiable.
En Jalisco se precisa que la ciudadanía participe políticamente, que tome parte en las decisiones de los gobernantes, que sea una fuerza que no se restrinja simple y llanamente a acudir, un día cada tres años, a emitir un voto. Ser demócrata es estar al tanto de lo que pasa, participar en las decisiones que afectan a todos y ser consciente de las situaciones políticas, económicas y sociales del estado y del país. Por eso la creación del Congreso Ciudadano de Jalisco trae esperanzas y nos mueve hacia la participación. Ojalá que allá, arriba, entiendan que con el pueblo todo, y sin él, nada.
jorge_naredo@yahoo.com
En una democracia, nos dicen los de arriba, el ciudadano es quien decide; todos los acuerdos políticos se realizan en bienestar de la población y los medios de comunicación son el vínculo entre los representantes populares y el pueblo, entre quienes poseen cargos en la burocracia pública y quienes trabajan, arduamente, por sobrevivir. Esta es la imagen que la mayoría de las instituciones en México buscan dar; para ello gastan millones y millones de pesos en “comunicación social”, es decir, en espots donde tratan de inocular a la sociedad que la vida va bien, que cada vez somos mejores, más justos e igualitarios.
Esta imagen, sin embargo, está muy alejada de la realidad. No existe un nexo claro entre quienes votan y quienes son votados. Los partidos políticos se han transformado en franquicias que solamente buscan más espacios de poder y dejan de lado lo realmente esencial: representar a la ciudadanía. Alcaldes, gobernadores, diputados locales y federales, senadores, presidentes de la nación, todos llegan al poder vía las urnas (con o sin fraudes), y al momento de tomar posesión de sus cargos se olvidan de quienes los votaron. Es una crisis de representación que cada día se vuelve más insoportable. ¿Cuáles son los caminos que tiene la ciudadanía para verse representada en los puestos de elección popular, si las elecciones y el sistema democrático se han vuelto una entelequia?
Muchos ciudadanos se han organizado porque simple y llanamente sus expectativas no han sido llenadas por los que se dicen “representantes populares”. Hay movimiento, marchas, resistencia. Aquí, allá, acullá, en la mayoría de los estados de la República la gente se junta, bien junta, para luchar en contra de quienes dicen gobernar en bien de todos y en realidad lo hacen en bien de unos cuantos. La organización es la única salida contra el desdén de los que están arriba y siempre piensan en beneficio de los pocos y no de las mayorías.
En Jalisco, el 16 de mayo se dio a conocer públicamente el nacimiento del Congreso Ciudadano de Jalisco, una organización ciudadana conformada por 29 diputados, 27 colaboradores y 39 asesores. Todos laboran sin recibir estipendio alguno. Son personas de reconocida trayectoria intelectual, cultural, académica y sin vínculos partidistas. Fungirá, se menciona en su página de Internet (http://www.congresociudadano.org), como “una organización de información, capacitación, participación y ejercicio de los derechos ciudadanos de distintos sectores, para contribuir en la construcción de una sociedad justa e igualitaria”.
La creación del Congreso Ciudadano es una respuesta ante la inconformidad colectiva por la falta de representación, pues mientras en el Congreso local, en las distintas alcaldías y en el mismo Poder Ejecutivo se habla de ciudadanos, éstos, desgraciadamente, no son representados. Por eso la necesidad de crear una organización que sí dé voz a la ciudadanía, que discuta los problemas que aquejan a la sociedad jalisciense y que sea un vehículo para que los cientos de miles de personas que no se creen representadas, lo puedan estar a través de esta organización.
Los fines de los diputados del Congreso Ciudadano son muchos, y vale la pena destacar tres: “motivar a la ciudadanía para que participe en las acciones de gobierno”, “servir de mediadores entre las demandas ciudadanas y las autoridades”, y “vigilar el desempeño de los funcionarios públicos, obligarlos a que cumplan eficazmente el cargo para el que fueron designados, denunciar las irregularidades en que incurran y exigir su renuncia en su caso”. Es decir, se trata de una organización que busca crear conciencia en la sociedad y ser un dique ante las frivolidades y excesos que, a diario, comete la mayoría de los que se dicen “representantes populares”. Una forma de ejercer la ciudadanía como lo precisa la democracia: todos los días y no solamente durante la jornada electoral.
Pero el Congreso Ciudadano no solamente es una organización que pretende capacitar a la población y crear conciencia social, también quiere ser una voz para presentar propuestas de ley. El mismo 16 de mayo, en que se hizo pública su creación, se presentaron datos, argumentos y acciones para proteger acuíferos y ecosistemas, con la finalidad de reflexionar sobre la inviabilidad de la presa de Arcediano, un proyecto que si se lleva a cabo, además de costoso, será ineficaz y pondrá en riesgo la salud de los jaliscienses. No solamente se busca poner el dedo en la llaga, también se plantean soluciones y soluciones bien reflexionadas y con un sustento intelectual envidiable.
En Jalisco se precisa que la ciudadanía participe políticamente, que tome parte en las decisiones de los gobernantes, que sea una fuerza que no se restrinja simple y llanamente a acudir, un día cada tres años, a emitir un voto. Ser demócrata es estar al tanto de lo que pasa, participar en las decisiones que afectan a todos y ser consciente de las situaciones políticas, económicas y sociales del estado y del país. Por eso la creación del Congreso Ciudadano de Jalisco trae esperanzas y nos mueve hacia la participación. Ojalá que allá, arriba, entiendan que con el pueblo todo, y sin él, nada.
jorge_naredo@yahoo.com
La postura del gobernador sobre el caso 28 de mayo, una forma de darle largas
Innecesario, pedir a la CEDHJ una recomendación para investigar la represión de 2004
La Coordinadora 28 de Mayo se manifestará para pedir que se emita el pronunciamiento al Ejecutivo
RAUL TORRES
Con la participación de diversos grupos musicales en un festival cultural informativo, realizado en plaza Juárez, jaliscienses recordaron la represión sufrida en mayo de 2004 Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO
Para la Coordinadora 28 de Mayo, la postura del gobernador del estado, Emilio González Márquez, respecto de iniciar las investigaciones sobre la represión policial contra altermundistas ocurrida en 2004 sólo si la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) le hace una recomendación, es sólo una forma de darle largas al asunto; no obstante, la mañana del lunes se manifestarán en el organismo para pedir que se emita el pronunciamiento y se envíe al Ejecutivo estatal.
Guadalupe Zepeda Díaz, vocero de la coordinadora, indicó que aunque es innecesario pedir tal recomendación para que el gobierno cumpla con su obligación, se manifestarán para exigir al presidente del organismo, Carlos Manuel Barba García, que haga lo que Emilio González le está pidiendo.
“Vamos a darle respuesta al gobernador. Si dice que la comisión estatal debe exigirle que se reabra el caso, entonces nosotros vamos a estar el próximo lunes a las 10:30 de la mañana en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el presidente, para exigirle que le diga al gobernador que tiene que cumplir con su obligación”.
Recordó que ya hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y varios pronunciamientos de organizaciones internacionales, por lo que está de más la petición de una nueva recomendación.
Independientemente de esto, Zepeda Díaz aseguró que la Coordinadora 28 de Mayo está dando seguimiento al caso a nivel internacional, con organismos como la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
“Amnistía Internacional acaba de entregar su informe y dice exactamente lo mismo que en 2004, que en México se siguen violando los derechos humanos de los mexicanos y que el Estado mexicano sigue siendo un Estado represor”.
El activista consideró que lo sucedido el 28 de mayo en Guadalajara fue sólo una muestra de lo que ahora se está haciendo en todo el país.
“Toda la estrategia que se utilizó aquí se está repitiendo o se repitió en Oaxaca, Atenco, San Luis Potosí y en Yucatán, con la venida de Bush; el 28 de mayo fue un laboratorio. Felipe Calderón se ha llevado a uno de los grandes represores de México, como es Francisco Ramírez Acuña, y han hecho mancuerna para transformar al país en un país fascista”.
Convocó a las marchas que se efectuarán mañana para exigir que el gobierno del estado comience con las investigaciones por este caso; una saldrá a las 5 de la tarde desde la plaza Juárez y la otra iniciará a las 6 en la glorieta de la Normal. Ambas confluirán en la Plaza de Armas, donde habrá una sesión informativa.
La Coordinadora 28 de Mayo se manifestará para pedir que se emita el pronunciamiento al Ejecutivo
RAUL TORRES
Con la participación de diversos grupos musicales en un festival cultural informativo, realizado en plaza Juárez, jaliscienses recordaron la represión sufrida en mayo de 2004 Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO
Para la Coordinadora 28 de Mayo, la postura del gobernador del estado, Emilio González Márquez, respecto de iniciar las investigaciones sobre la represión policial contra altermundistas ocurrida en 2004 sólo si la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) le hace una recomendación, es sólo una forma de darle largas al asunto; no obstante, la mañana del lunes se manifestarán en el organismo para pedir que se emita el pronunciamiento y se envíe al Ejecutivo estatal.
Guadalupe Zepeda Díaz, vocero de la coordinadora, indicó que aunque es innecesario pedir tal recomendación para que el gobierno cumpla con su obligación, se manifestarán para exigir al presidente del organismo, Carlos Manuel Barba García, que haga lo que Emilio González le está pidiendo.
“Vamos a darle respuesta al gobernador. Si dice que la comisión estatal debe exigirle que se reabra el caso, entonces nosotros vamos a estar el próximo lunes a las 10:30 de la mañana en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el presidente, para exigirle que le diga al gobernador que tiene que cumplir con su obligación”.
Recordó que ya hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y varios pronunciamientos de organizaciones internacionales, por lo que está de más la petición de una nueva recomendación.
Independientemente de esto, Zepeda Díaz aseguró que la Coordinadora 28 de Mayo está dando seguimiento al caso a nivel internacional, con organismos como la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
“Amnistía Internacional acaba de entregar su informe y dice exactamente lo mismo que en 2004, que en México se siguen violando los derechos humanos de los mexicanos y que el Estado mexicano sigue siendo un Estado represor”.
El activista consideró que lo sucedido el 28 de mayo en Guadalajara fue sólo una muestra de lo que ahora se está haciendo en todo el país.
“Toda la estrategia que se utilizó aquí se está repitiendo o se repitió en Oaxaca, Atenco, San Luis Potosí y en Yucatán, con la venida de Bush; el 28 de mayo fue un laboratorio. Felipe Calderón se ha llevado a uno de los grandes represores de México, como es Francisco Ramírez Acuña, y han hecho mancuerna para transformar al país en un país fascista”.
Convocó a las marchas que se efectuarán mañana para exigir que el gobierno del estado comience con las investigaciones por este caso; una saldrá a las 5 de la tarde desde la plaza Juárez y la otra iniciará a las 6 en la glorieta de la Normal. Ambas confluirán en la Plaza de Armas, donde habrá una sesión informativa.
Costos políticos para el partido gobernante
Antonio Gershenson
Las modificaciones legales sobre el ISSSTE, que incluyen la reducción drástica de los montos de las jubilaciones a los trabajadores del Estado, fueron acordadas por el PAN y la derecha del PRI, lo que se llama PRIAN. Y el costo político de esa medida ahora se muestra con nuevos y mayores paros, más movilizaciones y el rechazo de una parte muy importante de la opinión pública. Estas y otras acciones, en las cuales ha tenido participación importante el magisterio, han contribuido a un desgaste temprano del Partido Acción Nacional y la tecnocracia priísta o ex priísta que ocupan los puestos gubernamentales federales.
Llega el momento en que a la hora de los "huesos", la unión entre los partidos Acción Nacional y el Revolucionario Institucional ya no es posible en ninguna de sus formas. En Yucatán imperaron la guerra sucia, los golpes por abajo y por arriba de la mesa en diversas formas. Incluso dentro de cada partido, precandidatos "perdedores" que ya no llegaron a candidatos, mostraron en diversas formas su inconformidad.
Y ahí fue donde el PAN recibe su primer fracaso importante en el plano político electoral. La pérdida de la gubernatura de Yucatán y de otros numerosos puestos de elección en ese estado, fueron parte del costo político de toda una serie de medidas antipopulares. Puede haber contado, también aquí, la situación de la legislación del ISSSTE, aunque en ésta participaron también los legisladores del PRI.
En otros casos, no hay duda. La política represiva, que en el estado de Yucatán tiene todavía presos políticos y que en otras entidades se ha manifestado en diversas formas, seguro contó. Y todo el discurso reaccionario acabó de exhibirlo. El costo político en este caso incluyó críticas públicas del líder de Acción Nacional al gobierno de su propio partido.
Ante semejantes costos, es importante la definición clara de la alternativa. Esta debe hablar claro ante la gente y debe estar bien definida.
En el plano del programa, la alternativa de la izquierda debe ocupar un primer plano. No se debe permitir que queden en un primer plano las discusiones relacionadas con quién va a tener esta o la otra candidatura.
De la misma manera, en el plano político partidario, las agrupaciones de izquierda deben actuar impulsando las banderas alternativas. En la medida en que se vuelva la espalda a los principios, se hará imposible que la izquierda sea una alternativa real.
En el plano de los movimientos sociales, han sido importantes las recientes movilizaciones e incluso paros de sindicatos que actúan con independencia del poder público y otras organizaciones campesinas y sociales en general. También lo han sido los reiterados manifiestos, desplegados y pronunciamientos que son parte de este cuadro.
¿Cuáles son al menos algunos de los puntos de programa que se deben defender en estas condiciones?
En materia electoral, que las elecciones yucatecas ponen en un plano importante, se deben incluir medidas contra el fraude, no sólo en los mecanismos propiamente electorales, sino regulando rigurosamente el uso de los medos de difusión como la televisión, y los ingresos y gastos de los partidos. Y se deben sancionar de manera enérgica e inmediata los insultos, falsedades y, en general, lo que se ha llamado guerra sucia.
En materia de seguridad social, no sólo del ISSSTE, sino el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha sido ya muy golpeado, no sólo se deben derogar las reformas reaccionarias, sino que se deben fortalecer las instituciones, atacando el derroche de los funcionarios y actualizando las cuotas de empresas y del sector público.
En materia del sector de energía, no sólo deben frenarse todos los intentos y hechos desnacionalizadores, sino que debe hacerse efectiva la planeación
de largo plazo y acabarse con el saqueo
de estas entidades, entre muchas otras situaciones.
En resumen, es muy importante que las fuerzas de izquierda cobren plena conciencia de la importancia de mantenerse como alternativa ante los costos políticos que apenas empieza a pagar la derecha.
Las modificaciones legales sobre el ISSSTE, que incluyen la reducción drástica de los montos de las jubilaciones a los trabajadores del Estado, fueron acordadas por el PAN y la derecha del PRI, lo que se llama PRIAN. Y el costo político de esa medida ahora se muestra con nuevos y mayores paros, más movilizaciones y el rechazo de una parte muy importante de la opinión pública. Estas y otras acciones, en las cuales ha tenido participación importante el magisterio, han contribuido a un desgaste temprano del Partido Acción Nacional y la tecnocracia priísta o ex priísta que ocupan los puestos gubernamentales federales.
Llega el momento en que a la hora de los "huesos", la unión entre los partidos Acción Nacional y el Revolucionario Institucional ya no es posible en ninguna de sus formas. En Yucatán imperaron la guerra sucia, los golpes por abajo y por arriba de la mesa en diversas formas. Incluso dentro de cada partido, precandidatos "perdedores" que ya no llegaron a candidatos, mostraron en diversas formas su inconformidad.
Y ahí fue donde el PAN recibe su primer fracaso importante en el plano político electoral. La pérdida de la gubernatura de Yucatán y de otros numerosos puestos de elección en ese estado, fueron parte del costo político de toda una serie de medidas antipopulares. Puede haber contado, también aquí, la situación de la legislación del ISSSTE, aunque en ésta participaron también los legisladores del PRI.
En otros casos, no hay duda. La política represiva, que en el estado de Yucatán tiene todavía presos políticos y que en otras entidades se ha manifestado en diversas formas, seguro contó. Y todo el discurso reaccionario acabó de exhibirlo. El costo político en este caso incluyó críticas públicas del líder de Acción Nacional al gobierno de su propio partido.
Ante semejantes costos, es importante la definición clara de la alternativa. Esta debe hablar claro ante la gente y debe estar bien definida.
En el plano del programa, la alternativa de la izquierda debe ocupar un primer plano. No se debe permitir que queden en un primer plano las discusiones relacionadas con quién va a tener esta o la otra candidatura.
De la misma manera, en el plano político partidario, las agrupaciones de izquierda deben actuar impulsando las banderas alternativas. En la medida en que se vuelva la espalda a los principios, se hará imposible que la izquierda sea una alternativa real.
En el plano de los movimientos sociales, han sido importantes las recientes movilizaciones e incluso paros de sindicatos que actúan con independencia del poder público y otras organizaciones campesinas y sociales en general. También lo han sido los reiterados manifiestos, desplegados y pronunciamientos que son parte de este cuadro.
¿Cuáles son al menos algunos de los puntos de programa que se deben defender en estas condiciones?
En materia electoral, que las elecciones yucatecas ponen en un plano importante, se deben incluir medidas contra el fraude, no sólo en los mecanismos propiamente electorales, sino regulando rigurosamente el uso de los medos de difusión como la televisión, y los ingresos y gastos de los partidos. Y se deben sancionar de manera enérgica e inmediata los insultos, falsedades y, en general, lo que se ha llamado guerra sucia.
En materia de seguridad social, no sólo del ISSSTE, sino el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha sido ya muy golpeado, no sólo se deben derogar las reformas reaccionarias, sino que se deben fortalecer las instituciones, atacando el derroche de los funcionarios y actualizando las cuotas de empresas y del sector público.
En materia del sector de energía, no sólo deben frenarse todos los intentos y hechos desnacionalizadores, sino que debe hacerse efectiva la planeación
de largo plazo y acabarse con el saqueo
de estas entidades, entre muchas otras situaciones.
En resumen, es muy importante que las fuerzas de izquierda cobren plena conciencia de la importancia de mantenerse como alternativa ante los costos políticos que apenas empieza a pagar la derecha.
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