Nora Patricia Jara
Este próximo 24 de abril la Asamblea Legislativa del Distrito Federal votará para despenalizar el aborto en la ciudad de México, contra una andanada de grupos fundamentalistas religiosos liderados por la jerarquía católica para frenar el proyecto de ley. Los diputados locales que abanderan la iniciativa enmarcan el tema del aborto como una necesidad de salud pública y suscriben la discusión en el contexto de políticas gubernamentales, tal como lo propone la ONU con base en los Comités de Seguimiento de la CEDAW, en los pactos de derechos humanos o en las conferencias mundiales de Población y de la Mujer realizadas en El Cairo y Pekín. Estas urgen a propiciar el debate legislativo sobre el aborto como un problema de salud pública y no como un tema ideológico. Garantizar el acceso a servicios de salud para casos de aborto no punibles a mujeres jóvenes sin consentimiento de padres o tutores. La problemática del aborto ha sido documentada científica y socialmente en las tres pasadas décadas, sin embargo la polarización del tema se provee de los intentos de mediatización para llevar al terreno de una polémica artificial las creencias religiosas por sobre los derechos civiles, con la intención de frenar cualquier intento que termine con leyes que regulan las conciencias y poner fin a un Estado que se erige como árbitro moral.
El tema del aborto hoy no es religioso o político, es una cuestión de derechos humanos y civiles, en este caso el de las mujeres a una vida digna, sin discriminación o violencia, con libertad para elegir sobre su sexualidad, su salud y su cuerpo. Un debate sobre derechos y libertades individuales que están por encima de mayorías ficticias, intromisiones jurídicas o de gobierno. Y sus interrogantes son: ¿debe el Estado intervenir en la vida privada de los ciudadanos? ¿Regular hasta con la amenaza de aplicar sanciones penales o religiosas a quienes no sujeten la intimidad a sus designios? ¿Hasta dónde debe intervenir para que una mujer continúe o interrumpa un embarazo? Esto es lo que está detrás de la posible despenalización del aborto. Investigadoras como Irene García Aguilera afirman que: "el conflicto sobre el aborto se puede abordar como uno de derechos (en este caso de las mujeres) versus valores personales". Sostiene que, redescubrir el conflicto en estos términos tiene implicaciones. Las que tienen que ver con el hecho de que en la democracia liberal las autoridades políticas han de proteger los derechos de las personas por encima de las consideraciones personales, pues los valores personales se limitan a la propia conciencia. (Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, número 2, enero 2007).
Asociaciones como Católicas por el Derecho a Decidir han dicho que la Santa Sede obstaculiza las decisiones que favorecen a las mujeres, limita el acceso a la planificación familiar, bloquea la distribución de condones para prevenir la propagación del VIH y niega la anticoncepción de emergencia a las mujeres que han sido violadas como en el caso de guerras como Ruanda y Yugoslavia. (Consuelo Mejía, CIMAC noticias 19 de abril de 2005). Y ante la inquietud de saber qué piensan las mujeres y hombres católicos de su propia iglesia y sobre aspectos importantes de su vida, en el 2003 realizó una encuesta nacional de Opinión Católica con el Population Council que se publicó en marzo del 2004, se aplicó a 2 mil 328 personas católicas en 17 estados del país, entre 18 y 69 años de edad, 51 por ciento mujeres y 49 por ciento hombres de zonas rurales y urbanas, con los siguientes resultados:
9 de cada 10 (91 por ciento) opinan que las mujeres y los hombres deben tener acceso a una amplia oferta de métodos anticonceptivos. Más de 9 de cada 10 (96 por ciento) cree que la Secretaría de Salud debe ser la instancia encargada de ofrecer de manera gratuita estos métodos. Más de 9 de cada 10 (93 por ciento) están a favor de que en las escuelas públicas se incluyan cursos de educación sexual y no sólo de abstinencia. 8 de cada 10 (81 por ciento) se opone a que la Iglesia expulse a las mujeres que interrumpen un embarazo. 7 de cada 10 (60 por ciento) están de acuerdo que la interrupción del embarazo debe permitirse en determinadas circunstancias y sólo el 9 por ciento en que una mujer debe tener derecho a un aborto siempre que ella así los decida; el 82 por ciento cuando la vida de la mujer peligra; 77 por ciento cuando la salud está en riesgo; 69 por ciento cuando se tiene sida; 66 por ciento cuando el feto presenta defectos congénitos graves, físicos o mentales; 65 por ciento cuando el embarazo es resultado de una violación. 9 de cada 10 (93 por ciento) opina que debe brindarse atención médica cuando se presentan problemas de salud a consecuencia de un aborto en hospitales públicos. 9 de cada 10 (88 por ciento) apoyan la anticoncepción de emergencia. 55 por ciento cree que pueden seguir siendo buenos católicos cuando apoyan a una mujer que decide practicarse un aborto y un 53 por ciento piensa que una mujer que aborta puede seguir siendo una buena católica. 9 de cada 10 (93 por ciento) opina que las creencias religiosas del presidente, senadores, diputados, miembros del Poder Judicial, no deben influir en sus ideas como gobernantes. 8 de cada 10 (80 por ciento) opinan que no debe permitirse que la Iglesia influya en el diseño de políticas públicas. Este muestreo fue parte de un proyecto que se aplicó también en Bolivia y Colombia y resalta el carácter secular, incluyente y moderno de los creyentes en el catolicismo, pensamiento que se distancia por mucho de las enseñanzas morales de una Iglesia que interfiere en la autonomía de los individuos, y de un gobierno de derecha y confecional que contraviene los mandatos a que está obligado el estado laico mexicano.
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