Marta Lamas
México es un país plural. Además de su pluralidad étnica, religiosa y sexual, existe una pluralidad política que expresa sus convicciones éticas en acciones legislativas y de gobierno. Hoy, en la Asamblea de Representantes, cuatro partidos de la Coalición de Izquierdas (PRD, PRI, ALTERNATIVA Y CONVERGENCIA) impulsan la despenalización del aborto. Si bien todas las personas deseamos que ya nunca una mujer tenga que enfrentar la necesidad de hacerse un aborto, quienes coincidimos con esta Coalición de Izquierdas consideramos que es necesario dejar de penalizar dicha práctica.
Estos partidos de la Coalición de Izquierdas tienen clara la necesidad de una política gubernamental moderna y humanitaria en relación con el grave problema de salud pública y de justicia social que representa el aborto clandestino. El tratamiento con el que han abordado este problema no responde la falso dilema "a favor" o "en contra", pues lo que está en cuestión no es el hecho en sí del aborto, sobre el cual no hay consenso en ninguna parte del mundo y tampoco la habrá en nuestro país, sino su tratamiento penal.
¿ A quién sirve la penalización? A nadie, o tal vez a algunas cuantas clínicas clandestinas. A diferencia de la derecha, estos asambleístas consideran que despenalizar es un acto de justicia social como de racionalidad jurídica, y piensan que es mejor prevenir que lamentar.
Por eso esta reforma se apoya en una amplía propuesta de educación sexual y de uso de anticonceptivos, que impulse verdaderamente la responsabilidad reproductiva.
Aunque en México todavía requerimos mejorar los mecanismos a través de los cuales se establecen los contenidos específicos de la agenda pública y se formulan las políticas públicas es indudable que con esta despenalización se reconoce una demanda que distintos grupos (de mujeres, de feministas, pero también de médicos y de ciudadanos de distinto tipo) han venido exigiendo hace años.
Con el debate que se ha suscitado en torno a esta propuesta ha quedado claro que uno de los desafíos que sin duda enfrentamos es el respeto a nuestro Estado Laico. Hay que defender la laicidad de nuestras instituciones, para quienes hacen las leyes mantengan distancia con las cuestiones teológicas. La mayoría de los partidos en la Asamblea de Representantes abordaron el problema de justicia social del aborto clandestino con republicanismo laico y desde criterios modernos.
Son precisamente las creencias fundamentalistas y dogmáticas las que dificultan un diálogo en torno al grave problema de salud y justicia de los abortos clandestinos al mismo tiempo que nutren la violencia. Hay grupos que incluso recurren a imágenes de fetos sangrantes para ilustrar sus posiciones. Las feministas no vamos a contraponer esas imágenes con otras, pero tenemos presentes las diversas tragedias que viven muchas mujeres y sus familias. Hay que hacerle frente al fanatismo con razonamientos.
Un filósofo inglés que trabajó sobre las valoraciones morales desde la racionalidad, Richard Hare, dijo que el fanatismo es " la actitud de quien persigue la afirmación de los propios principios morales dejando que estos prevalezcan sobre los intereses reales de las personas de carne y hueso al mismo tiempo que permanece indiferente frente a los enormes daños que su actuación ocasiona a millones de seres humanos". Esa definición le queda como guante a los grupos conservadores, influenciados y manipulados por una jerarquía de la Iglesia católica cada vez más oscurantista. Lejos de ella se encuentran los curas y monjas de organizaciones de base, que tienen actitudes compasivas, verdaderamente cristinas, respecto al aborto.
Indudablemente el aborto es un dilema ético. Pero este tipo de dilemas, cuando conciernen a los derechos de la persona que está llamada a revolverlos, deben ser dejados a su autodeterminación. Esa es la intención de la despenalización. Así, en vez de intentar cumplir la ley y meter cada año a cientos de miles de mexicanas por abortar ilegalmente, lo cual requeriría la construcción de más cárceles, la Coalición de izquierdas ha optado por despenalizar. Que las mujeres decidan de manera libre y responsable sobre sus cuerpos y vidas. Y como sabemos que no todas las mujeres tienen igualdad de oportunidades para interrumpir un embarazo no deseado, pues las que tienen recursos económicos o informativos no arriesgan sus vidas ni su salud mientras la gran mayoría es extorsionada económicamente y maltratada, nuestros asambleístas desean despenalizar para hacer del aborto un servicio de salud legal y accesible para todas.
Por último vale la pena reiterar que todas las personas que apoyamos esta despenalización estamos a favor de la vida: de la vida y la salud de las mujeres de la ciudad de México. Esta reforma significa una señal muy positiva de que la voluntad y la vidas de las mujeres tienen importancia y valor para nuestros asambleístas, que han optado por romper el pacto de silencio cómplice y desligarse de la decisión moralmente cínica de cerrar los ojos ante el grave problema que provoca la penalización del aborto.
Muchas gracias, compañeras y compañeros asambleístas de los cuatro partidos que apoyan esta iniciativa. Muchas gracias a las organizaciones de la sociedad que han acompañado este proceso. Muchas gracias a todos los sectores que han declarado su apoyo: escritores, científicos (en especial, a los del Colegio de Bioética, que sacaron un desplegado contundente), intelectuales, universitarios, mujeres de todo tipo, periodistas y organizaciones civiles. El respeto al aborto ajeno es la paz.
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