PANISTAS DEPREDADORES

Manglar en la región de la costa de Chamela. El ecosistema, en riesgo. Foto: Marco A. Vargas

Campo de golf, marina y residencias exclusivas en la zona más protegida de México
Los desarrollos costeros, golpe a Chamela-Cuixmala

ABRIL 26 2007
Las autorizaciones prevén la tala de más de medio millón de árboles. El agua que se genera en las cuencas es insuficiente; será contaminada.
Si los desarrolladores de Tambora, de la marina Careyes (IEL La Huerta) y el rancho San Andrés logran sacar adelante sus proyectos a las puertas de la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala y de los santuarios de protección de tortuga marina e islas de la bahía de Chamela, darán un golpe decisivo a la conservación de sus selvas y esteros.

Los datos son contundentes: se derribará más de medio millón de árboles, se destruirá una salina, se cortarán corredores biológicos, se agotarán sus mantos de agua, se contaminarán sus ríos por la gran cantidad de agroquímicos que requerirá un campo de golf, y se generarán desperdicios y una alta demanda de servicios para más de dos mil pobladores permanentes y unos tres mil más de población flotante.

Ese es el análisis que expuso ayer el coordinador científico de la Fundación Cuixmala, Álvaro Miranda, quien destacó las grandes omisiones que tienen las manifestaciones de impacto ambiental (MIA) que fueron autorizadas por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en noviembre pasado, a favor de dichas empresas, aunque en el caso de Rancho San Andrés, el dictamen aún no ha sido evaluado.

Miranda destacó que las selvas y los humedales de la región de Chamela, en la costa sur de Jalisco, son en el papel la zona más protegida de México, pues 17 ordenamientos específicos o generales les brindan amparo para evitar la destrucción de sus ecosistemas: Están los decretos federales de áreas protegidas, las designaciones de región hidrológica, terrestre y marina prioritaria por la Conabio (Comisión Nacional para Uso y Conservación de la Biodiversidad), el nombramiento como área prioritaria para aves migratorias, de sitio Ramsar de importancia internacional para sus lagunas y el de reserva mundial de la biosfera que le otorgó la Unesco en octubre de 2006, que ampara las tres reservas protegidas y una zona de amortiguamiento, totalizando más de 30 mil hectáreas.

Nada de esto ha sido obstáculo para las autorizaciones de la Semarnat, así como tampoco ha generado sanciones para el gobierno de Jalisco, que abrió una ruta carretera, Villa-Purificación-Chamela, que pasa a menos de 200 metros de la reserva, sin siquiera contar con autorización de impacto ambiental, durante el gobierno de Francisco Ramírez Acuña, ahora secretario de Gobernación, cuyo periodo es considerado por los ambientalistas como el de mayor retroceso para la conservación de la naturaleza en la historia reciente de Jalisco.

Las autorizaciones cuentan con datos absurdos. Por ejemplo, para la marina Careyes (IEL La Huerta), se permite un “club de playa” lindante con la playa Teopa, protegida en 1986 para desove de tortugas marinas en peligro de extinción. El desarrollador asegura que la zona de litoral no será ocupada por los turistas, que parece no se bañarán en el mar. Además, desde 1986 se estableció un área de exclusión de navegación de cuatro millas náuticas en torno a las playas de desove, la cual pretenden respetar los empresarios en el periodo de arribazones, que comienza en julio con la tortuga golfina y termina entre enero y febrero con la tortuga laúd. Bajo esta hipótesis, sólo habría marina cuatro meses al año.

Tanto en la marina como en Tambora no se cuentan con suficientes concesiones para agua, y la producción del recurso en sus cuencas es insuficiente para sus necesidades, que ascienden a dos millones de m3 de agua, equivalentes a la producción anual de un bosque de 21 mil hectáreas.

Los defensores de estas selvas prometen una campaña permanente ante la opinión pública nacional y mundial, para echar abajo estos permisos. Como ejemplo de su compromiso, está el desplegado publicado en The New York Times, el 22 de marzo pasado, cuyo costo fue de un millón de pesos.