Jornada Jalisco
Desde hace más de una década, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) ha ocupado el nada honroso primer lugar entre los peores organismos públicos al haber sido objeto de recomendaciones en su contra por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esto es, que la CEDHJ cometió por sí misma más violaciones a los derechos humanos contra los ciudadanos que de los que ellos mismos se quejaban cuando acudieron al organismo.
Para darnos una idea de la magnitud de este deshonroso lugar, la que más se le acerca es la Comisión Estatal de Morelos, con 14 recomendaciones, y le sigue la de Chiapas, con 10. Además es, desde la CEDHJ, donde la CNDH ha recibido el mayor número de inconformidades ciudadanas por su actuación: hasta el momento cerca de 500.
Violaciones sobre violaciones
Las recomendaciones que emitió la CNDH se deben a que el organismo local se ha inclinado a favorecer a las autoridades, realizó “huizachadas” y “leguleyadas” y hasta extendió acuerdos de no-recomendación a las autoridades de las que había pruebas de haber cometido violaciones a los derechos humanos. De dichas recomendaciones, al menos cinco involucran en su proceder al actual titular, Carlos Barba García, quien desde que era segundo visitador se ha caracterizado por tener un carácter “negociador” con las autoridades.
Recordemos que hoy Carlos Barba ha anunciado recientemente su interés en ser “ratificado” para permanecer en el cargo, anunciando poner énfasis en la “conciliación” con las autoridades. Dicho anuncio lo da después de haberse reunido con el gobernador Emilio Gonzáles Márquez. Carlos Barba, sempiterno funcionario gris, sin trayectoria en derechos humanos, sin haber participado en ninguna manifestación civil y sin haber jamás defendido un solo caso de derechos humanos por cuenta propia, llegó a la CEDHJ con Carlos Hidalgo Riestra recomendado por Gabriel Covarrubias Ibarra y Francisco Javier Hidalgo, poco después de haber participado en tareas burocráticas en el autollamado “patronato de reconstrucción del sector Reforma” por las explosiones del caso 22 de abril.
Al terminar Hidalgo Riestra su cargo en medio de una gestión manchada de nepotismo y de intentar construir un edificio con cuotas de los trabajadores –hechos de los que no fue ajeno Barba–, el nuevo Congreso del Estado determina que Guadalupe Morfín ocupe la titularidad, gracias al apoyo del diputado panista Sergio Vázquez García, coordinador de la comisión del ramo y del procurador Jorge López Vergara.
Cuando Morfín recién ocupa la presidencia de la CEDHJ, miembros de la Academia Jalisciense de Derechos Humanos le advirtieron del riesgo que Barba implicaba; pero de una manera sorpresiva y en la primera oportunidad, ascendió al cargo de primer visitador a Barba García. Desde entonces hubo distanciamiento entre ambos organismos.
Con un polémico desempeño, en el que se reconocen marcados contrastes y claroscuros, Morfín termina señalada en la Procuraduría de Justicia acusada de encubrimiento a funcionarios panistas y negligencia en investigaciones sobre niños robados. Poco se sabe cuál habrá sido el papel de Barba como su principal “brazo derecho”.
Ante un proceso conflictivo de elección que dura prácticamente 15 meses, de mayo de 2001 hasta agosto de 2002, y luego de una forma por demás anómala e irregular, Barba ocupa “interinamente” la presidencia de la CEDHJ y es “ratificado” en una posición que es considerada un bastión y concesión al priísmo, sin que, paradójicamente, le traiga a este partido el más mínimo beneficio, excepto que se han enquistado en la CEDHJ personas sin convicciones y sin compromiso en la defensa de los derechos humanos. Papel clave en esta simulación son dos fieles escuderos que operan desde la Dirección de Quejas y Comunicación Social, y que trabajan continuamente en construir una “imagen positiva”.
La actuación de Carlos Barba en estos años ha estado mediada por el escándalo. Durante este tiempo golpeó sin misericordia al sindicato independiente del organismo. Recordemos el caso y cese de una visitadora que lo denunció de “negociar” las recomendaciones. La renuncia de diversos consejeros ciudadanos y el papel por demás cómplice con Francisco Javier Ramírez Acuña ante los sucesos del 28 de mayo de 2004, cuando ante lo más álgido del debate suscitado por el Informe Especial de la CNDH sobre los hechos en el marco de la III Cumbre, Carlos Barba de forma insólita e impropia se ofreció como “mediador” entre “las partes”; hecho por demás vergonzoso, pues su papel era estar del lado de los agraviados y en todo caso del organismo nacional.
Por eso ahora vacila en emitir una recomendación ante el caso 28 de mayo, no obstante que sabe que ninguna recomendación es vinculatoria y que él mismo no puede ser juzgado por sus opiniones con motivo del cargo; simplemente tiene miedo de mostrar independencia.
Necesaria ciudadanización
Ahora, en días pasados, se acaba de emitir la convocatoria para postular candidatos a la presidencia de la CEDHJ y, al igual que hace seis años, parece estar redactada de tal forma que se tiene a Carlos Barba como una carta debajo de la manga en el caso de no encontrar otro candidato más dócil que él.
Hoy las comisiones de Derechos Humanos sufren un proceso de falta de credibilidad a partir del hecho de que el gobierno federal ha ido debilitando su función. Ahí está el caso del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es ocupado por un mexicano al servicio de Felipe Calderón, y que hasta la fecha se ha caracterizado por ser inoperante. ¿De eso se trata, no? También está la promoción mediática de aceptar un Diagnóstico sobre los Derechos Humanos de la Oficina en México de la ONU, dizque tratar de cumplir sus recomendaciones, pero en los hechos mantener el mismo estándar de violaciones o aún peor, incrementándolas; o elaborar un Programa Nacional de Derechos Humanos que inmediatamente es pulverizado en Gobernación por Francisco Javier Ramírez Acuña; o firmar el Protocolo de Estambul, que obliga a investigar casos de tortura y reportarlos a los órganos judiciales, pero en su lugar se tolera la más cruenta tortura y se alienta la impunidad.
Estamos viendo ahora el sometimiento de la propia CNDH al Poder Ejecutivo federal y está en puerta el control y un mayor sometimiento de la CEDHJ. Toda autoridad que se precie de ser democrática debe impulsar que todas las personas tomen parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones comunitarias. Por ello, el Congreso del Estado debe ofrecer garantías para que en este proceso de renovación del ombusman, accedan al cargo personas o ciudadanos que trabajen desde la sociedad civil convencidos de la filosofía y los valores de los derechos humanos.
Una CEDHJ cooptada, sin independencia, sin autoridad moral, sin credibilidad y sin que brinde confianza, sólo favorece la impunidad, deteriora la credibilidad de las instituciones públicas y se constituye en un serio obstáculo para el desarrollo democrático de la sociedad
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