Rubén Jara dice que los partidos mienten; la empresa sí monitoreó 757 mil 545 espots
Reconoce el directivo que se produjo conteo duplicado; acepta compulsa de 35 mil dvd
ROBERTO GARDUÑO
La empresa Ibope, contratada para monitorear los promocionales que los partidos difundieron en el proceso electoral de 2006, endosó la responsabilidad al Instituto Federal Electoral (IFE) por la ausencia de una fiscalización de los espots que divulgó el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) y las empresas que respaldaron a Felipe Calderón en la campaña de desprestigio contra Andrés Manuel López Obrador.
Rubén Jara, presidente de la empresa que dedica la mayoría de sus actividades a realizar monitoreos para las televisoras, justificó el papel del IFE, que como contratante le pagó 46 millones de pesos, acusó a los partidos de mentir -porque éstos sostienen que la empresa no monitoreó 757 mil 545 espots- y consideró que la metodología utilizada por Ibope es infalible.
En respuesta, el PRD, mediante Horacio Duarte y Guadalupe Acosta Naranjo, emplazaron al IFE y a la empresa, para el próximo jueves, a una compulsa pública de los 35 mil dvd que incluyen los 757 mil 545 promocionales, cuya grabación total suma 248 años de imágenes y sonido, incluidos en el monitoreo aplicado en 20 ciudades determinadas por el instituto electoral entre el 19 de enero y el 28 de junio de 2006.
Vigilante de sus intereses, Rubén Jara adujo que el IFE lo contrató para grabar, clasificar, guardar y reportar cuáles fueron las actividades publicitarias de las campañas políticas. Incluso se dio tiempo de exaltar los servicios que presta a las televisoras. "Nuestra empresa es la moneda de cambio que utilizan los medios y los anunciantes para cobrarse y pagarse las pautas publicitarias que transmiten. Ibope no es una empresa nueva o advenediza; la firma es líder en la medición de actividad publicitaria en los distintos medios de comunicación desde 1995. Pero líder sin duda, y todas las agencias de medios y todos los anunciantes, y la inmensa mayoría de los medios de comunicación saben que esta información se entrega."
Ciudad uno, dos y tres
Ante la denuncia del PRD sobre la cuantificación doble de espots, Jara terminó por aceptar que tal hecho sí ocurrió. "No hay duplicación en los espots nacionales: nosotros lo encontramos sobre todo en radio. Si encontramos un espot que pasa en la ciudad uno, en la ciudad dos y la ciudad tres, es el mismo espot. Nuestra obligación y para lo que nos contrataron, es para reportar que ese espot pasó en la ciudad uno, dos y tres, porque nosotros no tenemos cómo saber si un partido lo compró en la ciudad dos y compró también que pasara en la ciudad uno y tres. Entonces, nosotros sí reportamos el mismo espot, si pasa en tres ciudades, y no es cadena nacional, ¡claro que lo reportamos!"
-¿No se está jugando el prestigio con este monitoreo?
-El trabajo que nosotros hicimos en los 757 mil espots es perfectamente auditable. Son, efectivamente, los que se transmitieron; no los podemos inventar, ahí están, y la respuesta es sí. Pero en cualquier caso es auditable y si alguien se quiere tomar la molestia de ver los 2 millones de horas de grabación, puede hacerlo. Pues, el prestigio nos lo jugamos todos los días. Digo todos los días, porque como nosotros medimos los ratings de televisión, todos los días decimos, minuto a minuto, cuántas personas vieron cada uno de los canales de televisión, incluyendo la televisión pagada.
-¿Qué responde Ibope a los partidos políticos?
-Nosotros no somos un actor político; entonces, en principio yo me pronuncio por algo que sé que somos una gente técnica, especialistas en metodología y nos dedicamos simplemente a eso. Desde luego que, como ser humano, me puedo dar cuenta de todas estas cosas que están sucediendo, pero a mí me parece que las respuestas a esos planteamientos de los partidos las debe dar el instituto, no nosotros.
-¿Qué pasó con los espots como papas Sabritas, del CCE?
-De ninguna manera creo yo que el IFE haya manipulado nada, simplemente ha hecho un trabajo de conciliación, del cual nosotros no hemos formado parte, no tenemos conocimiento y no tenemos información. En términos de los espots como los del CCE, nuestro contrato claramente especifica que nosotros teníamos que registrar y reportar los espots que tenían claramente identificación partidista. Esos no son espots que nosotros hubiéramos tenido dentro de nuestro mandato, dentro de nuestro contrato.
-¿Sencillamente se dejaron de lado?
-Sí, sencillamente se dejaron de lado. No están incluidos.
-¿Es decir, que los errores que pueda haber habido son responsabilidad del IFE?
-Yo no acepto que haya habido ningún error, porque yo no sé de los errores. El decir que hay errores es una suposición de usted; entonces, bueno... pero no lo sé.
Al comentarle el destino de los 281 mil promocionales que denunció el IFE como no comprobados, Jara respondió: "Nosotros no tenemos ni la más remota idea de cuáles sean esos 281 mil. Yo lo que sí le puedo asegurar es que son parte de los 757 mil, no son además de, son parte de los 757 mil, de eso sí se lo aseguro, porque el IFE no tiene ninguno otro adicional a los 757. Pero cuáles sean, no lo sabemos porque eso surgió, esa cifra ha surgido después del proceso de conciliación y de fiscalización del instituto".
-Los partidos dicen que no hay tales 757 mil espots. ¿Quién miente, ustedes, el IFE o los partidos?
-Si los partidos dicen que no hay 757 mil espots, entonces mienten los partidos, porque sí los hay, porque está la evidencia: existen 757 mil clips demostrando que hay 757 espots.
martes, mayo 29, 2007
Sobre la presa de arcediano
Opositores a la Presa de Arcediano
Mapder, Jalisco
CIMA A.C.
A continuación leerán el artículo que publiqué el sábado 19 en MURAL y luego la respuesta del ingeniero César Coll Carabias que se publlicó hoy domingo 27 en el mismo diario. Mi respuesta no será publicada como réplica en el mismo espacio, sólo puedo responder al ingeniero a través del director y no será publicada. Les agradecería leyeran ambos textos y ojalá puedan contribuir al debate en este correo: cartas@mural.com
En la presa de Arcediano el Gobierno suple la falta de sustento y de consenso en su proyecto con alardes de autoritarismo. No sé si reír o llorar.
MURAL Sábado 19 de mayo, 2007
El Puente de Arcediano
Mónica Pérez Taylor
Sin pena, hace algunos días, el ingeniero César Coll Carabias, director de la Comisión Estatal del Agua, hizo pública su ignorancia sobre la ubicación de la cortina de la presa de Arcediano y el tipo de material que se utilizaría. En qué han empleado cinco años e invertido 250 millones de pesos, no lo sabemos. Sin tener un proyecto ejecutivo y con lo que podemos observar que se haya realizado, no se justifica.
Si han podido seguir adelante ha sido violando las leyes ambientales vigentes, sin respetar decretos de protección, incurriendo en constantes desacatos contra amparos concedidos por el juez, actuando de espaldas a la sociedad y haciendo caso omiso de advertencias de máximas autoridades como la Organización Panamericana de la Salud.
El sábado pasado, los integrantes del movimiento opositor a este aberrante proyecto nos enteramos de la detención arbitraria y violenta de Jaime Alonso Gutiérrez, ejidatario afectado. Violando sus derechos fundamentales, sin orden de aprehensión y sin causa justificada, la Policía Judicial en Jalisco retuvo a Jaime 48 horas, en un claro acto de represalia y advertencia para quienes, con todo fundamento y con propuestas alternativas, cuestionamos la viabilidad de semejante presa.
El martes, el antiguo Puente de Arcediano empezó a ser desmantelado para su traslado, avalado por el INAH Jalisco. No pude bajar ese día, pero se habla del maltrato a esta joya artística y del descuido con el que se procede para luego integrar los materiales a un nuevo puente vehicular 800 metros aguas abajo.
El Puente de Arcediano es, o era, Patrimonio Artístico. Su historia comienza a partir de su construcción en 1884, que duró 10 meses, sin contratiempo alguno, siendo el primer puente colgante de América Latina, una muestra de economía de recursos y de la mejor ingeniería civil mexicana que facilitó, y luego detonó, el crecimiento económico de la región. Su vida útil superó toda expectativa y hasta estos días, 113 años después, fue de enorme utilidad para los viajeros, paseantes, exploradores y pobladores de la Barranca, ahora incomunicados en sus diarias actividades y como comerciantes, campesinos y ganaderos.
Si no ha sido por la ignorancia supina de los Gobiernos panistas, y que ésta haya cundido entre la sociedad, el Puente de Arcediano debió haber sido declarado Patrimonio Histórico. Se apoyan en esa ignorancia y se aprovechan de la apatía general para destruir el patrimonio artístico, histórico y ambiental. Y, en cambio, qué desgracia es la obra pública de los dos últimos sexenios, -su vida útil, efímera- cuando la mal hechura y la lentitud es negocio redondo al amparo de la impunidad que les da su posición.
El ingeniero Salvador Collado es paradigma y parte de la historia nacional con su puente colgante, ahora intangible. ¿Quién es el ingeniero César Coll? Hace dos sexenios, como Presidente Municipal de Guadalajara, dio un paso importantísimo en política ambiental al declarar Área Natural Protegida a la Barranca Oblatos-Huentitán. Sin embargo, en una sesión de Cabildo el decreto se anuló justo a la medida del anterior Gobernador Francisco Ramírez Acuña y del ingeniero Enrique Dau, y nada reclamó Coll.
Cuando Alcalde, hizo y mantiene fama por su moralina sobre las minifaldas y la censura a los anuncios de wonderbra. Y fue cómplice en uno de los casos de corrupción más ventilados de la primera Administración panista en Jalisco, al autorizar la construcción del fracaso llamado El Pabellón, sobre mantos freáticos en la Cuenca de los Colomos.
Prueba tras prueba de las irregularidades y de la colusión de otros funcionarios y particulares se hicieron públicas en su momento, hasta fotografías del libro de actas del Registro Público de la Propiedad, de donde se arrancó la hoja en la cual quedaba asentado que estos terrenos eran de uso público y debían destinarse para áreas verdes.
Y no es asunto menor o pasajero, pues ha sido a partir de entonces que se detonó el urbanismo salvaje en toda la cuenca y en las inmediaciones del bosque de los Colomos, destruyendo milenarios manantiales, llevando a alta fragilidad el bosque mismo y las fuentes de agua para la población. El ingeniero Coll abonó a la corrupción en el otorgamiento de licencias de construcción y en los cambios de uso de suelo arbitrarios e ilegales en Guadalajara, ahora práctica común y descarada en cualquier Municipio.
Tal vez desde entonces abrieron al crimen organizado las puertas del Registro Público de la Propiedad.
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César L. Coll Carabias
Aclara puntos la Comisión Estatal del Agua
En atención a la columna "El puente de Arcediano", escrita por Mónica Pérez Taylor (19 de mayo, Opinión), es de interés de la Comisión Estatal de Agua de Jalisco precisar lo siguiente: En todo momento el ejercicio de la herramienta editorial periodística debe basarse en información real e incluso privilegiada, y particularmente la señora Pérez Taylor no ha sido atendida ni por un servidor ni por nadie de la CEA.
Lo que sí es un hecho, es que la Presa de Arcediano, como parte del sistema de abastecimiento, es prioridad para la CEA, y el saneamiento de las aguas residuales de la Zona Conurbada de Guadalajara es el primer paso para su construcción. "El Puente de Arcediano se tiene que mover porque precisamente en esa zona se prevé edificar una enorme cortina que retenga las aguas de los ríos Verde y Santiago, formando ahí la Presa de Arcediano", declaró el ingeniero Abraham Fernando Esquivel, coordinador de la ZC, en entrevista a Sergio Hernández (MURAL, 16 de mayo).
Respecto al tipo de cortina, "se está tomando la opinión del consejo consultivo de la Comisión Nacional del Agua para definir la forma y materiales de la cortina de la presa, así como la opinión de la Organización Panamericana de la Salud", comenta el ingeniero Mario Farid Botar Alatorre, coordinador general ejecutivo de la CEA, durante una entrevista realizada el 8 de mayo, por Sergio Hernández, (MURAL, 9 de mayo).
Las anteriores declaraciones han sido ratificadas en diferentes medios de comunicación por un servidor.
Para definir el lugar en el que se deberá construir una presa, se deben realizar tres tipos de estudios de ingeniería: topográficos, geológicos y geotérmicos. Esto permite definir los modelos hidráulicos para la toma de decisiones en el tipo de cortina. Muchos de estos estudios apoyan esta parte decisiva sobre el lugar en el que se debe construir la presa y, al mismo tiempo, evalúan los riesgos de tipo hidráulico, hidrológicos, sísmicos, de impacto ambiental y financieros; por lo que la inversión de 250 millones de pesos que se realizó en la pasada Administración apoya a soportar la toma de decisiones.
La actual Administración ha respetado en todo momento las suspensiones concedidas en materia de amparo, cumpliendo y acatando las disposiciones de los jueces de distrito. A la luz de la sociedad no se han iniciado trabajos de la construcción de la Presa de Arcediano hasta en tanto se logre cumplir con las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, con la cual ya se tuvo un encuentro el pasado 2 de mayo, acordando que el próximo viernes 15 de junio nos darán a conocer los términos de referencia para realizar puntualmente los estudios faltantes.
Respecto al caso de Jaime Alonso Gutiérrez, de acuerdo a la información con la que contamos, no es ejidatario y mucho menos avecindado en el poblado del área conocida como Arcediano. Fue al ejidatario Faustino Gutiérrez Cabrera, su progenitor, a quien se le pagó todas y cada una de las prestaciones reclamadas.
La retención del ciudadano referido obedeció a la invasión que pretendió hacer en un tejaban que perteneció a un diverso ejidatario (al cual también se le cubrió su pago); argumentaba que se metió con el amparo promovido por su progenitor, pero Faustino Gutiérrez Cabrera ya se había desistido del mismo. Por lo anterior, Jaime Alonso Gutiérrez no se puede considerar como afectado y no tiene ningún derecho sobre dichos terrenos ya que en la actualidad son propiedad del Gobierno del Estado.
En lo que se refiere a la reubicación del conocido Puente de Arcediano, vigilada y avalada en todo momento por el INAH, "como Instituto y sociedad pensamos que el puente ya debería estar montado o que los trabajos se realizaran lo más pronto posible, pero siempre apegado al proyecto aprobado. Estamos conscientes de que ha habido otras condiciones que no lo han permitido, pero hacemos hincapié en que no queremos prisas, más vale que quede bien hecho", aclaró el arquitecto Ignacio Gómez Arriola, encargado por parte del INAH de la supervisión de los trabajos de reubicación del puente. Esta aclaración la hizo en entrevista publicada el 18 de mayo por el Alvaro González, en MURAL.
"Muchos de estos atrasos fueron de tipo jurídico", puntualizó Juan Mejía Jiménez, coordinador general del Jurídico de la CEA, durante rueda de prensa en Arcediano (16 de mayo).
En ningún momento se ha hablado de la construcción de un puente vehicular, ni en donde estará reubicado el Puente de Arcediano y mucho menos en lo que será la cortina de la presa; el puente no está diseñado para soportar el flujo vehicular y su función es ser un punto de comunicación peatonal, como en su origen. Evidencia, esto, de la desinformación de la editorialista.
No existe un área urbana entre un margen y el otro del Río Santiago, otra de las razones por las que no existe una justificación para que este puente funcione como vehicular. De lo que sí podemos hablar es del rescate de un puente de 1894, cuyas características se modificaron cuando fue dinamitado en 1952, perdiendo muchas de sus partes pétreas. En dicho rescate nos apegaremos completamente al puente original de Salvador Collado, considerado un "Patrimonio de la Humanidad", por estar documentado como el primer puente colgante del País.
Sobre el caso de El Pabellón, y a varios años de distancia, la información que tengo es que el área de Obras Públicas de la Administración 95-97 del H. Ayuntamiento de Guadalajara otorgó la licencia de uso de suelo y construcción, mientras que las licencias de Habitabilidad y Operación fueron concedidas por un juzgado.
Reitero en todo momento el respeto a diferentes opiniones y puntos de vista, pero considero que la herramienta editorial debe basarse siempre en información real y, por nuestra parte, como funcionarios públicos, es nuestra obligación transparentar en todo momento cada acción que llevemos acabo.
César L. Coll Carabias
Director general CEA.
Mapder, Jalisco
CIMA A.C.
A continuación leerán el artículo que publiqué el sábado 19 en MURAL y luego la respuesta del ingeniero César Coll Carabias que se publlicó hoy domingo 27 en el mismo diario. Mi respuesta no será publicada como réplica en el mismo espacio, sólo puedo responder al ingeniero a través del director y no será publicada. Les agradecería leyeran ambos textos y ojalá puedan contribuir al debate en este correo: cartas@mural.com
En la presa de Arcediano el Gobierno suple la falta de sustento y de consenso en su proyecto con alardes de autoritarismo. No sé si reír o llorar.
MURAL Sábado 19 de mayo, 2007
El Puente de Arcediano
Mónica Pérez Taylor
Sin pena, hace algunos días, el ingeniero César Coll Carabias, director de la Comisión Estatal del Agua, hizo pública su ignorancia sobre la ubicación de la cortina de la presa de Arcediano y el tipo de material que se utilizaría. En qué han empleado cinco años e invertido 250 millones de pesos, no lo sabemos. Sin tener un proyecto ejecutivo y con lo que podemos observar que se haya realizado, no se justifica.
Si han podido seguir adelante ha sido violando las leyes ambientales vigentes, sin respetar decretos de protección, incurriendo en constantes desacatos contra amparos concedidos por el juez, actuando de espaldas a la sociedad y haciendo caso omiso de advertencias de máximas autoridades como la Organización Panamericana de la Salud.
El sábado pasado, los integrantes del movimiento opositor a este aberrante proyecto nos enteramos de la detención arbitraria y violenta de Jaime Alonso Gutiérrez, ejidatario afectado. Violando sus derechos fundamentales, sin orden de aprehensión y sin causa justificada, la Policía Judicial en Jalisco retuvo a Jaime 48 horas, en un claro acto de represalia y advertencia para quienes, con todo fundamento y con propuestas alternativas, cuestionamos la viabilidad de semejante presa.
El martes, el antiguo Puente de Arcediano empezó a ser desmantelado para su traslado, avalado por el INAH Jalisco. No pude bajar ese día, pero se habla del maltrato a esta joya artística y del descuido con el que se procede para luego integrar los materiales a un nuevo puente vehicular 800 metros aguas abajo.
El Puente de Arcediano es, o era, Patrimonio Artístico. Su historia comienza a partir de su construcción en 1884, que duró 10 meses, sin contratiempo alguno, siendo el primer puente colgante de América Latina, una muestra de economía de recursos y de la mejor ingeniería civil mexicana que facilitó, y luego detonó, el crecimiento económico de la región. Su vida útil superó toda expectativa y hasta estos días, 113 años después, fue de enorme utilidad para los viajeros, paseantes, exploradores y pobladores de la Barranca, ahora incomunicados en sus diarias actividades y como comerciantes, campesinos y ganaderos.
Si no ha sido por la ignorancia supina de los Gobiernos panistas, y que ésta haya cundido entre la sociedad, el Puente de Arcediano debió haber sido declarado Patrimonio Histórico. Se apoyan en esa ignorancia y se aprovechan de la apatía general para destruir el patrimonio artístico, histórico y ambiental. Y, en cambio, qué desgracia es la obra pública de los dos últimos sexenios, -su vida útil, efímera- cuando la mal hechura y la lentitud es negocio redondo al amparo de la impunidad que les da su posición.
El ingeniero Salvador Collado es paradigma y parte de la historia nacional con su puente colgante, ahora intangible. ¿Quién es el ingeniero César Coll? Hace dos sexenios, como Presidente Municipal de Guadalajara, dio un paso importantísimo en política ambiental al declarar Área Natural Protegida a la Barranca Oblatos-Huentitán. Sin embargo, en una sesión de Cabildo el decreto se anuló justo a la medida del anterior Gobernador Francisco Ramírez Acuña y del ingeniero Enrique Dau, y nada reclamó Coll.
Cuando Alcalde, hizo y mantiene fama por su moralina sobre las minifaldas y la censura a los anuncios de wonderbra. Y fue cómplice en uno de los casos de corrupción más ventilados de la primera Administración panista en Jalisco, al autorizar la construcción del fracaso llamado El Pabellón, sobre mantos freáticos en la Cuenca de los Colomos.
Prueba tras prueba de las irregularidades y de la colusión de otros funcionarios y particulares se hicieron públicas en su momento, hasta fotografías del libro de actas del Registro Público de la Propiedad, de donde se arrancó la hoja en la cual quedaba asentado que estos terrenos eran de uso público y debían destinarse para áreas verdes.
Y no es asunto menor o pasajero, pues ha sido a partir de entonces que se detonó el urbanismo salvaje en toda la cuenca y en las inmediaciones del bosque de los Colomos, destruyendo milenarios manantiales, llevando a alta fragilidad el bosque mismo y las fuentes de agua para la población. El ingeniero Coll abonó a la corrupción en el otorgamiento de licencias de construcción y en los cambios de uso de suelo arbitrarios e ilegales en Guadalajara, ahora práctica común y descarada en cualquier Municipio.
Tal vez desde entonces abrieron al crimen organizado las puertas del Registro Público de la Propiedad.
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César L. Coll Carabias
Aclara puntos la Comisión Estatal del Agua
En atención a la columna "El puente de Arcediano", escrita por Mónica Pérez Taylor (19 de mayo, Opinión), es de interés de la Comisión Estatal de Agua de Jalisco precisar lo siguiente: En todo momento el ejercicio de la herramienta editorial periodística debe basarse en información real e incluso privilegiada, y particularmente la señora Pérez Taylor no ha sido atendida ni por un servidor ni por nadie de la CEA.
Lo que sí es un hecho, es que la Presa de Arcediano, como parte del sistema de abastecimiento, es prioridad para la CEA, y el saneamiento de las aguas residuales de la Zona Conurbada de Guadalajara es el primer paso para su construcción. "El Puente de Arcediano se tiene que mover porque precisamente en esa zona se prevé edificar una enorme cortina que retenga las aguas de los ríos Verde y Santiago, formando ahí la Presa de Arcediano", declaró el ingeniero Abraham Fernando Esquivel, coordinador de la ZC, en entrevista a Sergio Hernández (MURAL, 16 de mayo).
Respecto al tipo de cortina, "se está tomando la opinión del consejo consultivo de la Comisión Nacional del Agua para definir la forma y materiales de la cortina de la presa, así como la opinión de la Organización Panamericana de la Salud", comenta el ingeniero Mario Farid Botar Alatorre, coordinador general ejecutivo de la CEA, durante una entrevista realizada el 8 de mayo, por Sergio Hernández, (MURAL, 9 de mayo).
Las anteriores declaraciones han sido ratificadas en diferentes medios de comunicación por un servidor.
Para definir el lugar en el que se deberá construir una presa, se deben realizar tres tipos de estudios de ingeniería: topográficos, geológicos y geotérmicos. Esto permite definir los modelos hidráulicos para la toma de decisiones en el tipo de cortina. Muchos de estos estudios apoyan esta parte decisiva sobre el lugar en el que se debe construir la presa y, al mismo tiempo, evalúan los riesgos de tipo hidráulico, hidrológicos, sísmicos, de impacto ambiental y financieros; por lo que la inversión de 250 millones de pesos que se realizó en la pasada Administración apoya a soportar la toma de decisiones.
La actual Administración ha respetado en todo momento las suspensiones concedidas en materia de amparo, cumpliendo y acatando las disposiciones de los jueces de distrito. A la luz de la sociedad no se han iniciado trabajos de la construcción de la Presa de Arcediano hasta en tanto se logre cumplir con las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, con la cual ya se tuvo un encuentro el pasado 2 de mayo, acordando que el próximo viernes 15 de junio nos darán a conocer los términos de referencia para realizar puntualmente los estudios faltantes.
Respecto al caso de Jaime Alonso Gutiérrez, de acuerdo a la información con la que contamos, no es ejidatario y mucho menos avecindado en el poblado del área conocida como Arcediano. Fue al ejidatario Faustino Gutiérrez Cabrera, su progenitor, a quien se le pagó todas y cada una de las prestaciones reclamadas.
La retención del ciudadano referido obedeció a la invasión que pretendió hacer en un tejaban que perteneció a un diverso ejidatario (al cual también se le cubrió su pago); argumentaba que se metió con el amparo promovido por su progenitor, pero Faustino Gutiérrez Cabrera ya se había desistido del mismo. Por lo anterior, Jaime Alonso Gutiérrez no se puede considerar como afectado y no tiene ningún derecho sobre dichos terrenos ya que en la actualidad son propiedad del Gobierno del Estado.
En lo que se refiere a la reubicación del conocido Puente de Arcediano, vigilada y avalada en todo momento por el INAH, "como Instituto y sociedad pensamos que el puente ya debería estar montado o que los trabajos se realizaran lo más pronto posible, pero siempre apegado al proyecto aprobado. Estamos conscientes de que ha habido otras condiciones que no lo han permitido, pero hacemos hincapié en que no queremos prisas, más vale que quede bien hecho", aclaró el arquitecto Ignacio Gómez Arriola, encargado por parte del INAH de la supervisión de los trabajos de reubicación del puente. Esta aclaración la hizo en entrevista publicada el 18 de mayo por el Alvaro González, en MURAL.
"Muchos de estos atrasos fueron de tipo jurídico", puntualizó Juan Mejía Jiménez, coordinador general del Jurídico de la CEA, durante rueda de prensa en Arcediano (16 de mayo).
En ningún momento se ha hablado de la construcción de un puente vehicular, ni en donde estará reubicado el Puente de Arcediano y mucho menos en lo que será la cortina de la presa; el puente no está diseñado para soportar el flujo vehicular y su función es ser un punto de comunicación peatonal, como en su origen. Evidencia, esto, de la desinformación de la editorialista.
No existe un área urbana entre un margen y el otro del Río Santiago, otra de las razones por las que no existe una justificación para que este puente funcione como vehicular. De lo que sí podemos hablar es del rescate de un puente de 1894, cuyas características se modificaron cuando fue dinamitado en 1952, perdiendo muchas de sus partes pétreas. En dicho rescate nos apegaremos completamente al puente original de Salvador Collado, considerado un "Patrimonio de la Humanidad", por estar documentado como el primer puente colgante del País.
Sobre el caso de El Pabellón, y a varios años de distancia, la información que tengo es que el área de Obras Públicas de la Administración 95-97 del H. Ayuntamiento de Guadalajara otorgó la licencia de uso de suelo y construcción, mientras que las licencias de Habitabilidad y Operación fueron concedidas por un juzgado.
Reitero en todo momento el respeto a diferentes opiniones y puntos de vista, pero considero que la herramienta editorial debe basarse siempre en información real y, por nuestra parte, como funcionarios públicos, es nuestra obligación transparentar en todo momento cada acción que llevemos acabo.
César L. Coll Carabias
Director general CEA.
La tanga de Soberanes
• ¿Agenda bilateral? La de EU• Lozano desactiva mina por mina...
El hombre devoto, mi estimado, solo piensa en sí mismo. Felipe Calderón está cumpliendo su palabra del slogan de campaña. ¿Cómo era que decía? “Seré el Presidente del empleo (or something)...”. Y ayer, con el anuncio de la creación de un Comité Especializado de Alto Nivel en Materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacional que contará con ¡seis! grupos operativos (¿encabezados por Madame Sazú...?) que serán: Armas nucleares, armas químicas y biológicas, armas convencionales, lucha contra el terrorismo, “armonización” (jajajaja... perdón) legal y administrativa (¿?), y de seguridad internacional, el inquilino de Los Pinos comienza con palomita su accidentado sexenio en materia de empleo.
El nuevo Frankenstein calderonista, my friend, actuará como órgano auxiliar y del Consejo de Seguridad Nacional (que vale madres), contará con un órgano ejecutivo denominado Secretaría General del Comité Especializado (en jugar al Tío Lolo) de Alto Nivel y recaerá en el tristemente célebre Cisen, y estará integrado por representantes de varias dependencias. Pero dejemos a un lado estas estúpidas generalidades y entremos en el detallín. El juguetito será presidido por Ramírez Acuña, quien ya tiene con qué rayos entretenerse.
El problemita de los comités, sobre todo cuando hay más de tres invitados, es que no resuelven nada, se hacen bolas y generan mayor confusión. Y ya sabe que a mayor caos... grandes beneficios.
Qué peligroso es que el gobierno federal se ponga, en estos volátiles momentos, a gastar recursos materiales (¿cuánto le costará la travesura a cada dependencia?) en esta soberana pendejada —a menos, of course!, que traiga línea estadunidense– cuando al interior del gabinete de seguridad hay, digamos, confrontaciones y delicados problemas de visión y estrategia en la guerra contra el crimen organizado.
Qué peligroso que el gobierno esté conformando, de bote pronto, la creación de etéreos monstruitos alrededor de la seguridad nacional.
Qué peligroso que a Felipe lo presionen (o convenzan) en estos momentos donde su miedo es monumentalmente palpable y visible. Pobre. No tiene ni la más p...álida idea de dónde lo están metiendo aunque... ¡bendito sea Dios!, ya tiene tema para charlar en su cita con Benedicto XVI, que ya vendieron como un encuentro entre jefes de Estado “para revisar la agenda bilateral...” (no se ría). ¿Listo para cambiar de canal? Ahí le va.
Es puuuura casualidad (no vaya a pensar mal) el timing político –previo a la gira confesional de Felipe y Margarita al Vaticano– en que el ombudspan José Luis Soberanes le dio entrada a la impugnación de la ley sobre la despenalización del aborto y pasarse por ¡salva sea la parte! a su Consejo consultivo. Para nada. José Luis es congruente con su árbol de moras podridas.
La entretenida línea del gobierno, digan lo que digan, fue dorarle la píldora a Soberanes para que no se agobie cruzando los dedos en su apuesta por suceder en la SCJN al ministro Gudiño Pelayo, quien está grave de salud, sino al contrario... tú haces cosas por mí y yo hago cosas por ti. Y como realmente no tengo agenda para hablar con el Santo Padre, qué mejor tema que el del aborto, ¿no crees? Así que te fajas la tanga de Serrano Limón y Provida y te avientas a la alberca (eso sí, sin salpicar). Y porfa, Max te encarga (o sea, te prohíbe u moron) demasiado exposure con los medios. ¿Te late? Nos vemos al regreso para armar tu tenebra. ¡Ah! y te traigo tu souvenir papal... click.
Soberanes, mi estimado, con su ambición y sus mediocres ganas de quedar bien ha quedado del nabo. Ha arrastrado a la CNDH al despeñadero de la credibilidad. Ha traicionado a sus promotores, los priistas, que están bastante enchilados, y los principios y fundamentos del organismo que preside. Pobre. Otro que no tiene ni la más p...álida idea de dónde está parado... ¿Vamos bien o me regreso? Next!
Por la Mirilla
La marea minera de Napoleón Gómez Urrutia tuvo una productiva junta ayer con Javier Lozano —un indudable activo de Calderón–, quien se comprometió a sacar adelante los pendientes laborales y algunas irregularidades en que ha incurrido Grupo México de Germán Larrea desde la Toma de Nota ilegal de Elías Morales (¿cuándo lo llamarán a declarar en la PGR...?). De ahí el titular de la STyPS se fue a Los Pinos... Por lo pronto, quedaron emplazadas a huelga 9 de las 11 secciones en territorio de Larrea mientras Cananea calienta motores... el próximo encerrón, mi estimado, será mañana miércoles... stay tuned...
Consignas contra FRA en la marcha por los 3 años de la represión de 2004
Participaron la Coordinadora 28 de Mayo, M28, adherentes a la Otra Campaña, entre otros
Frente a Palacio de Gobieno exigieron justicia y denuncian síntomas fascistas de la administración federal
Jóvenes que marcharon ayer hacen una representación de los hechos de tortura de que fueron víctimas más de 100 jaliscienses en mayo de 2004 Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ
RAUL TORRES
Tomaron la avenida 16 de Septiembre desde sus extremos, durante el recorrido la llenaron de consignas contra Francisco Ramírez Acuña y el gobierno de Felipe Calderón, y recordaron la represión que sufrieron el 28 de mayo de 2004 en esta ciudad. El Movimiento 28, L@s Proces@dos del 28 de Mayo y los adherentes a la Otra Campaña salieron alrededor de las 17:30 horas desde la plaza Juárez y se detuvieron en las instalaciones de la PGR para ampliar la denuncia penal que el 13 de diciembre pasado interpusieron en la ciudad de México contra el actual secretario de Gobernación, Francisco Ramírez; el otro contingente, encabezado por la Coordinadora 28 de Mayo, salió a las 18:30 desde la Normal y poco a poco fue tomando los carriles de la avenida hasta ocuparla por completo al llegar a Catedral.
Alrededor de las 19:20 horas ambos grupos se avistaron e hicieron sonar con más fuerza sus consignas, la calle entera ya era suya, los policías permanecían a la expectativa y se vieron desconcertados cuando el grupo que caminaba hacia el sur prefirió dejar atrás la plaza de Armas para continuar hasta avenida Juárez y encontrarse con los otros caminantes. Al toparse de frente comenzaron a bailar en la confluencia de las dos arterias y por unos minutos el crucero fue un sitio arrebatado a los automóviles y habitado por más de 300 personas de todas edades y colores.
En su recorrido, ambos contingentes fueron custodiados de cerca por policías municipales, estatales, agentes de Tránsito y las “orejas” de Gobernación e inteligencia militar que imaginan poderse diluir entre los reporteros. Las filas de gendarmes se iban cerrando conforme la manifestación se acercaba al primer cuadro, en respuesta, los marchantes lanzaron una descarga con: “los uniformados también son explotados”, que causó sonrisa en algunos de ellos.
Varios elementos rodearon la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y el Palacio Municipal, el kiosco de la Plaza de Armas fue tomado por los antimotines y más de 20 policías hicieron valla frente a las puertas del Palacio de Gobierno.
Después de su encuentro, los grupos volvieron a separarse para ocupar distintos sitios en la Plaza de Armas: el M28, L@s Proces@dos del 28 de Mayo y los adherentes a la Otra Campaña se plantaron frente a las puertas cerradas del Palacio de Gobierno para leer un documento en el que exigieron justicia y denunciaron lo que ellos consideran los síntomas fascistas del gobierno federal, como el uso cotidiano del Ejército bajo pretexto de combate al narco.
Ahí explicaron que la ampliación de la denuncia interpuesta contra Francisco Ramírez Acuña es por los delitos de lesiones, violencia física y moral, robo, abuso de autoridad y tortura.
Del otro lado de la plaza, pasando entre las bancas y la gente que la frecuenta, se colocaron los convocados por la Coordinadora 28 de Mayo, que fueron abordados por Mario Reynoso Esparza, subsecretario de Asuntos Interiores del gobierno del estado, quien al ver que trataban de levantar un toldo les pidió retirarse. Después de un breve diálogo, los organizadores y el funcionario estatal llegaron a un acuerdo: podrían permanecer hasta las 22 horas.
Y mientras algunos intentaban levantar el toldo bajo el que proyectaron algunos documentales informativos sobre el caso 28 de mayo, dos policías anarcopunks rondaban entre la gente satirizando el actuar de los gendarmes: “pareja, pos que aquí un grupo de rebeldes se quieren quezque manifestar, vamos a reprimirlos”.
Las actividades se extendieron hasta la hora acordada y los manifestantes se retiraron tranquilamente, aunque desconfiados de que el gobernador, Emilio González Márquez, inicie las investigaciones del caso: “él (Emilio González) dice que sí, pero yo realmente lo dudo, porque son del mismo partido, de Acción Nacional, y son del mismo grupo de gente de gobierno; ellos se cubren, no creo que vaya a querer echarse de enemigo a Ramírez Acuña, el represor principal”, dijo el papá de uno de los jóvenes torturados aquel 28 de mayo.
Frente a Palacio de Gobieno exigieron justicia y denuncian síntomas fascistas de la administración federal
Jóvenes que marcharon ayer hacen una representación de los hechos de tortura de que fueron víctimas más de 100 jaliscienses en mayo de 2004 Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZTomaron la avenida 16 de Septiembre desde sus extremos, durante el recorrido la llenaron de consignas contra Francisco Ramírez Acuña y el gobierno de Felipe Calderón, y recordaron la represión que sufrieron el 28 de mayo de 2004 en esta ciudad. El Movimiento 28, L@s Proces@dos del 28 de Mayo y los adherentes a la Otra Campaña salieron alrededor de las 17:30 horas desde la plaza Juárez y se detuvieron en las instalaciones de la PGR para ampliar la denuncia penal que el 13 de diciembre pasado interpusieron en la ciudad de México contra el actual secretario de Gobernación, Francisco Ramírez; el otro contingente, encabezado por la Coordinadora 28 de Mayo, salió a las 18:30 desde la Normal y poco a poco fue tomando los carriles de la avenida hasta ocuparla por completo al llegar a Catedral.
Alrededor de las 19:20 horas ambos grupos se avistaron e hicieron sonar con más fuerza sus consignas, la calle entera ya era suya, los policías permanecían a la expectativa y se vieron desconcertados cuando el grupo que caminaba hacia el sur prefirió dejar atrás la plaza de Armas para continuar hasta avenida Juárez y encontrarse con los otros caminantes. Al toparse de frente comenzaron a bailar en la confluencia de las dos arterias y por unos minutos el crucero fue un sitio arrebatado a los automóviles y habitado por más de 300 personas de todas edades y colores.
En su recorrido, ambos contingentes fueron custodiados de cerca por policías municipales, estatales, agentes de Tránsito y las “orejas” de Gobernación e inteligencia militar que imaginan poderse diluir entre los reporteros. Las filas de gendarmes se iban cerrando conforme la manifestación se acercaba al primer cuadro, en respuesta, los marchantes lanzaron una descarga con: “los uniformados también son explotados”, que causó sonrisa en algunos de ellos.Varios elementos rodearon la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y el Palacio Municipal, el kiosco de la Plaza de Armas fue tomado por los antimotines y más de 20 policías hicieron valla frente a las puertas del Palacio de Gobierno.
Después de su encuentro, los grupos volvieron a separarse para ocupar distintos sitios en la Plaza de Armas: el M28, L@s Proces@dos del 28 de Mayo y los adherentes a la Otra Campaña se plantaron frente a las puertas cerradas del Palacio de Gobierno para leer un documento en el que exigieron justicia y denunciaron lo que ellos consideran los síntomas fascistas del gobierno federal, como el uso cotidiano del Ejército bajo pretexto de combate al narco.Ahí explicaron que la ampliación de la denuncia interpuesta contra Francisco Ramírez Acuña es por los delitos de lesiones, violencia física y moral, robo, abuso de autoridad y tortura.
Del otro lado de la plaza, pasando entre las bancas y la gente que la frecuenta, se colocaron los convocados por la Coordinadora 28 de Mayo, que fueron abordados por Mario Reynoso Esparza, subsecretario de Asuntos Interiores del gobierno del estado, quien al ver que trataban de levantar un toldo les pidió retirarse. Después de un breve diálogo, los organizadores y el funcionario estatal llegaron a un acuerdo: podrían permanecer hasta las 22 horas.
Y mientras algunos intentaban levantar el toldo bajo el que proyectaron algunos documentales informativos sobre el caso 28 de mayo, dos policías anarcopunks rondaban entre la gente satirizando el actuar de los gendarmes: “pareja, pos que aquí un grupo de rebeldes se quieren quezque manifestar, vamos a reprimirlos”.
Las actividades se extendieron hasta la hora acordada y los manifestantes se retiraron tranquilamente, aunque desconfiados de que el gobernador, Emilio González Márquez, inicie las investigaciones del caso: “él (Emilio González) dice que sí, pero yo realmente lo dudo, porque son del mismo partido, de Acción Nacional, y son del mismo grupo de gente de gobierno; ellos se cubren, no creo que vaya a querer echarse de enemigo a Ramírez Acuña, el represor principal”, dijo el papá de uno de los jóvenes torturados aquel 28 de mayo.
Rescatar la vergüenza que nos queda
Hoy se cumplen 15 meses de la tragedia de Pasta de Conchos. Llamada de alarma para recopilar algunos de los hechos más bochornosos en torno a la justicia por ese dramático acontecimiento, y no permitir que permanezca la impunidad, la corrupción y el tráfico de influencias.
El 15 de noviembre de 2006 algunas de las viudas de los mineros sacrificados solicitaron al titular del órgano interno de control de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), acceso al expediente en el que se estaba investigando la responsabilidad de los servidores públicos. El 30 de noviembre se les responde que éste es "confidencial", y que ellas, las viudas, no tienen "interés jurídico".
El 20 de diciembre se promueve un juicio de amparo, y el 23 de enero de 2007 el juez les entrega las mil 365 copias certificadas de la investigación. Sin embargo, ¡oh cumplimiento de las resoluciones judiciales!, el expediente fue entregado incompleto. El mismo juez tuvo que reordenar a la STPS que entregara la documentación faltante. Pocos días antes de que se cumpliera el año de la tragedia, autoridades de la STPS, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del gobierno de Coahuila presionaron y mintieron a las familias para obligarlas a firmar cuanto antes su demanda de pensión por viudez, y por segunda vez el Ministerio Público de ese estado elaboró por su cuenta las actas de defunción de los 63 trabajadores que siguen atrapados en la mina, determinando él mismo las causas de su muerte. El 28 de febrero de este año el Equipo Nacional de Pastoral Laboral, de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, presentó su primer informe "Por una cuerda de vida para los mineros del carbón. Pasta de Conchos: una tragedia que debió evitarse". En él se explica y prueba lo que familias y trabajadores dijeron siempre: la explosión en Pasta de Conchos no fue un accidente, sino el resultado de la ambición y la negligencia de la empresa Industrial Minera México (IMMSA), la contratista General de Hulla, la STPS, el IMSS, la Secretaría de Economía y el sindicato.
Continua Foro de la Liga
lunes, mayo 28, 2007
Acuerdos y resolutivos a que se llegaron en el foro: Zongolica Ernestina, Reclamo de Justicia
COMITE CIUDADANO ROSARIO IBARRA
Remitimos los acuerdos del Encuentro Zongolica...
Saludos
Shara
Martínez Vara
Coordinadora
Propuesta de resolución sobre el asesinato, violación y tortura de Ernestina Ascencio Rosario
ENCUENTRO : Zongolica Ernestina,
Reclamo de Justicia, Derechos Humanos, Autonomía Indígena y Municipal
Realizado los días 26 y 27 de mayo en el Museo de la Ciudad de
México,
Antecedentes
El domingo 25 de febrero, Ernestina Ascensio Rosario, indígena de 72 años, de la comunidad de Tetlatzinga del municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, fue violada y asesinada por militares del ejército mexicano. En el desarrollo de los acontecimientos posteriores al suceso, las autoridades militares, el gobierno federal y la CNDH ignoraron los justos reclamos de los habitantes del municipio y de sus autoridades comunitarias y municipales, quienes han exigido el castigo a los culpables y el esclarecimiento de los hechos.
Felipe Calderón Hinojosa, La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, intervinieron de manera indebida, para desviar la acción penal correspondiente y presionar con todo el aparato coercitivo del Estado, con la finalidad de exculpar a los presuntos militares violadores y asesinos.
La situación de extrema violencia y de violación a los Derechos Humanos que viven los indígenas de la sierra de Zongolica y sus organizaciones ha llegado a tal grado, que el lunes 21 de mayo fue
encontrado el cadáver desnudo de Adelaida Amayo Aguas, de 38 años, con un cinturón de hombre en el cuello, jirones de tela en la boca y cuatro cuchilladas en el cuerpo. Todos signos de extrema violencia.
Adelaida Amayo Aguas quien deja en la orfandad a cinco hijos, era integrante del Consejo Radiofónico Indígena Nahua y encargada de la gestión de créditos para proyectos productivos ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El Estado mexicano ha dado a estos casos un trato que es violatorio de los derechos humanos, ha puesto en entredicho la autonomía municipal, y ha incumplido los acuerdos firmados por él, en materia de derechos indígenas (Convenio 169 de la OIT) y la propia Constitución mexicana. Lo que
sucedió con Ernestina y Adelaida es una muestra de la historia sistemática de violaciones a los derechos humanos que se vive en la Sierra de Zongolica y en otras regiones indígenas del país.
Nos pronunciamos Los Pueblos y sus Autoridades municipales y comunitarias nahuas Soledad Atzompa y de municipios vecinos en la Sierra de Zongolica, así como las organizaciones sociales y civiles aquí presentes repudiamos de manera enérgica el veredicto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz. Se trató de un crimen solapado por el Estado, de un crimen político que no debe quedar impune.
Demandamos la reapertura del caso de Ernestina Ascensión Rosario. La intervención de los organizamos internacionales (ONU, OEA, CIDH) defensoras de los derechos humanos y la realización de un peritaje cultural-lingüístico del caso.
Condenamos las actitudes del procurador Emeterio López Márquez y el gobernador Fidel Herrera Beltrán, que al dar por concluido el caso de violación y asesinato por presuntos militares de Ernestina Ascensión, nahua de 72 años, favorecieron la impunidad y el no ejercicio del imperio de la ley y del llamado Estado de Derecho.
Condenamos enérgicamente la intervención de Felipe Calderón Hinojosa que politizó el proceso judicial, protegió a los criminales y decidió como cabeza del estado mexicano violar los derechos humanos de Ernestina.
Demandamos que termine el clima de violencia en inseguridad en la Sierra de Zongolica, que se castigue a los culpables de los crímenes cometidos contra mujeres indígenas, que se respeten los derechos de humanos de los familiares de las víctimas y se aplique la justicia para acabar con la impunidad de estos asesinatos y violaciones de mujeres.
Demandamos al gobernador del Estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, que abandone su estrategia de ser cómplice del aislamiento en contra de los familiares de Ernestina, ya que está impidiendo un derecho fundamental de la víctima y de los agraviados, de acuerdo con el artículo 21 constitucional.
Nos pronunciamos por una profunda Reforma del Estado en donde en cada uno de sus temas de discusión se discuta transversalmente los derechos de los Pueblos Indígenas para definir al Estado y la Nación Mexicana en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus Leyes Secundarias como Pluriétnica, Pluricultural y de Pluralidad jurídica.
EXIGIMOS:
1. Renuncia inmediata del titular de la CNDH, José Luis Soberanes.
2. Renuncia inmediata del Procurador de Justicia del Estado de Veracruz, Emeterio López Márquez.
3. Renuncia inmediata de la Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos de Veracruz, Noemí Quirasco Hernández.
4. Demandamos un alto al hostigamiento a los luchadores sociales y de los Derechos Humanos, y a los Pueblos Nahuas de la Sierra de Zongolica, Veracruz.
5. Esclarecimiento total del asesinato de Adelaida Amayo Aguas y castigo a los culpables.
6. Justicia para Ernestina Ascensión Rosario y Adelaida Amayo Aguas.
7. Rechazamos cualquier intento de militarizar a la Sierra de Zongolica
8. Diálogo público con el Ejército sobre su presencia en la Sierra de Zongolica.
9. Condenamos la intervención de Felipe Calderón Hinojosa proteger a los criminales
PROPUESTAS DE REFORMA MUNICIPALISTA EN MATERIA DE RELACIÓN ENTRE
PUEBLOS ORIGINARIOS Y EJÉRCITO FEDERAL
1) Reconocer la autonomía indígena y municipal que implica tener un régimen multimunicipal que refleje la diversidad y la pluriculturalidad de nuestro país.
a. Esto implicaría reconocer la libre autodeterminación de los pueblos y su soberanía en su territorio. Además de reconocer las formas de ejercicio del gobierno propias de los pueblos originarios.
b. En el marco de la autonomía indígena y municipal los miembros del ejército y policías estatales y federales deberán ajustarse al principio de respeto a la autonomía de los pueblos y
municipios.
c. Los mandos militares y policíacos deberán respetar, coordinarse y establecer convenios para su actuación en los estados y municipios, siempre en el respeto irrestricto de los derechos humanos y de las leyes del país.
2) Fortalecer los principios que regulan la relación de los civiles con los militares que implican la preeminencia de lo civil sobre lo militar.
a. Ello implica que en tiempos de paz, el ejército esté en sus cuarteles y campamentos, fuera de las poblaciones. (exigimos que se cumpla lo expresado en el artículo 129 de nuestra Constitución Política, sin que el ejército pueda alojarse en casas, terrenos o instalaciones particulares, ni exigir alimentos, bagajes, leña y otras prestaciones a los civiles).
b. Cuando un militar comete un delito en donde estuvieses implicado un civil, el caso lo deberá tomar la autoridad civil. No al fuero militar.
3) Incorporación de criterios de equidad de género en la vida municipal.
a. Que tengan como meta principal, la erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres, haciendo la obligación constitucional en todos los municipios de establecer planes y políticas afirmativas para mejorar la salud, educación, situación laboral, económica, sexual y reproductiva de hombres y mujeres.
OTROS RESOLUTIVOS.
1. REFORMA A LA JUSTICIA PENAL, QUE EL FORO CIVIL NO SE SUBORDINE AL FORO
MILITAR. QUE LOS DELITOS COMETIDOS POR MILITARES SE JUZGUEN EN TRIBUNALES CIVILES.
2. CREAR UN MECANISMO DE INVESTIGACIÓN QUE SEA PROPIO DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS INDEPENDIENTES Y LOS PUEBLOS NAHUAS DE ZONGOLICA PARA EL CASO DE ERNESTINA ASCENCIO.
3. PEDIR LA INTERVENCIÓN DEL EQUIPO FORENSE ARGENTINO, QUE TRABAJA ACTUALMENTE EN LOS CASOS DE LAS MUERTAS DE JUÁREZ.
4. SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS, PARA OBLIGAR A LAS AUTORIDADES MEXICANAS A LA REAPERTURA DEL CASO.
5. LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA CND
6. RENUNCIA DEL PRODURADOR DE VERACRUZ
7. RENUNCIA DE LA PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE VERACRUZ
8. EXIGIMOS EL ESCLARECIMIENTO DE LA MUERTE DE MARINO RENTERÍA, QUE SE PAGUE LA INDEMNIZACIÓN A LAURO GARCÍA Y SE RECONOZCA LEGALMENTE LA PROPIEDAD DE LOS TERRENOS PARA QUE AHÌ HABITEN
9. IMPULSAR EL PERITAJE CULTURAL-LINGÜÍSTICO EN EL CASO DE ERNESTINA ASCENCIO.
10. QUE SE LLEVEN LOS ACUERDOS Y RESOLUTIVOS DE ESTE ENCUENTRO, EL EXPEDIENTE DE ERENESTINA ASCENCIO A LA ONU Y A LA OEA PARA QUE LE DEN SEGUIMIENTO AL CASO.
12. EL EJÉRCITO DEBE REGRESAR A LOS CUARTELES.
Felipe Calderón Hinojosa, La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, intervinieron de manera indebida, para desviar la acción penal correspondiente y presionar con todo el aparato coercitivo del Estado, con la finalidad de exculpar a los presuntos militares violadores y asesinos.
La situación de extrema violencia y de violación a los Derechos Humanos que viven los indígenas de la sierra de Zongolica y sus organizaciones ha llegado a tal grado, que el lunes 21 de mayo fue
encontrado el cadáver desnudo de Adelaida Amayo Aguas, de 38 años, con un cinturón de hombre en el cuello, jirones de tela en la boca y cuatro cuchilladas en el cuerpo. Todos signos de extrema violencia.
Adelaida Amayo Aguas quien deja en la orfandad a cinco hijos, era integrante del Consejo Radiofónico Indígena Nahua y encargada de la gestión de créditos para proyectos productivos ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El Estado mexicano ha dado a estos casos un trato que es violatorio de los derechos humanos, ha puesto en entredicho la autonomía municipal, y ha incumplido los acuerdos firmados por él, en materia de derechos indígenas (Convenio 169 de la OIT) y la propia Constitución mexicana. Lo que
sucedió con Ernestina y Adelaida es una muestra de la historia sistemática de violaciones a los derechos humanos que se vive en la Sierra de Zongolica y en otras regiones indígenas del país.
Nos pronunciamos Los Pueblos y sus Autoridades municipales y comunitarias nahuas Soledad Atzompa y de municipios vecinos en la Sierra de Zongolica, así como las organizaciones sociales y civiles aquí presentes repudiamos de manera enérgica el veredicto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz. Se trató de un crimen solapado por el Estado, de un crimen político que no debe quedar impune.
Demandamos la reapertura del caso de Ernestina Ascensión Rosario. La intervención de los organizamos internacionales (ONU, OEA, CIDH) defensoras de los derechos humanos y la realización de un peritaje cultural-lingüístico del caso.
Condenamos las actitudes del procurador Emeterio López Márquez y el gobernador Fidel Herrera Beltrán, que al dar por concluido el caso de violación y asesinato por presuntos militares de Ernestina Ascensión, nahua de 72 años, favorecieron la impunidad y el no ejercicio del imperio de la ley y del llamado Estado de Derecho.
Condenamos enérgicamente la intervención de Felipe Calderón Hinojosa que politizó el proceso judicial, protegió a los criminales y decidió como cabeza del estado mexicano violar los derechos humanos de Ernestina.
Demandamos que termine el clima de violencia en inseguridad en la Sierra de Zongolica, que se castigue a los culpables de los crímenes cometidos contra mujeres indígenas, que se respeten los derechos de humanos de los familiares de las víctimas y se aplique la justicia para acabar con la impunidad de estos asesinatos y violaciones de mujeres.
Demandamos al gobernador del Estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, que abandone su estrategia de ser cómplice del aislamiento en contra de los familiares de Ernestina, ya que está impidiendo un derecho fundamental de la víctima y de los agraviados, de acuerdo con el artículo 21 constitucional.
Nos pronunciamos por una profunda Reforma del Estado en donde en cada uno de sus temas de discusión se discuta transversalmente los derechos de los Pueblos Indígenas para definir al Estado y la Nación Mexicana en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus Leyes Secundarias como Pluriétnica, Pluricultural y de Pluralidad jurídica.
EXIGIMOS:
1. Renuncia inmediata del titular de la CNDH, José Luis Soberanes.
2. Renuncia inmediata del Procurador de Justicia del Estado de Veracruz, Emeterio López Márquez.
3. Renuncia inmediata de la Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos de Veracruz, Noemí Quirasco Hernández.
4. Demandamos un alto al hostigamiento a los luchadores sociales y de los Derechos Humanos, y a los Pueblos Nahuas de la Sierra de Zongolica, Veracruz.
5. Esclarecimiento total del asesinato de Adelaida Amayo Aguas y castigo a los culpables.
6. Justicia para Ernestina Ascensión Rosario y Adelaida Amayo Aguas.
7. Rechazamos cualquier intento de militarizar a la Sierra de Zongolica
8. Diálogo público con el Ejército sobre su presencia en la Sierra de Zongolica.
9. Condenamos la intervención de Felipe Calderón Hinojosa proteger a los criminales
PROPUESTAS DE REFORMA MUNICIPALISTA EN MATERIA DE RELACIÓN ENTRE
PUEBLOS ORIGINARIOS Y EJÉRCITO FEDERAL
1) Reconocer la autonomía indígena y municipal que implica tener un régimen multimunicipal que refleje la diversidad y la pluriculturalidad de nuestro país.
a. Esto implicaría reconocer la libre autodeterminación de los pueblos y su soberanía en su territorio. Además de reconocer las formas de ejercicio del gobierno propias de los pueblos originarios.
b. En el marco de la autonomía indígena y municipal los miembros del ejército y policías estatales y federales deberán ajustarse al principio de respeto a la autonomía de los pueblos y
municipios.
c. Los mandos militares y policíacos deberán respetar, coordinarse y establecer convenios para su actuación en los estados y municipios, siempre en el respeto irrestricto de los derechos humanos y de las leyes del país.
2) Fortalecer los principios que regulan la relación de los civiles con los militares que implican la preeminencia de lo civil sobre lo militar.
a. Ello implica que en tiempos de paz, el ejército esté en sus cuarteles y campamentos, fuera de las poblaciones. (exigimos que se cumpla lo expresado en el artículo 129 de nuestra Constitución Política, sin que el ejército pueda alojarse en casas, terrenos o instalaciones particulares, ni exigir alimentos, bagajes, leña y otras prestaciones a los civiles).
b. Cuando un militar comete un delito en donde estuvieses implicado un civil, el caso lo deberá tomar la autoridad civil. No al fuero militar.
3) Incorporación de criterios de equidad de género en la vida municipal.
a. Que tengan como meta principal, la erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres, haciendo la obligación constitucional en todos los municipios de establecer planes y políticas afirmativas para mejorar la salud, educación, situación laboral, económica, sexual y reproductiva de hombres y mujeres.
OTROS RESOLUTIVOS.
1. REFORMA A LA JUSTICIA PENAL, QUE EL FORO CIVIL NO SE SUBORDINE AL FORO
MILITAR. QUE LOS DELITOS COMETIDOS POR MILITARES SE JUZGUEN EN TRIBUNALES CIVILES.2. CREAR UN MECANISMO DE INVESTIGACIÓN QUE SEA PROPIO DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS INDEPENDIENTES Y LOS PUEBLOS NAHUAS DE ZONGOLICA PARA EL CASO DE ERNESTINA ASCENCIO.
3. PEDIR LA INTERVENCIÓN DEL EQUIPO FORENSE ARGENTINO, QUE TRABAJA ACTUALMENTE EN LOS CASOS DE LAS MUERTAS DE JUÁREZ.
4. SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS, PARA OBLIGAR A LAS AUTORIDADES MEXICANAS A LA REAPERTURA DEL CASO.
5. LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA CND
6. RENUNCIA DEL PRODURADOR DE VERACRUZ
7. RENUNCIA DE LA PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE VERACRUZ
8. EXIGIMOS EL ESCLARECIMIENTO DE LA MUERTE DE MARINO RENTERÍA, QUE SE PAGUE LA INDEMNIZACIÓN A LAURO GARCÍA Y SE RECONOZCA LEGALMENTE LA PROPIEDAD DE LOS TERRENOS PARA QUE AHÌ HABITEN
9. IMPULSAR EL PERITAJE CULTURAL-LINGÜÍSTICO EN EL CASO DE ERNESTINA ASCENCIO.
10. QUE SE LLEVEN LOS ACUERDOS Y RESOLUTIVOS DE ESTE ENCUENTRO, EL EXPEDIENTE DE ERENESTINA ASCENCIO A LA ONU Y A LA OEA PARA QUE LE DEN SEGUIMIENTO AL CASO.
12. EL EJÉRCITO DEBE REGRESAR A LOS CUARTELES.
Columna del Periquiello Sarmiento
El Regreso al oscurantismo
Cuando se iniciaron los trabajos de
Con los datos que surgen en el plan de Felhitler* calderón para la lucha contra el narcotráfico que busca intervenir teléfonos y correos electrónicos y ya hasta tenga proveedor de servicios (donde quisiera ver los requisitos de la licitación) que “inteligentemente” es un proveedor de Estados Unidos, quien tendrá la información disponible de todos los ciudadanos y “protegerá” los intereses de los “mexicanos”, se convierte en una mentira más del espurio y sobre todo un juego sucio del Asesino Bush.
Ya no es suficiente tener militares en las calles, persiguiendo campesinos, golpeando estudiantes o impidiendo que un grupo de maestros pueda interponer un amparo contra una ley impuesta por la maestra. Los grupos de delincuencia organizada hacen con lujo de violencia hacer notar que si en alguien cabe la inteligencia militar es en grupos denominados Los Zetas.
Hace unos días cerro del Diario Cambio en Sonora, debido al ataque de grupos armados teniendo como ataque no solo a la vida de los periodistas involucrados en el Diario, sino a la libertad de prensa que tanta sangre se ha derramado por seguir haciendo su trabajo.
Aun con estas muertes, violaciones de derechos humanos en las zonas donde el ejercito se presenta, ataques a mujeres, estudiantes, maestros, periodistas y cientos de elementos contra los derechos humanos, Felhitler calderón llama a seguir por “Ni un paso atrás”.
La sangre seguirá corriendo sin importan las vidas que se pierdan, el llamado del espurio a “defender" la nación, deja un rastro de muerte para la protección de intereses que nada tienen que ver con la mayoría de mexicanos.
El llamado de los panistas en la asamblea del DF a defender la “vida” y buscar la inconstitucionalidad de la aplicación de aborto en
Los asambleístas panistas y verdeecologistas se quedan cortos ya que no pueden reunir las 22 firmas que deben de tener para conseguir la presentación ante la corte de la inconstitucionalidad de esa ley. Poco a poco el regreso de
Es en estos casos donde encontramos la incongruencia: por un lado la muerte masiva de mexicanos en la “supuesta” lucha contra el narcotráfico y en el otro extremo la “protección” de la vida.
Pero en este caso donde queda la vida de doña Ernestina. Después de un foro de dos días, donde los habitantes de Zongolica Veracruz, tuvieron que venir a informar sobre lo sucedido debido a que los familiares de doña Ernestina están desaparecidos (o secuestrados que es lo mismo), dijeron a los medios la indignación que este delito causa en los habitantes de tan marginado pueblo.
A un paso de un carpetazo al archivo de los delitos impunes, me pregunto si dentro de 40 años llegará una Comisión Especial para Investigar el Caso Ascencio. Este tipo de notas son indignantes, pero más me indigna que lugares como Zongolica sean ignorados por los medios convencionales si no hay nota roja. Muchos no conocíamos Zongolica antes de Ernestina, hoy nos parece mejor no haberlo conocido en esas circunstancias.
* Termino tomado de un Texto del compañero Luís
Hace tres años... un 28 de mayo en Guadalajara, la represion
El 28 de mayo de 2004, en el marco de la Cumbre Iberoamericana, los altermunidistas realizaron una manifestación pacífica en repudio a las políticas neoliberales de la región. Sin embargo, dicho evento, preparado con meses de anticipación, terminó en la represión que ha conocido el mundo entero y de la que es responsable Francisco Ramírez Acuña, quien siendo gobernador -con el autoritarismo que le caracteriza hasta ahora como secretario de gobernación- reprimió y torturó a cientos de jóvenes que osaron enfrentar a unos policías que iban armados hasta con gases lacrímogenos para enfrentar a los manifestantes.
Estos videos son una muestra de que hubo infiltrados en la manifestación, pero ninguno de ellos fue detenido.
Y sí lo fueron los jóvenes que se manifestaban pacíficamente, tan es así que a cualquiera que tuviera las características de "un joven en manifestación" fue detenido, muchos lo fueron horas después de terminado el acto y en lugares absolutamente distantes de donde se sucedieron los hechos.
Prevalece la impunidad a tres años de la represión contra altermundistas
Con motivo del tercer aniversario, varias ONG realizarán hoy dos marchas que confluirán en el centro
González dice estar dispuesto a iniciar la investigación sobre el caso si la CEDHJ se lo pide
JUAN CARLOS G. PARTIDA
Nadie recuerda en Jalisco una represión tan cruenta como la que ocurrió hace hoy exactamente tres años. El 28 de mayo de 2004, en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE), 111 manifestantes fueron detenidos y 49 de ellos encarcelados vejando toda norma judicial; casi todos padecieron maltratos y torturas que ameritaron el repudio nacional e internacional, según informes de los más influyentes organismos defensores de los derechos humanos y la solidaridad de grupos altermundistas en varias partes del mundo.
Sin embargo, la historia sigue siendo de injusticia. Los dos principales orquestadores de la represión, el entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña, es hoy secretario de Gobernación en la administración federal; y el que fue alcalde de Guadalajara ese año, hoy es gobernador de Jalisco. Y del otro lado, los 49 encarcelados –hoy todos libres, la mayoría bajo fianza– perdieron meses y hasta años de su vida en un encierro sin pruebas y al menos 20 de ellos aún ahora deben acudir periódicamente a los juzgados para firmar la libertad condicional en procesos que se mantienen abiertos.
Una ligera luz para esclarecer desde la oficialidad lo ocurrido se dio apenas hace unos días, cuando el 24 de mayo el gobernador González Márquez dijo que estaba dispuesto a abrir las investigaciones sobre este caso siempre y cuando hubiera una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al día siguiente el ombudsman estatal declaró que haría del conocimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tal declaración, lo que hace prever una recomendación conjunta en poco tiempo y con ello la posibilidad de que por fin pueda irse al fondo de la actuación bestial de las policías jaliscienses, como lo consignan en todos los casos los organismos que de su lado –entre ellos la propia CNDH– indagaron los hechos.
Faltaría ver qué tanto respeta su propia palabra el gobernador González Márquez en el juego político que significa investigar el talón de Aquiles de Ramírez Acuña, el uso de la fuerza que a final de cuentas podría ser su debilidad.
Por lo pronto hoy, a las 17 horas, desde plaza Juárez, y a las 18 desde la glorieta de la Normal, saldrán sendas marchas para recordar el tercer aniversario de una fecha que parece no será olvidada hasta que se haga justicia. Ambas confluirán en el centro de la ciudad.
Cronología para no olvidar
Todos los informes y opiniones de más de 180 organismos locales, nacionales e internacionales de derechos humanos que se han dado desde hace tres años, coinciden que en Guadalajara, a raíz de la marcha, se devinieron 19 casos de tortura, 15 detenciones arbitrarias, 73 retenciones ilegales, 55 de tratos crueles, inhumanos y degradantes y 73 casos de incomunicación.
Durante el 28 de mayo la participación de alrededor de 4 mil manifestantes reunió a ONG, partidos políticos, medios independientes, colectivos libertarios, indígenas, sindicatos, redes de trabajadores, intelectuales, campesinos, ex braceros, ciudadanos a título personal venidos de varios lugares de América Latina y Europa.
Además de la represión de esa noche y del hostigamiento desde días antes que fueron bien documentados, una historia poco contada es la que ocurrió después. El sábado 29 por la madrugada empieza a correr el rumor entre los colectivos participantes de que los detenidos se encuentran en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Las autoridades se niegan a dar cualquier tipo de información oficial del paradero o de los nombres de los hasta entonces desaparecidos.
Durante el transcurso del día sueltan a varios, pero consignan a 49 que son enviados a las oficinas de la Procuraduría estatal, primero en la calzada Independencia y más tarde en la Calle 14, en la zona industrial. En el grupo va una joven en bata médica y con la cabeza vendada, cuya salud, informan los visitadores de las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, es “bastante delicada”. Ocho extranjeros –cuatro españoles, una australiana, una canadiense, un italiano y un estadunidense– son trasladados esa noche a la estación migratoria de Iztapalapa, en la capital del país; de ellos, la canadiense y el estadunidense fueron arrestados en hospitales públicos donde recibían atención médica.
El domingo 30 de mayo, a eso de las 2 de la tarde, los consignados son regresados de la sede de la PGJE, de Calle 14, a las oficinas en la calzada Independencia. Hasta entonces no se les ha permitido ver a los abogados de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), quienes ofrecieron de inmediato sus servicios como defensores de los detenidos. Las únicas personas que tienen acceso a los detenidos son los visitadores de las comisiones de Derechos Humanos. Hasta las 5 de la tarde los padres de familia que reclaman ver a sus hijos pueden hacerlo; después, muchos atestiguan que en el Ministerio Público a los muchachos se les torturó física o psicológicamente. Poco a poco se conoce lo ocurrido durante las horas que siguieron a las detenciones: fueron sometidas a insultos, golpes, vejaciones y tortura; se les ató las manos con cinta canela y se les obligó a permanecer de pie durante toda la noche; se les privó del sueño, de tomar agua y alimentos; a algunos les colocaron bolsas de plástico en la cabeza, les aplicaron “tehuacanazos”, se les acosó sexualmente y les dieron toques eléctricos en los testículos; la mayoría fue obligada a firmar declaraciones en las que se culpaban, base para que se les cite auto de formal prisión por los delitos de motín, robo calificado, lesiones, daños a las cosas, pandillerismo, resistencia a la autoridad y daño a las vías de comunicación.
Comienza la semana y el lunes los consignados son trasladados a Puente Grande, donde se establecen las fianzas para quienes puedan salir de esa manera: 25 mil para los detenidos de Guadalajara y 50 mil para los que venían de fuera. Sin embargo, la mayoría debe también pagar por los daños cometidos, lo que suma de 137 a 247 mil pesos por cada uno. Doce son acusados de robo calificado y no tienen derecho a fianza.
El martes primero de junio, el gobernador Ramírez Acuña otorga en un evento organizado en la Plaza de la Liberación un reconocimiento público y un estímulo económico a los policías que intervinieron en los hechos del 28 de mayo por su “heroico” desempeño, y declara que “debe quedar bien claro que Jalisco no es el Distrito Federal, Jalisco no es el Zócalo de la ciudad de México, donde pueden levantar sus carpas y sus casas de campaña”.
Al día siguiente, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por unanimidad, se pronuncia para que el gobierno de Jalisco deslinde responsabilidades por la represión y ordene la inmediata libertad de las y los detenidos. El 3 de junio la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emite un boletín de prensa donde declara que “de los 111 detenidos reportados a este organismo por personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social (SSPPRS), 59 quedaron en libertad sin haberles impuesto alguna sanción, lo que pone en duda la legalidad del actuar de esa dependencia. Constatamos que los detenidos en las instalaciones de esa secretaría estuvieron incomunicados; no se les permitió hablar con sus familiares, abogados ni con personal de este organismo. Desde las 00:50 horas del 29 de mayo y durante la mañana, personal de la Comisión Estatal pidió en forma verbal a diversos funcionarios de la SSPPRS y del gobierno del estado se le permitiera el acceso con los detenidos. A las 14:54 horas se dirigió el oficio 690/DGOQ/04 al titular de dicha secretaría para pedirle, con fundamento en el artículo 55 de la ley de la CEDHJ, que suspendiera la incomunicación de los detenidos y resolviera oportunamente su situación jurídica, así como que se nos permitiera entrevistarlos. No obtuvimos respuesta. Lamentamos que esa dependencia obstaculizara el trabajo de nuestros visitadores, quienes sólo pedían cumplir con su deber. Exhortamos a su titular para que colabore con este organismo en la protección y defensa de los derechos humanos y gire instrucciones precisas a sus subalternos con el mismo fin”.
El viernes, colectivos de ocho partes del mundo se movilizan frente a los consulados de México. En Guadalajara se realiza una marcha pacífica en la que los participantes se protegen de las infiltraciones con lazos alrededor de los contingentes. El sábado se dicta formal prisión a cuatro de los detenidos, el lunes a los 41 restantes.
El martes 8 de junio, diputados del Parlamento Europeo de la facción de Los Verdes, la European Free Alliance, envían un comunicado al presidente Vicente Fox donde expresan su “profunda indignación (...) por las brutales violaciones a los derechos humanos” a las que fueron sujetos los manifestantes. En ese mismo sentido se pronuncian el Congreso del Trabajo de Canadá, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) y la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA).
El 15 de julio, Human Rights Watch envía una carta al gobernador de Jalisco para expresarle su profunda preocupación por los informes sobre graves violaciones a los derechos humanos contra los civiles detenidos después de la marcha del 28 de mayo. “Instamos respetuosamente a vuestra excelencia a exigir investigaciones exhaustivas e imparciales de estos hechos y el enjuiciamiento y castigo de los responsables, pues además de violar la legislación mexicana, los abusos denunciados por los detenidos vulneran tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México”.
El 16 de agosto, el presidente de la CNDH presentó un informe a la nación denominado Informe especial relativo a los hechos de violencia suscitados en la ciudad de Guadalajara con motivo de la celebración de la III cumbre de jefes de Estado de América Latina, el Caribe y Unión Europea, que fue resultado de un amplio proceso de investigación plenamente sustentada atendiendo el marco legal vigente al realizar 592 diligencias y arrojó como resultado que se cometieron 235 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de ellas tipificadas a nivel internacional como actos de lesa humanidad.
Un día después, Ramírez Acuña rechaza investigar los presuntos casos de tortura: “no se acepta dar vista al procurador de Justicia del Estado ni iniciar procedimientos administrativos en contra de servidores o de los cuerpos policiacos”. El informe especial provoca que el cardenal Juan Sandoval Iñiguez declare que las cabezas que deben rodar son las de personal de Derechos Humanos y no de los policías: “mejor que rueden cabezas de los de Derechos Humanos, porque a esa organización la está manteniendo el pueblo, la paga el gobierno, ¿para qué?”.
El martes 24 de agosto, la Coordinadora 28 de Mayo instala un plantón permanente en la Plaza de Armas de Guadalajara. Y el 3 de septiembre, Anders Kompass, comisionado en México de la ONU para los Derechos Humanos, es recibido en sesión solemne en el Congreso del Estado de Jalisco. Ante la prensa, dijo que cualquier “gobierno democrático” debería atender un informe tan serio como el de la CNDH, que denuncia algo tan grave como torturas a detenidos.
Dos días después, escritores, académicos y artistas emiten un manifiesto titulado Ni un paso más a la tortura, el próximo torturado podrías ser tú, en donde repudian la actitud del gobernador de Jalisco de no reconocer la represión y violencia de los cuerpos policiacos contra los altermundistas, además de exigir se investiguen los hechos y la inmediata liberación de los aún presos y el castigo a los funcionarios responsables. Entre las 45 firmas figuran: Carlos Montemayor, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Vicente Leñero, José Emilio Pacheco, Víctor Castillo, Vicente Rojo y Luisa Gabayet.
El 30 de septiembre la Comisión Europea para América Latina estudia los casos de tortura a raíz de los hechos del 28 de mayo y de confirmarse, la instancia declara que buscará abrir un diálogo político con México, toda vez que aplicaría la cláusula de cumplimiento a los derechos humanos (cláusula democrática). Tomás Dupla, director de la comisión, externa la preocupación que en los parlamentarios europeos ha surgido con motivo de los informes recibidos, sobre todo el informe especial hecho por la CNDH.
En octubre, una gran sorpresa: durante el 17 Encuentro Nacional de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), celebrado en León Guanajuato, 350 delegados de 12 regiones pastorales se pronuncian contra la actitud intolerante del gobierno del estado de Jalisco y lo exhortan a que modifique su actitud y a que acate las recomendaciones hechas por la CNDH.
Llega la Feria del Libro y el tema subyace como el ingrediente político. En el marco de un homenaje a Manuel Vásquez Montealbán, el editor y ex diplomático Sealtiel Alatriste lee un comunidaco del subcomandante Marcos dedicado a Monte Albán pero omite leer dos párrafos, uno dedicado a ETA y otro a las detenciones del 28 de mayo. El Premio Nobel José Saramago solicita públicamente la liberación de los 11 presos que todavía se encuentran recluidos en Puente Grande. Cientos de firmas de intelectuales y escritores se estampan en un manifiesto para exigir justicia.
En diciembre de ese mismo 2004, Amnistía Internacional adopta el caso del 28 de mayo y emite un informe reprobatorio por la actuación de la oficialidad jalisciense. El manifiesto que comenzó a circular en la FIL reúne más de mil firmantes, entre ellos María Mar Bonet, Xerramequ Tiquis Miquis, Luis Llach, Miguel Gil, Eduard Subirats, Porfirio Muñoz Ledo, Fernando Rodrigo Rodríguez, Jordi Punti, Adolfo Aguilar Zinser, Nelson Caucoto, Carmen Hertz, Elena Poniatowska, Antonio Sabonit, Carlos Monsiváis, Oriol Romanit, David Brunet, Enrique Casusses, Juan Goytisolo, Gustavo Sainz, Rius.
Comienza 2005 y apenas a 12 días de iniciado, en Washington, Keneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, presenta el Informe 2005 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Respecto a México, la organización internacional indica que la tortura y otras formas de maltrato por parte de los agentes policiales, así como la falta de investigación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones de los derechos humanos, son problemas persistentes como se demostró el 28 de mayo.
El 20 de enero, regidores del Ayuntamiento de Guadalajara dictaminan que en la detención de altermundistas el 28 de mayo, policías estatales alteraron algunas pruebas contra los detenidos, también que se encontraron diversas inconsistencias. De inmediato el secretario general de Gobierno, Héctor Pérez Plazola, niega que se hayan alterado pruebas.
El primero de febrero, durante su IV Informe de Gobierno, Francisco Ramírez asegura que volvería a actuar de la misma manera que lo hizo el 28 de mayo pasado.
Durante el primer aniversario se realiza una marcha durante la cual el doctor Raúl Rojas Soriano, cuyas hijas Sofía y Minerva Rojas Ruiz estuvieron detenidas el año pasado, acompañó al contingente y recordó los casos de tortura física y psicológica cometidos contra los detenidos por el “gobernador fascista Francisco Ramírez Acuña”.
A partir de ahí, el tiempo ha cobrado su erosión. Tema de poco interés para la gran mayoría de los medios de comunicación, lo ocurrido el 28 de mayo del 2004 sin embargo renueva su interés por los saldos todavía pendientes y da un aliento de esperanza a los pocos que aún siguen clamando por justicia.
González dice estar dispuesto a iniciar la investigación sobre el caso si la CEDHJ se lo pide
Aspecto del festival cultural que diversos grupos realizaron en la plaza Juárez para recordar el 28 de mayo de 2004 Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO
JUAN CARLOS G. PARTIDA
Nadie recuerda en Jalisco una represión tan cruenta como la que ocurrió hace hoy exactamente tres años. El 28 de mayo de 2004, en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE), 111 manifestantes fueron detenidos y 49 de ellos encarcelados vejando toda norma judicial; casi todos padecieron maltratos y torturas que ameritaron el repudio nacional e internacional, según informes de los más influyentes organismos defensores de los derechos humanos y la solidaridad de grupos altermundistas en varias partes del mundo.
Sin embargo, la historia sigue siendo de injusticia. Los dos principales orquestadores de la represión, el entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña, es hoy secretario de Gobernación en la administración federal; y el que fue alcalde de Guadalajara ese año, hoy es gobernador de Jalisco. Y del otro lado, los 49 encarcelados –hoy todos libres, la mayoría bajo fianza– perdieron meses y hasta años de su vida en un encierro sin pruebas y al menos 20 de ellos aún ahora deben acudir periódicamente a los juzgados para firmar la libertad condicional en procesos que se mantienen abiertos.
Una ligera luz para esclarecer desde la oficialidad lo ocurrido se dio apenas hace unos días, cuando el 24 de mayo el gobernador González Márquez dijo que estaba dispuesto a abrir las investigaciones sobre este caso siempre y cuando hubiera una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al día siguiente el ombudsman estatal declaró que haría del conocimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tal declaración, lo que hace prever una recomendación conjunta en poco tiempo y con ello la posibilidad de que por fin pueda irse al fondo de la actuación bestial de las policías jaliscienses, como lo consignan en todos los casos los organismos que de su lado –entre ellos la propia CNDH– indagaron los hechos.
Faltaría ver qué tanto respeta su propia palabra el gobernador González Márquez en el juego político que significa investigar el talón de Aquiles de Ramírez Acuña, el uso de la fuerza que a final de cuentas podría ser su debilidad.
Por lo pronto hoy, a las 17 horas, desde plaza Juárez, y a las 18 desde la glorieta de la Normal, saldrán sendas marchas para recordar el tercer aniversario de una fecha que parece no será olvidada hasta que se haga justicia. Ambas confluirán en el centro de la ciudad.
Cronología para no olvidar
Todos los informes y opiniones de más de 180 organismos locales, nacionales e internacionales de derechos humanos que se han dado desde hace tres años, coinciden que en Guadalajara, a raíz de la marcha, se devinieron 19 casos de tortura, 15 detenciones arbitrarias, 73 retenciones ilegales, 55 de tratos crueles, inhumanos y degradantes y 73 casos de incomunicación.
Durante el 28 de mayo la participación de alrededor de 4 mil manifestantes reunió a ONG, partidos políticos, medios independientes, colectivos libertarios, indígenas, sindicatos, redes de trabajadores, intelectuales, campesinos, ex braceros, ciudadanos a título personal venidos de varios lugares de América Latina y Europa.
Además de la represión de esa noche y del hostigamiento desde días antes que fueron bien documentados, una historia poco contada es la que ocurrió después. El sábado 29 por la madrugada empieza a correr el rumor entre los colectivos participantes de que los detenidos se encuentran en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Las autoridades se niegan a dar cualquier tipo de información oficial del paradero o de los nombres de los hasta entonces desaparecidos.
Durante el transcurso del día sueltan a varios, pero consignan a 49 que son enviados a las oficinas de la Procuraduría estatal, primero en la calzada Independencia y más tarde en la Calle 14, en la zona industrial. En el grupo va una joven en bata médica y con la cabeza vendada, cuya salud, informan los visitadores de las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, es “bastante delicada”. Ocho extranjeros –cuatro españoles, una australiana, una canadiense, un italiano y un estadunidense– son trasladados esa noche a la estación migratoria de Iztapalapa, en la capital del país; de ellos, la canadiense y el estadunidense fueron arrestados en hospitales públicos donde recibían atención médica.
El domingo 30 de mayo, a eso de las 2 de la tarde, los consignados son regresados de la sede de la PGJE, de Calle 14, a las oficinas en la calzada Independencia. Hasta entonces no se les ha permitido ver a los abogados de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), quienes ofrecieron de inmediato sus servicios como defensores de los detenidos. Las únicas personas que tienen acceso a los detenidos son los visitadores de las comisiones de Derechos Humanos. Hasta las 5 de la tarde los padres de familia que reclaman ver a sus hijos pueden hacerlo; después, muchos atestiguan que en el Ministerio Público a los muchachos se les torturó física o psicológicamente. Poco a poco se conoce lo ocurrido durante las horas que siguieron a las detenciones: fueron sometidas a insultos, golpes, vejaciones y tortura; se les ató las manos con cinta canela y se les obligó a permanecer de pie durante toda la noche; se les privó del sueño, de tomar agua y alimentos; a algunos les colocaron bolsas de plástico en la cabeza, les aplicaron “tehuacanazos”, se les acosó sexualmente y les dieron toques eléctricos en los testículos; la mayoría fue obligada a firmar declaraciones en las que se culpaban, base para que se les cite auto de formal prisión por los delitos de motín, robo calificado, lesiones, daños a las cosas, pandillerismo, resistencia a la autoridad y daño a las vías de comunicación.
Comienza la semana y el lunes los consignados son trasladados a Puente Grande, donde se establecen las fianzas para quienes puedan salir de esa manera: 25 mil para los detenidos de Guadalajara y 50 mil para los que venían de fuera. Sin embargo, la mayoría debe también pagar por los daños cometidos, lo que suma de 137 a 247 mil pesos por cada uno. Doce son acusados de robo calificado y no tienen derecho a fianza.
El martes primero de junio, el gobernador Ramírez Acuña otorga en un evento organizado en la Plaza de la Liberación un reconocimiento público y un estímulo económico a los policías que intervinieron en los hechos del 28 de mayo por su “heroico” desempeño, y declara que “debe quedar bien claro que Jalisco no es el Distrito Federal, Jalisco no es el Zócalo de la ciudad de México, donde pueden levantar sus carpas y sus casas de campaña”.
Al día siguiente, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por unanimidad, se pronuncia para que el gobierno de Jalisco deslinde responsabilidades por la represión y ordene la inmediata libertad de las y los detenidos. El 3 de junio la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emite un boletín de prensa donde declara que “de los 111 detenidos reportados a este organismo por personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social (SSPPRS), 59 quedaron en libertad sin haberles impuesto alguna sanción, lo que pone en duda la legalidad del actuar de esa dependencia. Constatamos que los detenidos en las instalaciones de esa secretaría estuvieron incomunicados; no se les permitió hablar con sus familiares, abogados ni con personal de este organismo. Desde las 00:50 horas del 29 de mayo y durante la mañana, personal de la Comisión Estatal pidió en forma verbal a diversos funcionarios de la SSPPRS y del gobierno del estado se le permitiera el acceso con los detenidos. A las 14:54 horas se dirigió el oficio 690/DGOQ/04 al titular de dicha secretaría para pedirle, con fundamento en el artículo 55 de la ley de la CEDHJ, que suspendiera la incomunicación de los detenidos y resolviera oportunamente su situación jurídica, así como que se nos permitiera entrevistarlos. No obtuvimos respuesta. Lamentamos que esa dependencia obstaculizara el trabajo de nuestros visitadores, quienes sólo pedían cumplir con su deber. Exhortamos a su titular para que colabore con este organismo en la protección y defensa de los derechos humanos y gire instrucciones precisas a sus subalternos con el mismo fin”.
El viernes, colectivos de ocho partes del mundo se movilizan frente a los consulados de México. En Guadalajara se realiza una marcha pacífica en la que los participantes se protegen de las infiltraciones con lazos alrededor de los contingentes. El sábado se dicta formal prisión a cuatro de los detenidos, el lunes a los 41 restantes.
El martes 8 de junio, diputados del Parlamento Europeo de la facción de Los Verdes, la European Free Alliance, envían un comunicado al presidente Vicente Fox donde expresan su “profunda indignación (...) por las brutales violaciones a los derechos humanos” a las que fueron sujetos los manifestantes. En ese mismo sentido se pronuncian el Congreso del Trabajo de Canadá, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) y la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA).
El 15 de julio, Human Rights Watch envía una carta al gobernador de Jalisco para expresarle su profunda preocupación por los informes sobre graves violaciones a los derechos humanos contra los civiles detenidos después de la marcha del 28 de mayo. “Instamos respetuosamente a vuestra excelencia a exigir investigaciones exhaustivas e imparciales de estos hechos y el enjuiciamiento y castigo de los responsables, pues además de violar la legislación mexicana, los abusos denunciados por los detenidos vulneran tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México”.
El 16 de agosto, el presidente de la CNDH presentó un informe a la nación denominado Informe especial relativo a los hechos de violencia suscitados en la ciudad de Guadalajara con motivo de la celebración de la III cumbre de jefes de Estado de América Latina, el Caribe y Unión Europea, que fue resultado de un amplio proceso de investigación plenamente sustentada atendiendo el marco legal vigente al realizar 592 diligencias y arrojó como resultado que se cometieron 235 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de ellas tipificadas a nivel internacional como actos de lesa humanidad.
Un día después, Ramírez Acuña rechaza investigar los presuntos casos de tortura: “no se acepta dar vista al procurador de Justicia del Estado ni iniciar procedimientos administrativos en contra de servidores o de los cuerpos policiacos”. El informe especial provoca que el cardenal Juan Sandoval Iñiguez declare que las cabezas que deben rodar son las de personal de Derechos Humanos y no de los policías: “mejor que rueden cabezas de los de Derechos Humanos, porque a esa organización la está manteniendo el pueblo, la paga el gobierno, ¿para qué?”.
El martes 24 de agosto, la Coordinadora 28 de Mayo instala un plantón permanente en la Plaza de Armas de Guadalajara. Y el 3 de septiembre, Anders Kompass, comisionado en México de la ONU para los Derechos Humanos, es recibido en sesión solemne en el Congreso del Estado de Jalisco. Ante la prensa, dijo que cualquier “gobierno democrático” debería atender un informe tan serio como el de la CNDH, que denuncia algo tan grave como torturas a detenidos.
Dos días después, escritores, académicos y artistas emiten un manifiesto titulado Ni un paso más a la tortura, el próximo torturado podrías ser tú, en donde repudian la actitud del gobernador de Jalisco de no reconocer la represión y violencia de los cuerpos policiacos contra los altermundistas, además de exigir se investiguen los hechos y la inmediata liberación de los aún presos y el castigo a los funcionarios responsables. Entre las 45 firmas figuran: Carlos Montemayor, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Vicente Leñero, José Emilio Pacheco, Víctor Castillo, Vicente Rojo y Luisa Gabayet.
El 30 de septiembre la Comisión Europea para América Latina estudia los casos de tortura a raíz de los hechos del 28 de mayo y de confirmarse, la instancia declara que buscará abrir un diálogo político con México, toda vez que aplicaría la cláusula de cumplimiento a los derechos humanos (cláusula democrática). Tomás Dupla, director de la comisión, externa la preocupación que en los parlamentarios europeos ha surgido con motivo de los informes recibidos, sobre todo el informe especial hecho por la CNDH.
En octubre, una gran sorpresa: durante el 17 Encuentro Nacional de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), celebrado en León Guanajuato, 350 delegados de 12 regiones pastorales se pronuncian contra la actitud intolerante del gobierno del estado de Jalisco y lo exhortan a que modifique su actitud y a que acate las recomendaciones hechas por la CNDH.
Llega la Feria del Libro y el tema subyace como el ingrediente político. En el marco de un homenaje a Manuel Vásquez Montealbán, el editor y ex diplomático Sealtiel Alatriste lee un comunidaco del subcomandante Marcos dedicado a Monte Albán pero omite leer dos párrafos, uno dedicado a ETA y otro a las detenciones del 28 de mayo. El Premio Nobel José Saramago solicita públicamente la liberación de los 11 presos que todavía se encuentran recluidos en Puente Grande. Cientos de firmas de intelectuales y escritores se estampan en un manifiesto para exigir justicia.
En diciembre de ese mismo 2004, Amnistía Internacional adopta el caso del 28 de mayo y emite un informe reprobatorio por la actuación de la oficialidad jalisciense. El manifiesto que comenzó a circular en la FIL reúne más de mil firmantes, entre ellos María Mar Bonet, Xerramequ Tiquis Miquis, Luis Llach, Miguel Gil, Eduard Subirats, Porfirio Muñoz Ledo, Fernando Rodrigo Rodríguez, Jordi Punti, Adolfo Aguilar Zinser, Nelson Caucoto, Carmen Hertz, Elena Poniatowska, Antonio Sabonit, Carlos Monsiváis, Oriol Romanit, David Brunet, Enrique Casusses, Juan Goytisolo, Gustavo Sainz, Rius.
Comienza 2005 y apenas a 12 días de iniciado, en Washington, Keneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, presenta el Informe 2005 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Respecto a México, la organización internacional indica que la tortura y otras formas de maltrato por parte de los agentes policiales, así como la falta de investigación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones de los derechos humanos, son problemas persistentes como se demostró el 28 de mayo.
El 20 de enero, regidores del Ayuntamiento de Guadalajara dictaminan que en la detención de altermundistas el 28 de mayo, policías estatales alteraron algunas pruebas contra los detenidos, también que se encontraron diversas inconsistencias. De inmediato el secretario general de Gobierno, Héctor Pérez Plazola, niega que se hayan alterado pruebas.
El primero de febrero, durante su IV Informe de Gobierno, Francisco Ramírez asegura que volvería a actuar de la misma manera que lo hizo el 28 de mayo pasado.
Durante el primer aniversario se realiza una marcha durante la cual el doctor Raúl Rojas Soriano, cuyas hijas Sofía y Minerva Rojas Ruiz estuvieron detenidas el año pasado, acompañó al contingente y recordó los casos de tortura física y psicológica cometidos contra los detenidos por el “gobernador fascista Francisco Ramírez Acuña”.
A partir de ahí, el tiempo ha cobrado su erosión. Tema de poco interés para la gran mayoría de los medios de comunicación, lo ocurrido el 28 de mayo del 2004 sin embargo renueva su interés por los saldos todavía pendientes y da un aliento de esperanza a los pocos que aún siguen clamando por justicia.
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