El presente ha sido un año muy desgastante, expresaron los trabajadores
El caso del menor Miguel Angel López Rocha desencadenó la crisis en la dependencia
VIRIDIANA SAAVEDRA PONCE
La Jornada Jalisco
Integrantes de ONG montaron en noviembre un altar de muertos en memoria de las víctimas de la contaminación en el río Santiago Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ
El 2008 fue un año polémico en la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), que a decir incluso de quienes ahí laboran “ya debe terminar porque ha sido muy desgastante”, pues ha pasado desde los señalamientos por parte de grupos ambientalistas involucrados en el cuidado a la salud, hasta manifestaciones encabezadas por los propios trabajadores. Ambas coinciden en que las autoridades de la dependencia no cumplen con la capacidad para estar al frente de una institución tan importante.
Luego de haber sido objeto de calificativos de conservadurismo al interior de la SSJ por la remoción a mediados del 2007 del titular del Consejo Estatal para la Prevención del Sida (Coesida), Sergio Zúñiga Quiñones, por haber organizado la Feria del Condón, el 26 de enero, en el fraccionamiento La Azucena, en El Salto, un menor de nombre Miguel Angel López Rocha, cayó al río Santiago, uno de los más contaminados del mundo, que pasa a pocos metros de donde vivía, y perdió la vida luego de haber permanecido inconciente.
El niño, de apenas ocho años, que jugaba a la orilla del río, estuvo hospitalizado y en estado de coma en una de las tantas camas del Hospital General de Occidente (HGO) a causa de intoxicación por metales pesados, aunque las autoridades no quisieron confirmar que su muerte –17 de febrero– fue originada por la contaminación del río, a donde llegan los desechos de cientos de fábricas ubicadas en El Salto que de manera impune diariamente descargan químicos.
Fue ahí donde comenzó el “pesado año” para las autoridades de la SSJ, quienes de nuevo volvieron a estar en la mira de activistas, que en todo momento descalificaron el proceder de la dependencia a cargo de Alfonso Gutiérrez Carranza, a quien calificaron como mentiroso, por considerar que “maquillaba” la información para no ser señalado como irresponsable y falto de capacidad.
El arsénico, uno de los tantos metales que hay en las aguas y el aire en El Salto fue una de las palabras más utilizadas. Miguel Angel tenía entre cuatro y 10 veces más de lo que el cuerpo humano podía permitir, de acuerdo con un estudio realizado por el HGO que fue presentado el 12 de febrero, días antes de que el menor falleciera.
En febrero el tema siguió siendo la muerte del niño y comenzaron a surgir de manera más constante los casos de afectaciones por contaminantes en El Salto, sin que las autoridades hicieran algo al respecto.
Las voces eran no sólo de los afectados, sino de organizaciones no gubernamentales que ya se involucraban en el asunto y que buscaban respuesta de los tres niveles de gobierno, misma que tampoco era satisfactoria, pues seguían negando que las industrias de El Salto fueran las responsables de los daños, entre los que ya se contaban tumores cerebrales, cánceres y enfermedades en la piel, además de constantes dolores de cabeza y enfermedades gastrointestinales en personas de todas las edades.
Para finales de febrero, justo el día 27, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) descartó que la muerte del menor fuera generada por la intoxicación por arsénico, pues de acuerdo con la necropsia, causa del deceso fue anemia e infección bacteriológica, lo que inmediatamente fue criticado por el director del Servicio Médico Forense (Semefo), Mario Rivas Souza, quien cuestionó la veracidad de los resultados.
En marzo, el tema era el mismo, el del menor que falleció, y entre declaraciones por parte de grupos ambientalistas que eran negadas por las autoridades de salud, y viceversa, marzo transcurrió, pero ya estaban involucrados organismos con más peso ante el gobierno, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).
A principios de abril, el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Alvarez Cibrián anunció que la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) había traído el caso de Miguel Angel –aunque el mes pasado dijo que no era de su competencia– lo que agradó a la sociedad jalisciense, que pensó que la insistencia en torno a la impunidad con que se trabajaba en Jalisco había sido tomada en cuenta.
En el mismo mes, el 14 de abril, un contingente superior a 2 mil personas provenientes de El Salto y Juanacatlán se presentó en Guadalajara, donde hicieron una manifestación por el centro de la ciudad, que culminó en un plantón frente al Palacio de Gobierno, en espera de que el gobernador, Emilio González Márquez los atendiera, pero éste había viajado a Cancún. Para esos momentos, la inconformidad de los habitantes de El Salto ya se había esparcido a todo el estado, pues diversos grupos ambientalistas y en pro de la salud que antes no se habían involucrado en asuntos en contra de las instituciones de gobierno comenzaban a hacerlo.
El repudio hacia las autoridades era cada vez mayor. Los jaliscienses conocían que en el río Santiago había metales pesados y que las autoridades lo negaban. Sabían que era riesgoso vivir por ahí, por las enfermedades cada día eran más comunes, pero que los saltenses no tenían otra opción.
Las manifestaciones ya no eran sólo en el centro de la ciudad, como acostumbran todos los rijosos, sino también en Casa Jalisco, donde vive el gobernador. Pero éstas tampoco eran escuchadas.
Mientras las movilizaciones transcurrían, el tiempo también, y las autoridades de la SSJ no emitían una opinión convincente. La muerte de Miguel Angel seguía presente y la molestia por la falta de sensibilidad, igual.
Al mismo tiempo, pero en Puerto Vallarta, comenzaban a hacerse presentes los casos de dengue, y por ende las críticas hacia la SSJ por no controlar el brote en la costa.
Llegó así el mes de mayo, cuando integrantes de la CNDH visitaron El Salto y Juanacatlán, y se percataron de que era necesario comenzar con una investigación –aunque lo resultados que emitieron en noviembre pasado indican que no fue suficiente la información, y se deslindan del caso– lo que de nuevo volteó las miradas al asunto de la contaminación.
El clembuterol en la carne fue otro de los temas que movió a la dependencia durante ese periodo. Ya habían sido cuatro los rastros municipales clausurados y el llamado a mantener higiene al interior de los establecimientos era a nivel estatal.
Así desenlazaban los primeros meses del 2008 en cuestiones de salud.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2008::
