Opinión - Mario Ramos

IFE: nuevas reglas, ¿mismo árbitro?

Jornada Jalisco

La urgente reforma electoral en México pasa necesariamente por la destitución de los actuales consejeros generales del IFE. La falta de credibilidad e imparcialidad en su desempeño, sin mencionar el bajo perfil, su poca experiencia y su gris trayectoria en materia electoral, son algunas de las razones por las cuales se debe convocar a la renovación del máximo órgano de dirección de uno de los principales pilares de la incipiente democracia mexicana. El IFE.

Los actuales consejeros electorales, quienes tomaron posesión el 3 de noviembre de 2003, lograron en la primera elección que organizan, la de 2006, acumular un gran número de sospechas, señalamientos y conductas probadas, de que su desempeño estuvo lejos de encontrarse a la altura de lo que reclama esta institución del Estado mexicano, institución que tiene como tarea fundamental garantizar, en un ambiente de certeza, la libre e imparcial elección de los ciudadanos que encabezarán por mandato popular el gobierno.

Hace algunos días, el PRI y el PRD coincidieron en que los actuales consejeros del IFE deben abandonar sus cargos. Hay que recordar que dichos consejeros fueron electos por el PRI y el PAN, haciendo a un lado las observaciones y propuestas del PRD. Desde ahí, el nuevo consejo marcó una clara diferencia con sus antecesores, los cuales surgieron del consenso de las tres principales fuerzas políticas del país.

En la elección de los consejeros en 2003, Elba Esther Gordillo, en ese momento, secretaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y coordinadora de la fracción en la Cámara de Diputados, encabezó las negociaciones por parte de su partido logrando colocar algunos de sus alfiles en posiciones estratégicas del instituto. Es por ello que ahora, y después de que fue expulsada del PRI y que sus intereses en la pasada elección presidencial estuvieron con Acción Nacional y con su reciente partido Nueva Alianza, el PRI tiene el interés de cambiar a los consejeros que en apariencia fueron propuestos por ellos, pero que actualmente responden a otros intereses.

El actual mecanismo para elegir a los consejeros, que en la práctica recae en los partidos políticos y se convierte en un reparto de botín, genera que los consejeros actúen como delegados y representantes de partido, cuando en teoría deberían ser representantes de los ciudadanos, alejados de las nóminas de los partidos y de los gobiernos, con un reconocido prestigio y una solvente trayectoria, principalmente en las universidades y en organizaciones no gubernamentales.

Aunque resulta casi imposible que los competidores puedan sacar las manos de la elección del árbitro, al menos deben garantizar que todos los competidores participen en su elección, con ello, se le otorgaría la legitimidad para que sus actos no sean cuestionados por alguna de las partes.

El gran logro de la reforma electoral de 1996 fue que los partidos políticos se pusieron de acuerdo en las reglas del juego y en quién sería su árbitro, y así, con certeza y calma transcurrieron las elecciones de 1997, 2000 y 2003. Desafortunadamente, y cuando gozaba de mayor credibilidad el IFE, los partidos políticos dieron un paso atrás bajando el control de calidad e hicieron en pocos años, una institución porosa que se tambaleó con una elección reñida. Hay que destacar que afortunadamente el IFE no es solamente los cuestionados consejeros, en la institución participan cientos de personas que pertenecen al servicio profesional de carrera comprometidos con los principios rectores que dan vida y sentido a la organización.

No obstante la inminente destitución de los consejeros, los partidos políticos deben revisar el excesivo subsidio que reciben, el cual en su gran mayoría tiene como destino final las empresas televisivas que fomentan la trivialización de la política, también deben revisar la duración de las extensas y negativas campañas, la falta de reglas claras para las precampañas y para la participación de los gobernantes, empresarios y otros actores sociales en las mismas; asimismo, estipular más claramente las faltas y los castigos y crear todas las reglas que den certeza a los resultados, y que por más mínima que sea la diferencia, no pongan en riesgo el andamiaje institucional.

Gran reto tienen los partidos políticos en esta materia, falta poco tiempo, pero suficiente para realizar la reforma electoral antes de que arranque el proceso electoral en 2008, el PRI y el PRD no deben caer en la tentación de excluir al PAN de las negociaciones, deben consensuar hasta el último punto de la agenda. La principal tarea es elegir responsables de la organización de la elección a personas que trabajen con independencia de los partidos que los nombraron. Eso les conviene a los tres. Nadie tiene el triunfo asegurado en las próximas elecciones, lo que tienen que asegurar es que si gana alguno de ellos, existan las reglas claras para que no se cuestione su triunfo y si por alguna razón se impugna sea dentro del marco institucional. Urgen nuevas reglas, pero urge también un nuevo árbitro.