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martes, noviembre 24, 2009

La derecha prianista.

Por: ÁLVARO DELGADO
MÉXICO, D.F., 23 de noviembre (apro).- Después de rebelarse como tenaz promotor de cárcel para las mujeres que por cualquier desgracia sufren un aborto, inclusive si son violadas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) afianza su perfil de derecha con el aval al gobierno de Acción Nacional (PAN) para someter a los mexicanos al control policíaco-militar que implica la Cédula de Identidad Ciudadana (CIC).

No extraña una cosa ni otra: El PRI se comenzó a instalar en la derecha política y económica desde hace un cuarto de siglo, cuando se hizo compañero de ruta del PAN hasta en la destrucción del Estado laico. Ahora consolida sus alianzas con los sectores reaccionarios y afina los mecanismos de compra del voto para encaminarse a su victoria en 2012, como si fuera una fatalidad el efecto pendular entre esos dos partidos.

En realidad, visto cómo han ejercido el poder en los cuatro sexenios recientes, PRI y PAN actúan como un solo cuerpo. Inclusive hay, al menos, dos gobernadores priistas que forman parte de la organización ultraderechista El Yunque: El de Tamaulipas, Eugenio Hernández, según una infidencia del diputado Francisco Ramírez Acuña, e Ismael Hernández Deras, de Durango.

En este acompasamiento se entiende el arreglijo que, de madrugada, estableció Beatriz Paredes con Felipe Calderón para que los diputados priistas y panistas aprobasen, como parte del Presupuesto de Egresos 2010 un total de mil 2 millones de pesos para un proyecto que busca someter a control a todos los mexicanos mediante el uso de sus datos personales, incluido el iris de sus ojos.

Se trata de la implementación del Registro Nacional de Ciudadanos (RNC) y, para los mayores de edad, la Cédula de Identidad Ciudadana, la CIC, que tiene metas ocultas: Arrebatarle al Instituto Federal Electoral (IFE) el control del padrón de electores, "extinguir" la credencial para votar con fotografía y, además, traficar con la información de cada persona.

No se entiende tal componenda de Paredes, descrita en el semanario Proceso que ayer domingo comenzó a circular, sin el tesoro que implica el manejo de casi 80 millones de electores que ahora está bajo el control del IFE y que, conforme al proyecto de Calderón-Paredes, regresará a las manos del gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación.

No se trata de un invento, porque estos objetivos están literalmente descritos en un documento "clasificado" de esa dependencia, y que implica que el gobierno federal retomará el dominio de la lista de electores que, por décadas, generó desconfianza en los mexicanos por ser un instrumento para el fraude electoral.

Pese a que el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, pactó con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, la "coexistencia" de la CIC y la credencial de elector, el documento de la Secretaría de Gobernación es inequívoco en los verdaderos propósitos del proyecto de Calderón:

"El RNC proporcionará al IFE la información nominal para que éste último integre padrones y listas nominales de electores. Por lo tanto, se extingue la credencial para votar por ser la CIC el documento de identificación personal necesario para el derecho al voto y otros correlacionados (derechos políticos)."

A ese propósito está enfocada una inversión de recursos públicos por más de 3 mil 500 millones de pesos, mil 173 de los cuales solicitó Calderón a la Cámara de Diputados para 2010, la mayor parte de los cuales le fueron aprobados gracias al PRI, que, de ganar el gobierno federal en 2012, retomaría también el control de las listas de electores. Ya se sabe para qué.

En efecto, pese a que a la CIC no se le autorizó ni un solo peso, se asignaron 850 millones de pesos al Registro Nacional de Población (Renapo) y otros 147 millones de pesos al "mantenimiento" de registros civiles, lo que, abre la puerta a que esos recursos –mil 2 millones de pesos-- se transfieran realmente al proyecto de Calderón.

Entre las 3 y 4 de la madrugada del martes 17, Zambrano y el también perredista Ilich Lozano pactaron con el petista Enrique Ibarra, experto en asuntos electorales, y el priista Felipe Solís Acero, exsecretario ejecutivo del IFE, introducir el artículo transitorio en el documento de presupuesto para evitar las transferencias a la Cédula de Identidad.

Sin embargo, al cabo de unos minutos, después de una reunión privada de la diputada Paredes con la coordinadora de los diputados panistas, Josefina Vázquez Mota, la voluntad de Solís se modificó. "No va". Y no fue.

El gobierno de Calderón podrá echar a andar el proyecto que ni siquiera George Bush pudo implementar en Estados Unidos y que, en México, anticipa peligros que no sólo tienen que ver con el retorno de los fraudes electorales --que de por sí están vigentes--, sino como mecanismo de represión policíaco-militar desde el Estado.

Sobre las dudas, como es su costumbre, el gobierno de Calderón calla…

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