EL NUEVO FASCISMO MEXICANO

Jorge Alonso
Investigador del CIESAS Occidente

Los últimos acontecimientos políticos en México hacen recordar el texto clásico de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo. Si bien el ideólogo del panismo, Efraín González Luna, fue un duro crítico del fascismo en sus vertientes nazi y franquista, en el nacimiento del Partido Acción Nacional hubo muchos admiradores de esas formas política, y en no pocos panistas ha prevalecido esa tendencia hasta nuestros días. Arendt advirtió que las soluciones totalitarias surgían donde parecía imposible aliviar la miseria económica, política y social de un modo digno del ser humano. A las reflexiones de Arendt habría que añadir las de Boaventura de Sousa Santos quien advierte la existencia de un fascismo societal. De Sousa puntualiza que en el nuevo fascismo no hay necesidad, como en el original, de eliminar expresiones de otros partidos. Hay una segregación de los excluidos y un fascismo de estado paralelo (con aplicación selectiva de las leyes) y un fascismo paraestatal, que implica la usurpación por parte de poderosos actores sociales de las perspectivas estatales con connivencia del Estado. Finalmente no habría que olvidar el fascismo de la inseguridad, que es una manipulación discrecional de la inseguridad. Todo esto se concretiza de manera extrema en el caso de Oaxaca. Los poderes fácticos y la espuria presidencia panista tratan de apoyarse en sentimientos que son promovidos en amplias capas de la población por medio de los poderosos medios electrónicos de comunicación en contra de la resistencia popular oxaqueña, la cual lucha contra el abuso del poder.

Oaxaca es una de las entidades más pobres de México. Sus 16 etnias distribuidas en sus siete regiones conforman la población indígena más numerosa del país. Sufre una aguda desigualdad social, política y económica. Ha sido tierra de caciques y de abusos. En 2004 por medio de fraude electoral fue impuesto Ulises Ruiz, un allegado al gobernador saliente y al entonces jefe del PRI, Roberto Madrazo. Su ejercicio despótico del poder lo fue enemistando con una gran parte de la población. Con el gobierno de Ulises Ruiz la situación de los derechos humanos en la entidad se deterioró aún más. El gobernador recibió muchas observaciones y recomendaciones por parte de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, pues era acusado de propiciar el encarcelamiento y el asesinato de opositores ( ).

En mayo de 2006 los maestros demandaron mejoras salariales, y ante la falta de soluciones a sus peticiones hicieron un plantón en el centro de la capital del estado. A mediados de junio el gobierno local intentó aplastarlos con un violento desalojo y lo que consiguió fue que naciera un amplio movimiento regional al que unificó la exigencia de la renuncia del gobernador. Los pueblos de Oaxaca tienen una intensa vida comunitaria. Muchas poblaciones y organizaciones estudiantiles, campesinas y de colonos conformaron una convergencia que denominaron Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. La APPO vio la oportunidad de oponerse a todos los cacicazgos y en especial al del gobernador, que fue calificado de delincuencial.

La APPO organizó su propia comunicación con la población. Una radio que estuvo desde junio a noviembre al servicio del movimiento fue la radio de la universidad que el sector estudiantil controló durante esos meses.
El primero de agosto de 2006 cientos de mujeres hicieron una marcha con cacerolas. Acudieron a demandar un espacio en la televisora del gobierno del estado. Como no fueron recibidas, decidieron instalarse ahí. El movimiento tomó tanto la radio como la televisión estatales. Transformaron en una gran cocina el estacionamiento de las instalaciones del canal del pueblo. No se quedaron en las oficinas para que no fueran a decir que se habían robado cosas. Luego formaron la Coordinadora de Mujeres de Oaxaca. Sumaron su fuerza y su miedo y volvieron a marchar juntas rumbo a la ciudad de México. También impulsaron la toma de una radio que llevaba el nombre de La Ley, a la cual rebautizaron como La Ley del Pueblo.

La solución al repudio popular al gobernador hubiera sido que el poder legislativo declarara la desaparición de poderes. Pero eso hubiera implicado el que se hicieran de nuevo elecciones en esa entidad. Como el movimiento contra el gobernador priista había tenido como un efecto inmediato el que en Oaxaca la Coalición por el Bien de Todos encabezada por López Obrador hubiera tenido una copiosa cosecha de votos en julio, entonces el PRI buscó la alianza del PAN para impedir la salida de Ulises Ruiz. No hay que olvidar que lo que ha ido quedando de amalgama en el priismo es la impunidad. Se arropan entre ellos, y se defienden como mafia. El PAN, para tener en el poder legislativo el apoyo del PRI, olvidándose de sus principios también defiende a los priistas más desprestigiados. En esa forma en el Senado no prosperó la solicitud de desaparición de poderes que había promovido la APPO. Posteriormente un juez consideró que el Senado había incurrido en conducta omisa al no contestar los escritos de desaparición de poderes en Oaxaca que la APPO había presentado a finales de julio. Con eso el Senado había violado la garantía del derecho de petición. La APPO buscó entonces otra vía legal: que la Cámara de Diputados le hiciera juicio político al gobernador, pero éste se ha mantenido bajo el manto protector del PRI y del PAN.

En agosto y en septiembre la APPO organizó muchas marchas, huelgas de hambre, y se intensificaron las barricadas en gran parte de la ciudad de Oaxaca. El gobierno federal creyó que dejando el conflicto a su suerte se agotaría; pero el problema se fue complejizando. También fue en aumento la respuesta violenta por parte del gobierno local. A mediados de octubre un manifestante fue asesinado por esbirros del estado. Este acontecimiento fue reportado por el reportero estadounidense Brad Will que desde un medio independiente daba seguimiento al conflicto. El 27 de octubre policías y priistas atacaron barricadas y dieron muerte al reportero Brad Will. La APPO responsabilizó al gobernador, y al gobierno federal por su omisión y su cerrazón para reconocer que en Oaxaca había un conflicto social que iba más allá de una demanda local y laboral. También el Senado era responsable porque debido a intereses partidistas había ratificado los poderes en Oaxaca. La APPO exigió una vez más la salida del gobernador, y rechazó el uso de la fuerza pública como solución. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron que crecía una ola de represión.

El gobierno federal aprovechó el asesinato del ciudadano estadounidense para precisar que sólo aceptaría las demandas salariales de los maestros, pero de ninguna manera la salida de Ulises Ruiz. Para apuntalarlo mandó a Oaxaca a la policía federal. Hubo cateo de casas y detenciones. El movimiento popular anunció que resistiría la ocupación militar con resistencia pacífica. Los pueblos mixtecos clamaron que no tenían armas, sino la necesidad de que el gobierno federal escuchara sus demandas y no que reprimiera. La liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y más de cien organizaciones civiles y sociales emitieron a finales de octubre un comunicado urgente ante el estado de sitio de facto que perseguía al movimiento pacífico de resistencia. La policía federal recuperó el centro de la ciudad. En el desalojo falleció un enfermero que recibió en el estómago una bomba de gas. Pese a que el gobierno federal publicitaba un “operativo limpio”, se trató de una violenta represión apoyada con sobrevuelos de aviones y helicópteros militares. El primer saldo del ingreso de las fuerzas federales fue de dos muertos y decenas de heridos y detenidos. Grupos ciudadanos por todo el mundo protestaron contra la represión. Amnistía Internacional exigió el respeto de los derechos humanos de los manifestantes. Grupos de derechos humanos denunciaron que hubo detenciones arbitrarias y que se tenían datos de desapariciones forzadas.

Quienes habían instigado el fraude electoral federal (los grandes empresarios, los poderosos medios electrónicos de comunicación, la alta jerarquía eclesiástica) y su beneficiario Felipe Calderón fueron los que estuvieron presionando a Fox para que la insurrección popular fuera aplastada.

El gobierno federal había calculado que con la entrada de la policía federal el movimiento terminaría; pero éste remontó el miedo y prosiguió. Se replegó a la plaza de Santo Domingo y se atrincheró en la universidad. A la demanda de la salida del gobernador, la APPO sumó ahora la del retiro del ejército de ocupación y la libertad de los presos políticos. Sacerdotes de la Arquidiócesis de Oaxaca, en sentido contrario a lo dicho por la Conferencia del Episcopado Mexicano, solicitaron el cese de la represión. La toma de Oaxaca por las fuerzas federales profundizó la crisis y la ingobernabilidad.

Jóvenes, mujeres, ancianos y niños se enfrentaban en las calles a la policía federal. Mientras la policía arrojaba gases y disparaba armas de fuego, del lado popular se tiraban piedras y se lanzaban cohetes de los que se usan en las fiestas. Desde la llegada de la policía federal se incrementó el número de heridos, detenidos, torturados y desaparecidos. El movimiento popular, que se había compuesto de los maestros de la sección 22 y de la APPO sufrió una merma, pues la dirigencia magisterial se plegó al gobierno, aunque muchas de sus bases no se disciplinaron. Pese a la represión y la división, el 31 de octubre la APPO organizó una gran marcha con diez mil personas en contra del ejército de ocupación.

En noviembre la policía federal fue destruyendo barricadas y recuperó la televisora estatal. Cuando la policía llegó a la última barricada, la de la universidad, el movimiento logró reunir unas 20 mil personas que se enfrentaron a cuatro mil policías. Con palos, piedras, bombas molotov y cohetes mantuvieron este bastión. Mientras la policía decía que tenía 10 policías golpeados, la APPO reportaba 200 personas heridas.

El Obispo de Saltillo, quien siempre ha estado del lado de los oprimidos, condenó el uso de la fuerza y señaló que lo que pasaba en Oaxaca era una señal de cómo se comportaría el gobierno de Calderón que iniciaría en diciembre. El Congreso Nacional indígena repudió la violencia y la represión contra la APPO. Comunicadores independientes y artistas difundieron un comunicado en el que se manifestaban extremadamente alarmados al ver que, en lugar de que el gobierno tomara medidas contra los violentos paramilitares ligados al gobierno local, había lanzado ataques contra el pueblo de Oaxaca. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro denunció la existencia de al menos 84 detenciones arbitrarias y de 59 desaparecidos. Por su parte el movimiento popular reforzó barricadas, y el 5 de noviembre realizó otra gran marcha para mostrar que no estaba vencido. Por esas fechas se supo que el gobierno local no había rendido cuentas claras de noventa mil millones de pesos recibidos de la federación. Pablo González Casanova dijo que el movimiento popular era una respuesta al neoliberalismo, y le recomendó que se cuidara de infiltrados. El 9 de noviembre salió de Chiapas hacia Oaxaca una caravana indígena de Chiapas para expresar solidaridad. El gobierno oaxaqueño, para tratar de contrarrestar la gran movilización popular en su contra, con integrantes del PRI y empleados en cargos públicos también hacía manifestaciones, siempre menores en número a las populares. Otro mecanismo que estaba utilizando el gobierno para contrarrestar la información que daba el movimiento popular, sobre todo por medio de la radio de la universidad, era promover acciones de linchamiento en contra de miembros de la APPO por medio de una radiodifusora no identificada.

Se organizó un congreso de la APPO, el cual se pronunció contra el neoliberalismo. Planteó que en Oaxaca había una profunda crisis por la existencia de un poder autoritario, corrupto, caciquil y carente de toda legitimidad; el cual negaba la justicia a los pueblos indígenas y a los sectores pobres. En este contexto había aparecido una nueva forma de lucha popular que se proponía la reconstrucción del tejido social, lo cual implicaba necesariamente el castigo a los responsables de los asesinatos, torturas y desapariciones en la entidad. A mediados de noviembre, de nueva cuenta hubo otra de las llamadas megamarchas que reunió a varios miles de manifestantes. En respuesta el gobierno local hizo maniobras mediáticas para intentar atribuir al movimiento el asesinato del reportero estadounidense. Pero eran tantas las evidencias en contra de los grupos del gobierno, que esta trampa no funcionó. Entonces el gobernador agudizó la persecución contra los integrantes del movimiento. Algunos dirigentes solicitaron asilo político a la iglesia para evitar ser detenidos; pero la jerarquía local rechazó tal solicitud. La organización popular proseguía con intensidad en todo el estado.

Un día antes del aniversario de la revolución mexicana se dio a conocer la llamada declaración de Guelatao por parte de la asamblea de pueblos zapoteco, mixe y chinateco de la Sierra de Juárez. Estos pueblos remarcaban el punto de que si proseguía en su cargo el gobernador Ulises Ruiz no habría gobernabilidad ni paz en Oaxaca. Demandaban una profunda transformación para resolver los graves rezagos de marginación y olvido. Condenaban la violencia y la represión como forma para tratar de resolver los graves problemas sociales. Exigieron una vez más la salida de la policía federal, la liberación de los presos políticos, la presentación de los desaparecidos, la cancelación de las órdenes d aprehensión, el respeto a la autonomía universitaria y el cese de todo tipo de agresión al movimiento popular. Un día después, con complacencia de la policía, paramilitares incendiaron un campamento de la resistencia. Ese mismo día la policía federal y grupos de la APPO se enfrentaron por casi cuatro horas.

El 25 de noviembre la APPO volvió a la calle con la séptima megamarcha. El gobierno local dio otro paso. Infiltró a policías vestidos como civiles que cometieron actos vandálicos y quemaron edificios públicos. En los incendios desapareció la papelería que podría implicar al gobierno local ante la federación por el mal uso de recursos. El gobierno acusaba a los appistas de ser los incendiarios, y el movimiento revelaba que los responsables eran gente del gobernador. Comentaristas recordaron cómo Hitler había mandado quemar el Reichstag para culpar a los comunistas y reprimirlos. Además de decenas de heridos hubo más de doscientos detenidos; de los cuales tres cuartas partes fueron enviados a penales de otras entidades del país para que sus familiares no pudieran visitarlos. En los días siguientes la policía prosiguió sembrando el terror en la búsqueda de dirigentes del movimiento.

El 28 de noviembre hubo un Foro Estatal de Pueblos Indígenas en el que se denunció que el conflicto había desembocado en una profunda crisis de derechos humanos. Se acusó al gobierno de pretender enfrentar con viejos instrumentos un nuevo fenómeno de organización social que reclamaba derechos en un contexto del agotamiento del modelo económico y político nacional. Se sembraba el terror para impedir una salida política. Para evitar que la policía entrara a la universidad fue entregada la radio de la casa de estudios al rector, y se abandonó la última barricada que estaba a sus puertas.

Organismos de defensa de derechos humanos empezaron a revelar hechos de tortura física y psicológica de los que habían sido víctimas los detenidos. Una gran cantidad de ellos no tenía que ver con los acontecimientos. Se les fabricaban delitos. Hubo allanamiento de morada sin órdenes judiciales; muchos detenidos, tanto mujeres como hombres, sufrieron abusos sexuales. Creció el número de los desaparecidos. Hubo denuncias de entierros clandestinos. Ante estas revelaciones el gobierno dio un paso más: empezó a hostigar y a perseguir a los defensores de los derechos humanos. Un templo en el que se habían refugiado personas del movimiento fue baleada, una oficina social fue incendiada y un sacerdote fue atacado. Las personas ligadas al gobierno local que habían sido acusados de la muerte del periodista estadounidense fueron puestas en libertad.

En 35 países hubo expresiones de repudio al gobierno mexicano y apoyo al movimiento popular oaxaqueño. Y una vez más el movimiento venció el miedo, y a principios de diciembre volvió a organizar movilizaciones para proseguir con su demanda de la salida del gobernador, la liberación de los presos, y la presentación con vida de los desaparecidos.

Habría que aclarar que el primero de diciembre de 2006 entró en funciones el gobierno de Felipe Calderón. Éste puso al frente de la Procuraduría General de la República a quien había sido responsable de la policía federal en el caso de Atenco (donde se había reprimido al pueblo, se habían hecho detenciones arbitrarias y mujeres apresadas habían sido violadas) y quien no había cumplido las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las gravísimas violaciones a los derechos humanos ahí cometidas. También puso al frente de la Secretaría de Gobernación al que había sido gobernador de Jalisco, quien en el 2004 había sido responsable de la represión del movimiento altermundista, y a quien el periódico español El País había calificado de halcón. Este personaje había estado operando desde unos días antes el caso Oaxaca. Había tenido contacto con el gobernador de Oaxaca, le había indicado que no debía renunciar, y le dio todo su apoyo. El 4 de diciembre simulando que habría una reunión de diálogo con unos de los voceros del movimiento, los mandó detener y enviar a cárceles de máxima seguridad como si fueran peligrosos criminales.

Pero el gobierno se volvía a equivocar porque el movimiento no era de líderes sino que surgía de la base, y la detención de dirigentes no lo apagaba, sino que lo encendía aún más. Cientos de autoridades comunitarias se reunieron para ratificar que seguían adelante en la lucha pacífica. Un indígena dijo: “Quienes pensaron que la movilización ciudadana se vendría abajo con el uso exagerado e ilegal de las fuerzas públicas y de la violencia institucionalizada, una vez más se equivocaron ya que un sector muy amplio de la sociedad oaxaqueña ha perdido el miedo y tiene claro que quienes montaron la provocación fueron los grupos de choque priistas. La máxima del gobierno ha sido divide, agrede y vencerás. Pero Oaxaca ya cambió y no la pueden retroceder a su situación anterior”.

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos hizo un recuento. Para aplastar la protesta social el gobierno había recurrido a militares, policías federales, estatales, municipales y grupos de paramilitares para agredir reprimir a la población: el saldo eran 15 ejecuciones, 200 detenidos, 150 lesionados más de 30 desaparecidos y estaban por ejecutarse más de 200 órdenes de aprehensión. Doña Rosario de Ibarra declaró que en Oaxaca se volvía a las repudiadas prácticas de la guerra sucia. Familiares de los detenidos destacaron que su único delito había sido participar en un movimiento civil y pacífico para hacer públicas las inconformidades que desde hacía mucho padecía el pueblo de Oaxaca.

La Federación Internacional de Derechos Humanos advirtió que en Oaxaca se seguía la misma línea de represión aplicada en Guadalajara en mayo de 2004 contra los altermundistas. Las denuncias de tortura, represión, golpes, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias, fabricación de delitos, etc. ponían en riesgo todos los tratados en materia de derechos humanos firmados por México. El padre dominico Miguel Concha declaró que el nuevo gobierno hablaba de estado de derecho y de aplicación de la ley pero que los acontecimientos de Oaxaca lo desmentían. Toda parecía que el estado de derecho no era obligatorio para las autoridades y los intereses económicos que defendían.

Como la policía federal había atrapado junto con gente del pueblo a algunos de los policías infiltrados en el movimiento por el gobernador Ulises Ruiz; para evitar que esa información cundiera, el mandatario maniobró para hacer regresar a cárceles oaxaqueñas a una gran cantidad de detenidos que el gobierno federal había mandado ilegalmente a una cárcel del estado de Nayarit, y a trasmano pagó millonarias fianzas para liberarlos. El gobierno también aprovechó la cuestión de la liberación de presos para presionar a detenidos y familiares para que firmaran papeles en los que se culpaba al PRD de los acontecimientos.

El movimiento no se arredró y el 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos, volvió a salir a la calle a exigir la liberación de los presos políticos. Se alzaron con fuerza las voces de las mujeres. Algunas denunciaron que por lo que habían vivido les parecía estar en el país de Pinochet. Un integrante de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos declaró que la situación que se vivía en Oaxaca desde hace casi siete meses había causado alarma y preocupación en le ámbito internacional. La presencia de la policía federal en lugar de solucionar había empeorado la situación.

La tercera semana de diciembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer datos de un informe peliminar según el cual había 349 detenidos, 370 lesionados y 20 muertos. Había recibido 1,211 quejas por violaciones a derechos humanos o uso indebido de fuerza pública, detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición de personas, y cateos ilegales. Había reunido más de 2,700 testimonios. Tenía datos de agresiones con armas de fuego en contra de integrantes de la APPO por parte de sujetos que eran señalados como integrantes de la policía local vestidos de civiles. El Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro expresó que la CNDH no debía reducirse al de simple verificador de hechos, sino que tenía que emitir recomendaciones. La Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos consideró que la CNDH no mencionaba que se habían presentado tratos degradantes e inhumanos, y no hablaba sobre las torturas. Tampoco señalaba la grave responsabilidad en que había incurrido tanto el gobierno estatal como el federal. Ante estas críticas la CNDH afirmó que en Oaxaca continuaban sin existir condiciones necesarias para la vigencia y observancia de los derechos fundamentales, y que estaba elaborando el informe final que pronto daría a conocer. Para los organismos independientes que defendían derechos humanos la llegada a Oaxaca de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos era un aliento para combatir la impunidad.

El 22 de diciembre los zapatistas refrendaron su apoyo a la APPO y exigieron la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos. Por su parte la APPO, ante la intensidad del drama, y para darle reposo a la rabia por tanta injusticia, decidió declarar una tregua por las fiestas navideñas y de fin de año.

Al iniciar 2007 comunidades del pueblo trique anunciaron la creación de un municipio autónomo en San Juan Copala. Una activista de derechos humanos denunció que el gobierno la quería meter presa en represalia porque había hecho pública la documentación de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Una militante de la APPO que había fungido como locutora en radio universidad tuvo que esconderse porque había amenazas de desaparecerla dado que estaba luchando por un gobierno justo, no represivo ni corrupto. Otro conductor de esa radio reveló que el gobierno había ofrecido cien mil pesos porque lo mataran. El día de Reyes, aunque el gobierno quería impedirlo, los integrantes de la APPO realizaron un acto público de entrega de juguetes a niños. Ante la criminalización del movimiento social, la APPO hacía ver que los encarcelados no eran asesinos, ni narcotraficantes, ni secuestradores, sino luchadores sociales.

Familiares de los desaparecidos, asesinados y presos políticos se organizaron e hicieron plantones y manifestaciones. La APPO dio a conocer que en la última reunión de negociaciones que se había tenido con el gobierno federal en diciembre, éste se había comprometido a liberar a todos los presos políticos, cosa que no había cumplido. Más de cien de los 141 remitidos a una cárcel de Nayarit habían salido libres bajo fianza, pero seguían bajo proceso judicial con falsas acusaciones. Decenas proseguían en prisión. En un Foro Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca realizado en la Cámara de Diputados abundaron los testimonios de las vejaciones, abusos e injusticias. Los testimonios de las mujeres eran los más impactantes. Pese a todo, la lucha se había reactivado con la demanda de la caída del tirano, la salida de la policía federal, la liberación de los presos políticos y por la transformación económica, política y social de la entidad. El 13 de enero la policía atacó violentamente un plantón de familiares de presos políticos, y por medio de pruebas fabricadas que no correspondían a la realidad encarceló a ocho personas, que posteriormente fueron liberadas bajo fianza por una organización creada para resolver el nuevo problema de los presos. Una madre de uno de los preso se quejó de estar viviendo situaciones como las que propició Hitler. El ejercicio arbitrario del poder seguía tensando el ambiente político. El movimiento brasileño de los Sin Tierra de Brasil mandaron una carta de apoyo a la APPO en la que anunciaba que en todos los espacios denunciaría la represión cruel y asesina del gobierno de Ulises Ruiz, de su partido y del gobierno federal panista. A mediados de enero los partidos políticos latinoamericanos de izquierda reunidos en el Salvador para celebrar el XIII encuentro del Foro de Sao Paulo resolvieron exigir al gobierno mexicano cesar la represión contra la APPO; y demandaron castigo a los culpables de los crímenes de lesa humanidad cometidos recientemente en México.

Al cumplir 45 días en el gobierno Felipe Calderón declaró que se sentía muy contento con lo que estaba sucediendo en México. Pero la realidad era adversa a los intereses de las mayorías. Además de la grave represión en Oaxaca, la economía popular sufría por desmedidas alzas en productos básicos como las tortillas, la leche, la carne y el huevo. El gobierno impuesto no calibraba bien que con el hambre del pueblo no se jugaba. Mientras tanto Human Rights Watch denunciaba en Nueva York que la tortura y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y la impunidad oficial estaban entre los principales problemas de derechos humanos que padecía México. Y la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos adelantó partes del informe que daría al parlamento europeo: El movimiento popular no tenía una estructura subversiva sino pacífica, y sus demandas eran legítimas. El conflicto no se solucionaría si no se atendían sus causas con justicia. No se podía culpar a la APPO de la violencia, fuera de casos individuales excepcionales, pues su movilización era civil y pacífica. En cambio, las autoridades federales mexicanas y estatales de Oaxaca habían incurrido en graves violaciones a las garantías individuales de los integrantes y simpatizantes de la APPO. Hubo violaciones a la libertad de tránsito, manifestación, expresión y uso del espacio público; detenciones ilegales y arbitrarias; trato inhumano y degradante; y ejecuciones extrajudiciales. También existió vulneración al principio de presunción de inocencia y defensa. Los detenidos no habían tenido un debido proceso. La muerte de los appistas había ocurrido en “agresiones directas y no en enfrentamientos”. Existía una grave situación de los derechos humanos, suspensión de las garantías constituciones y vulnerabilidad de la ciudadanía.

El grupo Sur integrado por prestigiados periodistas ya académicos emitió un comunicado llamando a poner un alto a la tentación dictatorial. En su análisis destacaba que las fuerzas de la derecha que apuntalaban la presidencia de Calderón habían dado muestras de un impulso autoritario; que de no ser detenido por la resistencia social, pronto desembocaría en un régimen abiertamente totalitario. El gobernante impuesto se conducía como si hubiera obtenido una aplastante victoria electoral, y la ilegitimidad de la violencia que comenzaba a poner en juego podría dirigir al país hacia la dictadura. Ese documento ejemplificaba como síntomas de proclividad al autoritarismo la criminalización de la protesta social, el uso faccioso de las leyes e instituciones para amedrentar a dirigentes sociales y a la población, la colocación de fuerzas del ejército en las calles del país, el control faccioso y mendaz de los medios de comunicación (que eliminaban voces disidentes, al mismo tiempo que utilizaban medidas persecutorias contra emisores que osaban dar el mínimo espacio a la crítica), la inclusión en el gabinete presidencial de violadores de derechos humanos, la colusión del poder judicial con los poderes fácticos, y el ataque (vía presupuestal) contra la educación , la ciencia, la cultura y el desarrollo social.

Los poderes fácticos están haciendo avanzar un modelo de un nuevo fascismo en México. Como el gobierno panista ganó por medio de un fraude electoral, se apoya preferentemente en las fuerzas represoras. El duopolio televisivo refuerza el fascismo societal. No obstante, también hay novedades en la resistencia. Antes la represión descabezaba los movimientos, los derrotaba; y a lo que quedaba de ellos lo obligaba a centrarse únicamente en la lucha por sacar a sus líderes de la cárcel. El uso de la fuerza hacía cundir el miedo, y las fuerzas populares tardaban mucho tiempo en volver a salir a las calles. Un movimiento como el de la APPO ha mostrado que la represión no es capaz de acabar con movimientos que se nutren no de dirigencias sino de las potencialidades y reclamos de la base popular. Ante la nueva situación de sus presos, esta demanda no los distrae, sino que la añaden a sus exigencias centrales. Hay nuevos elementos que apuntalan a esta clase de movimientos: la globalización de la resistencia, el constante y renovado apoyo internacional, y sobre todo la presencia de organizaciones locales e mundiales de defensa de derechos humanos. La persistente resistencia del movimiento popular en Oaxaca hace recordar textos como el Sándar Márai en su libro Tierra Tierra que, indagando cuál era la razón de la crueldad institucional que humillaba a la gente, constató que la tortura no era capaz de aniquilar a movimientos de defensa. Si bien el terror se proponía obligar a la gente a aceptar la atrocidad humana, cuando un pueblo llegaba a comprobar que los poderosos no sólo saqueaban los bienes materiales, sino también los derechos humanos, sucedía lo increíble: el pueblo vencía el temor de enfrentar los tanques y las armas, porque entendía que no debía permitir que se aniquilara la condición humana. En México se ha instaurado la inhumanidad y la crueldad del régimen panista al haber aprendido los vicios priistas, y en alianza con el viejo régimen autoritario. Renegando de su doctrina fundadora, como ha visto que no puede ejercer el poder sin degradar lo humano, el panismo conculca la dignidad humana. Farisaicamente invoca la ley para defender la fuerza del terror. Pero se ha topado con movimientos que han superado el miedo en su lucha porque prevalezca la justicia.