"Que responda el contralor"

Gloria Reza M. Proceso

El gobernador interino del estado, Gerardo Octavio Solís, le da continuidad a la soberbia y la opacidad en las cuentas públicas que distinguió a Francisco Ramírez Acuña. Ante las irregularidades que detectó la contraloría estatal en el Despacho del Gobernador y difundidas por Proceso, Solís hace creer que se hizo cargo de todo, menos de su oficina: nada sabe de la auditoría, que le pregunten, dice, al que encontró las fallas, porque ni él ni su antecesor las han aclarado...

El gobernador interino de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, se negó a explicar los gastos excesivos y sin comprobar realizados en el despacho de su predecesor, Francisco Ramírez Acuña, que incluyen 104 mil pesos en lavado de alfombras persas, 212 mil pesos en cartas de felicitación, casi 38 mil pesos en un traje, 62 mil en una estufa inteligente, 43 mil en tazas térmicas y 700 mil en combustible para avión, entre otras erogaciones que el semanario Proceso hizo públicas en su número 1578.

Para Solís Gómez, la cuenta pública de 2005 ya fue aprobada y el único que debe esclarecer las irregularidades en el manejo del presupuesto 2006 es el contralor estatal, Arturo Cañedo Castañeda.

Al preguntársele al gobernador su opinión acerca de los gastos excesivos y hasta excéntricos efectuados por Ramírez Acuña, respondió:

–Lo que te puedo decir (es que) las cuentas públicas están aprobadas, y los gastos que se llevan a cabo son exclusivamente de mantenimiento, no es otra cosa más que eso.

–Pero, por ejemplo, también la propia Contraloría encontró que supuestamente compraron combustible para avión, y son 700 mil pesos ahí.

–Que te lo explique el contralor. Si él es el que trae el dato, yo le pediría al contralor que te dé específicamente el dato.

–Es una auditoría aplicada por la Contraloría…

–Con mucha mayor razón. Si es el contralor quien trae la investigación, le voy a pedir que él te lo aclare, para que quede perfectamente claro.

–Pero ya no hay investigación, es el resultado de la auditoría…

–Con mucha mayor razón, que te lo explique él, dado que es el que trae todos los datos –dijo una y otra vez el gobernador interino.

Por su parte, Jorge Salinas Osornio, extitular de Coplade y jefe del Despacho del Gobernador, también intenta deslindarse de los gastos excesivos y de las irregularidades administrativas. Ante la misma pregunta, contesta:

–Los señalamientos publicados (por Proceso) no se cometieron dentro de mi período, no hay ninguna irregularidad.

Comenta además que “el contralor me afirmó que todos los gastos estaban apegados a presupuesto y que no hay ningún problema”.

Al cuestionarle al ahora coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local por qué se cargó al erario la compra de un traje de casi 38 mil pesos, simplemente niega el hecho: “Me toma de sorpresa, porque en el tiempo que estuve nunca vi tal compra”.

En relación con la estufa de 62 mil pesos, considera que el aparato pudo ser enviado a cualquiera de las 13 áreas que integran el Despacho del Gobernador, ya sea Casa Jalisco o para la ayudantía (equipo encargado de la seguridad del mandatario durante las 24 horas del día) ubicada en el Palacio de Gobierno, “donde existe una cocina, pero no sé si se fue para ese lugar”.

Respecto de la observación de que durante su período como titular de Coplade el personal no registraba su ingreso ni su salida, Salinas Osornio justificó que “existe un acuerdo interno entre los jefes, avalado por los órganos administrativos, que con excepción del personal administrativo, nadie checara tarjeta, porque implicaría pagar horas extras”, ya que algunos funcionarios trabajan fuera de la zona metropolitana. Asegura que todos los burócratas laboran más de las seis horas a que la ley los obliga.



Reforma en ciernes



Después de que Proceso dio a conocer las graves irregularidades administrativas y gastos excesivos en el gobierno de Jalisco que aparecen en una auditoría de la Controlaría estatal a las cuentas de 2005 y 2006, diputados del PRI y del PRD se comprometieron a que de ahora en adelante habrá “una verdadera fiscalización de los recursos públicos” y descartaron negociar las cuentas públicas, como ha sido la costumbre en el Poder Legislativo.

En los números 115, 116 y 117 de este semanario se informó que en la administración del mandatario estatal con licencia, Francisco Ramírez Acuña, se incurrió en excesos en las dependencias estatales. Sólo en el Despacho del Gobernador quedaron sin comprobar gastos por más de 2.6 millones de pesos, correspondientes a unos cuantos meses de 2005 y 2006. En ese lapso se hicieron las erogaciones sobre las que no quiso responder el gobernador interino.

Sobre el motivo de que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco no detectó tan grandes gastos ni observó las irregularidades administrativas dentro del presupuesto ejercido en 2005 –por cierto, ya aprobado sin cargo alguno por la anterior legislatura–, los diputados Enrique Alfaro Ramírez, del PRD, y Javier Galván Guerrero, del PRI, coinciden en que la cuenta pública se limpió dentro del Congreso.

El perredista señala que, de hecho, “las irregularidades sí las detecta la Auditoría, el problema está en que los dictámenes son manipulados en la Comisión de Inspección por acuerdos políticos”. Aunque considera que los escándalos de los exlegisladores por sus gastos onerosos los privan de “la calidad moral para revisar el dinero de otros poderes”, adelanta que la cuenta de 2006 del Ejecutivo “no será un asunto a negociar por otras cuestiones. Se revisará a fondo y si algo está mal se tendrá que castigar”.

En el mismo sentido, el diputado y presidente estatal del PRI, Javier Galván, estima que “se deberá hacer una revisión a fondo de todas las inconsistencias dadas a conocer por este medio (Proceso). Además, los legisladores no debemos permitir que las cuentas públicas se arreglen con el único pretexto de que hay arreglo”.

Ambos legisladores concuerdan en que es necesario reformar la Ley de Fiscalización, dándole mayor autonomía técnica, financiera y política a la ASEJ.

Sobre ello, Enrique Alfaro apunta que específicamente se pretende modificar la “Ley Orgánica del Congreso para restar atribuciones a la Comisión de Inspección con el fin de que no cambie dictámenes, sino simplemente los apruebe o rechace”. ?