A devolver la macrolimosna

felipe cobián y víctor m. lópez alvaro - Proceso

Guadalajara, Jal., 18 de junio (apro).- De manera inesperada, el pasado viernes 13 el cardenal Juan Sandoval Íñiguez pidió a la Fundación Pro Construcción del Santuario de los Mártires que, en bien de “la paz, la armonía y caridad cristianas”, devuelva los 30 millones de pesos que le entregó el gobernador del estado como adelanto de la macrolimosna de 90 millones de pesos que le prometió públicamente.

Ese adelanto, para el que Emilio González Márquez echó mano de recursos públicos, ha provocado más de 7 mil denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), así como una investigación oficial de las secretarías de Gobernación y de la Función Pública, a petición de la Cámara de Diputados.

El 24 de marzo pasado, en una ceremonia efectuada en la Casa Jalisco –residencia oficial del mandatario– y a la que asistió Sandoval Íñiguez, González Márquez entregó a la mencionada fundación el cheque por 30 millones de pesos, fechado el 13 del mismo mes.

Pero el viernes 13 de junio, de viva voz, el cardenal Sandoval expuso lo que poco después el Arzobispado difundió en un comunicado:

“Como pastor de esta iglesia de Guadalajara, estimo que la paz y la concordia en la sociedad debe estar por encima de cualquier otra cosa. Por tal motivo, y tomando en cuenta las inconformidades que se han dado a propósito de los recursos que el gobierno del estado de Jalisco aportó para la obra de caridad del Santuario de los Mártires de Cristo, le pido a la comisión de finanzas de la Fundación Pro-Construcción del Santuario de los Mártires de Cristo, A.C., considere la posibilidad de devolver dichos recursos. La armonía y caridad cristianas forman parte importante del Reino de Dios, que el Señor nos manda buscar en primer lugar”.

A este breve comunicado, la oficina de comunicación social del Arzobispado añadió la aclaración de que el cardenal “no pidió ni tiene dicha aportación”, por lo que sugiere a la fundación que regrese el dinero.

El secretario de la fundación y tesorero en funciones, Juan Manuel Hernández, dijo ser el primer sorprendido ante la petición del cardenal, acotó que desconoce si ya se gastó el dinero y señaló que “será la comisión de finanzas de la fundación la que decida si es posible devolver el donativo”.

El martes 11, el Arzobispado informó que Sandoval Íñiguez se presentará a declarar ante el juez tercero de Distrito en Materia Administrativa, Héctor Martínez Flores, sobre el caso de la macrolimosna, puesto que un grupo de particulares interpuso un amparo (991/2008) para impedir la entrega de los 60 millones restantes que prometió Emilio González.

La institución católica confirmó que la investigación sobre el fundamento legal de la aportación del gobierno del estado seguirá su curso, “lo mismo que la respuesta del purpurado al citatorio del juez tercero del Tribunal de lo Administrativo”, el próximo martes 24.

Todos inconformes

El 24 de marzo, durante la entrega del cheque por 30 millones de pesos en la Casa Jalisco, Sandoval Íñiguez aseguró que el donativo “tiene pleno carácter legal” y que cumplía con las leyes de transparencia y de “la ley que contempla apoyar al turismo religioso”.

Así mismo, el jerarca católico reconoció que la macrolimosna causaría críticas, pero agradeció el apoyo del gobernador:

“A nombre de obispos, sacerdotes y fieles de esta Arquidiócesis de Guadalajara, doy a usted y a sus colaboradores las más sinceras gracias por esta oportuna ayuda para el Santuario de los Mártires.

“La mayoría de la gente comprende la importancia y el significado actuales y futuros de este santuario. Los católicos y las personas de buena voluntad agradecerán su ayuda, la cual, en realidad, es una inversión a mediano y largo plazo en bien de esta ciudad y del estado de Jalisco.”

Y remató: “Que Dios les pague y bendiga”.

Tan pronto fue entregado de manera oficial el cheque por 30 millones el 24 de marzo, el rechazo a la macrolimosna se generalizó en la sociedad, incluidos miles de católicos y miembros del clero.

Ante esas reacciones, el vocero del arzobispado, Antonio Gutiérrez Montaño, declaró: “Si se determina que (la entrega del donativo) es un acto ilegal, no iremos en contra de las leyes” (Proceso Jalisco 181). En cambio, el tesorero de la Fundación Pro Santuario de los Mártires, Juan Manuel Hernández, dijo de inmediato que el dinero no sería devuelto al gobierno del estado “porque es para obras sociales”.

No obstante, miles de personas acusaron a González Márquez, miembro destacado de la organización secreta de ultraderecha El Yunque, de violar la Constitución Política y concretamente la laicidad del Estado mexicano. Después se presentaron 7 mil quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) por el uso discrecional de recursos públicos.

Semanas después de la entrega oficial del adelanto de 30 millones, Sandoval Íñiguez minimizó estas denuncias; dijo incluso que no le preocupaba si se presentaban 3 millones de ellas.

En su edición del pasado 30 de marzo, Semanario, el órgano oficial de la Arquidiócesis de Guadalajara, justificó:

“Aunque las aportaciones de los fieles católicos han sido generosas y constantes, no han resultado suficientes. De ahí que una importante y saludable inyección monetaria al proyecto, como la que anunció por parte del estado el gobernador Emilio González Márquez, vendrá a fortalecer y a acelerar los trabajos. Se trata de dinero del erario público, proveniente de ciudadanos contribuyentes y que será destinado a estimular la promoción del turismo religioso.”

Sin embargo, el vocero de la Arquidiócesis, Antonio Gutiérrez Montaño, aseguró a este semanario que el donativo “no era estrictamente necesario” (Proceso Jalisco 181, del 27 de abril).

Ilegalidad

Los 30 millones de pesos del adelanto para el Santuario de los Mártires se extrajeron de la partida presupuestal 4222 Promoción Turística, a través del Programa de Apoyo a Sitios de Interés Turístico, que exigía al menos ocho requisitos para tener acceso a esos recursos. Sin embargo, la fundación solicitante no cumplió la mitad de esas condiciones.

Debió entregar su acta constitutiva actualizada, la descripción del proyecto para el cual solicitó el apoyo y una constancia en la que indicara claramente que éste no es incompatible con su objeto social.

Así mismo, la fundación tenía que justificar los beneficios directos e indirectos que obtendrá el estado e indicar el costo total de la obra desglosando la cantidad de apoyo solicitado y cómo se financiará el resto.

Las reglas del programa exigen además que la organización solicitante entregue una carta compromiso para asegurar que cumplirá la normatividad establecida e incluir una “relación sucinta y detallada de los conceptos a los que serán destinados los apoyos otorgados”, lo mismo que el calendario físico y financiero de la ejecución del proyecto.

Documentos obtenidos por Proceso muestran que la Fundación Pro Construcción del Santuario de los Mártires entregó una solicitud de sólo dos cuartillas, su acta constitutiva, la carta compromiso –sin la firma del presidente de la fundación, Carlos Álvarez Bermejillo– y el programa financiero de la obra, incluyendo una descripción arquitectónica.

Sin embargo, no entregó la relación “de los conceptos que serán cubiertos con el apoyo solicitado”, no especifica cómo se financiará el resto del proyecto y tampoco presentó la “justificación de los beneficios directos e indirectos” para el estado (Proceso 1646).

A esas carencias de documentación deben agregarse irregularidades como el hecho de que la solicitud del donativo se hizo en papel membretado de una constructora propiedad del secretario de la fundación, Juan Manuel Hernández Méndez.

Además, en el expediente gubernamental de la macrolimosna los documentos que deberían servir de sustento jurídico carecen de número de folio y no están firmados por los funcionarios que realizaron los oficios, lo que se presta a la manipulación y alteración de los mismos.

Posteriormente y ante la presión pública, en una visita al Santuario de la Virgen de Talpa de Allende el gobernador anunció que se invertirán 90 millones de pesos, a largo plazo, para mejorar las rutas de los peregrinos. Hasta ahora no se sabe que se haya realizado alguna.

Lo que sí está documentado es que un año antes Emilio González donó a Televisa 67.5 millones de pesos para su programa Espacio 2007 y alrededor de 40 millones para el Teletón, más una cantidad similar tanto en efectivo como en apoyo logístico y viáticos para la producción de la telenovela Las tontas no van al cielo.

El mandatario panista también repartió dinero a otras empresas: 34 millones a la trasnacional Flextrinix, con el mismo pretexto de “generar empleos”; y a Televisión Azteca y MTV para la producción de distintos programas.

El 24 de abril pasado aportó “un pinche papelito” de 15 millones de pesos para la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos.

En esa ocasión, en el Banquete del Hambre, a voz en cuello y alcoholizado el jefe del Ejecutivo estatal dijo que le “valían madre” las críticas por sus donativos.

Y ante el cardenal Juan Sandoval Íñiguez soltó desde el estrado:

“Digan lo que quieran –perdón, señor cardenal–, chinguen a su madre. Ya se dieron cuenta que a mí lo que algunos poquitos dicen (sobre la macrolimosna) me vale madre, así de fácil. Yo sé lo que se tiene que hacer en Jalisco”.

Ya encarrerado, soltó: “Este es un cuete, no me importa, me cae, don Juan (Sandoval), absuélvame desde allá”... Y enseñó el cheque por 15 millones. Según él, no tenía que consultar a nadie: “La gente votó por mí”.

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Señalado... y sin castigo

Víctor Manuel López Álvaro

proceso

Muy a su pesar, el procurador de Justicia del estado, Tomás Coronado Olmos, fue uno de los protagonistas del acto en que el Congreso local entregó reconocimientos a mujeres que trabajan contra la violencia y el abuso. La ex ombudsman Guadalupe Morfín y una de las galardonadas aludieron al escándalo de pederastia y pornografía infantil en el que está involucrado, y le exigieron que “deje de ser juez y parte” para que avance la investigación del caso.

La extitular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), María Guadalupe Morfín Otero, toma la palabra en el patio central del Congreso del estado y, sin mencionar sus nombres, hace un reconocimiento “a la menor de edad y a su madre que se atrevieron a denunciar una red de pederastia con funcionarios de alto nivel incluidos”.

A tres metros de ella está el procurador de Justicia del Estado, Tomás Coronado Olmos. Al escuchar la alusión primero se le agolpa la sangre en el rostro, pero en cosa de segundos palidece. Sólo atina a cruzar los brazos ante las palabras de Morfín.

La mención a la denuncia de la menor de edad Yazmín y su madre Araceli Arellano, quienes señalaron al procurador Coronado como partícipe en reuniones donde se abusa sexualmente de menores de edad es inequívoca.

Es el mediodía del 13 de noviembre y se lleva a cabo la “Primera entrega de reconocimientos de la 58 Legislatura a las jaliscienses destacadas en el trabajo para enfrentar la violencia contra las mujeres” (el próximo domingo 25 se conmemora el día internacional contra ese flagelo social).

Pero Morfín, invitada al evento por sus antecedentes en la defensa de los derechos de la mujer, todavía no termina de hablar.

“Es más –prosigue–, para llevar a un buen término el proceso que brota de esa valiente denuncia, espero que este Congreso anime al Ejecutivo estatal a dejar de ser juez y parte de este caso, y a nombrar a un fiscal especial que profundice la investigación y resuelva para recobrar la credibilidad de la sociedad en sus gobernantes, o bien pida explícitamente la atracción de la PGR a través del área creada específicamente para ello”.

Al final del acto, organizado por la Comisión de Equidad y Género del Congreso estatal, los agradecimientos a Morfín Otero no se hacen esperar. Varias mujeres hacen fila para darle parabienes. Le dicen: “Gracias por tu valor, por tus palabras”. La felicita también Rocío García Gaytán, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

–¿Qué la motivó a fijar su postura en el caso de Tomás Coronado? – pregunta el reportero a Morfín Otero, una vez finalizada la entrega de reconocimientos.

–Creo que para eso tenemos la palabra y para eso hay que aprovechar el micrófono en una ceremonia tan importante: para que se escuche aquello que ha sido planteado y no ha sido atendido suficientemente. Porque es una especie de apuesta a la pérdida de la memoria de las mujeres. Pero las mujeres somos las guardianas de la memoria de nuestras comunidades.

En un artículo publicado el pasado 23 de septiembre (Proceso Jalisco 150), la expresidenta de la CEDHJ escribió sobre las acusaciones que revelaron la existencia de una red de pederastas en Jalisco, en las que se menciona a Coronado como uno de sus integrantes:

“Cuando estos casos se hacen visibles, algo poco usual, toca a las autoridades investigar a fondo, imparcial e impecablemente, caiga quien caiga, y poner en marcha a la justicia. Consignar y poner en prisión. Si no, es gobernar de espalda a las mujeres”.

En febrero de 2004 Morfín vivió de cerca una situación semejante en su calidad de comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, cuando dos jovencitas se atrevieron a denunciar una red de explotación sexual que llegaba hasta la procuraduría de Justicia de Chihuahua.

La violencia sexista mata

El discurso de Morfín Otero tocó temas que todavía son objeto de enconados debates en el estado. Por ejemplo, de entrada elogió a Guadalupe López García, integrante de Patlatonalli, organización civil de lesbianas que trabaja desde hace 21 años con hombres y mujeres de distintas preferencias sexuales para crear conciencia sobre los derechos de esta minoría.

Esa referencia llamó la atención, pues López García declinó recibir el reconocimiento porque la actual Legislatura se negó a crear una Agenda Ciudadana por la Equidad y a discutir la promulgación de una ley de convivencia que permita salvaguardar los derechos civiles de las parejas independientemente de su orientación sexual.

Las religiosas católicas presentes se quedaron atónitas cuando Guadalupe Morfín manifestó en ese patio central del Congreso: “Como jalisciense quiero creer que Jalisco está a tiempo para abrir las mesas de discusión para legislar sobre las leyes de convivencia. Como ciudadana jalisciense no siento mis derechos completos, si los plenos derechos de ciudadanía de la comunidad lésbico-gay no están cumplidos plenamente”.

Prosiguió: “La violencia sexista discrimina y mata. En Ciudad Juárez, en Jalisco, en Tlaxcala, en Cancún… La violencia sucede en el hogar, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la política. Tienen, legisladores y legisladoras, el reto, pero también el privilegio extraordinario de colocar a Jalisco en posición de cumplir las convenciones internacionales que promueven y protegen el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

“La legislación de Jalisco debe incluir la perspectiva de género, desde la Constitución, la Ley General de Salud, la Ley de Educación y las leyes específicas”.

Después se refirió a la valiente denuncia de Yazmín y de la señora Arellano.

La mano extendida

Durante la entrega del reconocimiento del Congreso a 16 funcionarias, 13 activistas civiles y a cuatro comunicadoras, el procurador Tomás Coronado tuvo que pasar otros ratos amargos.

Antes de la intervención de Guadalupe Morfín, Candelaria Ochoa, investigadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara, se dirigió a recibir su diploma. En el trayecto saludó a la diputada Gloria Rojas y a la presidenta de Inmujeres, Rocío García Gaytán, pero al llegar al presidium y quedar frente al procurador Coronado –quien formó parte de la representación estatal que entregó los reconocimientos–, la investigadora le dijo en voz alta:

–A usted no lo puedo saludar porque tiene una investigación por pederastia.

–Quiero hablar con usted –alcanzó a responder Coronado, pero la defensora de los derechos humanos le reviró: “No se trata de platicar conmigo, sino de que se haga una investigación imparcial. No puede ser juez y parte.

Aunque algunos de los presentes escucharon las palabras de Ochoa y le aplaudieron, la mayoría no alcanzó a oír el diálogo. De todas maneras fue evidente la perturbación del procurador.

A la ceremonia asistió también el presidente municipal de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, uno de cuyos funcionarios –el director jurídico de alumbrado Público, Martín Aguirre Aguirre– fue denunciado por la violación de una niña y se le señala como pieza clave de una organización que recluta a menores de edad y las lleva a fiestas donde hombres adultos abusan de ellas, y a las que acude el procurador Coronado, a decir de menores que han asistido.

Aunque Martín Aguirre dejó de asistir al ayuntamiento, se desconoce el avance de la investigación en su contra. Dos veces se le ha visto en los interiores de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJ) pero no lo han detenido.

Después de la investigadora Ochoa, tomó la palabra Guadalupe Ramos, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer.

Ella les recordó a los diputados que tienen una enorme deuda con las mujeres, quienes requieren leyes contra la discriminación y de “leyes que nos permitan el acceso a una vida libre de violencia”.

Señaló también la urgencia de “tipificar el delito de feminicidio como una forma extrema de violencia de género”, y culminó: “Nos deben, nos deben, nos deben. Es el momento de pagar”.

Los diputados escucharon atentamente. Coronado movía la cabeza afirmativamente, en un intento de recuperar el aplomo después de que Ochoa lo dejó con la mano extendida.

Al salir del recinto, el procurador intentó defenderse ante los reporteros: “Este es un tema de grilla, así de fácil y sencillo”. E insistía en que no existe ninguna denuncia en su contra.

“El exsubprocurador C (Manuel Landeros) fue el que me ocasionó todo este problema”, repite por enésima vez.


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Encuenta de Proceso

"Que responda el contralor"

Gloria Reza M. Proceso

El gobernador interino del estado, Gerardo Octavio Solís, le da continuidad a la soberbia y la opacidad en las cuentas públicas que distinguió a Francisco Ramírez Acuña. Ante las irregularidades que detectó la contraloría estatal en el Despacho del Gobernador y difundidas por Proceso, Solís hace creer que se hizo cargo de todo, menos de su oficina: nada sabe de la auditoría, que le pregunten, dice, al que encontró las fallas, porque ni él ni su antecesor las han aclarado...

El gobernador interino de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, se negó a explicar los gastos excesivos y sin comprobar realizados en el despacho de su predecesor, Francisco Ramírez Acuña, que incluyen 104 mil pesos en lavado de alfombras persas, 212 mil pesos en cartas de felicitación, casi 38 mil pesos en un traje, 62 mil en una estufa inteligente, 43 mil en tazas térmicas y 700 mil en combustible para avión, entre otras erogaciones que el semanario Proceso hizo públicas en su número 1578.

Para Solís Gómez, la cuenta pública de 2005 ya fue aprobada y el único que debe esclarecer las irregularidades en el manejo del presupuesto 2006 es el contralor estatal, Arturo Cañedo Castañeda.

Al preguntársele al gobernador su opinión acerca de los gastos excesivos y hasta excéntricos efectuados por Ramírez Acuña, respondió:

–Lo que te puedo decir (es que) las cuentas públicas están aprobadas, y los gastos que se llevan a cabo son exclusivamente de mantenimiento, no es otra cosa más que eso.

–Pero, por ejemplo, también la propia Contraloría encontró que supuestamente compraron combustible para avión, y son 700 mil pesos ahí.

–Que te lo explique el contralor. Si él es el que trae el dato, yo le pediría al contralor que te dé específicamente el dato.

–Es una auditoría aplicada por la Contraloría…

–Con mucha mayor razón. Si es el contralor quien trae la investigación, le voy a pedir que él te lo aclare, para que quede perfectamente claro.

–Pero ya no hay investigación, es el resultado de la auditoría…

–Con mucha mayor razón, que te lo explique él, dado que es el que trae todos los datos –dijo una y otra vez el gobernador interino.

Por su parte, Jorge Salinas Osornio, extitular de Coplade y jefe del Despacho del Gobernador, también intenta deslindarse de los gastos excesivos y de las irregularidades administrativas. Ante la misma pregunta, contesta:

–Los señalamientos publicados (por Proceso) no se cometieron dentro de mi período, no hay ninguna irregularidad.

Comenta además que “el contralor me afirmó que todos los gastos estaban apegados a presupuesto y que no hay ningún problema”.

Al cuestionarle al ahora coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local por qué se cargó al erario la compra de un traje de casi 38 mil pesos, simplemente niega el hecho: “Me toma de sorpresa, porque en el tiempo que estuve nunca vi tal compra”.

En relación con la estufa de 62 mil pesos, considera que el aparato pudo ser enviado a cualquiera de las 13 áreas que integran el Despacho del Gobernador, ya sea Casa Jalisco o para la ayudantía (equipo encargado de la seguridad del mandatario durante las 24 horas del día) ubicada en el Palacio de Gobierno, “donde existe una cocina, pero no sé si se fue para ese lugar”.

Respecto de la observación de que durante su período como titular de Coplade el personal no registraba su ingreso ni su salida, Salinas Osornio justificó que “existe un acuerdo interno entre los jefes, avalado por los órganos administrativos, que con excepción del personal administrativo, nadie checara tarjeta, porque implicaría pagar horas extras”, ya que algunos funcionarios trabajan fuera de la zona metropolitana. Asegura que todos los burócratas laboran más de las seis horas a que la ley los obliga.



Reforma en ciernes



Después de que Proceso dio a conocer las graves irregularidades administrativas y gastos excesivos en el gobierno de Jalisco que aparecen en una auditoría de la Controlaría estatal a las cuentas de 2005 y 2006, diputados del PRI y del PRD se comprometieron a que de ahora en adelante habrá “una verdadera fiscalización de los recursos públicos” y descartaron negociar las cuentas públicas, como ha sido la costumbre en el Poder Legislativo.

En los números 115, 116 y 117 de este semanario se informó que en la administración del mandatario estatal con licencia, Francisco Ramírez Acuña, se incurrió en excesos en las dependencias estatales. Sólo en el Despacho del Gobernador quedaron sin comprobar gastos por más de 2.6 millones de pesos, correspondientes a unos cuantos meses de 2005 y 2006. En ese lapso se hicieron las erogaciones sobre las que no quiso responder el gobernador interino.

Sobre el motivo de que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco no detectó tan grandes gastos ni observó las irregularidades administrativas dentro del presupuesto ejercido en 2005 –por cierto, ya aprobado sin cargo alguno por la anterior legislatura–, los diputados Enrique Alfaro Ramírez, del PRD, y Javier Galván Guerrero, del PRI, coinciden en que la cuenta pública se limpió dentro del Congreso.

El perredista señala que, de hecho, “las irregularidades sí las detecta la Auditoría, el problema está en que los dictámenes son manipulados en la Comisión de Inspección por acuerdos políticos”. Aunque considera que los escándalos de los exlegisladores por sus gastos onerosos los privan de “la calidad moral para revisar el dinero de otros poderes”, adelanta que la cuenta de 2006 del Ejecutivo “no será un asunto a negociar por otras cuestiones. Se revisará a fondo y si algo está mal se tendrá que castigar”.

En el mismo sentido, el diputado y presidente estatal del PRI, Javier Galván, estima que “se deberá hacer una revisión a fondo de todas las inconsistencias dadas a conocer por este medio (Proceso). Además, los legisladores no debemos permitir que las cuentas públicas se arreglen con el único pretexto de que hay arreglo”.

Ambos legisladores concuerdan en que es necesario reformar la Ley de Fiscalización, dándole mayor autonomía técnica, financiera y política a la ASEJ.

Sobre ello, Enrique Alfaro apunta que específicamente se pretende modificar la “Ley Orgánica del Congreso para restar atribuciones a la Comisión de Inspección con el fin de que no cambie dictámenes, sino simplemente los apruebe o rechace”. ?

Constitucion Mexicana en línea

Ahora se puede consultar la Constitución Mexicana desde internet.

aquí el enlace:
http://www.constitucion.gob.mx/

Banquete panista

Alberto Osorio Méndez - Proceso Jalisco 122

Como en otros municipios, el equipo del alcalde entrante de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, se ha convertido en un banquete de caníbales; en la repartición de las cuotas de poder predomina el grupo del actual secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, seguido de la camarilla del gobernador electo Emilio González. El gran perdedor es el exalcalde tapatío Fernando Garza, cuyos alfiles han sido desplazados por la mala (con infundios y bloqueos) y se han tenido que refugiar en Zapopan.

Apenas se están haciendo los últimos ajustes para presentar el equipo de trabajo del nuevo presidente municipal de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, que empezará este lunes 1 de enero su trienio (2007-2010), y los diferentes grupos políticos del Partido Acción Nacional (PAN) ya libran una lucha a muerte para adelantarse a quienes pudieran colarse como precandidatos a la presidencia municipal tapatía para 2009.

Con la imagen de un muchacho de “buena familia” y de actitudes sanas, Alfonso Petersen Farah mantiene las simpatías del panismo tradicional, en el que incluso es visto como candidato natural para la gubernatura en 2012, pero la integración de su gabinete en el municipio de Guadalajara comenzó ya a salpicarse con la guerra de señalamientos de corrupción.

El gabinete de Petersen reservó varios de los puestos más importantes para el equipo de su exjefe, el exgobernador de Jalisco y actual titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, lo que a la vez ayuda a desplazar de la estructura municipal a los funcionarios del grupo de Fernando Garza Martínez, expresidente municipal de Guadalajara, según información recabada dentro del mismo partido blanquiazul.

El primer caído en esa confrontación fue el diputado y líder del PAN en Guadalajara, Alfredo Argüelles Basave, quien hace varias semanas se perfilaba para la Secretaría General del ayuntamiento pero fue detenido en seco por un grupo de siete regidores que asumirá este lunes 1 junto con Petersen. Este grupo de panistas amagó con obstruir y echar abajo la designación de Argüelles en caso de que se concretara.

El diputado tenía otra opción: la dirección de Desarrollo Social, pero también se le vino abajo por el bloqueo de los mismos regidores, encabezados por Alejandro Madrigal.

Aunque todos los involucrados niegan que exista una confrontación por los puestos en el gobierno de Guadalajara, es evidente que en esa estrategia coinciden los intereses del grupo de Ramírez Acuña, de Eduardo Rosales (líder del PAN jalisciense) y del nuevo gobernador, Emilio González Márquez.

Bombardeo

Semanas antes de darse a conocer los nombres de los integrantes del gabinete de Petersen, se ofreció a algunos medios de comunicación una noticia bomba: los diputados Alfredo Argüelles Basave y Ricardo Ríos Bojórquez –los números uno y dos del Comité Directivo Municipal del PAN en Guadalajara, ligados al grupo de Fernando Garza– fueron señalados y exhibidos por un supuesto intento de soborno a empresarios del transporte.

El lunes 18 de diciembre, cuando faltaban sólo cuatro días para que Petersen Farah diera a conocer los primeros nombres de su gabinete, el periódico Público encabezó así su nota principal: Pidieron mordida para subir el pasaje. El balazo dice: “De trece a diez millones fue la propuesta, revelan camioneros”.

En la información, desplegada en las páginas 6 y 7 de esa edición, se afirma que “el dinero sería para los diputados del PAN Ricardo Ríos y Alfredo Argüelles”, a cambio de facilitar el aumento al precio del trasporte.

En el rotativo, que dirige el hermano del nuevo alcalde de Guadalajara, Diego Petersen Farah, esa acusación aparece sustentada en una declaración anónima de un individuo que es presentado como delegado de ruta, a quien sólo identifican como “Tito”.

Según las declaraciones hechas por ese sujeto a Público, el 24 de noviembre el director de la Mutualidad del Transporte Urbano del Estado de Jalisco (Mutujal), Fernando Soto Casillas, convocó a los integrantes de la organización para notificarles que les estaban pidiendo 10 millones de pesos para los diputados.

A Alfredo Argüelles y a Ricardo Ríos se les ubica como los beneficiarios de esa cantidad, que presuntamente se reuniría mediante la colecta de 3 mil pesos por cada permisionario y que se justificaría a través de la propuesta de reforma a la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte, en la cual ambos legisladores promoverían que se aumentara en un peso el pasaje y que se sometiera la tarifa a un incremento anual automático.

En entrevista con Proceso Jalisco, Argüelles Basave afirma que se trata de una maniobra burda para dejarlos fuera de la jugada en la integración del gabinete de Alfonso Petersen, y rechaza hablar sobre conflictos con el inminente alcalde tapatío. También niega que esté ligado a cualquier acto de corrupción e indica que junto con Ríos Bojórquez levantó ya una denuncia penal por difamación en la Procuraduría de Justicia del Estado en contra de quien resulte responsable.

Por su parte, Alfonso Petersen Farah entra en el juego de las negaciones y desestima la interpretación de que su gabinete esté dominado por el equipo de Francisco Ramírez Acuña, ya que, dice, ha buscado el mejor perfil para el desempeño de los distintos cargos.

De paso, rechaza que exista la intención de intervenir en la línea editorial de Público, diario que dirige su hermano Diego Petersen, aunque levantó suspicacias el manejo de las versiones sobre la presunta extorsión a los transportistas por parte de Alfredo Argüelles y Ricardo Ríos. “Se lo digo así de claro: ni el alcalde manoseará a Público ni Público manoseará la nueva administración”, afirma.

A pesar de los comentarios del nuevo alcalde, lo cierto es que en el reparto de posiciones gana el gobernador con licencia Ramírez Acuña. Por su parte, el gobernador electo Emilio González Márquez queda en segundo lugar, y Fernando Garza Martínez se convierte en el gran perdedor.

En esta circunstancia, los seguidores de este último, que en no pocas ocasiones le provocaron conflictos a González Márquez cuando era presidente municipal de esta capital, se resignan a convertirse en un grupo de huérfanos.

Por ejemplo, una de las posiciones clave, la Secretaría General del ayuntamiento, Petersen se la asignó a Alfonso Rejón Cervantes, un excolaborador de Ramírez Acuña que cuando estuvo al frente de la Secretaría de Vialidad se caracterizó por llevar una relación despótica con los medios de comunicación. Muchos reporteros coincidían en que el funcionario quería tratarlos como empleados a su servicio.

Durante toda su gestión, Rejón mantuvo una relación tormentosa con la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), encabezada por Carlos Corona, y le decomisó varias unidades de transporte urbano que operaban fuera de la ley, es decir, sin el permiso de la Secretaría de Vialidad.

Por su parte, la FEU siempre consideró a ese funcionario como el protector de los intereses y los prestanombres de Ramírez Acuña en los negocios ligados al trasporte público. Rejón Cervantes, según ha dicho Carlos Corona, nunca aceptó entregar a esa organización una copia de los nombres de las personas a las que se han otorgado nuevos permisos, entre quienes hay –según el dirigente de la FEU– una buena cantidad de camioneros que le trabajan a Ramírez Acuña.

Las tribus del PAN

Otra posición importante es la del secretario de Seguridad, donde Alfonso Petersen designó al exalcalde de Zapopan Macedonio Tamez Guajardo, político bien visto por amplios sectores de la población y quien, después de aspirar a la gubernatura y de reconocer problemas en el sistema interno para la selección de candidato en el PAN, ahora termina como el responsable de los uniformados municipales.

En la Tesorería estará Armando González Cantú, quien tiene experiencia en el puesto, pues como tal brincó de Zapopan a Tlajomulco con el alcalde saliente Andrés Zermeño.

A la oficina de Coordinación y Evaluación Municipal llega Víctor Martínez de Castro, quien trabajó con Ramírez Acuña como titular del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade). Aída Lucía Aguirre Varela es otra de las excolaboradoras de Ramírez Acuña que se integra al gabinete de Petersen como directora administrativa.

A su vez, Gilberto Toscano García de Quevedo queda como director de Obras Públicas, después de dirigir el Instituto Promotor de la Vivienda (Iprovipe) en la administración de Ramírez Acuña.

Y con el apoyo del grupo de Fernando Garza, José María Martínez, actual coordinador de los diputados panistas, será el líder de los regidores de su partido, pero incluso ese nombramiento estaba a punto de caerse al cierre de esta edición, mientras que la dirección de Promoción Social queda en manos de Martín Camarena, exdirigente del PAN en Guadalajara y también ligado a la corriente del ingeniero Garza.

En medio de este acomodo de fichas, una de las pérdidas más grandes que ha enfrentado Alfonso Petersen en las últimas semanas es el retiro de José de Jesús Levy García, exdirigente de la Coparmex y titular de finanzas bajo la administración de Alberto Cárdenas Jiménez. Molesto por la forma en que los diferentes grupos se reparten las posiciones municipales, Levy García prefirió sumarse al equipo de trabajo de Cárdenas Jiménez en el gobierno federal (la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación).

Migración de garzas

El complejo escenario que ofrece Guadalajara para el trabajo político de quienes integran el equipo de Fernando Garza hace que ese grupo busque refugio en el ayuntamiento de Zapopan.

En este ayuntamiento, uno de los suyos, Juan Sánchez Aldana, ganó la presidencia municipal a pesar de todos los pronósticos y del nulo apoyo que recibió del grupo de Ramírez Acuña y de la raquítica ayuda que le dio Eduardo Rosales Castellanos desde la dirigencia estatal del PAN.

Convertido en un político lejano de los medios de comunicación, que le resultan incómodos, y fiel a las instrucciones de sus asesores, encabezados por José Roberto López –quien será su secretario particular, como lo fue de Fernando Garza Martínez–, Sánchez Aldana está resintiendo toda la presión de aquellos panistas que impulsaron a Fernando Garza en la contienda interna y que luego de la derrota buscan recuperar posiciones y algo del dinero invertido en la campaña de su gallo.

Entre esos refugiados están viejos amigos del desaparecido grupo Zapopan y exfuncionarios de Guadalajara, como Cecilia Wolf Madero, quien dirigirá el Instituto de la Cultura, mientras Antonio Diosdado Trujillo ocupará la Tesorería.

La oficina de Comunicación Social está reservada para Sergio Velasco Duarte, que siempre ha mantenido su cercanía con el grupo de Garza y desempeñó la misma función en la administración municipal de Emilio González Márquez, pese a que su relación con el hoy gobernador electo no siempre fue buena.

Vicente Viveros estará al frente de la coordinación de asesores, María Teresa Brito Serrano se desempeñará como secretaria general del ayuntamiento y el exsenador Felipe Vicencio Tovar –uno de los principales críticos de la Ley Televisa dentro del PAN– se encargará de Desarrollo Social, en una posición que podría ser de vital importancia si quiere buscar la alcaldía zapopana dentro de tres años.

Para Seguridad Pública, una de las áreas más cuestionadas durante la administración que termina –encabezada primero por Arturo Zamora Jiménez y luego por Ismael Orozco–, se designó a Francisco Martínez, quien tendrá que reinstalar en sus cargos a funcionarios cesados por la administración priista, o de lo contrario pagarles liquidaciones millonarias, como ordenan autoridades laborales y judiciales.

Al frente de la oficina de Padrón y Licencias fue nombrado Eraclio Reséndiz, mientras que a Gabriel Hernández se le asignó la de Servicios Públicos y a Leopoldo Pérez Méndez la Oficialía Mayor Administrativa.

Desde este punto de vista, Zapopan será la trinchera del grupo de Fernando Garza, quien podría regresar a Jalisco como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, a pesar de que su presencia resultaría incómoda para el gobernador Emilio González Márquez.

Entretanto, en Tonalá, el presidente municipal electo, Jorge Vizcarra Mayorga, tiene serios problemas desde antes de difundir los nombres de los integrantes de su gabinete.

Aunque todavía no empieza su gestión, se ve en la necesidad de hacer cambios sobre la marcha para dejar fuera a personas que, lejos de ayudarle en la administración, levantan polémica por sus antecedentes penales.

Por ejemplo, Vizcarra tenía reservado el puesto de secretario particular para Carlos Romo Guízar, pero hace unos días tuvo que dar marcha atrás porque se supo que Romo ha enfrentado cuatro denuncias penales por abuso de confianza, despojo y fraude entre 1992 y 2000.

Entrevista a Alfonso Petersen

Sólo escuché sugerencias

Alberto Osorio Méndez - Proceso Jalisco 122

Médico de profesión y extitular de la Secretaría de Salud del estado, Alfonso Petersen, presidente municipal entrante de Guadalajara, jura que nunca ha consumido ningún tipo de droga, rechaza el aborto y se pronuncia a favor de la ley de sociedades de convivencia.

Es hijo del ingeniero Carlos Petersen Biester, panista de la vieja guardia que fue secretario de Desarrollo Urbano y primer candidato del PAN en ganar la presidencia municipal de Guadalajara en los años setenta, aunque su triunfo no fue reconocido entonces por el PRI.

Poncho, como le dicen sus familiares y amigos, niega que destacados miembros de su partido hayan secuestrado su administración municipal desde antes de que ésta iniciara.

En entrevista con Proceso Jalisco, asegura también que nunca ha pasado por su mente buscar la gubernatura del estado.

–¿Cuántas cuñas le metieron, doctor? –se le pregunta.

–Honestamente le digo: ninguna; creo que es importante reconocerlo y sería absurdo no hacerlo. En ocasiones escuché sugerencias de integrantes de mi partido acerca de cómo se deberían realizar las funciones de gobierno, pero sólo se trata de opiniones, y para la integración de mi equipo de trabajo únicamente fueron consideradas aquellas personas con el perfil requerido para cumplir con nuestro objetivo.

Admite que en varios puestos colocó a funcionarios que no necesariamente pertenecen al PAN, con el fin de respetar las alianzas que a su juicio se deben preservar.

Defiende el nombramiento de Alfonso Rejón Cervantes, quien estará al frente de la Secretaría General a pesar de las críticas en su contra por supuesta falta de transparencia cuando se desempeñó como titular de la Secretaría de Vialidad durante la administración de Francisco Ramírez Acuña y parte de la del actual gobernador interino, Gerardo Octavio Solís Gómez.

–¿A cuántas personas le recomendó Ramírez Acuña?

–Con el licenciado Francisco Ramírez Acuña no he tenido el gusto de platicar desde que en agosto pasado hizo el favor de invitarnos a una comida a los presidentes municipales electos.

En cuanto a la Ley de Sociedades de Convivencia, aprobada en la capital del país hace varios meses, Petersen asegura que es un instrumento al que de manera injusta se le ha denominado “ley gay”,porque la convivencia –precisa– “no necesariamente va de la mano de las convicciones sexuales o de los intereses que en un momento determinado las personas puedan llegar a tener”.

Considera que las críticas que se le han hecho a esa ley “carecen de sustento y son irresponsables”. Aunque dice respetar la opinión del arzobispo de Guadalajara, cardenal Juan Sandoval Íñiguez, quien ha manifestado su rechazo a la Ley de Sociedades de Convivencia, dice que no está de acuerdo con esta postura.

El gobierno del "no"

Víctor Manuel Lopez Álvaro - Proceso Jalisco 112

Las autoridades de Jalisco se empeñan en obstaculizar el libre acceso a la información. Sus negativas son sistemáticas: cada vez que el Instituto de Transparencia e Información Pública determina que los datos requeridos son de carácter público y deben estar a disposición de la ciudadanía, entonces las dependencias interponen recursos ante el Tribunal de lo Administrativo a fin de bloquear los dictámenes del Instituto.

A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJ) no sólo se le acusa de proteger a los agentes investigadores que han sido denunciados por toIrtura; también hay testimonios de que entorpece y niega el acceso a la información pública y obstaculiza una investigación sobre feminicidios en la entidad.

La PGJ como la Secretaría de Seguridad Pública y Readaptación Social (SSPRS) y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) son las entidades públicas que más recurren al juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Administrativo de la entidad (Taejal) en contra de las resoluciones del Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei) mediante las cuales se les ordena que entreguen información pública.

Así lo afirman Agustín Rentería Godínez, secretario ejecutivo del Itei, y Cecilia Vargas Alcázar, tercera visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad (CEDHJ), quien pidió –infructuosamente– copia de las averiguaciones previas relativas a homicidios dolosos cometidos contra mujeres entre 2005 y 2006.

La SSPRS se niega a proporcionar los nombres de los servidores públicos asignados como escoltas de funcionarios y exfuncionarios, así como el monto de los gastos mensuales por concepto de salarios de ese personal.

La ASEJ inició un juicio de nulidad porque el Itei le ordenó que entregara copias simples y certificadas de las observaciones a las cuentas públicas de los ayuntamientos de San Martín Hidalgo y Tlajomulco de Zúñiga, así como información de las obras públicas de 2005. También le requirió datos acerca de presuntas anomalías en las obras de ampliación de la carretera de Zapopan-Tesistán.

El Itei también le pidió a la ASEJ los resultados de las auditorías que se han practicado en el municipio de Zapopan y en el Comité Administrador del Programa Estatal para la Construcción de Escuelas (CAPECE). Además, le solicitó una copia certificada de las observaciones realizadas a la cuenta pública del gobierno del estado correspondiente a 2004.

Este semanario requirió a la PGJ una copia del currículum de Manuel Dávila Flores, director de Supervisión de Derechos Humanos de esa dependencia, cuyo Comité de Clasificación de Información Pública consideró esta información como reservada y confidencial. En su respuesta señaló que al proporcionar dicha información “esta autoridad pudiera estar vulnerando derechos de la personalidad y a la vida privada de una persona”.

En otra solicitud a esta misma dependencia, Proceso Jalisco pidió el acceso a los expedientes de 35 agentes investigadores acusados por la CEDHJ de torturar a nueve personas, según la recomendación 6/2006, emitida en septiembre pasado. La PGJ respondió que se trata de información reservada.

El Itei determinó que las dos solicitudes de esta publicación son fundadas y le ordenó a la procuraduría entregar dicha información. Sin embargo, la dependencia se negó a hacerlo e interpuso un recurso de nulidad en el Taejal. Este juicio puede demorarse hasta dos años.

Proceso Jalisco hizo a la PGJ una solicitud más: información acerca del número de agentes investigadores que han sido dados de baja por delitos o sanciones administrativas y número de armas que se han perdido. El Itei ordenó a la procuraduría que entregara la información solicitada, pero de nueva cuenta la dependencia inició un juicio de nulidad ante el Taejal.

Los feminicidios

De acuerdo con la opinión de consejeros del Itei, al negar la información solicitada por Cecilia Vargas Alcázar, tercera visitadora de la CEDHJ, sobre las averiguaciones previas de mujeres asesinadas, la PGJ pasó por alto varios ordenamientos legales, como el artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Jalisco en su fracción 3, en donde asienta que “no se requerirá el consentimiento de las personas titulares para proporcionar la información confidencial (…) cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias o entidades, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de las facultades prioritarias de los mismos y no se afecte la confidencialidad de la información”.

Así mismo, estiman que la PGJ ignoró la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que en su artículo 62 señala: “Las autoridades o servidores públicos a los que se les solicite información o documentación que sea considerada de carácter reservado, lo comunicarán a la comisión y expresarán las razones para considerarla de esa naturaleza. En ese supuesto, los visitadores generales tendrán la facultad de hacer la calificación definitiva sobre la reserva y solicitar que se le proporcione la información o documentación, que se manejará en la más estricta confidencialidad”. Y lo más grave, enfatizan los consejeros del Itei, es que la procuraduría violó una garantía constitucional consagrada en el artículo seis.

La respuesta que Vargas Alcázar recibió por parte de la procuraduría estatal fue que al ser ella una funcionaria pública, no se le podía proporcionar dicha información. Por ello, interpuso el recurso de revisión 602/2006 ante el Itei. Éste determinó que la procuraduría no justificó la negativa de proporcionar las averiguaciones previas; además, revocó su respuesta inicial y le pidió que realice otra.

Aparte de esta solicitud que no respondió el procurador Salvador González de los Santos, el 1 de agosto pasado Vargas Alcázar requirió al mismo funcionario que “informe cuántas desapariciones y homicidios en contra de mujeres han acontecido en 2005 y 2006; si se han dictado medidas especiales por tratarse de un sector de la población y que remita copia simple de las averiguaciones previas de los casos”. No hubo respuesta.

El secretario ejecutivo del Itei, Agustín Rentería, explica a Proceso Jalisco que “el derecho al acceso a la información no está limitado a que usted sea funcionario o que sea un ciudadano que no tiene un nombramiento público”. En este sentido, añade, la procuraduría no analizó el fondo del asunto y tampoco fundamentó su negativa.

Dilaciones

Los organismos que más han promovido el juicio de nulidad en contra de las resoluciones del Itei son la PGJ, la SSPRS y la ASEJ. “Sistemáticamente, si el Itei le ordena a cualquiera de estas dependencias que entregue información, se van, indebidamente, al juicio de nulidad”, comenta Rentería.

Y agrega: “Esto es retardar el derecho del acceso de las personas a la información pública, porque finalmente la instancia que tiene la última palabra para determinar si una información es pública o no es el consejo del Itei”.

Esta situación, precisa, comenzó desde hace un año y sólo se han resuelto dos de los 20 casos que conoce el Taejal. Uno de ellos es el concerniente a la solicitud de la copia del recibo de nómina de Francisco Ramírez Acuña. El Itei determinó que era información pública, pero el Taejal declaró nula tal resolución.

Sin embargo, el Itei apeló esta decisión. “Nosotros estamos llegando hasta el último recurso que tengamos para probar que, independientemente de lo que haya decidido, el Taejal no es un órgano competente para conocer sobre las resoluciones del instituto”, sostiene Rentería Godínez.

Desde el momento en que las dependencias presentan un juicio de nulidad, el Itei suspende el trámite de la resolución impugnada. “Aunque es una suspensión otorgada por una autoridad que no es competente, nosotros debemos respetarla, pues no vamos a violar el estado de derecho, como lo están haciendo ellos”, concluye.

Impunidad al estilo Jalisco

"Iban muy tomados"

Felipe Cobian R. - Proceso 1572 - Suplemento Jalisco 110

El testimonio de Antonia Ramírez Torres en torno del " accidente en el que perdió la vida Néstor Alan Rodríguez Licea es contundente: los dos vehículos que jugaban carreras la madrugada del domingo 26 de noviembre sobre 1 avenida Juárez-Vallarta eran conducidos por jóvenes en estado de ebriedad. Los automóviles eran manejados por Christian Arias, hijo de Fernando Arias Pérez, vocero de la Secretaría de Gobernación, y Francisco Javier Álvarez del Castillo, pariente del ex gobernador Enrique Álvarez del Castillo.

Se van a matar. Mira cómo van. Bien borrachos y a qué velocidad", dice Antonia Ramírez Torres, quien viajaba con su familia a bordo de un Chevy la madrugada del domingo 26 de
noviembre, al referirse a los conductores de los dos vehículos que pasaron a toda velocidad sobre la avenida Juárez-Vallarta.

Poco después del mediodía de ese domingo, una vecina le comunicó a Ramírez Torres que los dos vehículos que iban jugando carreras -una Dogde Ram y un Jetta- se habían impactado más adelante contra el vehículo que manejaba el joven Néstor Alan Rodríguez Licea, de 18 años, quien murió a causa del accidente.

En entrevista con Proceso Jalisco, Ramírez Torres relata que supo también que los dos jóvenes que provocaron el choque -Christiaq Arias de la Torre y Francisco Xavier Alvarez del Castillo Iñiguez- eran hijos de personas influyentes, quienes alteraron los hechos en un intento por salvar a sus vástagos de la cárcel por homicidio intencional.

Christian es hijo del actual director de Comunicación Social en la Secretaría de Gobernación, Fernando Arias Pérez, mientras que Francisco Xavier es hijo de Jesús Javier Alvarez del Castillo, pariente directo del ex gobernador y ex procurador general de la República Enrique Alvarez del Castillo.

El relato

Eran poco después de las 2:00 de la madrugada del domingo 26 de noviembre, cuenta Ramírez Torres, cuando ella regresaba a su domicilio acompañada por su hija, su yerno y cuatro de sus nietos. La familia había ido a cenar a la fonda La Chata, situada en pleno centro de la ciudad, a una cuadra del Palacio de Gobierno, precisamente en la calle Corona, entre López Cotilla y la avenida Juárez- Vallarta.

Fueron los últimos comensales en salir del restaurante, dice. Habían llegado al lugar alrededor de la medianoche del sábado, luego de que su hija y su yerno -"de origen pocho", aclara- participaron en un encuentro matrimonial.

Al salir de La Chata, los siete abordaron su Chevy y, apretujados, se dirigieron hacia su casa en la colonia Americana. Su yerno conducía el auto a baja velocidad, sobre el carril izquierdo de la avenida Juárez- Vallarta, pues todavía no conoce bien esta ciudad, dice la señora Ramírez.
Había avanzado algunos metros cuando los alcanzó una Dodge Ram negra del año y un Jetta gris de modelo más atrasado con al menos dos personas a bordo en cada unidad -presumiblemente el chofer y el copiloto-. "Llevaban la música a todo volumen. Iban gritando. Se les veía muy tomados", refiere Ramírez Torres a Proceso Jalisco.

Y agrega. "Primero parecían indecisos. Como que no sabían a dónde dirigirse". Después, el Chevy les dio alcance y los rebasó un poco. Sin embargo, a la altura del templo y del exconvento de El Carmen, los conductores de la Dodge Ram y el Jetta empezaron a acelerar, a quemar llanta para jugar carreras. Y partieron como bólidos.

En cuestión de segundos, a la altura del parque de la Revolución, rebasaron al Chevy, que estuvo a punto de ser golpeado por la camioneta negra. Casi al mismo tiempo, los jovenzuelos de los dos vehículos -"que iban a una velocidad exagerada"- "le gritaron baboso a mi yerno", cuenta la testigo del accidente. El puro aire que produjo la camioneta negra, dice, sacudió al Chevy a pesar de que iba ocupado por siete personas.

"Se van a matar. ¡Mira cómo van! Bien borrachos", dice que exclamó, pasado el susto.

Al llegar a la avenida Enrique Díaz de León, el semáforo estaba en rojo. La familia del Chevy todavía no llegaba a la altura del Hotel del Parque, mientras que los conductores que jugaban carreras pasaron frente a la rectoría de la Universidad de Guadalajara, y aunque vieron la señal no disminuyeron la velocidad.

"No hicieron ni el intento de pararse -dice-. De pronto hicieron como remolino
las dos unidades. El letta, para evitar el impacto, le pegó a la camioneta y el golpazo contra el Volkswagen blanco fue tal que su motor salió volando. Al principio creí que se trataba de una motocicleta. Al auto blanco lo aventaron contra un poste cerca de un 7 Eleven, donde había muchachos que vieron todo, así como una patrulla de la Secretaría de Seguridad del estado.

"Cuando quise descender del Chevy para saber qué había pasado, todos se opusieron. Mi yerno se alejó en reversa del lugar, tomó la primera calle (Camarena) y circuló un tramo en sentido contrario hasta bajar por López Cotilla. Después llegó a Federalismo y volvió a subir por Miguel Blanco hasta Enrique Díaz de León para llegar finalmente a la casa."

Horas después, la señora Ramírez fue a la tienda de abarrotes de los señores Néstor Rodríguez y Mónica Licea, padres de Néstor Alan, quienes todavía no sabían del accidente en el que perdió la vida su hijo. Dice que el padre se veía angustiado, tal vez por no saber nada de su hijo desde la noche anterior.

"Yo tampoco sabía que el del accidente había sido Alan", dice la testigo. Fue hasta después del mediodía del domingo 26 de noviembre cuando una vecina le contó que al muchacho lo habían matado. Al principio Antonia creyó que lo habían asaltado, pero le dijeron que había muerto en un choque.