Los diputados sonrientes

Decisión de mujeres Foto:César Huerta/Extensión Medios

JORGE GÓMEZ NAREDO

La Jornada Jalisco

Más claro, imposible. El jueves pasado quedó nítidamente demostrado que la democracia representativa en Jalisco no funciona y que todos los diputados locales actúan a partir de intereses partidistas y electorales, sin mirar a sus representados y sin hacer un análisis ético de las decisiones que toman. Sí, el jueves pasado se vislumbró (nuevamente) la carencia de dignidad en esa elite política que se apresta a pedir el voto el próximo 5 de julio.

Fueron tres actos inconcebibles y denigrantes: la absurda negación a ratificar a Augusto Valencia como presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), la aprobación para construir tres nuevas líneas del Macrobús a un costo elevadísimo (vía Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios) y una reforma constitucional que garantiza la vida “desde la concepción”, es decir, que impide a las mujeres decidir sobre su propio cuerpo.

Augusto Valencia López, desde que fue nombrado presidente del ITEI, ha pugnado por la transparencia en la entidad. No le ha importado ser “políticamente incorrecto” cuando se ha tratado de buscar que el pueblo conozca cómo se gasta el dinero en las instituciones públicas. Sus desaguisados con el Congreso, con el Poder Ejecutivo y con algunos partidos políticos siempre estuvieron enmarcados en un compromiso con el derecho de los jaliscienses a saber en qué se invierten los dineros públicos. Esta actitud recta, comprometida y ejemplar causó malestar en muchos funcionarios públicos que simple y llanamente les importa nada rendir cuentas. Por ejemplo, Eduardo Rosales, presidente del PAN estatal, declaró el viernes pasado que jamás se debió haber elegido a Valencia presidente del ITEI. Además, argumentó que el nuevo titular de ese instituto deberá abonar a la “promoción de la transparencia; creo que debería tener la capacidad de sentarse con un presidente municipal para decirle: ‘estás haciendo mal, corrígelo’”. Estas palabras de Rosales, además de absurdas, son una afrenta a la inteligencia de cualquier persona que conozca, aunque sea un poco, las estrategias y necedades de muchos gobernantes para no rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos. El jueves pasado, el PAN, el PRI, el PT, el PRD, el Verde y el Panal decidieron que Jalisco no merece la transparencia y que ellos, los diputados y los partidos políticos, prefieren la opacidad.

La aprobación de la ley anti-aborto (que no fue discutida) evidencia que quien manda en los poderes Legislativo y Ejecutivo no son los diputados o el gobernador, sino el cardenal Juan Sandoval Iñiguez. Se mostró, asimismo, la intolerancia de la elite política hacia quienes disienten. Y por supuesto, fue denigrante la actuación de la “izquierda” partidista (que se había sumado ya a la no ratificación de Valencia). Sí, dos diputados del PRD (Enrique Alfaro y Carlos Orozco Santillán), en lugar de idear alguna forma para evidenciar cómo el PAN y el PRI cedían ante los designios del purpurado, prefirieron salirse del Congreso. Por su parte, Samuel Romero Valle (otro perredista) se quedó para ordenar (como ya lo ha hecho en otras ocasiones) el silenciamiento y desalojo de dos mujeres que mostraban su inconformidad a la llamada ley antiaborto. Un día después, el presidente estatal del PRD, Antonio Magallanes, se puso renegado, criticó al cardenal y anunció que “posiblemente” interpondrá una controversia constitucional: es decir, que hará nada. Todo sea por no perder los pocos votos que aún posee en Jalisco esa izquierda tan bien portada, tan correctamente peinada, esa izquierda que no busca la transparencia en Jalisco y que se queda callada ante las aberraciones que realizan el PRI y el PAN.

El jueves pasado también los diputados aprobaron un proyecto enviado por el Ejecutivo para construir tres líneas más del Macrobús, vía Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios. Esto posibilitará que la corrupción se dé a granel: en dicho proyecto cada kilómetro de Macrobús cuesta 113 millones, y no 38, que fue lo gastado en la edificación de la línea que está ya en operaciones. Son congruentes nuestros ínclitos diputados: la transparencia les importa nada.

¿Qué pensarán los diputados que el jueves pasado votaron para no ratificar a Valencia como presidente del ITEI, aprobaron la ley antiaborto y dieron borbotones de dinero a un Ejecutivo que se ha caracterizado por su venalidad y por dilapidar el dinero público? Seguramente no les quedará ningún remordimiento: ya se aprestan a pedir el voto sin asomo de vergüenza. Sí, ahí está ya Jorge Salinas Osornio (líder de la bancada del PAN y el mayor impulsor de estos tres actos) listo para contender por la alcaldía de Guadalajara: eso se llama no tener ética y ejercer hipocresía supina. Pero a ellos no les importa. Sus sonrisas el jueves pasado lo decían todo: indicaban inenarrable gozo.

jorge_naredo@yahoo.com

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::

Lo ciudadano y lo democrático: acerca del ITEI

JORGE GÓMEZ NAREDO

La Jornada Jalisco

Los comités ciudadanos del gobierno legítimo, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, tuvieron ayer una reunión privada en el Deportivo Reynosa, de la Delegación Azcapotzalco, en la ciudad de México Foto: REUNION DE COMITES CIUDADANOS / JOSE ANTONIO LOPEZ

En el actual sistema democrático, dicen los de arriba, todos cabemos, todos entramos y todos, absolutamente todos, estamos representados. Esto es una falacia. En el caso mexicano, lo “democrático” ha dejado en silencio a las voces de los de abajo, de los humildes e incluso de los estratos medios. Cada tres o seis años hay elecciones para que la sociedad elija a quienes ya han sido elegidos. Basta con mirar los nombres de los contendientes en las próximas elecciones de julio: representarán a grupos políticos o empresariales, no a la ciudadanía. Así se fisura el sistema democrático: no habrá representatividad porque la “oferta” política ha sido ya limpiada (no vaya a salir por ahí un “renegado” o “renegada”) por los jeques de los partidos políticos.

Los defensores de la actual estructura democrática en México justifican estos problemas arguyendo que hay posibilidades de que la sociedad se organice y ejerza sus derechos: nos dicen que podemos manifestarnos, juntarnos y hasta constituir asociaciones ciudadanas. Sin duda, tiene algo de razón: existe cierta libertad, pero dicha libertad de salir a las calles, alzar la voz, marchar y estar en contra de algún gobierno no indica que ese gobierno preste atención y sea sensible a los reclamos. Hay innumerables casos de personas que se han organizado para exigir al gobierno eficacia, y la respuesta siempre ha sido la misma: desdén, indiferencia e incluso persecución y represión.

Los defensores del actual sistema democrático en México son tercos y nos repiten que hay instituciones ciudadanas u organismos públicos autónomos donde todos entramos. Sin embargo, si uno echa un vistazo, se encontrará que no son tan ciudadanos ni tan autónomos. El Instituto Federal Electoral, por ejemplo, actualmente está conformado por personas que obedecen a los partidos políticos (o intereses empresariales) y no a la ciudadanía.

Tampoco se debe idealizar a la “ciudadanía” como impoluta, que siempre actúa ejemplarmente y que jamás comete errores. La pobreza no se terminará haciendo “ciudadanas” a las instituciones políticas; la inseguridad no se erradicará con la multiplicación de “organismos ciudadanos”; una verdadera democracia no se tendrá si todo se hace ciudadano. En el gran espectro de los ciudadanos entran desde el empresario que siempre viaje en autos BMW (y en avión en primera clase), hasta el campesino que no ha tramitado su credencial de elector y habita la pobreza todos los días. Muchos empresarios han utilizado el discurso ciudadano para obtener beneficios en detrimento de las mayorías. Recordemos que varios espots televisivos en las elecciones de 2006 (que sembraron odio y resentimiento entre los mexicanos) fueron hechos por “asociaciones ciudadanas”.

Pese a estos problemas del actual sistema democrático, no se debe olvidar que hay espacios cercanos a la ciudadanía y alejados de las elites políticas. Dichos espacios precisan ser defendidos. Uno de ellos es el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI). En este organismo se ha dado algo que debería ser lo común pero que, desgraciadamente, es la excepción: quien lo dirige ha fungido como un verdadero representante de los intereses ciudadanos. Sí, Augusto Valencia López, con todos los errores que pudo haber cometido, ha tenido la virtud de no cejar en su interés por hacer transparentes a las instituciones jaliscienses. Se ha enemistado con el Congreso estatal, con el Poder Ejecutivo local y con los partidos políticos porque siempre ha peleado por la transparencia.

En próximas fechas, el Congreso del Estado, es decir, los diputados que representan a los partidos políticos y no al pueblo de Jalisco, decidirá si Valencia es reelegido como presidente del ITEI. Sería lo más sano para la transparencia en Jalisco. Sin embargo, son extrañas las formas como se escoge a los presidentes de los organismos públicos autónomos. Quienes los designan, cosas de la vida, son los partidos políticos (a través de sus diputados): ellos deciden quiénes son las personas más aptas. Y claro, ellos también deciden quiénes les causarán menos problemas e incomodidades.

Sin duda, Augusto Valencia ha hecho un gran esfuerzo para hacer de Jalisco un estado transparente. No es cosa fácil. Se ha enfrentado a grandes intereses y lo ha hecho con ahínco, si bien algunas veces con más corazón que cabeza. Pero ha defendido el derecho de la ciudadanía a saber cuánto se gasta, cómo se gasta y para qué se gasta en las instituciones públicas. Y lo ha realizado con inteligencia y tesón. Ha soportado los embates y las artimañas de los partidos políticos y de no pocos funcionarios públicos. El caso de Augusto Valencia es, desgraciadamente, un caso excepcional. Y es que en estas tierras, la democracia es excepcional.

jorge_naredo@yahoo.com

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::

El gobierno del "no"

Víctor Manuel Lopez Álvaro - Proceso Jalisco 112

Las autoridades de Jalisco se empeñan en obstaculizar el libre acceso a la información. Sus negativas son sistemáticas: cada vez que el Instituto de Transparencia e Información Pública determina que los datos requeridos son de carácter público y deben estar a disposición de la ciudadanía, entonces las dependencias interponen recursos ante el Tribunal de lo Administrativo a fin de bloquear los dictámenes del Instituto.

A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJ) no sólo se le acusa de proteger a los agentes investigadores que han sido denunciados por toIrtura; también hay testimonios de que entorpece y niega el acceso a la información pública y obstaculiza una investigación sobre feminicidios en la entidad.

La PGJ como la Secretaría de Seguridad Pública y Readaptación Social (SSPRS) y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) son las entidades públicas que más recurren al juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Administrativo de la entidad (Taejal) en contra de las resoluciones del Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei) mediante las cuales se les ordena que entreguen información pública.

Así lo afirman Agustín Rentería Godínez, secretario ejecutivo del Itei, y Cecilia Vargas Alcázar, tercera visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad (CEDHJ), quien pidió –infructuosamente– copia de las averiguaciones previas relativas a homicidios dolosos cometidos contra mujeres entre 2005 y 2006.

La SSPRS se niega a proporcionar los nombres de los servidores públicos asignados como escoltas de funcionarios y exfuncionarios, así como el monto de los gastos mensuales por concepto de salarios de ese personal.

La ASEJ inició un juicio de nulidad porque el Itei le ordenó que entregara copias simples y certificadas de las observaciones a las cuentas públicas de los ayuntamientos de San Martín Hidalgo y Tlajomulco de Zúñiga, así como información de las obras públicas de 2005. También le requirió datos acerca de presuntas anomalías en las obras de ampliación de la carretera de Zapopan-Tesistán.

El Itei también le pidió a la ASEJ los resultados de las auditorías que se han practicado en el municipio de Zapopan y en el Comité Administrador del Programa Estatal para la Construcción de Escuelas (CAPECE). Además, le solicitó una copia certificada de las observaciones realizadas a la cuenta pública del gobierno del estado correspondiente a 2004.

Este semanario requirió a la PGJ una copia del currículum de Manuel Dávila Flores, director de Supervisión de Derechos Humanos de esa dependencia, cuyo Comité de Clasificación de Información Pública consideró esta información como reservada y confidencial. En su respuesta señaló que al proporcionar dicha información “esta autoridad pudiera estar vulnerando derechos de la personalidad y a la vida privada de una persona”.

En otra solicitud a esta misma dependencia, Proceso Jalisco pidió el acceso a los expedientes de 35 agentes investigadores acusados por la CEDHJ de torturar a nueve personas, según la recomendación 6/2006, emitida en septiembre pasado. La PGJ respondió que se trata de información reservada.

El Itei determinó que las dos solicitudes de esta publicación son fundadas y le ordenó a la procuraduría entregar dicha información. Sin embargo, la dependencia se negó a hacerlo e interpuso un recurso de nulidad en el Taejal. Este juicio puede demorarse hasta dos años.

Proceso Jalisco hizo a la PGJ una solicitud más: información acerca del número de agentes investigadores que han sido dados de baja por delitos o sanciones administrativas y número de armas que se han perdido. El Itei ordenó a la procuraduría que entregara la información solicitada, pero de nueva cuenta la dependencia inició un juicio de nulidad ante el Taejal.

Los feminicidios

De acuerdo con la opinión de consejeros del Itei, al negar la información solicitada por Cecilia Vargas Alcázar, tercera visitadora de la CEDHJ, sobre las averiguaciones previas de mujeres asesinadas, la PGJ pasó por alto varios ordenamientos legales, como el artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Jalisco en su fracción 3, en donde asienta que “no se requerirá el consentimiento de las personas titulares para proporcionar la información confidencial (…) cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias o entidades, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de las facultades prioritarias de los mismos y no se afecte la confidencialidad de la información”.

Así mismo, estiman que la PGJ ignoró la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que en su artículo 62 señala: “Las autoridades o servidores públicos a los que se les solicite información o documentación que sea considerada de carácter reservado, lo comunicarán a la comisión y expresarán las razones para considerarla de esa naturaleza. En ese supuesto, los visitadores generales tendrán la facultad de hacer la calificación definitiva sobre la reserva y solicitar que se le proporcione la información o documentación, que se manejará en la más estricta confidencialidad”. Y lo más grave, enfatizan los consejeros del Itei, es que la procuraduría violó una garantía constitucional consagrada en el artículo seis.

La respuesta que Vargas Alcázar recibió por parte de la procuraduría estatal fue que al ser ella una funcionaria pública, no se le podía proporcionar dicha información. Por ello, interpuso el recurso de revisión 602/2006 ante el Itei. Éste determinó que la procuraduría no justificó la negativa de proporcionar las averiguaciones previas; además, revocó su respuesta inicial y le pidió que realice otra.

Aparte de esta solicitud que no respondió el procurador Salvador González de los Santos, el 1 de agosto pasado Vargas Alcázar requirió al mismo funcionario que “informe cuántas desapariciones y homicidios en contra de mujeres han acontecido en 2005 y 2006; si se han dictado medidas especiales por tratarse de un sector de la población y que remita copia simple de las averiguaciones previas de los casos”. No hubo respuesta.

El secretario ejecutivo del Itei, Agustín Rentería, explica a Proceso Jalisco que “el derecho al acceso a la información no está limitado a que usted sea funcionario o que sea un ciudadano que no tiene un nombramiento público”. En este sentido, añade, la procuraduría no analizó el fondo del asunto y tampoco fundamentó su negativa.

Dilaciones

Los organismos que más han promovido el juicio de nulidad en contra de las resoluciones del Itei son la PGJ, la SSPRS y la ASEJ. “Sistemáticamente, si el Itei le ordena a cualquiera de estas dependencias que entregue información, se van, indebidamente, al juicio de nulidad”, comenta Rentería.

Y agrega: “Esto es retardar el derecho del acceso de las personas a la información pública, porque finalmente la instancia que tiene la última palabra para determinar si una información es pública o no es el consejo del Itei”.

Esta situación, precisa, comenzó desde hace un año y sólo se han resuelto dos de los 20 casos que conoce el Taejal. Uno de ellos es el concerniente a la solicitud de la copia del recibo de nómina de Francisco Ramírez Acuña. El Itei determinó que era información pública, pero el Taejal declaró nula tal resolución.

Sin embargo, el Itei apeló esta decisión. “Nosotros estamos llegando hasta el último recurso que tengamos para probar que, independientemente de lo que haya decidido, el Taejal no es un órgano competente para conocer sobre las resoluciones del instituto”, sostiene Rentería Godínez.

Desde el momento en que las dependencias presentan un juicio de nulidad, el Itei suspende el trámite de la resolución impugnada. “Aunque es una suspensión otorgada por una autoridad que no es competente, nosotros debemos respetarla, pues no vamos a violar el estado de derecho, como lo están haciendo ellos”, concluye.