La tentación autoritaria -Mónica Pérez Taylor-

foto: Cesar Huerta

De la tendencia autoritaria al fascismo sólo hay 10 minutos de patadas. "Fascista" rezaban las mantas de protesta de los campesinos contra el Secretario de Seguridad del DF.

La tentación autoritaria
Mónica Pérez Taylor
1 Nov. 08
MURAL

Fresco aún el memorable discurso que pronunció Miguel Ángel Granados Chapa al recibir la medalla Belisario Domínguez, ocurre un hecho que viene a confirmar lo oportuno de su advertencia y que preocupa hondamente a millones de mexicanos: el crecimiento de las tendencias autoritarias y la criminalización de la protesta social.

Y es que, ante la pregunta de un empresario al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Manuel Mondragón y Kalb, sobre las acciones para retirar el plantón del Movimiento de los 400 Pueblos, éste respondió justo lo que su auditorio quería escuchar: "si de mí dependiera, los sacaba a patadas en 10 minutos" y añadió: "por cierto, muy bonita la visión. Ellas están muy guapas y ellos están muy atractivos". Y los señorones, embelesados por su, esa sí, hermosa desnudez, festejaron a las risotadas y los aplausos.

Cuánto me recordó lo anterior a nuestra ufana cúpula empresarial y jerarquía eclesiástica festejando la majadería que González Márquez extendió al pueblo de Jalisco como una muestra de que el dinero y el poder, algunas de las veces, lejos de ennoblecer, embrutecen. Para ellos, la tolerancia, la inclusión, la democracia y el humanismo son cosas del demonio.

Los hombres y mujeres campesinos de "Los 400 pueblos" se desnudan todos los días, desde hace cinco años, en el monumento a la Madre, como el último recurso para llamar la atención. Son paisanos del veracruzano Ramiro Guillén Tapia, inmolado tras 40 años de acciones infructuosas sobre los mismos agravios.

A Mondragón y Kalib el reconocimiento a su vulgar ofensa por parte del poder de facto le duró poco, cuando tuvo que dar cuenta al resto de los mexicanos: "mis declaraciones fueron en una reunión coloquial y reconozco que fueron desafortunadas".

Inadmisible resulta que se confunda el contexto de la firma de un convenio entre el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF y la Coparmex con una "reunión coloquial", y que se utilice un lenguaje distendido que, si acaso, se permite en la confianza de lo familiar.

Esta declaración se inscribirá junto con otras infames como la de "mátenlos a todos", de Fidel Velázquez, al respecto del EZLN. O la del empresario de la Coparmex, Ricardo González Sada: "Hay que eliminar a AMLO"; y el último espeto de Fox: "Hay que partirle el queso a Andrés Manuel", todas, declaraciones antidemocráticas y bárbaras que deberían de ofender al conjunto de la sociedad y de llevar a la reflexión, porque asoman el odio de una minoría contra la mayoría, el rechazo a la oposición crítica y una clara tendencia al uso de la fuerza del Estado para eliminar conflictos en vez de resolverlos.

Dan miedo estos personajes y sus poses, propias de quienes saben dominan al País: la temible Coparmex. Destilan un odio de clase burgués lleno de discriminación, racismo, falta de respeto e insensibilidad y en total desapego a los derechos humanos. Ahí está, al acecho de saciar sus ansias de sangre, la mano dura. ¿Pero de dónde les nace a los privilegiados tanto odio contra el pueblo?, ¿por qué tanta saña, si a ellos precisamente el sistema sí les ha hecho justicia?

Y en Jalisco la tentación autoritaria se deja ver por igual. La Cámara de la Industria de la Construcción, en voz de su delegado Gustavo Arballo Luján, azuza al Gobierno para que ejerza "actos de autoridad" contra los intereses de "poquitos" que se oponen a obras como las presas de Arcediano y El Zapotillo, "sin temor por los derechos humanos". Queda claro que lo único que les interesa es que se inicien ya estas obras y muy lejos quedan los cuestionamientos hacia la inviabilidad de estos proyectos que no son de beneficio social, sino de beneficio empresarial.

La Red Nacional de Organismos Civiles señala que Jalisco es la entidad con mayor número de casos de represión y de criminalización de protestas sociales en el periodo 2007 y 2008, lo que confirma que los problemas irresueltos son vastos y se acumulan y rezagan hasta que la gente sale a la calle a protestar, y el Gobierno bruto e incapaz, a reprimir.

Las últimas cifras sobre la pobreza en México, según el Consejo Nacional de Evaluación (IPN) son aterradoras: 78.1 millones.

La prudencia indica que llegó el tiempo de poner atención a las demandas sociales básicas y de enfrentar las consecuencias de tanta indolencia gubernamental, o tomará algo más de 10 minutos de patadas para reprimir, torturar, encarcelar, desaparecer o criminalizar a semejante muchedumbre que legítimamente reclamará por su derecho a la sobrevivencia. De menos.

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2008::

No permitiremos un Estado policiaco: legisladores

Afirman PRD, PRI y PT que analizarán con cuidado la propuesta de Calderón


ANDREA BECERRIL , GEORGINA SALDIERNA , FABIOLA MARTINEZ - La Jornada

Legisladores y dirigentes de PRD, PRI y PT advirtieron que analizarán con todo detenimiento las reformas en materia de justicia y seguridad pública que Felipe Calderón envió al Congreso, ya que si bien están conscientes de la urgencia de mejorar el marco jurídico para el combate a la delincuencia organizada, no pueden avalar que se vulneren los derechos humanos con el espionaje telefónico, los cateos y allanamientos sin orden judicial.

En entrevistas por separado, los senadores perredistas René Arce y Ricardo Monreal señalaron que no deben permitir que el Estado mexicano se convierta en un ente policiaco, por lo que van a solicitar que su bancada estudie a fondo las reformas; de entrada, descartaron que se apruebe la propuesta de Calderón para que se intervengan conversaciones telefónicas privadas o se lleven a cabo cateos y allanamientos de domicilio sin orden de un juez.

Aunque se asegure que esas medidas se aplicarían sólo en el caso de la delincuencia organizada, el riesgo es que se generalicen y deriven en violaciones sistemáticas a las garantías individuales, agregó Arce, quien es secretario de la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

A su vez, Monreal adelantó que propondrá que expertos en la materia analicen la iniciativa junto con los integrantes de las comisiones dictaminadoras, para dejar en claro su alcance y repercusiones. A su juicio, no deben aprobarse medidas que puedan violentar derechos humanos, menos cuando la Procuraduría General de la República (PGR) no es autónoma, sino que depende del Ejecutivo federal.

Qué garantiza -preguntó- que no se utilice la dependencia con fines de persecución política, como en el caso del desafuero a Andrés Manuel López Obrador. En la fracción del PRD se tendrá que valorar el riesgo de regresar a décadas pasadas, cuando se espiaban las conversaciones de los opositores o adversarios políticos, para amedrentarlos o presionarlos.

"Hay que dar todo el apoyo jurídico para el combate al crimen organizado, sobre todo al narcotráfico, pero sin vulnerar los derechos humanos. No queremos que se llegue a un Estado policiaco", recalcó Arce Islas.

Por su lado, el petista Alberto Anaya calificó la iniciativa como preocupante y riesgosa, pues se puede convertir en el instrumento ideal para reprimir a la usanza nazi, como hizo la Gestapo en el pasado. Estamos en contra de aquello que implique echar las garantías constitucionales por la borda, pero valoraremos los aspectos positivos que la iniciativa pueda tener, subrayó.

Nosotros estamos en favor de que se combata el narcotráfico, pero se debe empezar por el mismo gobierno, pues sus funcionarios son los que están asociados a las bandas criminales y los que les dan cobertura en muchos municipios del país. A manera de ejemplo, refirió que en Durango, al empezar el operativo contra el tráfico de estupefacientes, el primero en ser detenido fue el subprocurador, por estar relacionado con las mafias.

En tanto, Ricardo Cantú, coordinador de los diputados federales del PT, señaló que los problemas de inseguridad y delincuencia no se resuelven con leyes más duras o que violenten los derechos humanos de los ciudadanos.

La mejor manera para propiciar el avance en el combate a la delincuencia es haciendo más eficiente a las policías en su trabajo de investigación, limpiándolas de la corrupción y sentando las bases para que la sociedad cada vez sea menos desigual. El desempleo y la pobreza propician la inseguridad, subrayó.

Mientras, Carlos Flores Rico, presidente de la Comisión de Imagen y Comunicación del Consejo Político Nacional del PRI, dijo que en ningún país la intervención de las comunicaciones privadas o la acción confiscatoria del Estado han sido métodos eficaces para el combate real al crimen organizado.

Agregó que la iniciativa presentada el viernes por Calderón tendrá buen impacto propagandístico, pero sin resultados concretos. "Estamos ante un plan burdo, poco inteligente y riesgoso para la libertad de los ciudadanos que no tenemos que ver con la delincuencia organizada", subrayó.

Justicia expedita aunque se restrinjan derechos: Calderón

En iniciativas enviadas al Congreso critica "benevolencia" de las medidas cautelares

El Presidente busca que los delitos graves se juzguen máximo en un año y los no graves en cuatro meses

El arraigo efectuado por el MP deberá ser convalidado en tiempo breve por un juez, precisa

GUSTAVO CASTILLO GARCIA La Jornada

En las iniciativas de Felipe Calderón para reformar los sistemas de seguridad y justicia penal del país se admite que las medidas propuestas en materia de investigación de delitos, y que pueden ser establecidas de manera unilateral por el Ministerio Público, son "restrictivas de los derechos fundamentales".

No obstante, afirma que aun cuando se impongan reglas, como prohibir salir de una demarcación territorial o "acercarse a uno o varios individuos", y vigilancia "a cargo de determinadas personas o instituciones", posibilitan una investigación expedita, "siempre en un marco de estricta legalidad".

Asimismo, se menciona que "en caso de delincuencia organizada, se excepcione la garantía individual consistente en solicitar que la pena se compurgue cerca del domicilio del reo", con el argumento de "la obvia razón" de que cumpla su sentencia en prisiones "que cuenten con la seguridad y las instalaciones necesarias para la protección de su integridad, disminuyendo los riesgos de fuga o violencia interna".

En la exposición de motivos de las iniciativas, Felipe Calderón asegura que "es imperativo revertir los índices de inseguridad pública e imprescindible que la sociedad recupere la confianza en sus instituciones; que sienta la certeza de que, ante la comisión de un delito, por menor que éste sea, se impondrá una sanción proporcional a la conducta, y que la víctima tendrá a su alcance los elementos y medios eficaces para ser restituida en el agravio ocasionado".

"Enérgico llamado" a las fuerzas políticas

El mandatario hace un "enérgico llamado a todas las fuerzas políticas" para que aprueben sus propuestas, en las que critica la "benevolencia" de medidas cautelares, como la suspensión en el juicio de amparo, y estima cuestiones como "el arraigo, en la prohibición de salir de una demarcación territorial o en el aseguramiento de bienes".

Sin embargo -agrega-, "es claro que es indispensable ampliarlas". Considera también que dado su carácter de restricción de derechos fundamentales, deben ser incorporadas a escala constitucional".

Afirma que en caso de aprobarse las iniciativas de ley, un juez podrá imponer medidas restrictivas de la libertad a un presunto delincuente durante la "investigación de los delitos: arraigo, prohibibir abandonar una demarcación territorial y acercarse a una o varias personas", y el aseguramiento de instrumentos, objetos y productos del delito.

En el mismo párrafo de la iniciativa se mencionan garantías para las víctimas, y propone que exista "la restitución provisional de los derechos de los ofendidos (sin precisar a qué garantías se refiere), la protección de su integridad física y moral (sin señalar si se les dotará de nuevas identidades o escoltas ni durante cuánto tiempo).

En el documento se advierte que la aprobación de las modificaciones legales que permitirían a un juez establecer medidas cautelares, también posibilitarían al Ministerio Público tener las mismas facultades, exceptuando lo relativo al arraigo, ya que éste, aunque sea dictado de manera unilateral por la Procuraduría General de la República, sólo tendrá validez cuando, en un "tiempo breve", lo convalide un juez.

Según la iniciativa de Felipe Calderón, "la idea de que las medidas cautelares sean concurrentes tiene su fundamento en la propuesta de reforma al artículo 20, apartado B) fracción VI, de la Constitución, que autoriza a la víctima u ofendido a solicitarlas, lo cual podría hacer -a su elección- ante el Ministerio Público o ante el juez, sin necesidad de formalismos que hoy limitan mucho los derechos y la intervención de los sujetos pasivos del delito".

Y añade que su pretensión de que una autoridad judicial controle "diversos actos durante la investigación, es que sean revisados en cuanto a su legalidad por un órgano jurisdiccional, cuyas características principales son la independencia, la legalidad, la imparcialidad y la objetividad de sus decisiones", pues reconoce que "lo anterior permite el equilibrio entre las nuevas medidas cautelares en la indagación, "restrictivas de los derechos fundamentales", con la necesidad de proteger a la sociedad, a las víctimas u ofendidos, al posibilitar una investigación expedita, pero siempre en un marco de estricta legalidad".

Además, el proyecto enviado al Congreso de la Unión el pasado viernes incluye también una nueva catalogación de delitos en no graves y graves. La delincuencia organizada siempre estará en la última.

La intención del Presidente es que a partir de la aprobación de la iniciativa, los procesos penales por delitos no graves "tengan un máximo de juzgamiento de cuatro meses", y los graves, de un año, y sólo se ampliará el plazo si el inculpado lo solicita para recabar pruebas de su inocencia.

En ese sentido, una vez aprobadas las iniciativas como fueron enviadas, ya no habrá quien decida defenderse sólo con una persona de su confianza, pues ahora será obligatorio que cuente con un licenciado en derecho, y si no quiere o no puede pagarlo, el juez del caso le asignará un defensor de oficio, forzosamente.

En cuanto a la policía, el proyecto presidencial plantea que la corporación federal "pueda recibir denuncias, recabar evidencias físicas y datos relacionados con los hechos posiblemente delictuosos, sin la camisa de fuerza que significa una innecesaria subordinación jerárquica y operativa al Ministerio Público, sino únicamente contando con su conducción jurídica para construir los elementos probatorios que permitan llevar los asuntos ante los tribunales".

La aprobación del proyecto calderonista permitiría que "la policía actúe con la autonomía técnica y funcional necesaria y propia de su naturaleza, con facultades y atribuciones que, sin lesionar o molestar derechos sustantivos, permitan el conocimiento de los hechos aparentemente delictivos y la identificación del probable autor o partícipe.

"De esta manera, se abandona el concepto tradicional de que la policía se encuentra bajo la autoridad y mando inmediatos del Ministerio Público, sin que ello implique falta de control, toda vez que la autoridad ministerial continúa siendo la conductora, jurídicamente, de la investigación", supuestamente.

Además, en la iniciativa Felipe Calderón propone al Congreso la aprobación de facultades para que la PGR realice detenciones, allanamientos, cateos, intervenciones telefónicas y hasta arraigos sin la autorización previa de un juez, para perseguir la presunta comisión de delitos relacionados con el crimen organizado.

Y en lo que tiene que ver con la intervención de comunicaciones privadas, se argumenta que, "en ocasiones, acudir a la autoridad judicial dificulta o imposibilita la investigación", y considera pertinente que hasta después de que se realicen estas acciones, un juez,"de manera oficiosa, revise la legaldiad de las intervenciones y los cateos".