Guadalupe Cruz Jaimes.
Pese a la solicitud internacional de medidas cautelares y acción urgente de protección para las y los migrantes centroamericanos, en su paso por México hacia Estados Unidos, y para quienes los protegen, el gobierno Federal ha sido omiso.
El asesinato de 14 mujeres y 58 hombres migrantes, recién registrado en Tamaulipas, es sólo uno de los ejemplos de esta falta de acciones efectivas para garantizar la seguridad de estas personas, víctimas de secuestro, extorsión, tortura, esclavitud sexual y laboral.
En marzo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó al Estado mexicano medidas cautelares para proteger a las y los migrantes víctimas de secuestro en Saltillo, Coahuila, y a quienes denuncian, documentan y les brindan ayuda humanitaria en La Casa del Migrante de Saltillo.
La semana anterior, Amnistía Internacional (AI) emitió además una acción urgente, por el hostigamiento que sufrieron por segunda ocasión las y los migrantes que habitan en ese albergue, al igual que las personas que ahí laboran.
En octubre de 2009, el personal de La Casa del Migrante de Saltillo, uno de los 30 albergues de este tipo que hay en el país, recibió amenazas de muerte por teléfono. A principios de este mes, fueron intimidados nuevamente.
Sin embargo, las medidas de protección no han sido efectivas, muestra de ello, es la vulnerabilidad de este sitio creado para proteger a las y los migrantes, quienes siguen siendo presa del crimen organizado, aseguró Sandra Alviquer, coordinadora del Área de Derechos Humanos de la Casa del Migrante de Saltillo.
La múltiple violación de derechos humanos de miles de mujeres y hombres originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala en México, es el resultado de una política migratoria que los criminaliza y que permite la colusión de la delincuencia y las autoridades, hecho denunciado y documentado por el personal del albergue durante los últimos dos años y medio.
La masacre de 72 migrantes, es “prueba irrefutable” de que no sólo les roban; los están matando, torturando”, alertó la coordinadora del albergue, quien añadió que las agresiones en contra de las mujeres centroamericanas, se caracterizan por la violencia sexual.
En su camino por México 6 de cada 10 migrantes son violadas, para las centroamericanas viajar acompañadas puede salvarlas de que otros migrantes las agredan, pero no las libra del abuso de las policías, autoridades migratorias y “mucho menos de un secuestro”.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de septiembre de 2009 a febrero de 2010, se registraron más de 10 mil secuestros de migrantes en el país, esta cifra rebasó los 9 mil 780 registrados en el mismo semestre de 2008 a 2009.
La CNDH advierte que mil 600 migrantes son víctimas de secuestro cada mes. No obstante, el gobierno federal puso en duda esta estadística y señaló, a principios de este año, ante la CIDH, que en 2009 sólo recibió 15 denuncias de secuestro de migrantes.
Cuando las migrantes son secuestradas, sufren agresiones sexuales como parte de la tortura a la que son sometidas para que proporcionen a los plagiarios, los datos de sus familiares en Estados Unidos.
El costo del rescate es en promedio de 3 mil dólares, si las familias acceden, los secuestradores les piden hasta dos veces más la misma suma. Si no tienen familia en ese país, llaman a sus parientes en sus lugares de origen, mencionó.
Sin rescate, el destino de las y los centroamericanos es todavía más incierto, los hombres son obligados a delinquir, mientras que a las migrantes las convierten en esclavas sexuales y laborales.
Migrantes sobrevivientes, indican que ellas son agredidas sexualmente y obligadas a trabajar en las casas de seguridad, donde hay en promedio 300 secuestradas, algunas ubicadas en Veracruz, Tabasco, Estado de México, Distrito Federal, San Luis Potosí, Coahuila y Tamaulipas.
Por cada 100 centroamericanos que ingresan al país, entran 30 mujeres, de ellas, sólo 5 logran atravesar el territorio mexicano e intenta cruzar la frontera norte pero debido a los secuestros y explotación laboral y sexual, “la mayoría de las que escapan, vuelven a sus lugares de origen”, refirió Alviquer.
La cifra en México de indocumentados se desconoce, sin embargo, el número de deportaciones “da una idea de la magnitud del flujo”, según el Instituto Nacional de Migración (INM), de enero a julio de 2010, 43 mil 748 personas fueron deportadas a sus países, de ellas, 93 por ciento son centroamericanas.
“Algunos migrantes son secuestrados en el sur y recluidos en casas de seguridad del norte, para llegar tienen que pasar retenes militares y de la policía federal. Las autoridades se dan cuenta de que estas personas son migrantes secuestradas, pero no hacen nada, sólo reciben dinero y los dejan pasar”.
“La corrupción ya cayó en el cinismo”, concluyó, pues hace tres meses, agentes del INM “intercambiaron” a las y los centroamericanos que tenían familia en Estados Unidos con integrantes de la delincuencia organizada, por otro grupo de migrantes sin familia en ese país, que pudiera ser extorsionada.
Difusión: TONATIUH MALDONADO..
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