Del carnet de resistente
La Jornada
Los últimos cinco presidentes de México han gobernado de manera contraria a los intereses populares y nacionales. Tres de ellos, De la Madrid, Zedillo y Fox, recibieron el poder de manera formalmente legal. Salinas fue y Calderón es un usurpador. Uno y otro decidieron hacer nugatoria la democracia y aplicaron meticulosamente la ortodoxia del golpe de Estado. Ante la evidencia de que la voluntad popular les era adversa -y en palmaria contravención a la ley- se actuó desde las más altas esferas del poder, utilizando las instituciones nacionales en contra de los intereses populares para preservar el régimen político y los privilegios oligárquicos. Dicho en plata mexicana: se robaron el poder.
Ahí terminan las semejanzas entre los dos últimos eventos del latrocinio electoral mexicano y se inician las diferencias. Después del fraude de 1988 la población se encontraba agraviada y molesta, pero al mismo tiempo impedida de reaccionar, porque la aceptación del fraude como un hecho consumado inhibió cualquier posibilidad de lucha. En 2006, ni la población ni su dirigencia aceptaron el fraude. Habrá quien lo atribuya al carisma y tenacidad del líder, o al saber hacer en la dirección política, o al hartazgo de la población por los reiterados atropellos a su voluntad y la iniquidad de la mentira. De cualquiera de las maneras, o por todas ellas, lo que aparece es la lección histórica. El pueblo de México aplicó en 2006 lo que aprendió en 1988. Ni mansedumbre ni resignación; resistencia.
No lo esperaban la oligarquía ni sus personeros. Airados, reaccionaban ante la recia protesta popular como ante un acto de infame deslealtad. Se alzaron con la voluntad nacional y se ofendían porque los ciudadanos se tomaron el Paseo de la Reforma. Aún así, soberbios y despectivos, cometieron el despojo. Meses de insistente exigencia, sistemática, generalizada, masiva y permanente para que se volvieran a contar los votos -tan poquito como eso- fueron olímpicamente ignorados. El pueblo, reunido en asamblea, decidió resistir. Pacíficamente, pero resistir. Rechazó como espurio al representante de la oligarquía y ungió con su legitimidad a su propio candidato. Andrés Manuel López Obrador fue designado Presidente Legítimo de México. Cuando se materializó el atraco, el día primero de diciembre de 2006, la masa concentrada en el Zócalo estaba furiosa, pero desorganizada: el lenguaje exacerbado, las consignas temerarias, los ánimos exaltados, la violencia en el aire. Mientras que en el otro lado, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se había levantado una fortaleza. Esa mañana, las armas nacionales no, repito, no se cubrieron de gloria. Andrés Manuel inició la marcha, hacia el otro lado. ¿Cuántas vidas se salvaron ese día? Al final del recorrido un acto maravilloso: la compacta masa de furiosos resistentes escuchó a doña Rosario -la señora Rosario Ibarra de Piedra, senadora de la República- relató lo sucedido en San Lázaro: "He pasado la vergüenza más grande de mi vida. He visto llegar al Congreso de la Unión a un pelele rodeado de soldados. Durante los tres minutos que estuvo en la tribuna le gritamos: ¡espurio!, ¡espurio!, ¡espurio!", y el grito se multiplicaba en las gargantas de los cientos de miles de mexicanos que venían del Zócalo, todavía furiosos pero aún desorganizados.
A primera vista parece difícil imponer un gobierno sobre la voluntad de todo un pueblo, pero no lo es tanto si la imposición proviene del gobierno mismo. La explicación está en que el gobierno dispone de las instituciones del poder nacional, que son formaciones de poder organizado, mucho más eficaces que las manifestaciones espontáneas del poder popular en que, la ciudadanía, aun compartiendo causa y determinación, está desorganizada. Los aparatos coercitivos civiles y militares las aplastan, las detienen, las disuelven y aun las inhiben usando la fuerza o, simplemente, haciéndola patente. Más difícil aún parece escapar a los perversos designios de los ladrones del poder. Pero la solución salta a la vista. Si el conjunto de la voluntad popular es débil, porque está desorganizada, hay que organizarla.
Diciembre y enero transcurrieron mientras se preparaba la operación política más ambiciosa de la historia de México. Organizar al pueblo. En febrero dio inicio el proceso que se ha dado en llamar credencialización. El nombre dice poco. En realidad se trata del compromiso en que de manera voluntaria, libre y consciente los mexicanos expresan su adhesión y apoyo al Gobierno Legítimo de México, cuyos postulados principales son la protección de los derechos del pueblo y la defensa del patrimonio nacional. [1] Al final, dice: "Construir una nueva República para hacer valer la justicia social, la democracia, los derechos humanos, el derecho a la información, y donde las leyes e instituciones estén al servicio de todas y todos los mexicanos. En consecuencia, acepto ser representante del Gobierno Legítimo y acudiré al llamado o convocatoria que haga el Presidente Legítimo de México para defender estas causas". El compromiso es con el Presidente Legítimo de México. Con nadie más. No hay estructuras intermedias. Hay, sí, mucho respaldo, mucho apoyo, mucha solidaridad, pero la pertenencia que acredita el carnet de resistente es personal y directa; va de la base a la cúspide del movimiento. Ya hay un millón 200... y sumando.
La "credencialización" es el fundamento, sólo el fundamento, de la organización popular que se enfrentará a las instituciones viciadas que han servido de estribo para llegar a la silla presidencial espuria. Con esta organización, vale decir, con este poder el pueblo podrá construir un IFE digno de confianza, tribunales que hagan justicia y no favores, y unas fuerzas armadas al servicio de la nación y no del presidente. Así, paso a paso, se construye una nueva república. ...
1 Siguen ocho párrafos que se recomienda leer en:
http://www.gobiernolegitimo.org.mx
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viernes, agosto 03, 2007
lunes, junio 11, 2007
Opinión - Gustavo Iruegas
Se lee cada cosa...
La Jornada
La versión 2007-2012 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) es malísima. Lo que destaca en él es la incongruencia, pues asegura que "en la democracia, la soberanía reside en los ciudadanos, quienes eligen a otros ciudadanos para que en su representación asuman cargos públicos y tomen las decisiones más pertinentes para lograr el desarrollo económico y social del país". Luego entonces ¿para qué quiere alguien un PND? Dividido en cinco "ejes" (léase capítulos) contiene uno que, en un ejercicio de conectividad que envidiarían los punteros de la industria electrónica, se titula: "5. Democracia efectiva y política exterior responsable".
Separando los dos inconexos conceptos encontramos en el primero, "Democracia efectiva", un escandaloso alarde de cinismo cuando se atreve a decir: "Para que una democracia sea realmente efectiva, tiene que traducir los resultados de las urnas en mandatos que impacten positiva y claramente en el bienestar de los ciudadanos". El segundo, "Política exterior responsable", es toda una promesa. Seguramente alude a la responsabilidad que cabe a los ejecutores de la misma en el caso de que, como en el de sus antecesores, no pongan la atención y el cuidado necesarios en su actuación. Sin embargo, por la manera en que está usado el sentido del término responsable parece ser el contrario de irresponsable que, relativo a un acto, revela falta de previsión o meditación. Por lo tanto, deberíamos esperar una política exterior cuidadosa y medida en sus actos y omisiones. ¡Qué compromiso!
La pobreza del texto se hace notar desde el primer párrafo del introito, cargado de fallida grandilocuencia y repleto de enunciados fatuos y declamatorios: "El compromiso con el Bien Común y la dignidad de las personas debe reflejarse a su vez en una política exterior responsable, clara y activa, mediante la cual México sea un auténtico promotor del desarrollo humano de los pueblos en todos los órdenes de la vida social. La política exterior debe servir como palanca para promover el Desarrollo Humano Sustentable. Esto significa utilizar la política exterior para mejorar los niveles de vida de los mexicanos, tanto de los que viven en el territorio nacional como de los migrantes. De igual forma, la inserción de México en el concierto de las naciones requiere una acción resuelta que identifique nítidamente al país como una opción atractiva y segura para invertir, con la finalidad de generar los empleos que los mexicanos demandan para desarrollarse a plenitud".
Para que México sea "un auténtico promotor del desarrollo humano de los pueblos" se requeriría que hubiera sido capaz de promover el de su propio pueblo y, como es sabido, los gobiernos neoliberales, priístas y panistas, electos y factuales, se han dedicado a su bien particular y a degradar a las mayorías antes que al bien común y la dignidad de las personas. La supuesta pretensión de mejorar el nivel de vida de los mexicanos que viven en territorio nacional, así como el de los migrantes, parecería ignorar que los que emigran se van para ganar 10 veces más de lo que percibirían aquí y que los inversionistas extranjeros invierten en México para pagar 10 veces menos de lo que pagarían en sus países de origen. En realidad los redactores no ignoran la vigencia de esta fórmula, pero la ocultan deliberadamente y entregan un documento fatuo y mendaz que no tiene más propósito que llenar un requisito de la ley de planeación, tan demagógica y falaz como el mismo PND.
El "subeje" política exterior responsable incluye cinco objetivos que se cuentan a partir del sexto y consisten en:
6. Apoyar el desarrollo económico, social y político del país, a partir de una efectiva inserción de México en el mundo. Este objetivo ya está logrado porque México ya está "inserto" en el mundo, a menos que seamos marcianos;
7. Contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional para ampliar la vigencia de los valores y principios democráticos, las libertades fundamentales y los derechos humanos, así como el desarrollo sustentable. Facilito porque en todos estos temas tenemos un historial ejemplar y un desempeño impecable, como demuestran los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
8. Impulsar la proyección de México en el entorno internacional. Proyectar al país es difícil porque pesa mucho y el entorno internacional se molestaría por el golpazo. Por lo tanto, es de pensarse que se trataría de proyectar una imagen que, si falsa, mal, y si realista, peor. Ante el dilema cabe preguntarse: ¿qué estarían pensando? o mejor aún ¿estarían pensando?
9. Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior. ¿Sabrá la administración enumerar esos derechos? ¿Sabrá que está obligada a defender lo que les interesa aunque no sea su derecho?
10. Construir una nueva cultura de la migración. Este es un objetivo verdaderamente desfachatado. Pretendidamente orientado a la inmigración de los centroamericanos -a los que debería dárseles un trato equivalente al que queremos para nuestros emigrados, aunque en realidad se les aplica una versión más severa del que los mexicanos reciben en el norte-, la administración conversa con su contraparte estadunidense acerca de cómo detener ese flujo, incluso con un muro, no altamente tecnificado. sino más bien artesanal, en la frontera sur.
Como quizá haya podido observarse, el propósito de estas líneas es disuadir a los interesados en la política exterior del dispendio de su tiempo que significaría la lectura de este torcido e inoperante texto. Más recomendable sería ocuparse de aquello de lo que la administración espuria no habla, aunque debería, como es el muro; así como de aquello de lo que no debería hablar, pero habla, como ASPAN.
Presentación del Plan Nacional de Desarrollo en Palacio Nacional, el pasado 31 de mayo Foto: Marco Peláez
La Jornada
La versión 2007-2012 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) es malísima. Lo que destaca en él es la incongruencia, pues asegura que "en la democracia, la soberanía reside en los ciudadanos, quienes eligen a otros ciudadanos para que en su representación asuman cargos públicos y tomen las decisiones más pertinentes para lograr el desarrollo económico y social del país". Luego entonces ¿para qué quiere alguien un PND? Dividido en cinco "ejes" (léase capítulos) contiene uno que, en un ejercicio de conectividad que envidiarían los punteros de la industria electrónica, se titula: "5. Democracia efectiva y política exterior responsable".
Separando los dos inconexos conceptos encontramos en el primero, "Democracia efectiva", un escandaloso alarde de cinismo cuando se atreve a decir: "Para que una democracia sea realmente efectiva, tiene que traducir los resultados de las urnas en mandatos que impacten positiva y claramente en el bienestar de los ciudadanos". El segundo, "Política exterior responsable", es toda una promesa. Seguramente alude a la responsabilidad que cabe a los ejecutores de la misma en el caso de que, como en el de sus antecesores, no pongan la atención y el cuidado necesarios en su actuación. Sin embargo, por la manera en que está usado el sentido del término responsable parece ser el contrario de irresponsable que, relativo a un acto, revela falta de previsión o meditación. Por lo tanto, deberíamos esperar una política exterior cuidadosa y medida en sus actos y omisiones. ¡Qué compromiso!
La pobreza del texto se hace notar desde el primer párrafo del introito, cargado de fallida grandilocuencia y repleto de enunciados fatuos y declamatorios: "El compromiso con el Bien Común y la dignidad de las personas debe reflejarse a su vez en una política exterior responsable, clara y activa, mediante la cual México sea un auténtico promotor del desarrollo humano de los pueblos en todos los órdenes de la vida social. La política exterior debe servir como palanca para promover el Desarrollo Humano Sustentable. Esto significa utilizar la política exterior para mejorar los niveles de vida de los mexicanos, tanto de los que viven en el territorio nacional como de los migrantes. De igual forma, la inserción de México en el concierto de las naciones requiere una acción resuelta que identifique nítidamente al país como una opción atractiva y segura para invertir, con la finalidad de generar los empleos que los mexicanos demandan para desarrollarse a plenitud".
Para que México sea "un auténtico promotor del desarrollo humano de los pueblos" se requeriría que hubiera sido capaz de promover el de su propio pueblo y, como es sabido, los gobiernos neoliberales, priístas y panistas, electos y factuales, se han dedicado a su bien particular y a degradar a las mayorías antes que al bien común y la dignidad de las personas. La supuesta pretensión de mejorar el nivel de vida de los mexicanos que viven en territorio nacional, así como el de los migrantes, parecería ignorar que los que emigran se van para ganar 10 veces más de lo que percibirían aquí y que los inversionistas extranjeros invierten en México para pagar 10 veces menos de lo que pagarían en sus países de origen. En realidad los redactores no ignoran la vigencia de esta fórmula, pero la ocultan deliberadamente y entregan un documento fatuo y mendaz que no tiene más propósito que llenar un requisito de la ley de planeación, tan demagógica y falaz como el mismo PND.
El "subeje" política exterior responsable incluye cinco objetivos que se cuentan a partir del sexto y consisten en:
6. Apoyar el desarrollo económico, social y político del país, a partir de una efectiva inserción de México en el mundo. Este objetivo ya está logrado porque México ya está "inserto" en el mundo, a menos que seamos marcianos;
7. Contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional para ampliar la vigencia de los valores y principios democráticos, las libertades fundamentales y los derechos humanos, así como el desarrollo sustentable. Facilito porque en todos estos temas tenemos un historial ejemplar y un desempeño impecable, como demuestran los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
8. Impulsar la proyección de México en el entorno internacional. Proyectar al país es difícil porque pesa mucho y el entorno internacional se molestaría por el golpazo. Por lo tanto, es de pensarse que se trataría de proyectar una imagen que, si falsa, mal, y si realista, peor. Ante el dilema cabe preguntarse: ¿qué estarían pensando? o mejor aún ¿estarían pensando?
9. Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior. ¿Sabrá la administración enumerar esos derechos? ¿Sabrá que está obligada a defender lo que les interesa aunque no sea su derecho?
10. Construir una nueva cultura de la migración. Este es un objetivo verdaderamente desfachatado. Pretendidamente orientado a la inmigración de los centroamericanos -a los que debería dárseles un trato equivalente al que queremos para nuestros emigrados, aunque en realidad se les aplica una versión más severa del que los mexicanos reciben en el norte-, la administración conversa con su contraparte estadunidense acerca de cómo detener ese flujo, incluso con un muro, no altamente tecnificado. sino más bien artesanal, en la frontera sur.
Como quizá haya podido observarse, el propósito de estas líneas es disuadir a los interesados en la política exterior del dispendio de su tiempo que significaría la lectura de este torcido e inoperante texto. Más recomendable sería ocuparse de aquello de lo que la administración espuria no habla, aunque debería, como es el muro; así como de aquello de lo que no debería hablar, pero habla, como ASPAN.
viernes, abril 27, 2007
Opinión - Gustavo Iruegas
Adiós a la neutralidad
La Jornada
La neutralidad fue alguna vez una vertiente importante de la política exterior mexicana. Al estallar la Gran Guerra, don Venustiano Carranza consideró que lo mejor para el pueblo mexicano sería mantenerse totalmente ajeno a la conflagración. Don Isidro Fabela, en funciones de secretario de Relaciones del Gobierno Revolucionario, declaró la neutralidad de México el 25 de septiembre de 1914, según lo previsto en la Convención sobre los Derechos y Deberes de las Potencias Neutrales en Caso de Guerra Marítima.
En 1919 se estableció la Sociedad de Naciones (también conocida como Liga de las Naciones), y con ello se instituyó el concepto de la seguridad colectiva que practicaban los tres mosqueteros de Dumas -uno para todos y todos para uno-, que intrínsecamente cancela la neutralidad entre sus asociados.
México se integró a la Sociedad de Naciones en 1931 y su actuación fue muy destacada en los casos en que la seguridad colectiva fue quebrantada, especialmente en los de Eritrea y España. Pero casi ninguna nación cumplió a cabalidad las obligaciones de solidaridad en los casos de agresión que conoció la Liga: Manchuria, Eritrea, Finlandia, España y la blitzkrieg alemana que derivó en la Segunda Guerra Mundial.
Dada la insuficiencia que demostró la seguridad colectiva que prometió la Sociedad de Naciones, México tuvo que a acogerse nuevamente a la neutralidad. Al día siguiente de estallar el conflicto armado en Europa -3 de septiembre de 1939- el presidente Cárdenas anunció: "... el gobierno que presido declara su resolución de permanecer neutral en la contienda, sujetando su conducta a las normas establecidas por el derecho internacional..." Un mes después, el 3 de octubre, se realizó la primera Reunión de Consulta de Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas y en ella se adoptó una Declaración general de neutralidad de las Repúblicas Americanas, que en su primer párrafo sustantivo resuelve: "Afirmar la posición de Neutralidad General de las Repúblicas Americanas, correspondiendo a cada una de ellas reglamentar, con carácter particular y en ejercicio de su propia soberanía, la forma de darle aplicación concreta."
Es a estas dos declaraciones a las que atiende la Ley para Conservar la Neutralidad del País que el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decretó el 10 de noviembre de 1939, misma que ahora, casi 68 años después, se pretende abrogar. Es un texto muy corto que contiene sólo cuatro artículos por los que se prohíbe la permanencia en territorio mexicano (agua, aire y tierra) de barcos, submarinos y aviones de las potencias beligerantes.
Más corta que esta ley fue el decreto que, menos de tres años después, la anuló de hecho, aunque no la derogó, pero sí canceló hasta hoy la política de neutralidad de México: "El Congreso de los Estados Unidos de México decreta: Artículo I.- Se declara que desde el 22 de Mayo de 1942, existe un estado de guerra entre los Estados Unidos de México (sic) y Alemania, Italia y Japón".
Al final de la guerra, México asumió dos compromisos de seguridad colectiva intrínsicamente contrarios a la noción de neutralidad: el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que felizmente ya ha sido denunciado por México, y la Carta de las Naciones Unidas.
La pertenencia a esta organización -modelo que descansa en la seguridad colectiva- implica para México la imposibilidad de retomar la neutralidad como política de Estado, y la membresía de prácticamente todas las naciones del mundo en esa institución elimina la opción de neutralidad en las relaciones internacionales. Más grave aún, la propia seguridad colectiva resulta menguada porque el orden internacional descansa en el poder hegemónico de una sola potencia.
La iniciativa en proceso para derogar la Ley para Conservar la Neutralidad del País ha despertado muchas sospechas. El recelo surge de que en los últimos cinco años se han presentado iniciativas de ley para modificar la Constitución en el sentido de dar facultades al Presidente para declarar la suspensión de garantías sin necesidad de pedir la autorización del Congreso; para que el Presidente pueda ordenar la salida de tropas nacionales y admitir la entrada de tropas extranjeras y el estacionamiento de flotas en aguas nacionales sin el permiso del Congreso; además está ahora en proceso una iniciativa que le da facultades de investigación a la policía preventiva, y autoriza el espionaje sobre los ciudadanos sin orden judicial; está en sus últimos trámites la incorporación del delito de "terrorismo internacional" a nuestro código penal.
El conjunto de este paquete legislativo tiende a darle a México el carácter de un Estado policiaco, lo que, sumado al hecho de que el gobierno participa en conversaciones para incluir al país en el perímetro de seguridad de Estados Unidos, despierta temores muy fundados.
¿Quiere el gobierno de facto autorizar el estacionamiento de submarinos, portaviones y bombarderos que prohíbe la ley? Todo indica que sí. ¿Derogar la ley de neutralidad se lo permitiría? No.
¿Cuál es la urgencia de derogarla ahora? Bien puede esperar otros 10 o 20 años: la neutralidad no volverá. La ley inocua que se quiere derogar no da mejores oportunidades de sacrificar la seguridad del país en abono de la de Estados Unidos, ni es una salvaguardia contra ello. Pero las airadas sospechas que despierta tienen motivos muy fundados.
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