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lunes, agosto 18, 2008

Opinión -Bernardo Bátiz-

Bernardo Bátiz V.
jusbbv@hotmail.com

Seguridad y descomposición social

Una muestra muy lamentable de la descomposición social que estamos viviendo en México es la forma torpe y superficial con la cual las autoridades y algunos sectores de la sociedad afrontan la turbulencia mediática provocada por la lamentable tragedia de un menor, víctima de secuestro y homicidio. Sobre este tema ¿qué vemos, qué oímos? Declaraciones ampulosas, convocatorias a grandes frentes que de tan grandes se convierten en mastodontes paralíticos, histeria de conductores y comentaristas de radio y televisión, cambios cosméticos y formaciones apresuradas de nuevos grupos policiacos de elite, como los 300 elementos que la Policía Federal Preventiva pretende dedicar en todo el país al combate del secuestro. Este último es precisamente un ejemplo de las propuestas ingenuas o al menos inexplicables, pero sin duda apresuradas de las autoridades; nueve o diez elementos por estado que, divididos en dos turnos, serán unos cuatro o cinco policías antisecuestros, actuando en contra de las, según los medios, poderosas e imbatibles bandas de secuestradores.

Los problemas son de más fondo; los delitos en singular tienen causas subjetivas, tanto de la víctima como del victimario; cualquiera, dada la naturaleza humana, puede cometer un ilícito, y cualquiera, sea cual sea su edad o su situación social, puede en un momento ser víctima de un delito. Individualmente, víctimas y victimarios poseen características personales que los inclinan o los hacen propensos a contar en las estadísticas de los que cometen los actos antisociales o de los que son sujetos pasivos de los mismos.

Pero hay también factores de carácter estructural que propician y facilitan la comisión de los delitos; los criminólogos saben que hay zonas en las ciudades que son propicias a las actividades antisociales; se les denomina zonas criminógenas: son barrios enteros, calles, plazuelas, antros y tugurios, recovecos de las grandes urbes, donde son más frecuentes los delitos y sus detonantes.

Hay otros factores de un ámbito más amplio que facilitan los delitos, que dan el clima social favorable, son problemas más profundos y difíciles de modificar o corregir. Son carencias en materia económica, fallas en la educación, o en los ámbitos de la recreación o de la vida familiar; en buena medida, quienes cometen un delito son moldeados y formados por su medio ambiente, familiar, escolar y social en general.

Muchachos que salen de la adolescencia mal preparados, rodeados de ejemplos negativos y con mínimas oportunidades de empleo, serán candidatos inmejorables para ser reclutados por las bandas formales o informales de la delincuencia.

Otro factor que propicia que se incrementen los índices delictivos es la convicción compartida de que para triunfar socialmente y ser apreciado y reconocido por la colectividad se necesita tener dinero y “disfrutar de la vida” a como dé lugar; ésa es la pauta conceptual que los medios masivos de comunicación, en especial la televisión, nos presentan todos los días, a todo momento y con un bombardeo de mensajes e imágenes que dificulta que otros modelos, mejores que ésos, puedan permear en las mentes de los niños y los jóvenes que se inician en la socialización .

Si las más altas autoridades de la sociedad sobreviven en el poder a partir de mentiras repetidas en insultantes campañas de publicidad, si todo mundo se percata de cómo se hacen grandes negocios al amparo del poder y de qué manera los magnates están dispuestos a romper todas las reglas empezando por la fundamental en un estado de derecho, como es la Constitución, ¿cómo podemos exigir a los jóvenes que cumplan con la normatividad social, si sus paradigmas, que ven todos los días en imágenes reiteradas en los medios de comunicación, demuestran una gran superficialidad, insensibilidad social y aun cinismo; si triunfan personajes de la picaresca política por decir lo menos, y se llevan a cabo alianzas que en otros momentos de nuestra historia serían vergonzosas? ¿Cómo podemos pedir a los menos favorecidos que respeten y cumplan con toda la pesada cauda de responsabilidades y reglas difíciles de cumplir?

Para exigir seguridad, tenemos primero que componer y arreglar nuestros maltrechos lazos que hacen de un conglomerado informe una verdadera sociedad coherente, con fines compartidos y con espíritu solidario. Para combatir el delito –no sólo los casos más publicitados de delitos aislados, sino el delito como fenómeno social–, es necesario atacar las causas de fondo, las que lo generan; es necesario modificar estructuras sociales dañinas y dañadas, pero estos cambios ciertamente no pasan ni por penas más elevadas y absurdas, ni por la pena de muerte, ni por garrotes más pesados a los gendarmes, armas de fuego de mayor calibre, más policías y más persecución. Se necesita un gobierno en el que el pueblo confíe, una mejor distribución de la riqueza, más oportunidades de educación y de empleo, y mejor dirección social; sólo frenando con organización y capacitación, con solidaridad y participación popular, podremos remontar el avance de la delincuencia y detener la galopante descomposición social.

Otro sí digo: Me enteré por casualidad de un caso indignante de injusticia: un pobre trabajador, padre de familia de más de 60 años, encargado en una empresa editorial de compaginar las hojas de los periódicos para que puedan ser repartidos en la mañana, al salir de su trabajo, llevándose tres ejemplares del diario que compaginaba, uno de los cuales se le obsequiaba y los otros dos los tomó de los que diariamente se desperdician, fue detenido por policías y abogados de la empresa por el terrible delito. Este “peligroso criminal” hace ya varias semanas que padece en el Reclusorio Norte, procesado por un juez implacable e impoluto como reo de delincuencia organizada, porque cuando se llevó los periódicos, que valdrían a lo sumo 20 pesos, se encontraba con otros compañeros.



::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando a Andrés Manuel López Obrador en 2008::

martes, abril 10, 2007

Opinión - Rosario Ibarra

¡Y hasta barren!

Universal - 10 de abril de 2007

Las palabras que dan nombre a estas líneas las leí en este mismo diario el viernes 6 del presente. Son parte de una amplia nota que mereció primera plana y que -la verdad sea dicha- para mí, como para muchos, resulta aterradora. y no es que se desconozca lo que allí se informa, sino que tal vez la mayoría de los lectores, como yo, no podíamos siquiera imaginar las proporciones de tal hecho, a todas luces punible, aunque sólo se califique como "falta administrativa".

¿Quiénes, cuántos de los que venden su fuerza de trabajo podrán catalogar como "falta administrativa" el que se oculte el número de accidentes que suceden en los centros en los que laboran? ¿Cómo hacerlo, si todos ellos saben que 12 millones de trabajadores "laboran bajo algún tipo de riesgo"?

Viví muchos años en una "ciudad obrera" (como solían calificar a Monterrey) y "rancho grande" que decían que era por aquellos años; todo se sabía, nada quedaba en secreto, todo mundo "cuateaba" (como diría José Alvarado) y, por ello, todo salía a la luz y se supo quién fue el asesino en el "crimen de la calle de Aramberri", y de cuántas puñaladas mataron a la chinita Paulina Lee y quiénes fueron los empresarios que se parapetaron a un costado del Casino Monterrey para disparar contra una marcha de obreros y dieron muerte a dos. Y se supo también que los dueños de la Fundidora de Fierro y Acero querían ocultar la horrorosa muerte de dos de sus obreros que fueron alcanzados por el hierro derretido.

Y se conoció también en toda su crueldad la tortura y la muerte del joven ferrocarrilero Román Guerra Montemayor, que no se trató de un "accidente de trabajo", sino de la ilegalidad de funcionarios de gobierno, igual a la que hoy pretenden dar marco jurídico. En fin, que eso de los "accidentes de trabajo" y todo lo ilegal, por más que quieran ocultarlo, a la larga se sabe, como sabemos hoy que en 2005 hubo nada menos que 302 mil accidentes de ese tipo, y que el mismo año, "3 mil 594 empleados sufrieron la amputación de un miembro, debido a accidentes de trabajo".

Conocemos también la negligencia criminal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la que poco o nada le importan dichos accidentes, y a quien lo dude le recordamos un caso reciente: Pasta de Conchos.

¿Cómo es posible que con los presupuestos tan grandes que se dan para todo lo que quieren tengan "solamente 313 inspectores para monitorear 815 mil centros de trabajo"? Esto lo afirman quienes conocen el tema a la perfección y han expresado lo que miles de mexicanos pensamos: que aparte de la incapacidad numérica (llamémosla así) de los inspectores, está lo otro, lo endémico, la corrupción de ambos bandos, la del que da y la del que recibe: el inmoral empresario (esto lo digo yo) que "gratifica" y el inspector que en reciprocidad de igual inmoralidad, sin importar a ambos la seguridad y la vida de los trabajadores, tejen la trama siniestra que puede llevarlos hasta la muerte.

En el colmo de la inmoralidad, el mal gobierno se jacta de "los bajos índices" de accidentes laborales. Presume que México está por debajo de países europeos, aunque sabe muy bien, que las empresas no informan de dichos accidentes. De medio millón que según datos oficiales se dan cada año, "150 permanecen en la clandestinidad".

¡Y aún falta. y es bueno saberlo y recalcarlo! Quiero transcribir lo que afirmó una destacada investigadora y que fue publicado en la nota a la que hice referencia al inicio de estas líneas: "Las empresas que serán inspeccionadas son notificadas 24 horas antes. De esta forma se previenen y dejan de utilizar maquinaria insegura, solicitan al personal utilizar todos los aditamentos necesarios y hasta barren".

Dirigente del Comité ¡Eureka!

martes, abril 03, 2007

Seguro Popular, otro fracaso de Vicente Fox

Todos los que siempre apostamos porque este supuesto "Seguro popular" sólo era un afán de atraer cabezas para las elecciones hoy lo estamos comprabando con las auditorias realizadas a este canto de sirenas, donde se comprueba el rotundo fracaso.

Pero, ahí teníamos a varias personas felices yendo a pagar su mentado seguro popular no sabiendo que es una facultad del Estado brindar seguridad social a los mexicanos.
Esto es el más palpable ejemplo de una privatización a la seguridad social y con esto viene el genocidio que lleva día con día éste gobierno espurio con todos nosotros.

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No cumplió con sus metas de afiliación, dice la Auditoría Superior.

Usó estructura médica de IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex y privada

ENRIQUE MENDEZ

El Seguro Popular, utilizado en 2006 por Vicente Fox con fines electorales, es un programa que no cumplió -ni lo hará- con sus metas de afiliación, porque no consideró en sus proyecciones el incremento poblacional y utilizó la estructura médica de los institutos Mexicano del Segurto Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de las fuerzas armadas y de Petróleos Mexicanos (Pemex), e inclusive recurrió a clínicas privadas para otorgar consultas, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En el informe de la Cuenta Pública 2005, la auditoría determinó que aun el gobierno de Felipe Calderón no podrá cumplir con el compromiso de otorgar, en 2010, una cobertura total a la población que no tiene acceso a las prestaciones y servicios del Sistema Nacional de Salud.

Además, determinó que las partidas presupuestales del gobierno federal al Seguro Popular no serán suficientes para cubrir la demanda y que, de mantenerse el ritmo actual y la incorporación de padecimientos de alto costo, para el año 2025 tendrá un déficit de 430 mil 458 millones de pesos.

Como parte de las conclusiones de la auditoría de eficacia en la cobertura del seguro, el órgano superior de fiscalización refirió que, de acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Salud (Ssa) en el gobierno foxista, para 2010 el número de familias incorporadas a ese sistema de seguridad médica ascendería a 11 millones 986 mil 227, es decir, 94.7 por ciento de las 12 millones 649 mil 905 familias de la población objetivo del seguro, ''lo que significa que 663 mil 678 núcleos familiares no tendrán acceso a las prestaciones y servicios del sistema, en infracción del artículo octavo transitorio, primer párrafo'', de la Ley General de Salud.

La auditoría, además, estimó a partir de los alcances definidos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, respecto de otorgar la cobertura total a la población a la que se dirigió el citado programa, que la administración foxista ''realizó una proyección lineal (de los objetivos), sin considerar el incremento poblacional''.

Y añadió: ''Las familias que constituyen la población objetivo se incorporarán después de 2010 al programa y, para entonces, considerando el crecimiento de la población, se calcula que las familias beneficiadas ascenderán a 14 millones 39 mil 620, lo cual significa que 2 millones 53 mil 393 no tendrán acceso a las prestaciones y servicios del sistema". Asimismo, parte de la controversia entre los diputados y el gobierno de Fox, respecto del programa, se sustentó en la crítica de que no se invirtieron recursos en infraestructura médica, hecho que se comprueba en las conclusiones de la ASF.

Al desglosar las unidades médicas en que se prestaron los servicios a los afiliados, el órgano fiscalizador determinó que de los 20 mil 568 establecimientos en el padrón, 3 mil 82 se integraron por unidades privadas y 17 mil 486 por clínicas u hospitales de la infraestructura ya existente.

De ese total, 10 mil 647 unidades médicas correspondieron a los servicios estatales de salud; 3 mil 610 al programa IMSS-Oportunidades; mil 345 al IMSS; mil 226 al ISSSTE; 366 a la Secretaría de la Defensa Nacional; 232 a la Secretaría de Marina y 60 a Pemex.

También, la auditoría superior realizó una evaluación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular de Salud, y concluyó que para el periodo 2005-2025, los ingresos captados serán insuficientes para garantizar la atención de padecimientos de altos costos en la población beneficiada.

Y es que para determinar si entre 2005 y 2010 se podría garantizar la prestación del seguro se analizaron los estudios actuariales sobre costos y desviaciones de la siniestralidad esperada para el programa, así como sus pasivos.

De dicha revisión, la ASF precisó que para 2010 los ingresos totales que se captarán por las aportaciones de los gobiernos federal y estatal, así como de las cuotas de atención, ascenderían a 142 millones 98 mil pesos, cuando las previsiones del costo del servicio son de 226 millones 10 mil, cifra a la que se llegó con base en el costo de los padecimientos incluidos en el Catálogo de Servicios Especiales (Cases).

''En consecuencia, en el periodo 2005-2010 los costos del Seguro Popular crecerán 52 por ciento en promedio anual, al pasar de 27 millones 877 mil pesos a 226 millones 10 mil. Al relacionar tanto ingresos como gastos estimados, se observó que para el periodo se registrará un déficit de 11 millones 560 mil pesos, que aumentará a 83 millones 912 mil, y no serán suficientes para cubrir el costo de atención del Cases'', indica la auditoría.

La ASF recomendó a Calderón ''elabore un estudio para identificar fuentes alternas de financiamiento que garanticen la prestación efectiva, oportuna, de calidad y sin desembolso al momento de la utilización de los servicios a la población afiliada al sistema, que los demanda para mejorar y restaurar su salud".
http://www.jornada.unam.mx/2007/04/03/index.php?section=politica&article=003n1pol

viernes, marzo 23, 2007

El despojo

Luis Javier Garrido


La destrucción anunciada del ISSSTE implica un paso adelante en la imposición en México del proyecto trasnacional que, en aras de los privilegios del gran capital, busca cancelar los derechos de los trabajadores a la seguridad social y a la salud. Es, por lo mismo, un nuevo de-safío para todos los mexicanos.

1. La aprobación, en unos cuantos días, por la mayoría PRI-PAN en el Congreso de una ley que siguiendo los lineamientos del Banco Mundial desmantela el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), creado en 1959, es la primera de las grandes contrarreformas legales que los neoliberales mexicanos llamaron "paquete estructural", y constituye por lo mismo un paso significativo en la liquidación del Estado surgido de la Revolución y en la cancelación de derechos básicos de los mexicanos.

2. La nueva contrarreforma no puede dejar de calificarse de histórica, pues al crear el Pensionissste como una Afore pública transitoria para administrar los 2 billones de pesos de las pensiones, que se transferirán en tres años a administradoras privadas, se dejará en el futuro a los trabajadores del Estado sin la posibilidad de un retiro con un mínimo de dignidad y se crearán las condiciones para el desmantelamiento de la infraestructura médica del instituto, cancelándose los derechos de los trabajadores del Estado tanto a la seguridad social como a la salud.

3. El ISSSTE, por ende, sí se privatiza, contrario de lo que sustentan los priístas, pues sus funciones las cumplirán ahora entidades privadas, no con un fin de solidaridad, sino con afán de lucro, y la seguridad social, que era su fin último, se va a tornar incertidumbre para sus afiliados, al tiempo que un puñado de especuladores se va a enriquecer aún más a costas de los trabajadores.

4. La derecha mexicana está, por consiguiente, festejando el acuerdo cupular, concluido en contra de los intereses de los mexicanos y a espaldas de los legisladores, pues asume que las negociaciones secretas y la mecánica fast track seguida constituyen un precedente que propiciará que culminen en 2007 la privatización del sector energético y la contrarreforma laboral que cancele los derechos constitucionales de los trabajadores, como lo exige el capital trasnacional.

5. La forma sí es importante en lo acontecido y sí se trata de un "mayoriteo" a la vieja usanza, al relegar la representación política formal del país a un conjunto de levantadedos, ya que incluso el dictamen de la comisión fue elaborado en las oficinas del gobierno, y es, de paso, una burla más a los mexicanos, pues éstos no se enteraron de lo acordado ni pudieron discutirlo, dado que el anteproyecto no apareció sino hasta el día 15 de marzo en la página web de la Cámara de Diputados.

6. El artífice principal de la contrarreforma no es Felipe Calderón, como pretenden inducir los medios oficialistas, pues éste no es más que un pobre pelele de los intereses dominantes, sino Carlos Salinas de Gortari, quien al dominar el PRI tiene la llave maestra de las decisiones, y logró: a) mediante su operadora en la burocracia oficial, Elba Esther Gordillo, controlar con su nuevo sindicato a la burocracia del ISSSTE -en lo que contó con la complicidad del viejo hampón del priísmo, el también salinista Miguel Angel Yunes, actual director del instituto-, y b) a través de sus dos testaferros en las cámaras -el senador Manlio Fabio Beltrones y el diputado Emilio Gamboa Patrón-, encauzar, sin mucho problema, por cierto, las bancadas tricolores para que aprobaran de manera disciplinada la medida.

7. La contrarreforma, aunque no se diga, constituye paradójicamente un paso más en la desaparición del PRI, que ha perdido ya su razón histórica de ser, pues en el proyecto derivado de los acuerdos Salinas-PAN (1988) este organismo político cumpliría un papel transitorio durante dos o tres sexenios, en los que se desmantelaría el Estado nacional hasta que el poder político quedase de manera definitiva en manos del partido de la derecha mexicana, y la hora está llegando. El PRI, al liquidar el ISSSTE, prosigue su autoliquidación.

8. Esta contrarreforma no hubiese sido posible sin la intervención de la corrupta capo sindical Elba Esther Gordillo, quien está siendo el pilar del nuevo corporativismo blanquiazul, en el que las viejas y nuevas organizaciones sindicales, encabezadas por líderes tanto o más corruptos que los del pasado, son plenamente funcionales a los intereses trasnacionales.

9. El fraude electoral de 2006 no fue, por consiguiente, nada más para llevar a un títere a la Presidencia y garantizar a través del PAN el control del Estado a un puñado de traficantes de influencias, sino para profundizar un proyecto económico y político que busca destruir el Estado nacional y entregar el país al control de multinacionales.

10. El sistema de "seguridad social" impuesto por el Banco Mundial ha fracasado en todo el mundo, como todos los proyectos neoliberales, y no hará en México más que agravar la crisis nacional.

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