Asa Cristina Laurell
En vísperas de la Navidad pasada, Álvaro Uribe declaró la Emergencia Social en Colombia. Esta figura legal le permite al presidente expedir decretos con fuerza de ley sin la aprobación de Congreso. La justificación fue que estaba en peligro el sistema de salud por una crisis financiera que necesitaba una solución urgente. Expidió un paquete de decretos que cambiaron sustancialmente el sistema de salud en aquel país. Causó protestas muy amplias y varios analistas han demostrado que la razón era hacer reformas para garantizar las ganancias del sector privado.
¿Y qué tiene que ver esto con México? Bastante, porque las reformas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Seguro Popular (SP) están basadas en la misma concepción que, llamada Pluralismo Estructurado, fue elaborada por el economista colombiano Juan Luis Londoño y el sanitarista mexicano Julio Frenk a principios de los años 90 del siglo pasado.
La reforma colombiana, plasmada en la Ley 100, casi coincidió con la del IMSS, pero antecedió por una década al SP y los cambios a la del ISSSTE. El núcleo central del modelo es la separación entre regulación, administración del financiamiento y prestación de los servicios, en la creencia de que la competencia entre administradores y prestadores, públicos y privados, llevará a menores costos y mejor atención. Expresa la fe en el mercado como el mejor distribuidor de los recursos. La trayectoria de la Ley 100 ha demostrado lo inverso, a pesar de constantes cambios para resolver los problemas que ha causado.
A pesar de prometer cobertura universal, 15 años después de su aprobación, 12 por ciento está fuera de este seguro obligatorio. Ha generado una maraña administrativa complejísima que es muy cara e impide que el dinero llegue oportunamente para atender al usuario. La competencia entre los prestadores ha quebrado los hospitales públicos, que no pueden rechazar pacientes ni hacerse más "eficientes" pagando al personal a destajo o recortando prestaciones laborales. Es frecuente la negación del servicio y decenas de miles de enfermos han ganado amparos contra esta negativa. El acceso a los servicios médicos bajó 10 puntos porcentuales entre 1997 y 2003. Pese al incremento en el presupuesto público de salud en cerca de 1.5 por ciento del PIB hay déficit crónico en el pago a los administradores y gobiernos locales, y de éstos a los prestadores de servicios.
Los decretos tienen tres finalidades importantes: garantizar la rentabilidad económica a los empresarios de salud; restringir los servicios del paquete obligatorio de salud (POS) para lograr la cobertura universal, y obligar a los asegurados a pagar los servicios no-POS aun a costa de su vivienda, ahorro para el retiro o mediante un préstamo, subsidiando sólo a los pobres.
El primer tema todavía no tiene actualidad en México porque no hay administradores privados de fondos y los prestadores privados no son importantes, pero no debe ignorarse porque están previstos en la legislación del IMSS, ISSSTE y SP.
El recorte del paquete de servicios para lograr "cobertura universal" está en la agenda del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Se puede objetar que no concierne a México, porque los servicios médicos del IMSS e ISSSTE no tienen restricciones y el CAUSES del SP está creciendo. Al respecto cabe recordar que la legislación de ambos institutos de seguridad social obliga a constituir reservas actuariales intocables y techos presupuestales inamovibles con el inevitable desfinanciamiento, que sólo puede solucionarse restringiendo los servicios. Esto quiere decir que los derechohabientes tendrían que pagar los servicios excluidos o comprar un seguro adicional, público o privado.
El caso del SP es distinto, ya que está restringido desde su inicio y sólo ampara servicios básicos y unos cuantos de alto costo. Aun así el SP ha dejado de hacer estudios actuariales sobre los costos reales del CAUSES y la Auditoría Superior de la Federación observó en 2007 que el Seguro Popular tendrá un déficit creciente de miles de millones de pesos. Al juntar la insistencia de "portabilidad" entre el IMSS, ISSSTE y el SP con la falta de recursos para sostener los servicios garantizados en los tres seguros, se concluye que pronto nos veremos en el espejo colombiano: con menos servicios y un seguro adicional. Y allí entran en escena las aseguradoras privadas.
secretariasaludgl@gmail.com
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jueves, marzo 04, 2010
martes, abril 01, 2008
La toma de muestras para detectar presencia de metales pesados no es una prioridad: SSJ
García Uvence anunció que apenas ayer iniciaron los trabajos en El Salto y Juanacatlán
El caso del niño Miguel Angel no es evidencia de que existen esos tóxicos en la zona, aseguró
La salud de habitantes de Bonito Jalisco, en riesgo ante la contaminación del río Santiago Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ
VIRIDIANA SAAVEDRA PONCE
No es prioridad de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) la toma de muestras de orina a los 384 habitantes de El Salto y Juanacatlán, y por eso no se había llevado a cabo, aseguró Salvador García Uvence, director de Salud Pública de dicha dependencia, al anunciar que apenas ayer comenzaron los trabajos en la zona.
El caso de Miguel Angel López Rocha, el menor de ocho años de edad que falleció luego de permanecer en coma a causa de la intoxicación por metales pesados que corren por el río Santiago, donde cayó en enero pasado, encendió un foco rojo que hasta la fecha sigue vigente, por lo que muchos habitantes de la zona aceptaron ser analizados clínicamente para demostrar que hay contaminantes en el lugar.
Dichos estudios fueron anunciados a principios de marzo por parte de la SSJ, pero a causa del periodo vacacional no se llevaron a cabo, afirmó el funcionario.
Lo que se estuvo haciendo en ambos municipios fue únicamente un análisis metodológico, el cual reveló que el grupo más vulnerable es el de menores de seis a 12 años, dijo.
Lo que busca la SSJ es que las personas analizadas sean sujetos que no tienen contacto con maquinaria o con sustancias químicas que puedan alterar el resultado de los estudios, por lo que enfocarán su trabajo en las amas de casa y niños, ya que son éstos quienes permanecen la mayor parte del tiempo en sus hogares.
El estudio es simplemente para conocer cuál es la prevalencia de metales pesados en esta población, ya que el caso del niño Miguel Angel no es evidencia de que en la zona haya ese tipo de tóxicos, afirmó García Uvence.
“No quiere decir que porque el niño Miguel Angel tuvo presencia de metales pesados podamos encontrar más”, aseguró.
La toma de muestras será solicitada en ambos municipios y la forma de trabajar es mediante un recorrido que 10 personas previamente capacitadas por la SSJ harán en la zona, donde pedirán a los habitantes una muestra de orina para ser analizada.
La Secretaría calcula que en la siguiente semana terminen de tomarse las muestras, por lo que el resultado, que es solamente para ampliar el panorama en El Salto y Juanacatlán sobre la contaminación del sitio, estará a finales de abril, agregó.
Sobre el estudio que se realizó a 30 personas de las cuales se dijo que tenían contacto con Miguel Angel, el titular de Salud Pública señaló que aún no hay respuesta del laboratorio, que desde hace más de un mes analiza las muestras de cabello y orina.
Dicho laboratorio es Grupo Microanálisis, uno de los cuatro que llevaron el caso del niño Miguel Angel, y el único que dijo que sí existían metales pesados en el cuerpo del menor.
Cabe señalar que el laboratorio es mexicano y tiene una sucursal en Texas, donde se realizan los estudios.
Nota relacionada
- Salud se hizo pato con los estudios del río Santiago - Periodico Publico
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El caso del niño Miguel Angel no es evidencia de que existen esos tóxicos en la zona, aseguró
La salud de habitantes de Bonito Jalisco, en riesgo ante la contaminación del río Santiago Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZVIRIDIANA SAAVEDRA PONCE
No es prioridad de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) la toma de muestras de orina a los 384 habitantes de El Salto y Juanacatlán, y por eso no se había llevado a cabo, aseguró Salvador García Uvence, director de Salud Pública de dicha dependencia, al anunciar que apenas ayer comenzaron los trabajos en la zona.
El caso de Miguel Angel López Rocha, el menor de ocho años de edad que falleció luego de permanecer en coma a causa de la intoxicación por metales pesados que corren por el río Santiago, donde cayó en enero pasado, encendió un foco rojo que hasta la fecha sigue vigente, por lo que muchos habitantes de la zona aceptaron ser analizados clínicamente para demostrar que hay contaminantes en el lugar.
Dichos estudios fueron anunciados a principios de marzo por parte de la SSJ, pero a causa del periodo vacacional no se llevaron a cabo, afirmó el funcionario.
Lo que se estuvo haciendo en ambos municipios fue únicamente un análisis metodológico, el cual reveló que el grupo más vulnerable es el de menores de seis a 12 años, dijo.
Lo que busca la SSJ es que las personas analizadas sean sujetos que no tienen contacto con maquinaria o con sustancias químicas que puedan alterar el resultado de los estudios, por lo que enfocarán su trabajo en las amas de casa y niños, ya que son éstos quienes permanecen la mayor parte del tiempo en sus hogares.
El estudio es simplemente para conocer cuál es la prevalencia de metales pesados en esta población, ya que el caso del niño Miguel Angel no es evidencia de que en la zona haya ese tipo de tóxicos, afirmó García Uvence.
“No quiere decir que porque el niño Miguel Angel tuvo presencia de metales pesados podamos encontrar más”, aseguró.
La toma de muestras será solicitada en ambos municipios y la forma de trabajar es mediante un recorrido que 10 personas previamente capacitadas por la SSJ harán en la zona, donde pedirán a los habitantes una muestra de orina para ser analizada.
La Secretaría calcula que en la siguiente semana terminen de tomarse las muestras, por lo que el resultado, que es solamente para ampliar el panorama en El Salto y Juanacatlán sobre la contaminación del sitio, estará a finales de abril, agregó.
Sobre el estudio que se realizó a 30 personas de las cuales se dijo que tenían contacto con Miguel Angel, el titular de Salud Pública señaló que aún no hay respuesta del laboratorio, que desde hace más de un mes analiza las muestras de cabello y orina.
Dicho laboratorio es Grupo Microanálisis, uno de los cuatro que llevaron el caso del niño Miguel Angel, y el único que dijo que sí existían metales pesados en el cuerpo del menor.
Cabe señalar que el laboratorio es mexicano y tiene una sucursal en Texas, donde se realizan los estudios.
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jueves, febrero 14, 2008
Luego de sufrir una agonía de 19 días, perdió la vida el menor Miguel Angel López Rocha
Su caso ha iniciado movilizaciones civiles para exigir una respuesta de las autoridades
Con indignación, vecinos convocaron a una marcha desde La Azucena al Congreso del Estado
Enrique Rábago, director del Hospital General de Occidente, y la doctora María Teresa Guadalupe Martínez confirmaron el deceso de Miguel Angel Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ
MAURICIO FERRER
El último aliento de vida que tuvo Miguel Angel López Rocha fue registrado ayer miércoles 13 de febrero a las 17 horas con 40 minutos. Miguel Angel “fallece hoy (ayer) a las 17:40 horas. Las causas fueron: paro cardiorrespiratorio, falla orgánica múltiple e intoxicación aguda por arsénico”, informó ayer el director del Hospital General de Occidente (HGO), Enrique Rábago Solorio.
La vida del menor que en enero pasado cayó al río Santiago terminó ayer. El Santiago pasa a escasos metros de la casa de la familia del pequeño. Una diminuta vivienda para dos adultos, y ahora, sólo tres menores, en la colonia Bonito Jalisco, en la localidad La Azucena del municipio de El Salto.
La larga agonía de 19 días ocasionada por el arsénico y que inició cuando el menor pisó el HGO el 26 de enero pasado, terminó ayer por la tarde. El pequeño cuerpo de 8 años de vida no resistió los 51 microgramos del metal que lo recorría y que lo mantenía en coma desde entonces. Entre 4 y 10 veces más del elemento, según los lineamientos que marca el laboratorio de la experta en toxicología Luz María Cueto Sánchez: entre 5 y 12 microgramos en una persona no expuesta al metal.
“Quiero comentarles que fue un caso difícil por el estado tan abrupto en que inició su coma pero nos sentimos satisfechos porque actuamos con la práctica médica que debe ser; la forma en que fue tratado el menor… por eso nos sentimos satisfechos de nuestro deber médico”, expresó anoche Rábago Solorio. Como normativa médica, dijo, el cadáver fue enviado al Servicio Médico Forense (Semefo).
Había caído al río Santiago, declararon infinidad de veces los familiares de Miguel Angel.“Nosotros hemos visto la versión de una historia clínica y declaraciones que hizo la mamá en un noticiero por teléfono; no tiene ella la certeza de que haya caído: primero dijo que alguien lo aventó, luego que se cayó y luego que él se metió porque alguien le decía que se comiera una flor”, mencionó ayer en una entrevista que tuvo con asociaciones civiles de El Salto y Juanacatlán, el secretario de salud en Jalisco, Alfonso Gutiérrez Carranza.
Por caída, por un empujón o por un desafío de niños, al fin y al cabo Miguel Angel estuvo en las aguas del Santiago; un río que, según estudios de 2004, de la propia Comisión Estatal del Agua –antes también de Saneamiento– (CEA) y del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), en sus lodos convive un cóctel de metales pesados compuesto de plomo, cromo, cobalto, mercurio y arsénico.
Cabe señalar que el arsénico es un metal que se usa en la curtiduría de pieles, en el temple de vidrio, metal y en las industrias como reactor químico.
La intoxicación por arsénico fue la que vivió Miguel Angel desde el pasado 26 de enero: “un cuadro donde se refiere, a diarrea, de 15 horas de evolución muy aguda; un vómito de 15 horas de evolución; alucinaciones, fiebre, con alteraciones del estado de conciencia; llega entonces con alteraciones del estado mental y en pocas horas, va bajando su estado de conciencia y cae en coma”, así lo resumió la jefa de pediatría del HGO, María Teresa Guadalupe Martínez el pasado 12 de febrero.
Y tanto bajó el coma, que se transformó en punto final.
Caravana por la dignidad
Miguel Angel ya no pudo escuchar el plan de sus vecinos, de su comunidad, de los que se interesaron en su caso: una marcha programada para hoy desde La Azucena hasta el Congreso del Estado.
No pudo ya conocer que seis organismos no gubernamentales demandaron ayer al mediodía, frente a la Secretaría de Salud, “la elaboración de un diagnóstico de morbilidad y mortalidad, así como la atención médica gratuita a los afectados por la contingencia ambiental” en un plazo no mayor a los tres meses.
Miguel Angel desconoció que los representantes del sexteto de asociaciones, exigieron un diálogo directo con el gobernador de Jalisco, el panista Emilio González Márquez, para que éste “presente en un plazo máximo de dos semanas un plan de limpieza para el río Santiago; un proyecto de saneamiento para los asentamientos afectados por el paso del río, así como sus cuentas y afluentes tributarios –se calcula que en la zona viven unas 120 mil personas–; un plan concreto para la construcción de las plantas de tratamiento de aguas de las zonas afectadas; la inspección inmediata de las descargas industriales; el cierre de la planta del vertedero de basura Los Laureles, en Tonalá –que como la investigación del CEA documentó, vierte parte de sus lixiviados al Santiago–; una investigación seria que lleve al castigo de los responsables de la contaminación del torrente; y la indemnización para los afectados y fallecidos por la contaminación”.
Ya no supo Miguel Angel que estos, sus vecinos, exigieron a la Comisión Nacional del Agua (CNA) la realización inmediata “de garantizar la calidad de las aguas domésticas e industriales que se descargan al río Santiago y sus afluentes tributarios”.
Igual no se enterará el menor de que “la comunidad de La Azucena exige a las instituciones de crédito hipotecario públicas y privadas la suspensión del pago por las casas de ese fraccionamiento, hasta que se garantice la seguridad sanitaria de los habitantes de las vivienda”.
Tampoco supo de los planes del titular de Salud en torno a El Salto y Juanacatlán, que ayer dio a conocer: “el lunes inician unos tamizajes, unas 10 pruebas aleatorias” para conocer más casos de intoxicación por arsénico.
Miguel Angel no tendrá la suerte de estas pruebas a iniciarse la próxima semana; intenciones del secretario de Salud en las que además “también vamos a mandarles unidades móviles, para que todas las mujeres se realicen un tamizaje de cáncer y vamos a mandar una unidad móvil con servicio médico y vamos a ver la posibilidad de que los presidentes municipales me doten de espacios para poner consultorios para atender a la población”.
No pudo ver ya los cientos de calcomanías que hoy, miembros de las diferentes agrupaciones civiles de los municipios de El Salto y Juanacatlán, repartirán entre automovilistas, entre paseantes, entre los legisladores, desde que salgan en una caravana de tres autobuses que partirá de La Azucena al centro de Guadalajara. No podrá conocer ya el verde y el negro de las calcomanías. No podrá leer: “Me caga tu caca”, “Industria+gobierno=muerte”, “Al que ensucie llámalo PUERCO”, leyendas impresas en las calcomanías rectangulares a dos colores.
Miguel Angel no podrá ver la fotografía de los diarios, las imágenes de televisión en las que el secretario de Salud, Alfonso Gutiérrez Carranza, sostiene, sonriente, una de las calcomanías con la frase “¡No matarás!”, el quinto mandamiento de la Iglesia católica.
Notas relacionadas
- La cuenca del río Santiago debe ser declarada zona de emergencia ambiental: CEDHJ
- Sí se construirá la presa de Arcediano: González Márquez
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Con indignación, vecinos convocaron a una marcha desde La Azucena al Congreso del Estado
Enrique Rábago, director del Hospital General de Occidente, y la doctora María Teresa Guadalupe Martínez confirmaron el deceso de Miguel Angel Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZMAURICIO FERRER
El último aliento de vida que tuvo Miguel Angel López Rocha fue registrado ayer miércoles 13 de febrero a las 17 horas con 40 minutos. Miguel Angel “fallece hoy (ayer) a las 17:40 horas. Las causas fueron: paro cardiorrespiratorio, falla orgánica múltiple e intoxicación aguda por arsénico”, informó ayer el director del Hospital General de Occidente (HGO), Enrique Rábago Solorio.
La vida del menor que en enero pasado cayó al río Santiago terminó ayer. El Santiago pasa a escasos metros de la casa de la familia del pequeño. Una diminuta vivienda para dos adultos, y ahora, sólo tres menores, en la colonia Bonito Jalisco, en la localidad La Azucena del municipio de El Salto.
La larga agonía de 19 días ocasionada por el arsénico y que inició cuando el menor pisó el HGO el 26 de enero pasado, terminó ayer por la tarde. El pequeño cuerpo de 8 años de vida no resistió los 51 microgramos del metal que lo recorría y que lo mantenía en coma desde entonces. Entre 4 y 10 veces más del elemento, según los lineamientos que marca el laboratorio de la experta en toxicología Luz María Cueto Sánchez: entre 5 y 12 microgramos en una persona no expuesta al metal.
“Quiero comentarles que fue un caso difícil por el estado tan abrupto en que inició su coma pero nos sentimos satisfechos porque actuamos con la práctica médica que debe ser; la forma en que fue tratado el menor… por eso nos sentimos satisfechos de nuestro deber médico”, expresó anoche Rábago Solorio. Como normativa médica, dijo, el cadáver fue enviado al Servicio Médico Forense (Semefo).
Había caído al río Santiago, declararon infinidad de veces los familiares de Miguel Angel.“Nosotros hemos visto la versión de una historia clínica y declaraciones que hizo la mamá en un noticiero por teléfono; no tiene ella la certeza de que haya caído: primero dijo que alguien lo aventó, luego que se cayó y luego que él se metió porque alguien le decía que se comiera una flor”, mencionó ayer en una entrevista que tuvo con asociaciones civiles de El Salto y Juanacatlán, el secretario de salud en Jalisco, Alfonso Gutiérrez Carranza.
Por caída, por un empujón o por un desafío de niños, al fin y al cabo Miguel Angel estuvo en las aguas del Santiago; un río que, según estudios de 2004, de la propia Comisión Estatal del Agua –antes también de Saneamiento– (CEA) y del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), en sus lodos convive un cóctel de metales pesados compuesto de plomo, cromo, cobalto, mercurio y arsénico.
Cabe señalar que el arsénico es un metal que se usa en la curtiduría de pieles, en el temple de vidrio, metal y en las industrias como reactor químico.
La intoxicación por arsénico fue la que vivió Miguel Angel desde el pasado 26 de enero: “un cuadro donde se refiere, a diarrea, de 15 horas de evolución muy aguda; un vómito de 15 horas de evolución; alucinaciones, fiebre, con alteraciones del estado de conciencia; llega entonces con alteraciones del estado mental y en pocas horas, va bajando su estado de conciencia y cae en coma”, así lo resumió la jefa de pediatría del HGO, María Teresa Guadalupe Martínez el pasado 12 de febrero.
Y tanto bajó el coma, que se transformó en punto final.
Caravana por la dignidad
Miguel Angel ya no pudo escuchar el plan de sus vecinos, de su comunidad, de los que se interesaron en su caso: una marcha programada para hoy desde La Azucena hasta el Congreso del Estado.
No pudo ya conocer que seis organismos no gubernamentales demandaron ayer al mediodía, frente a la Secretaría de Salud, “la elaboración de un diagnóstico de morbilidad y mortalidad, así como la atención médica gratuita a los afectados por la contingencia ambiental” en un plazo no mayor a los tres meses.
Miguel Angel desconoció que los representantes del sexteto de asociaciones, exigieron un diálogo directo con el gobernador de Jalisco, el panista Emilio González Márquez, para que éste “presente en un plazo máximo de dos semanas un plan de limpieza para el río Santiago; un proyecto de saneamiento para los asentamientos afectados por el paso del río, así como sus cuentas y afluentes tributarios –se calcula que en la zona viven unas 120 mil personas–; un plan concreto para la construcción de las plantas de tratamiento de aguas de las zonas afectadas; la inspección inmediata de las descargas industriales; el cierre de la planta del vertedero de basura Los Laureles, en Tonalá –que como la investigación del CEA documentó, vierte parte de sus lixiviados al Santiago–; una investigación seria que lleve al castigo de los responsables de la contaminación del torrente; y la indemnización para los afectados y fallecidos por la contaminación”.
Ya no supo Miguel Angel que estos, sus vecinos, exigieron a la Comisión Nacional del Agua (CNA) la realización inmediata “de garantizar la calidad de las aguas domésticas e industriales que se descargan al río Santiago y sus afluentes tributarios”.
Igual no se enterará el menor de que “la comunidad de La Azucena exige a las instituciones de crédito hipotecario públicas y privadas la suspensión del pago por las casas de ese fraccionamiento, hasta que se garantice la seguridad sanitaria de los habitantes de las vivienda”.
Tampoco supo de los planes del titular de Salud en torno a El Salto y Juanacatlán, que ayer dio a conocer: “el lunes inician unos tamizajes, unas 10 pruebas aleatorias” para conocer más casos de intoxicación por arsénico.
Miguel Angel no tendrá la suerte de estas pruebas a iniciarse la próxima semana; intenciones del secretario de Salud en las que además “también vamos a mandarles unidades móviles, para que todas las mujeres se realicen un tamizaje de cáncer y vamos a mandar una unidad móvil con servicio médico y vamos a ver la posibilidad de que los presidentes municipales me doten de espacios para poner consultorios para atender a la población”.
No pudo ver ya los cientos de calcomanías que hoy, miembros de las diferentes agrupaciones civiles de los municipios de El Salto y Juanacatlán, repartirán entre automovilistas, entre paseantes, entre los legisladores, desde que salgan en una caravana de tres autobuses que partirá de La Azucena al centro de Guadalajara. No podrá conocer ya el verde y el negro de las calcomanías. No podrá leer: “Me caga tu caca”, “Industria+gobierno=muerte”, “Al que ensucie llámalo PUERCO”, leyendas impresas en las calcomanías rectangulares a dos colores.
Miguel Angel no podrá ver la fotografía de los diarios, las imágenes de televisión en las que el secretario de Salud, Alfonso Gutiérrez Carranza, sostiene, sonriente, una de las calcomanías con la frase “¡No matarás!”, el quinto mandamiento de la Iglesia católica.
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lunes, febrero 11, 2008
Opinión - Monica Perez Taylor
Bonito Jalisco, bonito
MURAL 9 de febrero, 2008.
Muchas cosas nos tendrán que aclarar, muchas disculpas tendrán que pedir y algunas cabezas tendrían que rodar por la manipulación que las autoridades han dado al caso del niño Miguel Ángel López Rocha quien cayó al río Santiago y se encuentra en coma desde hace 13 días tras sufrir una intoxicación por metales pesados.
Los agravios van, desde acusar, no sólo a María del Carmen Rocha, sino a todas las amas de casa de Bonito Jalisco, de ser "unas huevonas que se la pasan todo el día viendo las pinches telenovelas y no cuidan a sus hijos" como se expresó un empleado de la constructora, hasta levantar falsos contra el niño de ocho años acusándolo de consumir drogas con tal de no enfrentar la verdad.
La constructora, el hospital de Zoquipan y el Secretario de Salud manejaron la misma estrategia, con sus variantes, para acabar metidos en un embrollo. Lo que sí dejaron en claro son las maniobras con las que intentaron echar tierra a un asunto que tiene mucho más de fondo.
En Bonito Jalisco viven 4 mil familias de las cinco mil que podrá albergar. Se encuentra al suroriente, en la desembocadura del canal del Ahogado con el río Santiago y es uno de quién sabe cuántos fraccionamientos que se autorizaron, a pesar de las advertencias, en la zona industrial de El Salto, durante la Administración municipal de Beatriz Moreno y con el aval del gobierno del Estado, cuyo titular era Francisco Ramírez Acuña, y que como titular, a través de Iprovipe, promovió el desarrollo Tierra Mojada en la Presa del Ahogado, ya rellena por completo, que construiría 50 mil viviendas más. En el cerro aledaño se puede apreciar la vista más terrorífica: miles de casas diminutas que se desparraman casi desde la cumbre hasta las faldas en medio de chimeneas amenazantes.
Los últimos pies de casa de 28 metros cuadrados que actualmente se construyen en La Azucena, dentro de Bonito Jalisco, quedarán a la orilla del río tan sólo separado por un bordo de dos metros de altura. Al sur se localiza la cuenca del Ahogado y a todo lo largo del fraccionamiento corre el canal del Ahogado. 20 metros de distancia y un bordo de cuatro metros de altura fácilmente escalable separan a las viviendas de este canal. Al poniente se encuentra una planta de distribución de PEMEX, los incineradores de desechos biológicos infecciosos y dos parques industriales con cientos de industrias. Al oriente está el Penal de Puente Grande y el tiradero Los Laureles. Tanto los lixiviados del tiradero como el drenaje del penal corren a cielo abierto hasta llegar al Santiago. El 97 por ciento de las aguas residuales e industriales se arrojan al río Santiago sin tratar y ahí fue a caer Miguel Ángel. Sí, era el lugar ideal para vivir. Y sí, ese líquido es el que embalsarán en la maldita presa de Arcediano
Bonito Jalisco se asienta en lo que alguna vez fueron los humedales del río Santiago y en los dos años que tiene de existir, cada temporal se han inundado las casas "hasta las rodillas". En los márgenes del río pastan vacas, se siembra y cultivan maíz y vegetales y hortalizas que se riegan con aguas negras, alimentos que consume la población en esas comunidades y que llegan a otros mercados. Los pozos que se explotan para el consumo doméstico, se presume, se encuentran contaminados con arsénico. El agua que llena los tinacos de los hogares es cafesosa, además de que pueden quedarse sin agua hasta por cuatro días. La luz se va entre tres a cuatro veces al día. No cuentan más que con un pequeño camellón entre dos calles como área verde. Bonito Jalisco es un desierto por el que cruzan de 4 a 5 remolinos al día levantando kilos de polvo y basura. A partir de las seis de la tarde las familias empiezan a quemar cartones en sus cocheras para alejar, sin éxito, las nubes de mosquitos. Se cubren con toda la ropa posible y se encierran en sus hogares a tratar de dormir entre inciensos, radiolitos y todo tipo de insecticidas que sólo les producen afectaciones a sus sistemas respiratorios. Los zancudos se ensañan contra todos pero especialmente con los bebés que tienen sus caritas carcomidas con ronchas purulentas. Que las casas se estén cuarteando y hasta cayendo, que no aguantarán un segundo piso, y que el olor es insoportable, que los dolores de cabeza, la fatiga, la nausea, la diarrea, el ardor de ojos y las manchas en la piel, ya es lo de menos.
Y si no es por este lamentable accidente nadie, en Bonito Jalisco, se habría enterado que viven sobre una bomba de tiempo. Todos ignoraban que, tras lomita, pasaba el segundo río más contaminado del país, considerado la cuarta emergencia sanitaria del mundo, sólo se alarmaron por la pestilencia y los enjambres de mosquitos. Nadie los advirtió, ni el Infonavit, ni las autoridades del municipio ni las constructoras que no colocaron una malla ciclónica oportunamente que podría haber evitado el accidente de Miguel Ángel.
No hay ya manera de negar la directísima relación que tiene la contaminación ambiental, y la más absoluta insalubridad presente en toda la región, con la enfermedad y la muerte. Y tampoco se podrán librar las constructoras y las autoridades que a sabiendas de que esta zona es de altísimo riesgo, se propusieron hacer el gran negocio condenando en vida a miles de familias muy jóvenes, por cierto, y a pagar créditos de mil 500 pesos mensuales durante 30 años.
Porque si creen que por ser personas humildes se van a resignar a su suerte están muy equivocados. Todos en Bonito Jalisco, y espero que en la mayoría de la sociedad, estamos conscientes que se ha cometido un brutal fraude contra miles de jaliscienses, contra su paupérrimo patrimonio y contra su salud.
Si los gobiernos pasados y presentes, algunos constructores y los industriales de El Salto creían que tanta negligencia, corrupción y desmedida ambición no iba a tener consecuencias, aquí están los resultados. Porque la demanda de todos estos vecinos es que o les regresan su dinero o les den otra vivienda en un lugar adecuado para vivir. Hacerlo no sólo sería un elemental acto de justicia sino la oportunidad de denunciar a los criminales y defraudadores, parar en seco la construcción de vivienda en zonas de alto riesgo, y empezar a remediar el daño ambiental, si todavía es posible.
No es casualidad que apenas a unos días de haber regresado Ramírez Acuña a Jalisco, se haya revocado una suspensión para continuar con la construcción de vivienda en la zona industrial de El Salto y que el mismo día se haya confirmado que la cortina de la presa de Arcediano se puede levantar en el sitio. Para completar, la Secretaría de Desarrollo Urbano elabora el proyecto ejecutivo de un nodo vial pero en el nuevo trazo del Periférico, sobre la Presa del Ahogado.
Así que la mano que mece la cuna es la de Ramírez Acuña. A eso regresó.
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lunes, febrero 04, 2008
Opinión - Jaime Hernandez Ortiz
Los gobernadores tontos no van al cielo
Jornada Jalisco
En efecto, los gobernadores tontos no se van al cielo. Primero que nada porque los anteriores tuvieron mucho tiempo para dar muerte al ritual del informe anual que año tras año presentaban al Congreso del Estado; lo que los hacía vivir en el plano de la falsa inmortalidad, en la autoglorificación cotidiana y en el culto a la personalidad. ¡Nada más pecaminoso!
Por fortuna, Emilio González Márquez tuvo la visión de darle mate a un acto que era propio del presidencialismo provincial y parroquiano (¡Dios me perdone por usar este término!) que tanto dañaba a Jalisco. ¿Cuántos cuatrimestres y visitas a todas las regiones no habrá en lo futuro para que los gobernadores exhiban su humildad como don divino?
Los gobernadores tontos no irán al cielo buscando sólo el reconocimiento terrenal. ¡Qué tontos aquellos gobernadores que no han sabido combinar el ejercicio público con la fe del pueblo! y saberse ganar el favor del cardenal y la Iglesia en cuanto acto público sea posible. ¡Qué tontos! ¿Qué tanto les hubiera costado pagar cursos de Biblia? Era obvio que para acercarse al cielo no se necesitaba comprar un jet como se hizo en la administración pasada, sino el realizar reuniones de oración y, ¿por qué no?, de exorcismo en Casa Jalisco, lugar y asiento por mucho tiempo de satanás y sus demonios priístas. No irán al cielo si se hacen acompañar de guaruras y acarreados develando placas de edificios recién terminados esperando recibir el aplauso temporal, cuando lo que deben hacer es tomarse la imagen correcta: o sea, aparecer con mujeres, niños y familias como telón de fondo irradiando felicidad y alegría. Ahora, los ángeles son los que aplauden.
Obras misericordiosas
No irán al cielo señalando que ayudaron a tal o cual obrero, campesino o persona sin techo, a tal o cual indígena que sigue conservando creencias paganas. ¡No! ¡Ese es populismo impío! Los que se van al cielo son aquellos que conmueven, que tocan las fibras más sensibles del corazón (de radioescuchas y del teleauditorio) logrando humedecer los ojos:
“Hemos apoyado con dinero y capacitación a más de 4 mil empresas para que generen más empleos”. Nótese que se apoya a las empresas no a los empresarios, ruines y materialistas. Las empresas ahora pueden tomar conciencia que deben capacitarse y hacer a un lado a sus dueños que no generan los empleos que faltan. Además, quizás las empresas puedan pagar mejores salarios aunque los dueños no estén de acuerdo. Por eso se les apoya dándoles dinero.
“Ya estamos entregando becas para el transporte para que los jóvenes sigan estudiando”. Nótese que las becas son para el transporte, el camión, el tren ligero, no para los estudiantes. Debe ser apoyado el transporte o se podría molestar diabólicamente (no Ramírez Acuña en el Sistecozome o el llamado pulpo camionero), sino porque el transporte podría detectar a los que no van a estudiar. Qué tal si van por un six, ¡pues no!
“Nuestros viejitos más necesitados ya están recibiendo dinero para que vivan mejor” (¡snif!) Qué bueno que ya reciben dinero, además del que obtienen en los supermercados como cerillos o en los cruceros. De otra manera podrían lavar dinero. Por fortuna, se han hecho inspirados estudios para que ese dinero lo reciban quienes los deban recibir (parafraseando a Alberto Cárdenas que seguramente se va a ir al infierno); o sea, que lo reciban sólo aquellos que estén convencidos que no es de un proyecto surgido del populismo impío de López Obrador o del Centro de Atención al Migrante. Hay de viejitos a viejitos, y a unos les gusta dar patadas al pesebre y no muestran reverencia.
“Ya construimos los primeros hospitales de la mujer”. Qué bueno, porque ahora sí se podrá ubicar a aquellas mujeres –que son pobres porque quieren– y tienen la intención de practicarse un legrado si fueron abusadas sexualmente. Ahora verán su producto como una bendición. De otra manera serán unas estúpidas que nunca irán al cielo. Por ello será necesario construir los segundos hospitales, luego los terceros y así sucesivamente. “Hemos inaugurado 67 consultorios populares”. Sí, y para que sean de verdad populares se ha pedido que un sacerdote los bendiga. Si en las empresas se hace eso, ¿por qué en el gobierno no?
Así sí, sin pecadores haremos más
Perdidas y condenadas están algunas personas y agrupaciones civiles como la Asamblea de Redes y Movimientos Sociales (AREMOS) que han hecho un contra informe. Dicen malévolamente:
“La reducción al presupuesto destinado al gasto social, es uno de los renglones más castigados por el actual gobierno. En materia de salud, el llamado Seguro Popular impulsado por los gobiernos federal y estatal, sigue siendo un fracaso en Jalisco, porque faltan médicos, consultorios, hay un desabasto de medicamentos de hasta 45 por ciento, instalaciones rebasadas por el número de pacientes. Destaca el caso de El Hospitalito de Zapopan, que cancela los servicios médicos con el argumento de que no hay presupuesto para sostener este gasto, con la amenaza de recortar la plantilla laboral y dejar sin empleo a cerca de 500 trabajadores, para trasladar los servicios médicos a la iniciativa privada.
También se ubican las declaraciones del director del DIF en Jalisco reconociendo que existe el grave problema de prostitución de 600 menores en Puerto Vallarta y la Zona Metropolitana de Guadalajara y que no cuentan con recursos económicos para atenderlo.
Destaca la política de despojo a los propietarios de tierras ejidales y comunales para favorecer económicamente a los inversionistas inmobiliarios y turísticos de Jalisco y del extranjero, que tiene como finalidad la construcción de grandes emporios que favorecerán a los capitalistas mas poderosos, sin importar los daños y desequilibrios ecológicos y ambientales en terrenos considerados como áreas naturales de protección como los casos de Mezcala, Costa Alegre, Cihuatlán, Ayotitlán, Cuautitlán, etcétera.
Las aguas del río Santiago han provocado en los municipios de El Salto y Juanacatlán la pérdida de más de un centenar de vidas. En el primer año de gobierno quedan pendientes diversos actos de represión en los que no se ha aplicado la ley y la justicia, destacando la feroz golpiza que recibieron los moradores del Centro Cultural de la Calle y un consejero de la Comisión de Derechos Humanos. También el impedimento policiaco para que unos adultos mayores ingresaran al Congreso del Estado para exigir una respuesta favorable a la iniciativa popular de apoyo económico. Los casos más relevantes de protección e impunidad a funcionarios públicos: el procurador Tomás Coronado Olmos, acusado de tener relación con una red de pederastas; el ex presidente municipal de Tonalá, Jorge Vizcarra, vinculado en el asesinato de uno de sus empleados.
En contraparte a la reducción del presupuesto en el gasto social, es notorio el dispendio de los dineros públicos destinados para promover la imagen de González Márquez, quien regaló a Televisa la cantidad de 67 millones de pesos tomados de la partida “Erogaciones imprevistas y combate a la pobreza” para apoyar el evento denominado Espacio 2007 y lograr la “formación de liderazgos”. La reciente aprobación de 38 millones de pesos a la producción de la telenovela Las estúpidas no van al cielo y los 3.5 millones a TV Azteca para su Juguetón.
El titular del Ejecutivo estatal debe responder también por la política agraria hacia el sector campesino, en el marco de la renegociación del TLC en materia agropecuaria. La insensibilidad política y humana demostrada por el gobernador panista deja un saldo negativo para la mayoría de los jaliscienses. Que se vaya a Televisa para continuar con sus estúpidas telenovelas y con sus espots televisivos que muestran los supuestos avances de su administración y que no son otra cosa más que las grandes mentiras que ofenden la dignidad de los jaliscienses. Blasfemos, por eso se van a condenar.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2008::
Jornada Jalisco
En efecto, los gobernadores tontos no se van al cielo. Primero que nada porque los anteriores tuvieron mucho tiempo para dar muerte al ritual del informe anual que año tras año presentaban al Congreso del Estado; lo que los hacía vivir en el plano de la falsa inmortalidad, en la autoglorificación cotidiana y en el culto a la personalidad. ¡Nada más pecaminoso!
Por fortuna, Emilio González Márquez tuvo la visión de darle mate a un acto que era propio del presidencialismo provincial y parroquiano (¡Dios me perdone por usar este término!) que tanto dañaba a Jalisco. ¿Cuántos cuatrimestres y visitas a todas las regiones no habrá en lo futuro para que los gobernadores exhiban su humildad como don divino?
Los gobernadores tontos no irán al cielo buscando sólo el reconocimiento terrenal. ¡Qué tontos aquellos gobernadores que no han sabido combinar el ejercicio público con la fe del pueblo! y saberse ganar el favor del cardenal y la Iglesia en cuanto acto público sea posible. ¡Qué tontos! ¿Qué tanto les hubiera costado pagar cursos de Biblia? Era obvio que para acercarse al cielo no se necesitaba comprar un jet como se hizo en la administración pasada, sino el realizar reuniones de oración y, ¿por qué no?, de exorcismo en Casa Jalisco, lugar y asiento por mucho tiempo de satanás y sus demonios priístas. No irán al cielo si se hacen acompañar de guaruras y acarreados develando placas de edificios recién terminados esperando recibir el aplauso temporal, cuando lo que deben hacer es tomarse la imagen correcta: o sea, aparecer con mujeres, niños y familias como telón de fondo irradiando felicidad y alegría. Ahora, los ángeles son los que aplauden.
Obras misericordiosas
No irán al cielo señalando que ayudaron a tal o cual obrero, campesino o persona sin techo, a tal o cual indígena que sigue conservando creencias paganas. ¡No! ¡Ese es populismo impío! Los que se van al cielo son aquellos que conmueven, que tocan las fibras más sensibles del corazón (de radioescuchas y del teleauditorio) logrando humedecer los ojos:
“Hemos apoyado con dinero y capacitación a más de 4 mil empresas para que generen más empleos”. Nótese que se apoya a las empresas no a los empresarios, ruines y materialistas. Las empresas ahora pueden tomar conciencia que deben capacitarse y hacer a un lado a sus dueños que no generan los empleos que faltan. Además, quizás las empresas puedan pagar mejores salarios aunque los dueños no estén de acuerdo. Por eso se les apoya dándoles dinero.
“Ya estamos entregando becas para el transporte para que los jóvenes sigan estudiando”. Nótese que las becas son para el transporte, el camión, el tren ligero, no para los estudiantes. Debe ser apoyado el transporte o se podría molestar diabólicamente (no Ramírez Acuña en el Sistecozome o el llamado pulpo camionero), sino porque el transporte podría detectar a los que no van a estudiar. Qué tal si van por un six, ¡pues no!
“Nuestros viejitos más necesitados ya están recibiendo dinero para que vivan mejor” (¡snif!) Qué bueno que ya reciben dinero, además del que obtienen en los supermercados como cerillos o en los cruceros. De otra manera podrían lavar dinero. Por fortuna, se han hecho inspirados estudios para que ese dinero lo reciban quienes los deban recibir (parafraseando a Alberto Cárdenas que seguramente se va a ir al infierno); o sea, que lo reciban sólo aquellos que estén convencidos que no es de un proyecto surgido del populismo impío de López Obrador o del Centro de Atención al Migrante. Hay de viejitos a viejitos, y a unos les gusta dar patadas al pesebre y no muestran reverencia.
“Ya construimos los primeros hospitales de la mujer”. Qué bueno, porque ahora sí se podrá ubicar a aquellas mujeres –que son pobres porque quieren– y tienen la intención de practicarse un legrado si fueron abusadas sexualmente. Ahora verán su producto como una bendición. De otra manera serán unas estúpidas que nunca irán al cielo. Por ello será necesario construir los segundos hospitales, luego los terceros y así sucesivamente. “Hemos inaugurado 67 consultorios populares”. Sí, y para que sean de verdad populares se ha pedido que un sacerdote los bendiga. Si en las empresas se hace eso, ¿por qué en el gobierno no?
Así sí, sin pecadores haremos más
Perdidas y condenadas están algunas personas y agrupaciones civiles como la Asamblea de Redes y Movimientos Sociales (AREMOS) que han hecho un contra informe. Dicen malévolamente:
“La reducción al presupuesto destinado al gasto social, es uno de los renglones más castigados por el actual gobierno. En materia de salud, el llamado Seguro Popular impulsado por los gobiernos federal y estatal, sigue siendo un fracaso en Jalisco, porque faltan médicos, consultorios, hay un desabasto de medicamentos de hasta 45 por ciento, instalaciones rebasadas por el número de pacientes. Destaca el caso de El Hospitalito de Zapopan, que cancela los servicios médicos con el argumento de que no hay presupuesto para sostener este gasto, con la amenaza de recortar la plantilla laboral y dejar sin empleo a cerca de 500 trabajadores, para trasladar los servicios médicos a la iniciativa privada.
También se ubican las declaraciones del director del DIF en Jalisco reconociendo que existe el grave problema de prostitución de 600 menores en Puerto Vallarta y la Zona Metropolitana de Guadalajara y que no cuentan con recursos económicos para atenderlo.
Destaca la política de despojo a los propietarios de tierras ejidales y comunales para favorecer económicamente a los inversionistas inmobiliarios y turísticos de Jalisco y del extranjero, que tiene como finalidad la construcción de grandes emporios que favorecerán a los capitalistas mas poderosos, sin importar los daños y desequilibrios ecológicos y ambientales en terrenos considerados como áreas naturales de protección como los casos de Mezcala, Costa Alegre, Cihuatlán, Ayotitlán, Cuautitlán, etcétera.
Las aguas del río Santiago han provocado en los municipios de El Salto y Juanacatlán la pérdida de más de un centenar de vidas. En el primer año de gobierno quedan pendientes diversos actos de represión en los que no se ha aplicado la ley y la justicia, destacando la feroz golpiza que recibieron los moradores del Centro Cultural de la Calle y un consejero de la Comisión de Derechos Humanos. También el impedimento policiaco para que unos adultos mayores ingresaran al Congreso del Estado para exigir una respuesta favorable a la iniciativa popular de apoyo económico. Los casos más relevantes de protección e impunidad a funcionarios públicos: el procurador Tomás Coronado Olmos, acusado de tener relación con una red de pederastas; el ex presidente municipal de Tonalá, Jorge Vizcarra, vinculado en el asesinato de uno de sus empleados.
En contraparte a la reducción del presupuesto en el gasto social, es notorio el dispendio de los dineros públicos destinados para promover la imagen de González Márquez, quien regaló a Televisa la cantidad de 67 millones de pesos tomados de la partida “Erogaciones imprevistas y combate a la pobreza” para apoyar el evento denominado Espacio 2007 y lograr la “formación de liderazgos”. La reciente aprobación de 38 millones de pesos a la producción de la telenovela Las estúpidas no van al cielo y los 3.5 millones a TV Azteca para su Juguetón.
El titular del Ejecutivo estatal debe responder también por la política agraria hacia el sector campesino, en el marco de la renegociación del TLC en materia agropecuaria. La insensibilidad política y humana demostrada por el gobernador panista deja un saldo negativo para la mayoría de los jaliscienses. Que se vaya a Televisa para continuar con sus estúpidas telenovelas y con sus espots televisivos que muestran los supuestos avances de su administración y que no son otra cosa más que las grandes mentiras que ofenden la dignidad de los jaliscienses. Blasfemos, por eso se van a condenar.
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lunes, enero 21, 2008
Formalizan la instalación de redes de apoyo médico y sanitario en El Salto
Sus habitantes aseguran que sufren enfermedades por la contaminación de los mantos acuíferos
La Secretaría de Salud minimiza el asunto; tomará muestras de agua para analizarlas
JORGE COVARRUVIAS
Con la visita a casa de la familia Reyes el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del municipio de El Salto formalizó la instalación de una red de apoyo médico y sanitario a la población de San José del Castillo, en donde aseguraron sus miembros existe un incremento de las enfermedades por consecuencia de la contaminación de los mantos acuíferos.
Hace poco más de una semana falleció la señora Francisca Martín Bonilla de Reyes de una insuficiencia renal que venía padeciendo desde el año pasado. Los médicos le practicaron una cirugía de la que no sobrevivió, relata Ismael Doroteo Reyes, su compañero de toda la vida.
Los integrantes de la organización creen que la contaminación del río Santiago acabó con la vida de doña Francisca, como le llamaba la gente.
“De acuerdo a los diagnósticos que se tienen preeliminares la señora tenía una insuficiencia renal típica por una intoxicación por metales pesados. Entonces sí nosotros dijéramos, sí ella vive en la montaña allá donde los ríos están limpios y cristalinos pues decimos sí. Lo que nosotros tenemos que hacer es vincular que es evidente, pero se requiere de una confirmación precisa y científica”, explicó Oscar Lomelí González, médico general por la Universidad de Guadalajara.
La pérdida de doña Francisca fue tan dolorosa que sus familiares instalaron en la sala de su hogar lo que se asemeja a una réplica de la sepultura en la que ahora descansa, y de vez en cuando sus hijos voltean a la esquina donde ella se paraba para ver si la observan.
“A veces me siento cuando rezamos el novenario y me volteo a ver si la veo ahí donde se paraba”, confesó el mayor de sus hijos.
La familia Reyes vive su duelo, y quiere superarlo. Ayer recibieron la visita de personas inmiscuidas en el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental que sufrieron similares pérdidas. Gustavo Campos y Angeles, un matrimonio que sufrió la pérdida de su hijo, luego de que éste decidiera quitarse la vida al no soportar la ruptura de su matrimonio, sostuvieron una charla prolongada con ellos e intercambiaron experiencias.
“Yo sé que se habla mucho de los suicidios, que no van al cielo, pero estoy segura que cuando él se dio el tiro, tuvo un espacio de conciencia y pidió perdón además de que él se murió de amor”, narró la señora Angeles.
Oscar Lomelí González es responsable de la Comisión de Salud de la Asamblea de Redes y Movimientos Sociales de Jalisco (Aremos), explicó que la organización trabajará de forma paulatina en diferentes comunidades del estado para atender la salud de manera integral que incluye también los aspectos humanos.
“Creemos que la gente puede lograr organizarse para preparar sus propios terapeutas como una respuesta de la población por la población y para la población misma. Creemos que hay métodos de curación y de prevención que nos llevarían a un mejor resultado de la salud de las poblaciones, sin intoxicar, de forma sencilla, rápida, a la causa de los problemas y que no necesitamos hacer tan compleja la metodología de la salud”, comentó.
Del por qué se decidió comenzar en San José del Castillo, el presidente del Comité Ciudadano de Defensa del Medio Ambiente, Raúl Muñoz Delgadillo indicó que es una de las poblaciones con más habitantes y donde se ha ido incrementando los casos de enfermedades.
Mencionó que uno de los argumentos de la Secretaría de Salud para no intervenir en la problemática es que no se ha encontrado una relación entre la contaminación del río Santiago y la aparición de enfermedades. Muñoz Delgadillo aseguró que lo anterior es falso y en breves días demostrarán lo contrario mediante una prueba de laboratorio a los alimentos.
Precisó que la presa de El Ahogado ha contaminado los mantos acuíferos, de cuyos pozos se aprovecha el agua para la preparación de comida, principalmente tortillas.
“Sí hablamos de una zona altamente contaminada como es El Salto, todos los que están fabricando tortillas lo están haciendo así, están adicionando el agua abriendo la llave cuando esa agua ya trae coliformes de heces fecales, y metales pesados. Entonces ya no se trata de que la contaminación la estemos respirando por vía vapores o vía polvo, sino que ya nos la estamos comiendo”, puntualizó.
Aseveró que uno de los industriales de la tortilla en El Salto es el propio presidente municipal Joel Díaz, quien posee alrededor de 15 establecimientos en las colindancias de la presa de El Ahogado y la colonia La Huizachera.
“Yo los invito a que tengan fe, a que recuerden las cosas bellas de su madre, honren su memoria”, completó Gustavo Campos.
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La Secretaría de Salud minimiza el asunto; tomará muestras de agua para analizarlas
JORGE COVARRUVIAS
Con la visita a casa de la familia Reyes el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del municipio de El Salto formalizó la instalación de una red de apoyo médico y sanitario a la población de San José del Castillo, en donde aseguraron sus miembros existe un incremento de las enfermedades por consecuencia de la contaminación de los mantos acuíferos.
Hace poco más de una semana falleció la señora Francisca Martín Bonilla de Reyes de una insuficiencia renal que venía padeciendo desde el año pasado. Los médicos le practicaron una cirugía de la que no sobrevivió, relata Ismael Doroteo Reyes, su compañero de toda la vida.
Los integrantes de la organización creen que la contaminación del río Santiago acabó con la vida de doña Francisca, como le llamaba la gente.
“De acuerdo a los diagnósticos que se tienen preeliminares la señora tenía una insuficiencia renal típica por una intoxicación por metales pesados. Entonces sí nosotros dijéramos, sí ella vive en la montaña allá donde los ríos están limpios y cristalinos pues decimos sí. Lo que nosotros tenemos que hacer es vincular que es evidente, pero se requiere de una confirmación precisa y científica”, explicó Oscar Lomelí González, médico general por la Universidad de Guadalajara.
La pérdida de doña Francisca fue tan dolorosa que sus familiares instalaron en la sala de su hogar lo que se asemeja a una réplica de la sepultura en la que ahora descansa, y de vez en cuando sus hijos voltean a la esquina donde ella se paraba para ver si la observan.
“A veces me siento cuando rezamos el novenario y me volteo a ver si la veo ahí donde se paraba”, confesó el mayor de sus hijos.
La familia Reyes vive su duelo, y quiere superarlo. Ayer recibieron la visita de personas inmiscuidas en el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental que sufrieron similares pérdidas. Gustavo Campos y Angeles, un matrimonio que sufrió la pérdida de su hijo, luego de que éste decidiera quitarse la vida al no soportar la ruptura de su matrimonio, sostuvieron una charla prolongada con ellos e intercambiaron experiencias.
“Yo sé que se habla mucho de los suicidios, que no van al cielo, pero estoy segura que cuando él se dio el tiro, tuvo un espacio de conciencia y pidió perdón además de que él se murió de amor”, narró la señora Angeles.
Oscar Lomelí González es responsable de la Comisión de Salud de la Asamblea de Redes y Movimientos Sociales de Jalisco (Aremos), explicó que la organización trabajará de forma paulatina en diferentes comunidades del estado para atender la salud de manera integral que incluye también los aspectos humanos.
“Creemos que la gente puede lograr organizarse para preparar sus propios terapeutas como una respuesta de la población por la población y para la población misma. Creemos que hay métodos de curación y de prevención que nos llevarían a un mejor resultado de la salud de las poblaciones, sin intoxicar, de forma sencilla, rápida, a la causa de los problemas y que no necesitamos hacer tan compleja la metodología de la salud”, comentó.
Del por qué se decidió comenzar en San José del Castillo, el presidente del Comité Ciudadano de Defensa del Medio Ambiente, Raúl Muñoz Delgadillo indicó que es una de las poblaciones con más habitantes y donde se ha ido incrementando los casos de enfermedades.
Mencionó que uno de los argumentos de la Secretaría de Salud para no intervenir en la problemática es que no se ha encontrado una relación entre la contaminación del río Santiago y la aparición de enfermedades. Muñoz Delgadillo aseguró que lo anterior es falso y en breves días demostrarán lo contrario mediante una prueba de laboratorio a los alimentos.
Precisó que la presa de El Ahogado ha contaminado los mantos acuíferos, de cuyos pozos se aprovecha el agua para la preparación de comida, principalmente tortillas.
“Sí hablamos de una zona altamente contaminada como es El Salto, todos los que están fabricando tortillas lo están haciendo así, están adicionando el agua abriendo la llave cuando esa agua ya trae coliformes de heces fecales, y metales pesados. Entonces ya no se trata de que la contaminación la estemos respirando por vía vapores o vía polvo, sino que ya nos la estamos comiendo”, puntualizó.
Aseveró que uno de los industriales de la tortilla en El Salto es el propio presidente municipal Joel Díaz, quien posee alrededor de 15 establecimientos en las colindancias de la presa de El Ahogado y la colonia La Huizachera.
“Yo los invito a que tengan fe, a que recuerden las cosas bellas de su madre, honren su memoria”, completó Gustavo Campos.
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miércoles, noviembre 07, 2007
La Comisión de Responsabilidades se pronunciará contra la presa de Arcediano
Ya se demostró que el proyecto “no tiene ni pies ni cabeza”: Alfaro
JORGE COVARRUBIAS
Lejos de clarificar las dudas, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEA) enredó más los cuestionamientos que giran en torno a la presa de Arcediano, afirmó el diputado perredista en el Congreso local y titular de la Comisión de Responsabilidades, Enrique Alfaro Ramírez.
Por lo anterior, el legislador señaló que elevará un pronunciamiento al pleno del Congreso para pedirle al gobierno estatal que abandone el proyecto al que se han destinado millones de pesos y que ya demostró no tener “ni pies ni cabeza”.
“La realidad es que seguimos sin tener claro cuáles son las especificaciones técnicas, cuáles son los alcances y cuál es la viabilidad real del proyecto, y seguimos destinándole millones y millones de pesos de los jaliscienses a un proyecto que no va para ningún lado, y adicionalmente sigue sin resolverse el problema número uno de la ciudad, que es el abasto de agua. Entonces en ese sentido creo que tiene que haber un posicionamiento serio y muy responsable de la comisión”, explicó.
En el mes de mayo, el director de organismo, César Coll Carabias, compareció ante los integrantes de la Comisión de Responsabilidades y ahí reconoció que el retraso en el arranque de las obras les ha impedido conocer con certeza cuánto costará el embalse, de la misma forma en que tampoco pudo responder el avance legal para la obtención de predios donde se construirá una de las plantas de saneamiento en la Cuenca del Ahogado.
Alfaro Ramírez consideró oportuno que la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) comience a fiscalizar los recursos que se han invertido en la realización de estudios técnicos y obras preliminares.
Asimismo, se refirió a la presa El Zapotillo, en Los Altos de Jalisco, la cual inundará los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, pues el vaso ocupará 3 mil 800 hectáreas, toda vez que la cortina, que era de 180 metros de altura, se elevó a 105 metros.
“Es un proyecto igualmente deschavetado. No le veo yo al gobierno del estado la voluntad de reflexionar y discutir este asunto. Parecen decisiones tomadas sin posibilidad de echarse para atrás, sin ninguna voluntad de abrir el debate, y me parece que son temas muy delicados en los que habremos de entrarle en los próximos días”, dijo.
El diputado puntualizó que ya existen suficientes estudios de investigadores serios cuyas conclusiones hablan de que la potabilización del río Santiago simplemente no se va a lograr.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
JORGE COVARRUBIAS
Lejos de clarificar las dudas, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEA) enredó más los cuestionamientos que giran en torno a la presa de Arcediano, afirmó el diputado perredista en el Congreso local y titular de la Comisión de Responsabilidades, Enrique Alfaro Ramírez.
Por lo anterior, el legislador señaló que elevará un pronunciamiento al pleno del Congreso para pedirle al gobierno estatal que abandone el proyecto al que se han destinado millones de pesos y que ya demostró no tener “ni pies ni cabeza”.
“La realidad es que seguimos sin tener claro cuáles son las especificaciones técnicas, cuáles son los alcances y cuál es la viabilidad real del proyecto, y seguimos destinándole millones y millones de pesos de los jaliscienses a un proyecto que no va para ningún lado, y adicionalmente sigue sin resolverse el problema número uno de la ciudad, que es el abasto de agua. Entonces en ese sentido creo que tiene que haber un posicionamiento serio y muy responsable de la comisión”, explicó.
En el mes de mayo, el director de organismo, César Coll Carabias, compareció ante los integrantes de la Comisión de Responsabilidades y ahí reconoció que el retraso en el arranque de las obras les ha impedido conocer con certeza cuánto costará el embalse, de la misma forma en que tampoco pudo responder el avance legal para la obtención de predios donde se construirá una de las plantas de saneamiento en la Cuenca del Ahogado.
Alfaro Ramírez consideró oportuno que la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) comience a fiscalizar los recursos que se han invertido en la realización de estudios técnicos y obras preliminares.
Asimismo, se refirió a la presa El Zapotillo, en Los Altos de Jalisco, la cual inundará los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, pues el vaso ocupará 3 mil 800 hectáreas, toda vez que la cortina, que era de 180 metros de altura, se elevó a 105 metros.
“Es un proyecto igualmente deschavetado. No le veo yo al gobierno del estado la voluntad de reflexionar y discutir este asunto. Parecen decisiones tomadas sin posibilidad de echarse para atrás, sin ninguna voluntad de abrir el debate, y me parece que son temas muy delicados en los que habremos de entrarle en los próximos días”, dijo.
El diputado puntualizó que ya existen suficientes estudios de investigadores serios cuyas conclusiones hablan de que la potabilización del río Santiago simplemente no se va a lograr.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
sábado, noviembre 03, 2007
Hostigamiento a ONG no evitó que instalaran altar de muertos en El Salto
Vecinos colocaron fotos de sus parientes fallecidos por cáncer a causa de la comtaminación en la zona
Se dicen molestos por declaraciones de la SSJ de que la polución sólo causa enfermedades en la piel y ojos
Imágenes de algunas de las víctimas de la contaminación en el río Santiago Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ
RAUL TORRES
Si el secretario de Salud necesitaba nombres, aquí unos cuantos: Rafael Pérez Luna, María Elena Bonilla Pérez, José Luis Cuéllar, José Gómez, María Inés Valdez, Juan Carlos Venegas Aranda, Ruth Contreras Castañeda, Beatriz Rivera, María Eugenia López, Cecilia Herrera Cuevas, Raúl Herrera Cuevas, Laura Miranda Gil, Hilda Marisol Luévanos Venegas, Eduardo Bonilla, J. Dolores Enciso, Meria Eugenia López. Todos ellos, habitantes de El Salto y Juanacatlán que fallecieron a causa del cáncer que, según sus familiares, provocó la contaminación del río Santiago; muchos, oficialmente muertos por causas distintas a la que padecieron.
Desde la noche del jueves, los miembros de las organizaciones que convocaron a realizar un altar en memoria de los muertos que ha provocado la severa situación de contaminación en esa región, comenzaron a trabajar y fueron hostigados por elementos de la policía, de Tránsito y personal de Inspección y Vigilancia del municipio de El Salto. La intención era que no se instalaran a lo ancho de la calle Real, en su cruce con la calle 300.
Después de algunos momentos álgidos en los que los organizadores se sintieron intimidados por los funcionarios, que les tomaron fotografías para identificarlos, y del intento de quitarles la cámara a los estudiantes que documentaban todo lo sucedido, quienes convocaron a esta movilización lograron instalar el altar en el que una cascada artificial con agua jabonosa aludía al deterioro de lo que algún día fue el principal atractivo de la zona, también conocida como “El Niágara mexicano”.
Los vecinos que se dieron cita en torno al altar colocaron fotografías de sus parientes muertos por cáncer, dieron testimonio de cómo la contaminación afecta sus vidas y del enojo y desconfianza que sienten hacia las autoridades, que hasta ahora se muestran incapaces y con poca voluntad para resolver el problema.
Las declaraciones que ha hecho el secretario de Salud Jalisco, Alfonso Gutiérrez Carranza, respecto de que la contaminación en esa región sólo causa enfermedades en la piel, ojos y vías respiratorias, molestan a los habitantes de El Salto y Juanacatlán, pues aseguran que son ellos quienes han visto padecer y morir a sus familiares a causa de la polución.
“Llegamos a vivir del río, a comer de lo que ahí pescábamos, ahí aprendimos a nadar y ahora ese río nos está matando”, lamentó uno de los oradores; “este altar representa a los que se “nos adelantaron” por razones injustas. Muchos, estamos seguros, murieron por el simple hecho de vivir en El Salto o en Juanacatlán. Nomás por respirar un aire igual al que hoy respiramos. Sospechamos que otros fallecimientos también por causa de la contaminación. Nuestras sospechas no pueden ser confirmadas, porque las autoridades de Jalisco y federales no han cumplido su obligación de investigar a fondo las causas de muerte de nuestros paisanos, nuestros amigos, nuestros familiares. Sin investigar, el gobierno nos dice que aquí no pasa nada. Y como ‘no pasa nada’, el estado, al que todos pagamos impuestos, no frena la contaminación y la muerte en nuestros municipios”, secundó otro.
No sólo la desesperación, el enojo y la incertidumbre de quienes padecen a cada día este problema quedó de manifiesto el día de ayer en El Salto, sino también esos errores que el mismo Gutiérrez Carranza admitió como posibles y que “maquillan” las estadísticas de muerte en estas dos comunidades al no mencionar el cáncer como causa de muerte en las actas de defunción.
Valga una muestra: Hilda Marisol Luévanos Venegas falleció a causa de leucemia el 3 de enero de 2006, la enfermedad se le detectó desde el 23 de junio de 2005 y llevó todo su tratamiento en el Hospital Civil Juan I. Menchaca de Guadalajara; sin embargo, en su acta de defunción se indica que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio y no la leucemia.
Notas relacionadas:
- Recordarán en altar a los fallecidos a causa de la contaminación ambiental
- Denuncias de muertes por cáncer en El Salto y Juanacatlán, sin argumentos científicos: SSJ
- Deben gobierno y SSJ realizar estudio epidemiológico en cuenca del Ahogado
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
Se dicen molestos por declaraciones de la SSJ de que la polución sólo causa enfermedades en la piel y ojos
Imágenes de algunas de las víctimas de la contaminación en el río Santiago Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZRAUL TORRES
Si el secretario de Salud necesitaba nombres, aquí unos cuantos: Rafael Pérez Luna, María Elena Bonilla Pérez, José Luis Cuéllar, José Gómez, María Inés Valdez, Juan Carlos Venegas Aranda, Ruth Contreras Castañeda, Beatriz Rivera, María Eugenia López, Cecilia Herrera Cuevas, Raúl Herrera Cuevas, Laura Miranda Gil, Hilda Marisol Luévanos Venegas, Eduardo Bonilla, J. Dolores Enciso, Meria Eugenia López. Todos ellos, habitantes de El Salto y Juanacatlán que fallecieron a causa del cáncer que, según sus familiares, provocó la contaminación del río Santiago; muchos, oficialmente muertos por causas distintas a la que padecieron.
Desde la noche del jueves, los miembros de las organizaciones que convocaron a realizar un altar en memoria de los muertos que ha provocado la severa situación de contaminación en esa región, comenzaron a trabajar y fueron hostigados por elementos de la policía, de Tránsito y personal de Inspección y Vigilancia del municipio de El Salto. La intención era que no se instalaran a lo ancho de la calle Real, en su cruce con la calle 300.
Después de algunos momentos álgidos en los que los organizadores se sintieron intimidados por los funcionarios, que les tomaron fotografías para identificarlos, y del intento de quitarles la cámara a los estudiantes que documentaban todo lo sucedido, quienes convocaron a esta movilización lograron instalar el altar en el que una cascada artificial con agua jabonosa aludía al deterioro de lo que algún día fue el principal atractivo de la zona, también conocida como “El Niágara mexicano”.
Los vecinos que se dieron cita en torno al altar colocaron fotografías de sus parientes muertos por cáncer, dieron testimonio de cómo la contaminación afecta sus vidas y del enojo y desconfianza que sienten hacia las autoridades, que hasta ahora se muestran incapaces y con poca voluntad para resolver el problema.
Las declaraciones que ha hecho el secretario de Salud Jalisco, Alfonso Gutiérrez Carranza, respecto de que la contaminación en esa región sólo causa enfermedades en la piel, ojos y vías respiratorias, molestan a los habitantes de El Salto y Juanacatlán, pues aseguran que son ellos quienes han visto padecer y morir a sus familiares a causa de la polución.
“Llegamos a vivir del río, a comer de lo que ahí pescábamos, ahí aprendimos a nadar y ahora ese río nos está matando”, lamentó uno de los oradores; “este altar representa a los que se “nos adelantaron” por razones injustas. Muchos, estamos seguros, murieron por el simple hecho de vivir en El Salto o en Juanacatlán. Nomás por respirar un aire igual al que hoy respiramos. Sospechamos que otros fallecimientos también por causa de la contaminación. Nuestras sospechas no pueden ser confirmadas, porque las autoridades de Jalisco y federales no han cumplido su obligación de investigar a fondo las causas de muerte de nuestros paisanos, nuestros amigos, nuestros familiares. Sin investigar, el gobierno nos dice que aquí no pasa nada. Y como ‘no pasa nada’, el estado, al que todos pagamos impuestos, no frena la contaminación y la muerte en nuestros municipios”, secundó otro.
No sólo la desesperación, el enojo y la incertidumbre de quienes padecen a cada día este problema quedó de manifiesto el día de ayer en El Salto, sino también esos errores que el mismo Gutiérrez Carranza admitió como posibles y que “maquillan” las estadísticas de muerte en estas dos comunidades al no mencionar el cáncer como causa de muerte en las actas de defunción.
Valga una muestra: Hilda Marisol Luévanos Venegas falleció a causa de leucemia el 3 de enero de 2006, la enfermedad se le detectó desde el 23 de junio de 2005 y llevó todo su tratamiento en el Hospital Civil Juan I. Menchaca de Guadalajara; sin embargo, en su acta de defunción se indica que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio y no la leucemia.
Notas relacionadas:
- Recordarán en altar a los fallecidos a causa de la contaminación ambiental
- Denuncias de muertes por cáncer en El Salto y Juanacatlán, sin argumentos científicos: SSJ
- Deben gobierno y SSJ realizar estudio epidemiológico en cuenca del Ahogado
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jueves, octubre 11, 2007
Las pruebas de polución en Juanacatlán y El Salto, al TLA
Hoy, Tribunal Latinoamericano del Agua resuelve éste y otros 7 casos
En audiencia pública, demandantes se quejaron de enfermedades y muertes por cáncer y solicitaron acciones para que el gobierno federal actúe.
Los pronunciamientos contra la falta de acciones oficiales para frenar la polución fueron muchos. Foto: Luz Vázquez
Publico
La imagen parecía celestial. Grumos que, como copos de nieve, se desprendían del río Santiago —completamente blanquecino por la espuma— y volaban libres con la corriente del aire. Tras el testimonio videográfico de este paisaje idílico, los jueces del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) recibieron ayer más pruebas documentales y oyeron de viva voz testimonios de habitantes de los municipios de El Salto y Juanacatlán, quienes están sufriendo en carne propia los efectos de la contaminación en ese cuerpo de agua lleno de espuma envenenada.
Los jueces escucharon la voz de madres y padres quebrarse mientras narraban la pérdida de sus hijos a causa del cáncer. Niños de dos, cinco, trece años, con tumores en el cerebro o cáncer en la sangre. También oyeron peticiones enérgicas de los ambientalistas y defensores de derecho humanos a favor de esta población. No iban a ciegas. El pasado domingo asistieron personalmente al espectáculo de la caída de agua de Juanacatlán, a los olores fétidos, y al malestar que provocan los gases invisibles que emanan del Santiago.
Así, a las 12:15 horas comenzó la audiencia pública sobre el séptimo caso que analiza el TLA en el paraninfo Enrique Díaz de León. Los demandantes solicitaron a este tribunal, instancia compuesta por autoridades prestigiadas a escala mundial, emitir un pronunciamiento precautorio y una “recomendación severa” a las autoridades mexicanas y a las de Jalisco, para que éstas frenen ya las descargas de aguas que se vierten en este cuerpo sin ningún tratamiento, junto a las descargas municipales de toda la zona metropolitana que, igualmente sin tratar, se estancan en el sitio y generan varios venenos. Entre otros, el ácido sulfhídrico que respiran los habitantes de El Salto y Juanacatlán, y que propios y extraños describen como olor “a huevo podrido”.
En su turno de comparecer, Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Instituto de Derecho Ambiental (Idea) e integrante del movimiento civil que pretende rescatar al río Santiago, solicitó al TLA que requiera al gobierno federal, con base en un principio precautorio, hacer una declaratoria de emergencia sanitaria para las poblaciones de El Salto y Juanacatlán.
Una declaratoria de esta naturaleza implicaría tomar medidas inmediatas, sin esperar mayor evidencia científica, para cesar toda descarga de aguas no tratadas al río Santiago, y a la par atender los problemas de salud en los habitantes de esta “zona extraordinaria”. De aplicarse el principio precautorio, sería algo inédito en la historia de este país.
Asimismo se exigiría que la Secretaría de Salud Jalisco arranque un estudio científico y objetivo sobre la incidencia de cáncer y otras afecciones en la zona, pues hasta el momento la dependencia se ha concretado a afirmar que el problema no existe, sin sustentarlo.
Sobre lo anterior, tanto Gutiérrez Nájera, como de Juan Gallardo, Rodrigo Saldaña López, del Instituto Vida en Juanacatlán —quien también compareció— y Francisco Javier Parra Cervantes, médico investigador de Juanacatlán, coincidieron que por lo pronto ya hay suficientes evidencias epidemiológicas.
Con firmeza y respeto, los demandantes solicitaron a los siete integrantes del TLA que también hicieran otras recomendaciones al presidente del país, Felipe Calderón, como conformar un fondo de compensación ambiental, a partir de las cuotas que en la zona metropolitana se cobran por concepto de saneamiento de aguas y el cual “no se da”.
Los jueces recibieron el estudio de Parra Cervantes sobre daños en la salud de niños de la primaria que, en una paradoja cruel, lleva el nombre de Mártires del Río Blanco, y donde se advierte la afectación de vías respiratorias, conjuntivitis y alteraciones neurológicas.
“Ahorita [que] ya hay un daño respecto de los niños, podemos establecer una relación causa-efecto”, dijo Gutiérrez Nájera y añadió que respecto a la población general hay documentada una situación de riesgo por la cual procede aplicar el principio precautorio. “Y ya no es excusa la falta de certeza o estudios epidemiológicos”.
La abogada ambientalista aprovechó para fustigar el hecho de que la Comisión Nacional del Agua (CNA) en un “acto inaudito”, pretenda ampliar el plazo para que los municipios de esta zona metropolitana —Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá— comiencen a tratar sus descargas de agua municipales. Dicho plazo se venció el 30 de agosto pasado y pretende ampliarse hasta el año 2011. Lo anterior, citó, toda vez que según declaración del director del organismo Cuenca Lerma Chapala Santiago, los municipios no cuentan con recursos para sufragar el tratamiento del agua.
Hoy, el TLA emitirá su fallo sobre los siete casos vistos en audiencias públicas y entre los demandantes hay esperanzas de contar con un pronunciamiento serio.
- Claves
Las peticiones al Tribunal
Los demandantes del caso de contaminación en El Salto y Juanacatlán solicitaron al Tribunal Latinoamericano del Agua haga un pronunciamiento y “recomendaciones severas” al gobierno mexicano y autoridades estatales de Jalisco, con los siguientes objetivos:
• Que cesen las descargas de aguas no tratadas al río Santiago, y las aguas tratadas por las industrias sean utilizadas en sus propios procesos productivos
• Que se haga una solicitud directa al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que instaure de manera inmediata un programa de inspección permanente y continua de todas las descargas al río Santiago, desde su nacimiento en el lago de Chapala hasta su confluencia con el estado de Nayarit. Y que se den informes regulares a los habitantes de El Salto y Juanacatlán sobre la calidad del agua del río Santiago
• Que el TLA se pronuncie porque el gobierno federal, el estatal y los gobiernos municipales de la zona metropolitana (principales aportadores de descargas de agua al río Santiago) formen el Fondo de Compensación Ambiental a las poblaciones de El Salto y Juanacatlán, y cuyo principal capital sea la cuota que se cobra en los recibos de agua a los habitantes de esta metrópoli “por el concepto de saneamiento de aguas que aún no se hace” y estos recursos se apliquen para sanear efectivamente
• Que emita una recomendación muy severa a la Comisión Nacional del Agua (CNA) con el fin de que ésta no amplíe el plazo a los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara para comenzar a limpiar las descargas municipales que arrojan a este río (el plazo venció el 30 de agosto pasado y según declaración del director del organismo Cuenca Lerma-Santiago, la CNA dio una prórroga hasta 2011)
• Que se emita un exhorto al presidente Felipe Calderón para que a partir de este año no se pongan pretextos económicos, ni falta de proyectos ejecutivos ni de ninguna otra naturaleza para empezar a limpiar las descargas
• Que de manera inmediata las poblaciones de Juanacatlán y El Salto sean declaradas por el presidente Felipe Calderón como zonas extraordinarias en materia de salubridad y de restauración ambiental, de aguas y recursos naturales, a fin de parar las enfermedades, mutaciones y muertes por cáncer
- A viva Voz
Hablaron las víctimas
Su voz la sostuvo firme mientras declaraba ante los siete jueces del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA). Narró que dos de sus hijas fallecieron de cáncer, tumores que aparecieron de forma inexplicable, y que ella misma padece ahora fibrosis quística. “No quisiera que otras personas pasaran lo que pasamos nosotros”, dijo. “La contaminación ha matado mucha gente de cáncer y otras enfermedades… en la escuela hay cinco niños con bolitas en la pierna, entre ellas, también mi hija”. Su voz, entonces, se quebró.
• Leticia Curiel Ballesteros
Vecina de Juanacatlán
Hace 30 años “comimos de lo que daba el río”, había diversidad de peces, nos bañamos en él, nos divertíamos. “El río nos dio vida”, ahora nos da tanto dolor por la pérdida de seres queridos y rabia por la contaminación que nos echaron. El 3 de enero de 2006 falleció mi hija de cáncer en la sangre y le prometí que en cualquier foro sobre el tema estaría yo para dar mi testimonio.
• José Mendoza Luévanos
Vecino de Juanacatlán
Perdió ya a tres familiares por cáncer. Ahora asiste al sufrimiento de sus compañeras de trabajo, también con tumores cancerígenos. En mi familia “fue difícil aceptar lo que nos sucedía”. Cada día es uno que viven con miedo de que alguien más sea afectado por los venenos del río Santiago, mientras soportan el hedor y la proliferación de mosquitos. “No tenemos futuro asegurado”, lamentó pidiendo al Tribunal su intercesión y agradeciendo que los escuchen.
• María Del Carmen Velázquez
Vecina de Juanacatlán
Guadalajara•Maricarmen Rello
En audiencia pública, demandantes se quejaron de enfermedades y muertes por cáncer y solicitaron acciones para que el gobierno federal actúe.
Los pronunciamientos contra la falta de acciones oficiales para frenar la polución fueron muchos. Foto: Luz VázquezPublico
La imagen parecía celestial. Grumos que, como copos de nieve, se desprendían del río Santiago —completamente blanquecino por la espuma— y volaban libres con la corriente del aire. Tras el testimonio videográfico de este paisaje idílico, los jueces del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) recibieron ayer más pruebas documentales y oyeron de viva voz testimonios de habitantes de los municipios de El Salto y Juanacatlán, quienes están sufriendo en carne propia los efectos de la contaminación en ese cuerpo de agua lleno de espuma envenenada.
Los jueces escucharon la voz de madres y padres quebrarse mientras narraban la pérdida de sus hijos a causa del cáncer. Niños de dos, cinco, trece años, con tumores en el cerebro o cáncer en la sangre. También oyeron peticiones enérgicas de los ambientalistas y defensores de derecho humanos a favor de esta población. No iban a ciegas. El pasado domingo asistieron personalmente al espectáculo de la caída de agua de Juanacatlán, a los olores fétidos, y al malestar que provocan los gases invisibles que emanan del Santiago.
Así, a las 12:15 horas comenzó la audiencia pública sobre el séptimo caso que analiza el TLA en el paraninfo Enrique Díaz de León. Los demandantes solicitaron a este tribunal, instancia compuesta por autoridades prestigiadas a escala mundial, emitir un pronunciamiento precautorio y una “recomendación severa” a las autoridades mexicanas y a las de Jalisco, para que éstas frenen ya las descargas de aguas que se vierten en este cuerpo sin ningún tratamiento, junto a las descargas municipales de toda la zona metropolitana que, igualmente sin tratar, se estancan en el sitio y generan varios venenos. Entre otros, el ácido sulfhídrico que respiran los habitantes de El Salto y Juanacatlán, y que propios y extraños describen como olor “a huevo podrido”.
En su turno de comparecer, Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Instituto de Derecho Ambiental (Idea) e integrante del movimiento civil que pretende rescatar al río Santiago, solicitó al TLA que requiera al gobierno federal, con base en un principio precautorio, hacer una declaratoria de emergencia sanitaria para las poblaciones de El Salto y Juanacatlán.
Una declaratoria de esta naturaleza implicaría tomar medidas inmediatas, sin esperar mayor evidencia científica, para cesar toda descarga de aguas no tratadas al río Santiago, y a la par atender los problemas de salud en los habitantes de esta “zona extraordinaria”. De aplicarse el principio precautorio, sería algo inédito en la historia de este país.
Asimismo se exigiría que la Secretaría de Salud Jalisco arranque un estudio científico y objetivo sobre la incidencia de cáncer y otras afecciones en la zona, pues hasta el momento la dependencia se ha concretado a afirmar que el problema no existe, sin sustentarlo.
Sobre lo anterior, tanto Gutiérrez Nájera, como de Juan Gallardo, Rodrigo Saldaña López, del Instituto Vida en Juanacatlán —quien también compareció— y Francisco Javier Parra Cervantes, médico investigador de Juanacatlán, coincidieron que por lo pronto ya hay suficientes evidencias epidemiológicas.
Con firmeza y respeto, los demandantes solicitaron a los siete integrantes del TLA que también hicieran otras recomendaciones al presidente del país, Felipe Calderón, como conformar un fondo de compensación ambiental, a partir de las cuotas que en la zona metropolitana se cobran por concepto de saneamiento de aguas y el cual “no se da”.
Los jueces recibieron el estudio de Parra Cervantes sobre daños en la salud de niños de la primaria que, en una paradoja cruel, lleva el nombre de Mártires del Río Blanco, y donde se advierte la afectación de vías respiratorias, conjuntivitis y alteraciones neurológicas.
“Ahorita [que] ya hay un daño respecto de los niños, podemos establecer una relación causa-efecto”, dijo Gutiérrez Nájera y añadió que respecto a la población general hay documentada una situación de riesgo por la cual procede aplicar el principio precautorio. “Y ya no es excusa la falta de certeza o estudios epidemiológicos”.
La abogada ambientalista aprovechó para fustigar el hecho de que la Comisión Nacional del Agua (CNA) en un “acto inaudito”, pretenda ampliar el plazo para que los municipios de esta zona metropolitana —Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá— comiencen a tratar sus descargas de agua municipales. Dicho plazo se venció el 30 de agosto pasado y pretende ampliarse hasta el año 2011. Lo anterior, citó, toda vez que según declaración del director del organismo Cuenca Lerma Chapala Santiago, los municipios no cuentan con recursos para sufragar el tratamiento del agua.
Hoy, el TLA emitirá su fallo sobre los siete casos vistos en audiencias públicas y entre los demandantes hay esperanzas de contar con un pronunciamiento serio.
- Claves
Las peticiones al Tribunal
Los demandantes del caso de contaminación en El Salto y Juanacatlán solicitaron al Tribunal Latinoamericano del Agua haga un pronunciamiento y “recomendaciones severas” al gobierno mexicano y autoridades estatales de Jalisco, con los siguientes objetivos:
• Que cesen las descargas de aguas no tratadas al río Santiago, y las aguas tratadas por las industrias sean utilizadas en sus propios procesos productivos
• Que se haga una solicitud directa al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que instaure de manera inmediata un programa de inspección permanente y continua de todas las descargas al río Santiago, desde su nacimiento en el lago de Chapala hasta su confluencia con el estado de Nayarit. Y que se den informes regulares a los habitantes de El Salto y Juanacatlán sobre la calidad del agua del río Santiago
• Que el TLA se pronuncie porque el gobierno federal, el estatal y los gobiernos municipales de la zona metropolitana (principales aportadores de descargas de agua al río Santiago) formen el Fondo de Compensación Ambiental a las poblaciones de El Salto y Juanacatlán, y cuyo principal capital sea la cuota que se cobra en los recibos de agua a los habitantes de esta metrópoli “por el concepto de saneamiento de aguas que aún no se hace” y estos recursos se apliquen para sanear efectivamente
• Que emita una recomendación muy severa a la Comisión Nacional del Agua (CNA) con el fin de que ésta no amplíe el plazo a los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara para comenzar a limpiar las descargas municipales que arrojan a este río (el plazo venció el 30 de agosto pasado y según declaración del director del organismo Cuenca Lerma-Santiago, la CNA dio una prórroga hasta 2011)
• Que se emita un exhorto al presidente Felipe Calderón para que a partir de este año no se pongan pretextos económicos, ni falta de proyectos ejecutivos ni de ninguna otra naturaleza para empezar a limpiar las descargas
• Que de manera inmediata las poblaciones de Juanacatlán y El Salto sean declaradas por el presidente Felipe Calderón como zonas extraordinarias en materia de salubridad y de restauración ambiental, de aguas y recursos naturales, a fin de parar las enfermedades, mutaciones y muertes por cáncer
- A viva Voz
Hablaron las víctimas
Su voz la sostuvo firme mientras declaraba ante los siete jueces del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA). Narró que dos de sus hijas fallecieron de cáncer, tumores que aparecieron de forma inexplicable, y que ella misma padece ahora fibrosis quística. “No quisiera que otras personas pasaran lo que pasamos nosotros”, dijo. “La contaminación ha matado mucha gente de cáncer y otras enfermedades… en la escuela hay cinco niños con bolitas en la pierna, entre ellas, también mi hija”. Su voz, entonces, se quebró.
• Leticia Curiel Ballesteros
Vecina de Juanacatlán
Hace 30 años “comimos de lo que daba el río”, había diversidad de peces, nos bañamos en él, nos divertíamos. “El río nos dio vida”, ahora nos da tanto dolor por la pérdida de seres queridos y rabia por la contaminación que nos echaron. El 3 de enero de 2006 falleció mi hija de cáncer en la sangre y le prometí que en cualquier foro sobre el tema estaría yo para dar mi testimonio.
• José Mendoza Luévanos
Vecino de Juanacatlán
Perdió ya a tres familiares por cáncer. Ahora asiste al sufrimiento de sus compañeras de trabajo, también con tumores cancerígenos. En mi familia “fue difícil aceptar lo que nos sucedía”. Cada día es uno que viven con miedo de que alguien más sea afectado por los venenos del río Santiago, mientras soportan el hedor y la proliferación de mosquitos. “No tenemos futuro asegurado”, lamentó pidiendo al Tribunal su intercesión y agradeciendo que los escuchen.
• María Del Carmen Velázquez
Vecina de Juanacatlán
Guadalajara•Maricarmen Rello
miércoles, octubre 10, 2007
El Tribunal Latinoamericano del Agua en Guadalajara o la necesaria discusión de una ética para la ley
MARIO EDGAR LÓPEZ RAMÍREZ
El espíritu que anima los trabajos del Tribunal Latinoamericano del Agua, que realiza su cuarta audiencia pública internacional en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, concluyendo el día de mañana jueves 11 de octubre, pertenece a una larga necesidad histórica: la de proceder de una manera ética en el trato que los humanos damos a la naturaleza. En el contexto de una crisis de legitimidad de las instituciones encargadas de impartir la justicia, este tribunal ciudadano hace resonar, vigentes, las palabras de Platón escritas hace más de 2 mil 400 años: “el agua es la cosa más necesaria para la vida, pero es fácil corromperla… por ello necesita que la ley venga en su auxilio. La ley que yo propongo es: aquel que corrompe el agua ajena, agua de manantial o de lluvia o la desvíe de su cauce, además de la reparación del daño, tendrá que limpiar la fuente o depósito conforme a las reglas prescritas por los intérpretes, según las exigencias del caso y las personas”.
Durante estos dos días de trabajo del tribunal, en el que se han presentado diversos casos de controversias hídricas en México y América Latina, en sesiones totalmente abiertas al público, ha quedado claro que el sentido ético está cada vez más ausente de las leyes que rigen la administración del agua en el continente.
Las palabras de Platón siguen siendo orientadoras y demandandes, porque la lógica actual de las leyes sobre el agua no se basa en los principios de la preservación, la precaución o el manejo del riesgo, sino que favorecen la explotación, la mercantilización y la irresponsabilidad sobre lo que le acontecerá en el futuro con este elemento vital.
Como lo ha señalado Javier Bogantes Díaz, director del tribunal: “la realidad más última, más definitiva, de la importancia que tiene el agua, es la sed”. Y es precisamente el discurso de la sed –de la escasez– el que se encuentra al centro del debate ético: de un lado está la necesidad de construir modelos de justicia que promuevan políticas públicas capaces de garantizar el acceso al agua para todos, en calidad y cantidad suficientes que sostengan la vida humana y planetaria; es decir, es necesario garantizar que no habrá sed para las distintas regiones y ecosistemas del globo. Por otra parte, y de manera compleja, es la misma sed la que está justificando la comercialización del agua y su modelo de privatización: basados en la idea de la escasez, los gobiernos y las empresas fomentan soluciones de tipo económico a través del mercado. Para evitar la sed, se promueve el multimillonario mercado del agua embotellada, se privatizan los sistemas de distribución y tratamiento del agua, aludiendo a que serán los precios los que regularán la demanda, de tal forma que quien pueda pagar por el agua la consumirá en la cantidad que le permita su riqueza, el resto, los pobres, aprenderán a no malgastarla.
Se trata de dos formas de resolver el problema de la sed: una que propone que la solución para el acceso al agua pasa por la reflexión ética de la política, diciendo que es posible garantizar el futuro si la ley reconoce que se puede cuidar y distribuir el agua entre todos los que la necesitan –y este “todos” es tan amplio como la extensión misma de los hombres, los animales y las plantas–; la otra que argumenta que la mejor manera de asignar el agua es convertirla en un producto comercializable, de tal forma que será la invisible mano del mercado la que destinará las cantidades que, con la justicia del comercio, le tocan a cada uno; pero ¿quién comprará el agua para los animales y para las plantas?, la solución es sencilla: habrá que signarle dueño a estos seres, sus amos les comprarán el agua según les convenga. Si bien ambos enfoques, el ético-político y el económico, pudieran ser complementarios, es necesario que el primero gobierne, regule y controle la desproporcionada ambición del segundo y para esto se necesita de nuevo la ley, la justicia. Sin embargo, ¿dónde está hoy la justicia?, en una paráfrasis de las palabras de Alexandre Camanho, procurador regional de Brasil y asesor del Tribunal Latinoamericano del Agua, se podría explicar la situación: “por muchos siglos, el mundo occidental se dedicó a construir instituciones que impartieran justicia, intentó garantizarla encerrándola en estructuras estatales, la gran contradicción de nuestro tiempo es que dichas estructuras permanecen, pero la justicia se ha ido de la casa”… “diseñamos la mejor casa para la mujer amada, pero un día llegamos a la casa y decidimos echar a una mujer que ya no amamos”. La justicia se ha ido de los sistemas judiciales. La crisis de la ley es una crisis de la ética.
De ahí la aparición de instancias ciudadanas como el Tribunal Latinoamericano del Agua, que con una fuerte asesoría técnica busca llenar una jurisdicción que las actuales leyes olvidan: la jurisdicción del sentido común, la jurisdicción de la justicia que fomenta la vida. El tribunal que hoy nos visita en Guadalajara se funda en los principios de convivencia, el respeto a la dignidad humana, la solidaridad entre los pueblos, la santidad de las formas vivientes y la responsabilidad ambiental; se apoya en la fuerza de la condena moral y la organización civil. Por eso los casos presentados en el Paraninfo de la UdeG siguen una línea común: son casos de comunidades y ciudadanos que no han encontrado lugar para la justicia en sus respectivos sistemas legales.
Se han presentado casos de amenaza por la instalación de complejos gasolineros en Cuatla, Morelos; por vulneración del derecho humano al agua de las comunidades indígenas de Carhuancho, en Perú; por afectaciones ambientales de las actividades mineras del Valle del Siria, en Honduras, y en la población de Cerro San Pedro, en San Luis Potosí; por amenaza ambiental en la subcuenca de Chalco-Amecameca, en el Distrito Federal.
Este miércoles 10 de octubre entrarán, a partir de las 9 de la mañana, los casos por afectación severa a los recursos hídricos y a las poblaciones circundantes en El Estero del Pupío, en Chile, y el caso de afectación de la población de El Salto y Juanacatlán, en Jalisco. El día de mañana se presentará un foro sobre la presa en Arcediano y se dará lectura a los veredictos. Se extiende una cordial invitación a la ciudadanía de Guadalajara para que asista, se informe y participe. Es posible que las palabras de Platón, dichas hace más de 2 mil 400 años, resuenen de nuevo en el Paraninfo, bajo los murales de José Clemente Orozco.
El espíritu que anima los trabajos del Tribunal Latinoamericano del Agua, que realiza su cuarta audiencia pública internacional en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, concluyendo el día de mañana jueves 11 de octubre, pertenece a una larga necesidad histórica: la de proceder de una manera ética en el trato que los humanos damos a la naturaleza. En el contexto de una crisis de legitimidad de las instituciones encargadas de impartir la justicia, este tribunal ciudadano hace resonar, vigentes, las palabras de Platón escritas hace más de 2 mil 400 años: “el agua es la cosa más necesaria para la vida, pero es fácil corromperla… por ello necesita que la ley venga en su auxilio. La ley que yo propongo es: aquel que corrompe el agua ajena, agua de manantial o de lluvia o la desvíe de su cauce, además de la reparación del daño, tendrá que limpiar la fuente o depósito conforme a las reglas prescritas por los intérpretes, según las exigencias del caso y las personas”.
Durante estos dos días de trabajo del tribunal, en el que se han presentado diversos casos de controversias hídricas en México y América Latina, en sesiones totalmente abiertas al público, ha quedado claro que el sentido ético está cada vez más ausente de las leyes que rigen la administración del agua en el continente.
Las palabras de Platón siguen siendo orientadoras y demandandes, porque la lógica actual de las leyes sobre el agua no se basa en los principios de la preservación, la precaución o el manejo del riesgo, sino que favorecen la explotación, la mercantilización y la irresponsabilidad sobre lo que le acontecerá en el futuro con este elemento vital.
Como lo ha señalado Javier Bogantes Díaz, director del tribunal: “la realidad más última, más definitiva, de la importancia que tiene el agua, es la sed”. Y es precisamente el discurso de la sed –de la escasez– el que se encuentra al centro del debate ético: de un lado está la necesidad de construir modelos de justicia que promuevan políticas públicas capaces de garantizar el acceso al agua para todos, en calidad y cantidad suficientes que sostengan la vida humana y planetaria; es decir, es necesario garantizar que no habrá sed para las distintas regiones y ecosistemas del globo. Por otra parte, y de manera compleja, es la misma sed la que está justificando la comercialización del agua y su modelo de privatización: basados en la idea de la escasez, los gobiernos y las empresas fomentan soluciones de tipo económico a través del mercado. Para evitar la sed, se promueve el multimillonario mercado del agua embotellada, se privatizan los sistemas de distribución y tratamiento del agua, aludiendo a que serán los precios los que regularán la demanda, de tal forma que quien pueda pagar por el agua la consumirá en la cantidad que le permita su riqueza, el resto, los pobres, aprenderán a no malgastarla.
Se trata de dos formas de resolver el problema de la sed: una que propone que la solución para el acceso al agua pasa por la reflexión ética de la política, diciendo que es posible garantizar el futuro si la ley reconoce que se puede cuidar y distribuir el agua entre todos los que la necesitan –y este “todos” es tan amplio como la extensión misma de los hombres, los animales y las plantas–; la otra que argumenta que la mejor manera de asignar el agua es convertirla en un producto comercializable, de tal forma que será la invisible mano del mercado la que destinará las cantidades que, con la justicia del comercio, le tocan a cada uno; pero ¿quién comprará el agua para los animales y para las plantas?, la solución es sencilla: habrá que signarle dueño a estos seres, sus amos les comprarán el agua según les convenga. Si bien ambos enfoques, el ético-político y el económico, pudieran ser complementarios, es necesario que el primero gobierne, regule y controle la desproporcionada ambición del segundo y para esto se necesita de nuevo la ley, la justicia. Sin embargo, ¿dónde está hoy la justicia?, en una paráfrasis de las palabras de Alexandre Camanho, procurador regional de Brasil y asesor del Tribunal Latinoamericano del Agua, se podría explicar la situación: “por muchos siglos, el mundo occidental se dedicó a construir instituciones que impartieran justicia, intentó garantizarla encerrándola en estructuras estatales, la gran contradicción de nuestro tiempo es que dichas estructuras permanecen, pero la justicia se ha ido de la casa”… “diseñamos la mejor casa para la mujer amada, pero un día llegamos a la casa y decidimos echar a una mujer que ya no amamos”. La justicia se ha ido de los sistemas judiciales. La crisis de la ley es una crisis de la ética.
De ahí la aparición de instancias ciudadanas como el Tribunal Latinoamericano del Agua, que con una fuerte asesoría técnica busca llenar una jurisdicción que las actuales leyes olvidan: la jurisdicción del sentido común, la jurisdicción de la justicia que fomenta la vida. El tribunal que hoy nos visita en Guadalajara se funda en los principios de convivencia, el respeto a la dignidad humana, la solidaridad entre los pueblos, la santidad de las formas vivientes y la responsabilidad ambiental; se apoya en la fuerza de la condena moral y la organización civil. Por eso los casos presentados en el Paraninfo de la UdeG siguen una línea común: son casos de comunidades y ciudadanos que no han encontrado lugar para la justicia en sus respectivos sistemas legales.
Se han presentado casos de amenaza por la instalación de complejos gasolineros en Cuatla, Morelos; por vulneración del derecho humano al agua de las comunidades indígenas de Carhuancho, en Perú; por afectaciones ambientales de las actividades mineras del Valle del Siria, en Honduras, y en la población de Cerro San Pedro, en San Luis Potosí; por amenaza ambiental en la subcuenca de Chalco-Amecameca, en el Distrito Federal.
Este miércoles 10 de octubre entrarán, a partir de las 9 de la mañana, los casos por afectación severa a los recursos hídricos y a las poblaciones circundantes en El Estero del Pupío, en Chile, y el caso de afectación de la población de El Salto y Juanacatlán, en Jalisco. El día de mañana se presentará un foro sobre la presa en Arcediano y se dará lectura a los veredictos. Se extiende una cordial invitación a la ciudadanía de Guadalajara para que asista, se informe y participe. Es posible que las palabras de Platón, dichas hace más de 2 mil 400 años, resuenen de nuevo en el Paraninfo, bajo los murales de José Clemente Orozco.
miércoles, septiembre 26, 2007
ONG piden a la CEDHJ que aclare omisiones
Hasta ayer, la CEDHJ no había dado respuesta a la petición fechada el 24 de septiembre.
Publico
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) recibió ya la petición de organismos civiles y ambientalistas para que su titular, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, aclare omisiones que a su juicio no están contenidas en el texto de la recomendación 7/2007 que el ombudsman dio a conocer el jueves sobre la presa Arcediano.
Hasta ayer, la CEDHJ no había dado respuesta a la petición fechada el 24 de septiembre. Ese día, Álvarez Cibrián sostuvo que para esta Comisión la resolución referente a Arcediano “es definitiva”, y en todo caso, los inconformes “están en todo su derecho de poder promover el recurso de impugnación” ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El Comité Prodefensa de Arcediano y otras organizaciones informaron que esta opción la harán valer en su momento. Sin embargo, manifestaron que, “a fin de no prejuzgar erróneamente el contenido de la recomendación”, solicitaron al ombdusman que aclare algunas inconsistencias y se les notifique por escrito.
En especial le piden que precise si existe un acuerdo de no violación a los derechos humanos relativo a la queja 1687/03/IV y acumuladas, y si éste se dictó con apego a la Ley de la CEDHJ, artículos 73 y 74, que exigen agotar la investigación y, en el resolutivo, anexar las evidencias, motivación y fundamentación para deslindar al servidor público.
Las quejas citadas fueron interpuestas en contra del entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña y los entonces titulares de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Pérez Plazola; y de la Comisión Estatal del Agua, Enrique Dau Flores.
Asimismo, piden dé a conocer qué evidencias de las aportadas fundamentan la “prevención de violación a los derechos humanos a la salud, legalidad, seguridad jurídica, información y a disfrutar de un medio ambiente sano”; y que explicite quién es el sujeto a quien se está protegiendo.
En el escrito a Álvarez Cibrián, los inconformes reconocen “la bondad” del contenido de la recomendación referente a la “suspensión de cualquier acción tendiente a la construcción de la presa” y del exhorto al Congreso del Estado para que ejerza su facultad fiscalizadora y se apeguen a los lineamientos del decreto 19985.
Guadalajara•Maricarmen Rello
Publico
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) recibió ya la petición de organismos civiles y ambientalistas para que su titular, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, aclare omisiones que a su juicio no están contenidas en el texto de la recomendación 7/2007 que el ombudsman dio a conocer el jueves sobre la presa Arcediano.
Hasta ayer, la CEDHJ no había dado respuesta a la petición fechada el 24 de septiembre. Ese día, Álvarez Cibrián sostuvo que para esta Comisión la resolución referente a Arcediano “es definitiva”, y en todo caso, los inconformes “están en todo su derecho de poder promover el recurso de impugnación” ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El Comité Prodefensa de Arcediano y otras organizaciones informaron que esta opción la harán valer en su momento. Sin embargo, manifestaron que, “a fin de no prejuzgar erróneamente el contenido de la recomendación”, solicitaron al ombdusman que aclare algunas inconsistencias y se les notifique por escrito.
En especial le piden que precise si existe un acuerdo de no violación a los derechos humanos relativo a la queja 1687/03/IV y acumuladas, y si éste se dictó con apego a la Ley de la CEDHJ, artículos 73 y 74, que exigen agotar la investigación y, en el resolutivo, anexar las evidencias, motivación y fundamentación para deslindar al servidor público.
Las quejas citadas fueron interpuestas en contra del entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña y los entonces titulares de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Pérez Plazola; y de la Comisión Estatal del Agua, Enrique Dau Flores.
Asimismo, piden dé a conocer qué evidencias de las aportadas fundamentan la “prevención de violación a los derechos humanos a la salud, legalidad, seguridad jurídica, información y a disfrutar de un medio ambiente sano”; y que explicite quién es el sujeto a quien se está protegiendo.
En el escrito a Álvarez Cibrián, los inconformes reconocen “la bondad” del contenido de la recomendación referente a la “suspensión de cualquier acción tendiente a la construcción de la presa” y del exhorto al Congreso del Estado para que ejerza su facultad fiscalizadora y se apeguen a los lineamientos del decreto 19985.
Guadalajara•Maricarmen Rello
sábado, septiembre 22, 2007
La CEDHJ pide parar presa en Arcediano
En una recomendación, solicita al gobernador suspender cualquier acto para la construcción de las obras
La comisión no acreditó violaciones a los derechos humanos, pero pone varias condiciones para levantar la cortina: garantizar la calidad del agua es la primera.
Publico
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, emitió ayer su primera recomendación como ombudsman al gobernador Emilio González Márquez, solicitándole “suspender cualquier acto encaminado a la construcción de la presa Arcediano”, en tanto no se reúnan condiciones como un estudio imparcial que garantice la calidad del líquido que se suministrará a los tapatíos y la colocación de seis plantas de tratamiento, previstas originalmente en un decreto.
La noticia fue recibida por opositores al proyecto con beneplácito y lamento al mismo tiempo. Beneplácito, porque el organismo defensor se pronunció finalmente en un asunto que investiga desde 2003; y lamento, pues el ombudsman afirmó que no se acreditaron violaciones a los derechos humanos.
El presidente de la CEDHJ añadió que la recomendación tiene como finalidad prevenir que se afecte el derecho a la salud y a un medio ambiente sano con acciones que aún no se han realizado. De hecho, sostuvo que no hay “elementos de prueba” de que se haya iniciado la construcción del vaso.
Tampoco se acreditó que hubo actos de hostigamiento, presiones y amenazas, como por cuatro años denunciaron que recibieron los quejosos, especialmente Guadalupe Lara Lara, por su negativa a desocupar su finca y celebrar un convenio con el gobierno del estado. Así, no hay violaciones a los derechos humanos. En otros casos, como la posible violación a las suspensiones concedidas por jueces federales, Álvarez Cibrián dijo que el organismo no tiene competencia.
A estas conclusiones llegó la CEDHJ luego de casi cuatro años de investigar, e integrar en un solo expediente, seis quejas que se acumularon. Sólo una más, relacionada con la demolición de la finca de Guadalupe Lara, a quien protegía un amparo, quedó pendiente de resolución.
—¿El sentido de la recomendación es más bien prevenir y no sancionar? —se le inquirió.
—Es prevenir que no se vayan a violar, por parte de las autoridades ejecutoras de este proyecto, los derechos humanos. Coincidimos en que nos preocupa y nos ocupa, por una parte, el abastecimiento de agua; pero, por otra parte, la calidad a 100 por ciento de esa agua, que es la que vamos a tener para el consumo humano.
—¿Esta resolución es definitiva?
—Esta resolución tiene carácter de definitividad [sic] y estaremos dándole seguimiento para su cumplimiento cabal.
Ante reporteros, funcionarios de la CEDHJ y miembros del Consejo Ciudadano, Álvarez Cibrián respondió: “Nuestra conciencia está tranquila. Sabemos que estamos cumpliendo con nuestra función y estrictamente con lo que en las actuaciones se puede desprender”.
Ahora la tarea será vigilar que la recomendación se cumpla: “No estaríamos de acuerdo en que un solo punto no fuera cumplido; entonces sí se estaría poniendo en grave riesgo [a la población]”.
Pero el titular de la CEDHJ apeló al sentido de alta responsabilidad del Ejecutivo para que éste —en su carácter de presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua— ordene a su director suspender cualquier acción encaminada a la construcción de la presa mientras no se realice un estudio, a través de un organismo de alto prestigio nacional o internacional, que emita “un dictamen riguroso, independiente o imparcial en el que se determine si las aguas del río Santiago serán aptas para consumo humano una vez realizado su tratamiento”; o bien, que se espere el resultado de la segunda fase del estudio que realiza la Organización Panamericana de la Salud.
Otras condiciones incluyen cumplir con la instalación de las seis plantas de tratamiento previstas en el decreto 19985 emitido por el Congreso del Estado y en el Manifiesto de Impacto Ambiental; análisis rigurosos para determinar la viabilidad de la construcción y la seguridad de la cortina; contar con el proyecto ejecutivo que dé a conocer pormenores de la obra y la difusión de éste.
El ombudsman exhortó también al presidente del Congreso del Estado, Samuel Romero Valle, a turnar copia de la recomendación a las comisiones legislativas a efecto de coadyuvar a su cumplimiento.
El gobernador tiene diez días hábiles para responder si acepta la recomendación. En tanto, los organismos civiles y los quejosos fueron notificados ayer de la recomendación. Álvarez Cibrián se dijo abierto a “establecer cualquier diálogo que sea necesario”.
Lamentan ausencia del caso Lara
• Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Instituto de Derecho Ambiental (Idea, AC) y experta en el tema, manifestó “estar de acuerdo” con una parte de la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ): la que se refiere a la suspensión de la construcción de la presa de Arcediano “en tanto no se garantice fehacientemente la salud de los habitantes y futuros usuarios”. Sin embargo, lejos de considerarlo un triunfo, aclaró que esto será “la cancelación total del proyecto”.
La abogada se pronunció en contra de otra parte del documento y consideró “lamentable que no se reconozcan violaciones a los derechos humanos, en especial a los derechos individuales de la señora Lupita Lara”. Indicó que éste era un aspecto esencial y afirmó que se presentaron suficientes evidencias para demostrar que María Guadalupe Lara Lara, quien nunca aceptó las presiones para ceder sus propiedades en el sitio, fue víctima del acoso y abusos de autoridad.
“En materia de medio ambiente, demostramos que los recursos ordinarios del sistema jurídico mexicano no son suficientes para garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos”, sostuvo. No descartó la posibilidad de impugnar la recomendación.
- En Perspectiva
Las recomendaciones
• Al gobernador Emilio González Márquez (foto)
1) Que ordene al titular de la CEA que suspenda cualquier acción encaminada a la construcción de la presa denominada Arcediano, hasta que no cumpla las siguientes condicionantes
• Que a través de un organismo de prestigio nacional o internacional, haga un estudio y emita un dictamen riguroso, independiente e imparcial, en el que se determine si las aguas del río Santiago serán aptas para el consumo humano, o bien, espere dictamen de la segunda fase del estudio que elabora la Organización Panamericana de la Salud
• Que se construyan las seis plantas de tratamiento previstas en el decreto 19985 y el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental
• Que se tengan los análisis o dictámenes geológicos, geotécnicos, topográficos y sismotectónicos necesarios para determinar la viabilidad de la construcción y seguridad de la cortina de la presa
• De determinarse la viabilidad de la obra, se elabora el proyecto ejecutivo que señale las características de la cortina, costo total, tiempo de la obra, métodos y costos de potabilización
2) Para que la sociedad esté bien informada, se publiquen en los medios de comunicación idóneos los avances, procedimientos y gastos erogados con motivo de los estudios, proyectos y ejecución de la construcción de la presa de Arcediano
Al diputado Samuel Romero Valle, presidente del Congreso del Estado
Se le exhorta para que dé a conocer al pleno el resultado de la recomendación 7/2007 y se turne copia a las comisiones legislativas correspondientes, a efecto de vigilar que las autoridades encargadas del proyecto se apeguen al decreto 19985
Guadalajara•Maricarmen Rello
Nota relacionada : La Jornada Jalisco - Pide la CEDHJ al gobierno estatal frenar la construcción de la presa de Arcediano
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
La comisión no acreditó violaciones a los derechos humanos, pero pone varias condiciones para levantar la cortina: garantizar la calidad del agua es la primera.
Publico
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, emitió ayer su primera recomendación como ombudsman al gobernador Emilio González Márquez, solicitándole “suspender cualquier acto encaminado a la construcción de la presa Arcediano”, en tanto no se reúnan condiciones como un estudio imparcial que garantice la calidad del líquido que se suministrará a los tapatíos y la colocación de seis plantas de tratamiento, previstas originalmente en un decreto.
La noticia fue recibida por opositores al proyecto con beneplácito y lamento al mismo tiempo. Beneplácito, porque el organismo defensor se pronunció finalmente en un asunto que investiga desde 2003; y lamento, pues el ombudsman afirmó que no se acreditaron violaciones a los derechos humanos.
El presidente de la CEDHJ añadió que la recomendación tiene como finalidad prevenir que se afecte el derecho a la salud y a un medio ambiente sano con acciones que aún no se han realizado. De hecho, sostuvo que no hay “elementos de prueba” de que se haya iniciado la construcción del vaso.
Tampoco se acreditó que hubo actos de hostigamiento, presiones y amenazas, como por cuatro años denunciaron que recibieron los quejosos, especialmente Guadalupe Lara Lara, por su negativa a desocupar su finca y celebrar un convenio con el gobierno del estado. Así, no hay violaciones a los derechos humanos. En otros casos, como la posible violación a las suspensiones concedidas por jueces federales, Álvarez Cibrián dijo que el organismo no tiene competencia.
A estas conclusiones llegó la CEDHJ luego de casi cuatro años de investigar, e integrar en un solo expediente, seis quejas que se acumularon. Sólo una más, relacionada con la demolición de la finca de Guadalupe Lara, a quien protegía un amparo, quedó pendiente de resolución.
—¿El sentido de la recomendación es más bien prevenir y no sancionar? —se le inquirió.
—Es prevenir que no se vayan a violar, por parte de las autoridades ejecutoras de este proyecto, los derechos humanos. Coincidimos en que nos preocupa y nos ocupa, por una parte, el abastecimiento de agua; pero, por otra parte, la calidad a 100 por ciento de esa agua, que es la que vamos a tener para el consumo humano.
—¿Esta resolución es definitiva?
—Esta resolución tiene carácter de definitividad [sic] y estaremos dándole seguimiento para su cumplimiento cabal.
Ante reporteros, funcionarios de la CEDHJ y miembros del Consejo Ciudadano, Álvarez Cibrián respondió: “Nuestra conciencia está tranquila. Sabemos que estamos cumpliendo con nuestra función y estrictamente con lo que en las actuaciones se puede desprender”.
Ahora la tarea será vigilar que la recomendación se cumpla: “No estaríamos de acuerdo en que un solo punto no fuera cumplido; entonces sí se estaría poniendo en grave riesgo [a la población]”.
Pero el titular de la CEDHJ apeló al sentido de alta responsabilidad del Ejecutivo para que éste —en su carácter de presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua— ordene a su director suspender cualquier acción encaminada a la construcción de la presa mientras no se realice un estudio, a través de un organismo de alto prestigio nacional o internacional, que emita “un dictamen riguroso, independiente o imparcial en el que se determine si las aguas del río Santiago serán aptas para consumo humano una vez realizado su tratamiento”; o bien, que se espere el resultado de la segunda fase del estudio que realiza la Organización Panamericana de la Salud.
Otras condiciones incluyen cumplir con la instalación de las seis plantas de tratamiento previstas en el decreto 19985 emitido por el Congreso del Estado y en el Manifiesto de Impacto Ambiental; análisis rigurosos para determinar la viabilidad de la construcción y la seguridad de la cortina; contar con el proyecto ejecutivo que dé a conocer pormenores de la obra y la difusión de éste.
El ombudsman exhortó también al presidente del Congreso del Estado, Samuel Romero Valle, a turnar copia de la recomendación a las comisiones legislativas a efecto de coadyuvar a su cumplimiento.
El gobernador tiene diez días hábiles para responder si acepta la recomendación. En tanto, los organismos civiles y los quejosos fueron notificados ayer de la recomendación. Álvarez Cibrián se dijo abierto a “establecer cualquier diálogo que sea necesario”.
Lamentan ausencia del caso Lara
• Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Instituto de Derecho Ambiental (Idea, AC) y experta en el tema, manifestó “estar de acuerdo” con una parte de la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ): la que se refiere a la suspensión de la construcción de la presa de Arcediano “en tanto no se garantice fehacientemente la salud de los habitantes y futuros usuarios”. Sin embargo, lejos de considerarlo un triunfo, aclaró que esto será “la cancelación total del proyecto”.
La abogada se pronunció en contra de otra parte del documento y consideró “lamentable que no se reconozcan violaciones a los derechos humanos, en especial a los derechos individuales de la señora Lupita Lara”. Indicó que éste era un aspecto esencial y afirmó que se presentaron suficientes evidencias para demostrar que María Guadalupe Lara Lara, quien nunca aceptó las presiones para ceder sus propiedades en el sitio, fue víctima del acoso y abusos de autoridad.
“En materia de medio ambiente, demostramos que los recursos ordinarios del sistema jurídico mexicano no son suficientes para garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos”, sostuvo. No descartó la posibilidad de impugnar la recomendación.
- En Perspectiva
Las recomendaciones
• Al gobernador Emilio González Márquez (foto)
1) Que ordene al titular de la CEA que suspenda cualquier acción encaminada a la construcción de la presa denominada Arcediano, hasta que no cumpla las siguientes condicionantes
• Que a través de un organismo de prestigio nacional o internacional, haga un estudio y emita un dictamen riguroso, independiente e imparcial, en el que se determine si las aguas del río Santiago serán aptas para el consumo humano, o bien, espere dictamen de la segunda fase del estudio que elabora la Organización Panamericana de la Salud
• Que se construyan las seis plantas de tratamiento previstas en el decreto 19985 y el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental
• Que se tengan los análisis o dictámenes geológicos, geotécnicos, topográficos y sismotectónicos necesarios para determinar la viabilidad de la construcción y seguridad de la cortina de la presa
• De determinarse la viabilidad de la obra, se elabora el proyecto ejecutivo que señale las características de la cortina, costo total, tiempo de la obra, métodos y costos de potabilización
2) Para que la sociedad esté bien informada, se publiquen en los medios de comunicación idóneos los avances, procedimientos y gastos erogados con motivo de los estudios, proyectos y ejecución de la construcción de la presa de Arcediano
Al diputado Samuel Romero Valle, presidente del Congreso del Estado
Se le exhorta para que dé a conocer al pleno el resultado de la recomendación 7/2007 y se turne copia a las comisiones legislativas correspondientes, a efecto de vigilar que las autoridades encargadas del proyecto se apeguen al decreto 19985
Guadalajara•Maricarmen Rello
Nota relacionada : La Jornada Jalisco - Pide la CEDHJ al gobierno estatal frenar la construcción de la presa de Arcediano
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
sábado, septiembre 08, 2007
Urge la CEDHJ a actuar contra la degradación ambiental en Juanacatlán
Vecinos de la Cuenca del Ahogado y el Grupo VIDA presentaron queja ante la Comisión
Es momento de que las autoridades den resultados claros, indicó Alvarez Cibrián
EUGENIA BARAJAS
Una queja interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) que apela por un medio ambiente sano y limpio podrá salvar la vida de 16 mil habitantes que respiran los desechos tóxicos que arrastra la Cuenca del Ahogado, incluidos los cerca de mil alumnos de las escuelas Mártires del Río Blanco, que por ironías en el nombre se han convertido en víctimas al ser vecinos de la fétida cascada de inmundicias y espuma blanca que el viento riega como contaminado paisaje nevado por el municipio de Juanacatlán.
“Es tiempo que las autoridades se pongan a trabajar y si tiene que tomar medidas urgentes que lo hagan”, sentenció el ombudsman Felipe de Jesús Alvarez Cibrián.
La pompas de maloliente jabón surcan el cielo estampándose sin pudor en la cara de aquellos que todavía tienen la osadía de continuar una vida normal en el municipio de Juanacatlán, la enorme manta colocada por el grupo Valores Integrales y Desarrollo Ambiental (VIDA) en las vigas del nuevo puente de acceso, donde da cuenta de la cantidad de contaminantes que arrastra el río –arsénico, cadmio, cromo, cobre, plomo, mercurio, níquel, coliformes fecales y salmonella– no inhiben el paso de las adolescentes, que por necesidad cruzan para llegar a su hogar tras la salida de la secundaria.
Un número, el 986/07, representa la esperanza para cerca de 15 mil habitantes que viven en la ribera de la cuenca, es el registro de la queja ante la CEDHJ del Grupo VIDA, que encabeza Rodrigo Saldaña que exige su derecho de un ambiente sano y limpio tras 30 años de ver la degradación del río, que de ser un atractivo turístico se convirtió en la cloaca de la Zona Metropolitana.
La esperanza de que las autoridades respondan ante una recomendación o un informe especial de las repercusiones a la salud de los pobladores y sobre todo a los niños que integran el plantel de las dos escuela Mártires del Río Blanco, que al tener sus salones a escasos metros de la fétida y espumosa cascada, padecen de granos en la piel, mareos, enfermedades estomacales y estrés, es mucha ya que según Felipe de Jesús Alvarez Cibrián durante un recorrido a cuatro puntos de la cuenca, se exhortará a las autoridades de los tres niveles de gobierno con la Comisión Nacional del Agua (CNA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Semarnart, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), Secretaría de Salud y el Ayuntamiento a que respondan para encontrar soluciones.
“Es momento que las autoridades encargadas de todas estas áreas se pongan a trabajar y den un resultado claro a la sociedad, en donde acaben con especulaciones, paguen estudios y de una vez por todas se acabe con rumores, especulaciones y acusaciones y si se tienen que tomar medidas urgentes, también se pongan a realizarlas”.
Alvarez Cibrián visitó el canal de Las Pintas en La Huizachera, en donde corre el drenaje a cielo abierto; la planta de tratamiento del Siapa que sólo opera como sistema de bombeo y el canal ubicado a 40 kilómetros de El Verde, Chapala, en el que se descargan residuos industriales y aguas negras; el fondo de este canal es de tierra, por lo que la contaminación se filtra a los mantos freáticos.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
Es momento de que las autoridades den resultados claros, indicó Alvarez Cibrián
EUGENIA BARAJAS
Una queja interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) que apela por un medio ambiente sano y limpio podrá salvar la vida de 16 mil habitantes que respiran los desechos tóxicos que arrastra la Cuenca del Ahogado, incluidos los cerca de mil alumnos de las escuelas Mártires del Río Blanco, que por ironías en el nombre se han convertido en víctimas al ser vecinos de la fétida cascada de inmundicias y espuma blanca que el viento riega como contaminado paisaje nevado por el municipio de Juanacatlán.
“Es tiempo que las autoridades se pongan a trabajar y si tiene que tomar medidas urgentes que lo hagan”, sentenció el ombudsman Felipe de Jesús Alvarez Cibrián.
La pompas de maloliente jabón surcan el cielo estampándose sin pudor en la cara de aquellos que todavía tienen la osadía de continuar una vida normal en el municipio de Juanacatlán, la enorme manta colocada por el grupo Valores Integrales y Desarrollo Ambiental (VIDA) en las vigas del nuevo puente de acceso, donde da cuenta de la cantidad de contaminantes que arrastra el río –arsénico, cadmio, cromo, cobre, plomo, mercurio, níquel, coliformes fecales y salmonella– no inhiben el paso de las adolescentes, que por necesidad cruzan para llegar a su hogar tras la salida de la secundaria.
Un número, el 986/07, representa la esperanza para cerca de 15 mil habitantes que viven en la ribera de la cuenca, es el registro de la queja ante la CEDHJ del Grupo VIDA, que encabeza Rodrigo Saldaña que exige su derecho de un ambiente sano y limpio tras 30 años de ver la degradación del río, que de ser un atractivo turístico se convirtió en la cloaca de la Zona Metropolitana.
La esperanza de que las autoridades respondan ante una recomendación o un informe especial de las repercusiones a la salud de los pobladores y sobre todo a los niños que integran el plantel de las dos escuela Mártires del Río Blanco, que al tener sus salones a escasos metros de la fétida y espumosa cascada, padecen de granos en la piel, mareos, enfermedades estomacales y estrés, es mucha ya que según Felipe de Jesús Alvarez Cibrián durante un recorrido a cuatro puntos de la cuenca, se exhortará a las autoridades de los tres niveles de gobierno con la Comisión Nacional del Agua (CNA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Semarnart, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), Secretaría de Salud y el Ayuntamiento a que respondan para encontrar soluciones.
“Es momento que las autoridades encargadas de todas estas áreas se pongan a trabajar y den un resultado claro a la sociedad, en donde acaben con especulaciones, paguen estudios y de una vez por todas se acabe con rumores, especulaciones y acusaciones y si se tienen que tomar medidas urgentes, también se pongan a realizarlas”.
Alvarez Cibrián visitó el canal de Las Pintas en La Huizachera, en donde corre el drenaje a cielo abierto; la planta de tratamiento del Siapa que sólo opera como sistema de bombeo y el canal ubicado a 40 kilómetros de El Verde, Chapala, en el que se descargan residuos industriales y aguas negras; el fondo de este canal es de tierra, por lo que la contaminación se filtra a los mantos freáticos.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
jueves, septiembre 06, 2007
CNA confirma: Presas de Jalisco si se llevaran a cabo
En 2007 arrancan los trabajos de la presa El Naranjo II, entre Colima y Jalisco, sobre el cauce del río Marabasco, con una capacidad de 135 millones de metros cúbicos.
Publico
La Comisión Nacional del Agua (CNA) ratificó en su programa sexenal de obras la prioridad de construir las presas Arcediano, El Zapotillo, El Naranjo, El Realito y la continuación de aportación de recursos para las obras de El Carrizo, “que beneficiarán a millones de habitantes de la región hidrológica de Jalisco, Guanajuato, Colima y San Luis Potosí”, según un comunicado difundido por el organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico.
La dependencia señaló que las principales obras de agua potable se desarrollarán en las regiones con mayor concentración de población, precisamente las tres cuencas más importantes del país: el Valle de México, la cuenca Lerma-Chapala y la cuenca del Balsas.
Entre los proyectos urgentes está la presa Arcediano, “que además de favorecer el saneamiento y el balance de la cuenca Lerma-Chapala y del lago de Chapala, aportará diez metros cúbicos por segundo para el abastecimiento de la zona conurbada de Guadalajara, permitirá dejarle de extraer importantes volúmenes al lago de Chapala, contribuyendo así a su recuperación”.
Este dato no es del todo exacto, si se atiende a las precisiones que recientemente ha hecho el director de la CEA (Comisión Estatal del Agua), César Coll Carabias, de que el embalse tendría menos capacidad por problemas geológicos locales (Público, julio 20 de 2007).
La CNA también resalta la importancia de los vasos El Zapotillo y El Realito, “que garantizarán la demanda de agua con los crecimientos naturales poblacionales de la zona metropolitana de San Luis Potosí; León y Celaya, en Guanajuato; Los Altos de Jalisco y la zona conurbada de Guadalajara”. En 2007 “se licitarán algunas obras y estudios complementarios; mientras que ya licitaron y están a punto de iniciar los trabajos del Acueducto II de Querétaro, que garantizará 30 años el suministro de agua potable a la ciudad de Querétaro y que toma el agua de los afluentes del río Moctezuma en los manantiales del Infiernillo”.
En 2007 arrancan los trabajos de la presa El Naranjo II, entre Colima y Jalisco, sobre el cauce del río Marabasco, con una capacidad de 135 millones de metros cúbicos.
Respecto a la presa El Carrizo, en Tamazula, Jalisco, “habrá la continuidad de los recursos económicos para su conclusión el año próximo […] El avance es de 40 por ciento y tendrá una capacidad de 51.6 millones de metros cúbicos”.
Guadalajara•Agustín del Castillo
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
Publico
La Comisión Nacional del Agua (CNA) ratificó en su programa sexenal de obras la prioridad de construir las presas Arcediano, El Zapotillo, El Naranjo, El Realito y la continuación de aportación de recursos para las obras de El Carrizo, “que beneficiarán a millones de habitantes de la región hidrológica de Jalisco, Guanajuato, Colima y San Luis Potosí”, según un comunicado difundido por el organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico.
La dependencia señaló que las principales obras de agua potable se desarrollarán en las regiones con mayor concentración de población, precisamente las tres cuencas más importantes del país: el Valle de México, la cuenca Lerma-Chapala y la cuenca del Balsas.
Entre los proyectos urgentes está la presa Arcediano, “que además de favorecer el saneamiento y el balance de la cuenca Lerma-Chapala y del lago de Chapala, aportará diez metros cúbicos por segundo para el abastecimiento de la zona conurbada de Guadalajara, permitirá dejarle de extraer importantes volúmenes al lago de Chapala, contribuyendo así a su recuperación”.
Este dato no es del todo exacto, si se atiende a las precisiones que recientemente ha hecho el director de la CEA (Comisión Estatal del Agua), César Coll Carabias, de que el embalse tendría menos capacidad por problemas geológicos locales (Público, julio 20 de 2007).
La CNA también resalta la importancia de los vasos El Zapotillo y El Realito, “que garantizarán la demanda de agua con los crecimientos naturales poblacionales de la zona metropolitana de San Luis Potosí; León y Celaya, en Guanajuato; Los Altos de Jalisco y la zona conurbada de Guadalajara”. En 2007 “se licitarán algunas obras y estudios complementarios; mientras que ya licitaron y están a punto de iniciar los trabajos del Acueducto II de Querétaro, que garantizará 30 años el suministro de agua potable a la ciudad de Querétaro y que toma el agua de los afluentes del río Moctezuma en los manantiales del Infiernillo”.
En 2007 arrancan los trabajos de la presa El Naranjo II, entre Colima y Jalisco, sobre el cauce del río Marabasco, con una capacidad de 135 millones de metros cúbicos.
Respecto a la presa El Carrizo, en Tamazula, Jalisco, “habrá la continuidad de los recursos económicos para su conclusión el año próximo […] El avance es de 40 por ciento y tendrá una capacidad de 51.6 millones de metros cúbicos”.
Guadalajara•Agustín del Castillo
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
martes, agosto 28, 2007
Opinión - Monica Perez Taylor
La mala salud
Con el abuso en el consumo de frituras y sopitas instantáneas no sólo se atiborran las venas de grasa, también el suelo y los ríos de vasos de unicel y plásticos. El daño es por partida doble.
MURAL - 25 Agosto 2007
Cuando Alfonso Gutiérrez Carranza, Secretario de Salud de Jalisco, asumió el cargo, anunció que sus funcionarios serían evaluados cada tres meses y que quienes no dieran resultados se irían, empezando por él mismo. Repasemos su desempeño, antes de que sea tarde.
Hagamos a un lado que antes de asumir el cargo, el doctor Gutiérrez trabajó como chofer del ahora Gobernador González Márquez. Pongamos aparte su falta de experiencia, pues asegura que no le hace falta. Lo que importa son los resultados. Veamos.
El primer asunto que enfrentó fue la lepra en la zona de ladrilleras de Tonalá, revelándose en toda su crudeza la miseria extrema y la insalubridad. Luego, nos alarmamos al saber de la existencia de más de 60 casos en 20 Municipios. Dijo que atendería el asunto, por supuesto, pero a su regreso de vacaciones de Semana Santa. (Público, 4/04/2007).
Cuando se dispararon los índices de contaminación en Miravalle y se le cuestionó respecto a los estudios publicados por la UdeG que establecen la relación contaminación atmosférica-enfermedad-muerte en esa zona, dijo desconocerlos, y punto final. Atacó el problema repartiendo kits con cubrebocas y suero oral. Desde entonces se hace acompañar de guardaespaldas.
Siendo él la viva imagen de la mala salud, considera sin sentido la prohibición de la comida chatarra en las escuelas. No le preocupan ni ocupan, al parecer, los 12 mil nuevos casos de diabetes que se detectan cada año en Jalisco. Él debía promover la sana alimentación calibrando el beneficio social, contabilizando los miles de millones de pesos y penurias que nos cuesta atender la epidemia de obesidad y las diferentes clases de diabetes en Jalisco, aunque toque intereses de encumbrados empresarios panistas.
La Comisión de Salud del Poder Legislativo hizo varias peticiones formales al Secretario, para que informara sobre el dengue en Puerto Vallarta, y las ignoró. El secretario de la Comisión de Salud del Congreso de la Unión, Antonio Muñoz Serrano, reveló que la SSJ no ha ejercido el 50 por ciento de los 2 mil 504 millones de pesos que le corresponden del ramo 33, lo que mantiene detenidos los programas asignados y se corre el riesgo de perder los recursos si no se aplican.
Gutiérrez Carranza ha sido prudente ante las declaraciones anticondón y proabstinencia del Gobernador. Antes, manifestó su opinión personal contra el aborto, y luego dio a entender que se alinearía a las políticas públicas, pero en Jalisco, son las personales de nuestro "Góber Piadoso".
A pesar de los exhortos, el Secretario no se ha involucrado en el proyecto de la Presa de Arcediano aunque se trata de un asunto primordial de salud. Y sus declaraciones en torno al ecocidio que viene perpetrando el Estado, desde hace décadas, en Juanacatlán y El Salto, nos advierte que tampoco hará nada, pues "eso les toca a los del medio ambiente y a los del agua...". Que "nomás porque murió alguien, de eso se agarran... a mi nadie me ha dicho: mira, aquí está la estadística" (Público, 16/08/2007). Pues no, señor Secretario, porque a usted le correspondería gestionar los recursos para levantar un estudio, y al tener las pruebas tendría la obligación institucional y moral de pronunciarse y actuar. Al tomar los testimonios de las víctimas como anécdotas, les ofende en lo profundo, y es petulante ante la valiosa evidencia que con mucho esfuerzo han logrado documentar y publicar los pobladores, que incluyen estudios científicos y aportaciones de médicos institucionales. Con los groseros e irresponsables deslindes del Secretario, sólo se agravará la mala salud.
O explique, ¿cómo es que las aguas del río Santiago pudieron corroer la estructura de acero del puente que une los dos poblados hasta romperla? ¿O cómo es que esas aguas putrefactas inofensivas a la salud dañaron un fósil de mamut, cuya antigüedad oscila entre los 8 mil y 27 mil 500 años, hasta volver su consistencia como de "masa de tortilla"? Una arquéologa del INAH exclamó que era lo peor que había presenciado en su vida. Y en eso coinciden otros visitantes que han llorado al ver la insalubridad ambiental y el sufrimiento de estos pueblos.
Por qué el Secretario no detecta nada, si para tolerar estar ahí hay que encimar hasta cuatro cubrebocas o le pasa a uno lo mismo que a la Secretaria del Medio Ambiente Martha Ruth del Toro, la única funcionaria sensible ante la tragedia: vomitamos.
Se confirma lo que muchos adelantaron: el Gobernador se equivocó al designar a su chofer como Secretario de Salud. Cambio y fuera.
pereztaylorm@gmail.com
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
Con el abuso en el consumo de frituras y sopitas instantáneas no sólo se atiborran las venas de grasa, también el suelo y los ríos de vasos de unicel y plásticos. El daño es por partida doble.
MURAL - 25 Agosto 2007
Cuando Alfonso Gutiérrez Carranza, Secretario de Salud de Jalisco, asumió el cargo, anunció que sus funcionarios serían evaluados cada tres meses y que quienes no dieran resultados se irían, empezando por él mismo. Repasemos su desempeño, antes de que sea tarde.
Hagamos a un lado que antes de asumir el cargo, el doctor Gutiérrez trabajó como chofer del ahora Gobernador González Márquez. Pongamos aparte su falta de experiencia, pues asegura que no le hace falta. Lo que importa son los resultados. Veamos.
El primer asunto que enfrentó fue la lepra en la zona de ladrilleras de Tonalá, revelándose en toda su crudeza la miseria extrema y la insalubridad. Luego, nos alarmamos al saber de la existencia de más de 60 casos en 20 Municipios. Dijo que atendería el asunto, por supuesto, pero a su regreso de vacaciones de Semana Santa. (Público, 4/04/2007).
Cuando se dispararon los índices de contaminación en Miravalle y se le cuestionó respecto a los estudios publicados por la UdeG que establecen la relación contaminación atmosférica-enfermedad-muerte en esa zona, dijo desconocerlos, y punto final. Atacó el problema repartiendo kits con cubrebocas y suero oral. Desde entonces se hace acompañar de guardaespaldas.
Siendo él la viva imagen de la mala salud, considera sin sentido la prohibición de la comida chatarra en las escuelas. No le preocupan ni ocupan, al parecer, los 12 mil nuevos casos de diabetes que se detectan cada año en Jalisco. Él debía promover la sana alimentación calibrando el beneficio social, contabilizando los miles de millones de pesos y penurias que nos cuesta atender la epidemia de obesidad y las diferentes clases de diabetes en Jalisco, aunque toque intereses de encumbrados empresarios panistas.
La Comisión de Salud del Poder Legislativo hizo varias peticiones formales al Secretario, para que informara sobre el dengue en Puerto Vallarta, y las ignoró. El secretario de la Comisión de Salud del Congreso de la Unión, Antonio Muñoz Serrano, reveló que la SSJ no ha ejercido el 50 por ciento de los 2 mil 504 millones de pesos que le corresponden del ramo 33, lo que mantiene detenidos los programas asignados y se corre el riesgo de perder los recursos si no se aplican.
Gutiérrez Carranza ha sido prudente ante las declaraciones anticondón y proabstinencia del Gobernador. Antes, manifestó su opinión personal contra el aborto, y luego dio a entender que se alinearía a las políticas públicas, pero en Jalisco, son las personales de nuestro "Góber Piadoso".
A pesar de los exhortos, el Secretario no se ha involucrado en el proyecto de la Presa de Arcediano aunque se trata de un asunto primordial de salud. Y sus declaraciones en torno al ecocidio que viene perpetrando el Estado, desde hace décadas, en Juanacatlán y El Salto, nos advierte que tampoco hará nada, pues "eso les toca a los del medio ambiente y a los del agua...". Que "nomás porque murió alguien, de eso se agarran... a mi nadie me ha dicho: mira, aquí está la estadística" (Público, 16/08/2007). Pues no, señor Secretario, porque a usted le correspondería gestionar los recursos para levantar un estudio, y al tener las pruebas tendría la obligación institucional y moral de pronunciarse y actuar. Al tomar los testimonios de las víctimas como anécdotas, les ofende en lo profundo, y es petulante ante la valiosa evidencia que con mucho esfuerzo han logrado documentar y publicar los pobladores, que incluyen estudios científicos y aportaciones de médicos institucionales. Con los groseros e irresponsables deslindes del Secretario, sólo se agravará la mala salud.
O explique, ¿cómo es que las aguas del río Santiago pudieron corroer la estructura de acero del puente que une los dos poblados hasta romperla? ¿O cómo es que esas aguas putrefactas inofensivas a la salud dañaron un fósil de mamut, cuya antigüedad oscila entre los 8 mil y 27 mil 500 años, hasta volver su consistencia como de "masa de tortilla"? Una arquéologa del INAH exclamó que era lo peor que había presenciado en su vida. Y en eso coinciden otros visitantes que han llorado al ver la insalubridad ambiental y el sufrimiento de estos pueblos.
Por qué el Secretario no detecta nada, si para tolerar estar ahí hay que encimar hasta cuatro cubrebocas o le pasa a uno lo mismo que a la Secretaria del Medio Ambiente Martha Ruth del Toro, la única funcionaria sensible ante la tragedia: vomitamos.
Se confirma lo que muchos adelantaron: el Gobernador se equivocó al designar a su chofer como Secretario de Salud. Cambio y fuera.
pereztaylorm@gmail.com
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
domingo, agosto 12, 2007
Movilización en defensa de derechos ambientales en Juanacatlán y El Salto
Los habitantes de la zona se organizan para documentar los problemas de contaminación
Cruzar el río Santiago por el puente peatonal produce ardor en los ojos y molestias en la garganta
Imagen del puente peatonal que comunica a El Salto y Juanacatlán Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO
RAUL TORRES
Cruzar el río Santiago por el puente peatonal improvisado que por ahora comunica a las comunidades de Juanacatlán y El Salto, produce ardor en los ojos, escurrimiento nasal y molestia en la garganta; cerca de 2 mil personas transitan a diario por esta ruta, y aunque el olor fétido de las aguas ya les parece normal, no pueden evitar sentir a diario los efectos de la exposición a las emanaciones del agua.
Estas situaciones, que vienen empeorando desde hace 30 años, han obligado a que los ciudadanos de estos dos lugares comiencen a organizarse para documentar los graves problemas de deterioro ambiental de la zona.
Las organizaciones Un Salto de Vida y Juanacatlán en Acción son dos ejemplos de la movilización que comienza a darse en defensa de los derechos ambientales de los más de 100 habitantes de la zona.
El pasado viernes, una comitiva de funcionarios de la Secretaría de Salud, de la Subsecretaría de Gobernación, de la Secretaría de Desarrollo Humano y de la Secretaría de Asuntos del Interior, se presentó ante los ya molestos ciudadanos de Juanacatlán y El Salto para ofrecer como solución a los problemas una pequeña medida paliativa: la construcción de un canal que reciba todas las descargas de la Zona Metropolitana y las desvíe hasta una planta de tratamiento aguas abajo.
Sin embargo, cuando los funcionarios fueron cuestionados sobre los demás problemas que ha causado el severo deterioro ambiental de la región, no supieron responder, pues durante las reuniones que desde hace dos meses llevan a cabo sin la participación de la gente de El Salto y Juanacatlán, sólo contemplaron la contaminación del río Santiago como el factor que ha degradado la salud de los habitantes.
Los integrantes de Un Salto de Vida y Juanacatlán en Acción revelan que, además de las sustancias que ensucian el río, que según un estudio de la CEA provocan niveles de toxicidad elevados, los problemas de contaminación también se generan en el basurero que actualmente opera en la zona, y que, según otro estudio de la Comisión Estatal del Agua, libera hasta 19 litros de lixiviados por segundo.
Las historias sobre la devastación de la zona se agolpan en la memoria de los habitantes de estas dos comunidades, todos recuerdan o han oído hablar de situaciones que han causado daños a la salud de otros y en la propia, como la fuga de gas cloro que a principios de 2006 ocurrió en una de las empresas del corredor industrial, o el día en que una productora de sales de ajo provocó que todo el día oliera a “camarones al mojo de ajo” que después de horas hizo vomitar a muchos.
Aquí, hablar de la gente que murió a causa del cáncer es común, comenta uno de los activistas. “Cuando alguien fallece es normal preguntar y que te digan que fue el cáncer, pero eso no se documenta porque en el acta de defunción ponen que fue por paro cardiaco o falla renal o cualquier cosa, pero no se dice que fue por cáncer”.
Además de la contaminación, los habitantes de El Salto y Juanacatlán se ven amenazados por los riesgos de vivir en una zona llena de industrias cuya materia prima son sustancias peligrosas. Así lo demuestran algunos estudios hechos por investigadores o las mismas autoridades, pero cuya socialización aún está pendiente.
A lo largo de varios años, Un Salto de Vida ha documentado gran número de casos que se conectan entre sí y ponen de manifiesto que las autoridades de diferentes niveles han fallado en sus políticas ambientales. Poco a poco conforman un grueso expediente y comienzan a organizarse para difundir el problema y tratar de solucionarlo.
Por ahora, en lo inmediato, trabajan en una estrategia para advertir a las personas sobre los daños que les puede causar el sólo hecho de cruzar el puente sobre el río y cómo pueden disminuir los riesgos.
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Cruzar el río Santiago por el puente peatonal produce ardor en los ojos y molestias en la garganta
Imagen del puente peatonal que comunica a El Salto y Juanacatlán Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLORAUL TORRES
Cruzar el río Santiago por el puente peatonal improvisado que por ahora comunica a las comunidades de Juanacatlán y El Salto, produce ardor en los ojos, escurrimiento nasal y molestia en la garganta; cerca de 2 mil personas transitan a diario por esta ruta, y aunque el olor fétido de las aguas ya les parece normal, no pueden evitar sentir a diario los efectos de la exposición a las emanaciones del agua.
Estas situaciones, que vienen empeorando desde hace 30 años, han obligado a que los ciudadanos de estos dos lugares comiencen a organizarse para documentar los graves problemas de deterioro ambiental de la zona.
Las organizaciones Un Salto de Vida y Juanacatlán en Acción son dos ejemplos de la movilización que comienza a darse en defensa de los derechos ambientales de los más de 100 habitantes de la zona.
El pasado viernes, una comitiva de funcionarios de la Secretaría de Salud, de la Subsecretaría de Gobernación, de la Secretaría de Desarrollo Humano y de la Secretaría de Asuntos del Interior, se presentó ante los ya molestos ciudadanos de Juanacatlán y El Salto para ofrecer como solución a los problemas una pequeña medida paliativa: la construcción de un canal que reciba todas las descargas de la Zona Metropolitana y las desvíe hasta una planta de tratamiento aguas abajo.
Sin embargo, cuando los funcionarios fueron cuestionados sobre los demás problemas que ha causado el severo deterioro ambiental de la región, no supieron responder, pues durante las reuniones que desde hace dos meses llevan a cabo sin la participación de la gente de El Salto y Juanacatlán, sólo contemplaron la contaminación del río Santiago como el factor que ha degradado la salud de los habitantes.
Los integrantes de Un Salto de Vida y Juanacatlán en Acción revelan que, además de las sustancias que ensucian el río, que según un estudio de la CEA provocan niveles de toxicidad elevados, los problemas de contaminación también se generan en el basurero que actualmente opera en la zona, y que, según otro estudio de la Comisión Estatal del Agua, libera hasta 19 litros de lixiviados por segundo.
Las historias sobre la devastación de la zona se agolpan en la memoria de los habitantes de estas dos comunidades, todos recuerdan o han oído hablar de situaciones que han causado daños a la salud de otros y en la propia, como la fuga de gas cloro que a principios de 2006 ocurrió en una de las empresas del corredor industrial, o el día en que una productora de sales de ajo provocó que todo el día oliera a “camarones al mojo de ajo” que después de horas hizo vomitar a muchos.
Aquí, hablar de la gente que murió a causa del cáncer es común, comenta uno de los activistas. “Cuando alguien fallece es normal preguntar y que te digan que fue el cáncer, pero eso no se documenta porque en el acta de defunción ponen que fue por paro cardiaco o falla renal o cualquier cosa, pero no se dice que fue por cáncer”.
Además de la contaminación, los habitantes de El Salto y Juanacatlán se ven amenazados por los riesgos de vivir en una zona llena de industrias cuya materia prima son sustancias peligrosas. Así lo demuestran algunos estudios hechos por investigadores o las mismas autoridades, pero cuya socialización aún está pendiente.
A lo largo de varios años, Un Salto de Vida ha documentado gran número de casos que se conectan entre sí y ponen de manifiesto que las autoridades de diferentes niveles han fallado en sus políticas ambientales. Poco a poco conforman un grueso expediente y comienzan a organizarse para difundir el problema y tratar de solucionarlo.
Por ahora, en lo inmediato, trabajan en una estrategia para advertir a las personas sobre los daños que les puede causar el sólo hecho de cruzar el puente sobre el río y cómo pueden disminuir los riesgos.
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miércoles, agosto 08, 2007
La CEA no ha informado si Temacapulín desaparecerá al ampliarse El Zapotillo
Aun con la construcción de diques, la afectación sería inevitable
La Comisión Estatal del Agua no ha precisado cuáles serán las poblaciones que quedarán sumergidas en el vaso de la presa El Zapotillo, que surtirá de agua a la ZMG y a León, Guanajuato. No obstante, el poblado de Temacapulín –en la imagen– será afectado con el proyecto hidrológico, por lo que deberán construirse diques que eviten inundaciones en caso de que la comunidad no sea desaparecida con la construcción de la presa Foto: LA JORNADA JALISCO
JUAN CARLOS G. PARTIDA
Como quedó claro desde que la semana pasada se dio a conocer el proyecto de ampliación de la presa en El Zapotillo, lo último que parece importar al gobierno estatal y federal es el destino que tendrán las poblaciones que pudieran salir afectadas y desaparecer bajo las aguas –al menos cuatro– en una región dentro de los municipios de Cañadas de Obregón y Mexticacán.
La Comisión Estatal del Agua (CEA), una semana después del anuncio realizado en Casa Jalisco por el director de la Comisión Nacional del Agua, continúa sin revelar si, por ejemplo, Temacapulín terminará su historia convertida en un destino turístico submarino.
Aún con el proyecto original de El Zapotillo, Temacapulín resultaría con perjuicios y se haría necesaria la construcción de diques de al menos diez metros de altura en previsión de inundaciones durante la creciente del río Verde o por temporales atípicos, lo que desde 2005 suscitó amplias protestas de la población que devinieron en amparos el año pasado.
Pero con la ampliación de la cortina de 80 a 105 metros, un almacenaje de agua que prácticamente se duplicará al pasar de 411 a 860 millones de metros cúbicos, la afectación será inevitable aún con diques.
En la CEA, su coordinador de Cuencas, Héctor Castañeda, evitó revelar si Temacapulín correrá la misma suerte que la comunidad de Acasico, en Mexticacán, o Palmarejo, en Cañadas de Obregón, que ésas, sí está totalmente probado que para hacer la presa, deberán antes desalojar los poblados porque quedarán debajo del agua.
Castañeda sólo explicó que se encuentran en fase de evaluación en conjunto con la Conagua para determinar cuáles son las poblaciones que “eventualmente se tendrían que afectar con esta área a inundarse adicional”.
El desconocimiento del funcionario coincide con el del director del CEA, César Coll Carabias; del gobernador Emilio González Márquez, y hasta del director de la Conagua, José Luis Luege Tamargo, quienes fueron consultados durante el anuncio de la ampliación sobre las poblaciones que saldrían afectadas y ninguno lo pudo señalar con certeza.
Desde la conquista, en el año 1531, en que llegaron los españoles a Temacapulín, ya existían pobladores indígenas que fueron expulsados o sometidos por la monarquía, que codiciaba el fértil valle alteño rico en aguas termales, que contaba con la ventaja adicional del río cercano.
Por su antigüedad, durante todo el dominio español Temacapulín fue cabecera de esa comarca en la que se incluye Mexticacán, Valle de Guadalupe y Cañadas de Obregón. Desde 1860, el lugar cuenta con Registro Civil y a principios del siglo pasado vivió ahí el sacerdote y poeta Alfredo R. Plascencia, una de cuyas obras dio a conocer uno de los principales atractivos del lugar, el llamado Cristo de Temaca, que se encuentra en uno de los cerros entre los que se asienta la comunidad.
Aunque actualmente la población de Temaca no excede los mil habitantes, esto se debe en gran medida a la fuerte migración de sus habitantes, fenómeno recurrente a lo ancho de Jalisco debido a las pocas oportunidades de un trabajo bien remunerado.
La Comisión Estatal del Agua no ha precisado cuáles serán las poblaciones que quedarán sumergidas en el vaso de la presa El Zapotillo, que surtirá de agua a la ZMG y a León, Guanajuato. No obstante, el poblado de Temacapulín –en la imagen– será afectado con el proyecto hidrológico, por lo que deberán construirse diques que eviten inundaciones en caso de que la comunidad no sea desaparecida con la construcción de la presa Foto: LA JORNADA JALISCOJUAN CARLOS G. PARTIDA
Como quedó claro desde que la semana pasada se dio a conocer el proyecto de ampliación de la presa en El Zapotillo, lo último que parece importar al gobierno estatal y federal es el destino que tendrán las poblaciones que pudieran salir afectadas y desaparecer bajo las aguas –al menos cuatro– en una región dentro de los municipios de Cañadas de Obregón y Mexticacán.
La Comisión Estatal del Agua (CEA), una semana después del anuncio realizado en Casa Jalisco por el director de la Comisión Nacional del Agua, continúa sin revelar si, por ejemplo, Temacapulín terminará su historia convertida en un destino turístico submarino.
Aún con el proyecto original de El Zapotillo, Temacapulín resultaría con perjuicios y se haría necesaria la construcción de diques de al menos diez metros de altura en previsión de inundaciones durante la creciente del río Verde o por temporales atípicos, lo que desde 2005 suscitó amplias protestas de la población que devinieron en amparos el año pasado.
Pero con la ampliación de la cortina de 80 a 105 metros, un almacenaje de agua que prácticamente se duplicará al pasar de 411 a 860 millones de metros cúbicos, la afectación será inevitable aún con diques.
En la CEA, su coordinador de Cuencas, Héctor Castañeda, evitó revelar si Temacapulín correrá la misma suerte que la comunidad de Acasico, en Mexticacán, o Palmarejo, en Cañadas de Obregón, que ésas, sí está totalmente probado que para hacer la presa, deberán antes desalojar los poblados porque quedarán debajo del agua.
Castañeda sólo explicó que se encuentran en fase de evaluación en conjunto con la Conagua para determinar cuáles son las poblaciones que “eventualmente se tendrían que afectar con esta área a inundarse adicional”.
El desconocimiento del funcionario coincide con el del director del CEA, César Coll Carabias; del gobernador Emilio González Márquez, y hasta del director de la Conagua, José Luis Luege Tamargo, quienes fueron consultados durante el anuncio de la ampliación sobre las poblaciones que saldrían afectadas y ninguno lo pudo señalar con certeza.
Desde la conquista, en el año 1531, en que llegaron los españoles a Temacapulín, ya existían pobladores indígenas que fueron expulsados o sometidos por la monarquía, que codiciaba el fértil valle alteño rico en aguas termales, que contaba con la ventaja adicional del río cercano.
Por su antigüedad, durante todo el dominio español Temacapulín fue cabecera de esa comarca en la que se incluye Mexticacán, Valle de Guadalupe y Cañadas de Obregón. Desde 1860, el lugar cuenta con Registro Civil y a principios del siglo pasado vivió ahí el sacerdote y poeta Alfredo R. Plascencia, una de cuyas obras dio a conocer uno de los principales atractivos del lugar, el llamado Cristo de Temaca, que se encuentra en uno de los cerros entre los que se asienta la comunidad.
Aunque actualmente la población de Temaca no excede los mil habitantes, esto se debe en gran medida a la fuerte migración de sus habitantes, fenómeno recurrente a lo ancho de Jalisco debido a las pocas oportunidades de un trabajo bien remunerado.
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