El Congreso debe iniciar juicio político contra Molinar: Di Costanzo

• Cuestionan entrega de espectro a empresa que ya tiene un segmento importante de televisión
• Se da una pésima señal a los mercados; es un retroceso, asevera académico del ITAM

Periódico La Jornada
Domingo 3 de octubre de 2010, p. 24

La entrega del título de concesión a Nextel-Televisa es una flagrante violación a la ley y es la mejor muestra de que en México cada vez más nos alejamos de un estado de derecho y esto va a tener repercusiones muy serias hacia 2012, opinó Mario di Costanzo, diputado federal por el Partido del Trabajo.

"Para mí es ya un anuncio de que va a ver una intromisión tremenda de Televisa y de Felipe Calderón en el proceso electoral de 2012 y puede llegar a descarrilarse", alertó Di Costanzo Armenta.

El legislador explicó que hay una orden del juzgado 16 del séptimo circuito en materia federal, ubicado en Córdoba, Veracruz, el cual ordenó una suspensión provisional en contra de la entrega de la concesión por lo que ante todo incurre el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar, en un desacato.

Es una decisión tan ilegítima que de cinco comisionados, prácticamente uno fue el que votó a favor: Rafael del Villar votó en contra de las propuestas económicas; José Luis Peralta, quien votó en contra de las bases de licitación; Ernesto Gil Elorduy se abstuvo, entre otros, y el comisionado presidente Mony de Swan ha sido severamente cuestionado, añadió el petista.

Además, hay una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación y un exhorto de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados para que se suspendiera la entrega de estos certificados, entonces es un desacato completo de Molinar Horcasitas, dijo el legislador.

"Creo que lo menos que puede hacer el Congreso es iniciar un juicio político contra este señor (Juan Molinar) en virtud de que está desacatando la ley y ahora si se consuma un daño patrimonial a la nación y a las finanzas públicas, por lo que ahora sí podrá proceder el auditor superior de la Federación por este acto consumado", consideró el diputado.

Mario Di Costanzo consideró que el Congreso tiene dos herramientas en este momento para invalidar la entrega de estas concesiones: Hay una solicitud de juicio político contra Molinar Horcasitas y la segunda es apurar el proceso de controversia por el caso Mony de Swan como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Estos dos caminos dependen del Congreso y a su vez dependen de que el PRI, con mayoría, quiera ir adelante con esta acción. "Si el PRI no quiere actuar entonces Juan Molinar ya la libró y si quiere actuar pues esta licitación se puede echar abajo".

Raúl Trejo Delarbre, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), dijo a La Jornada que esta decisión debe ser sorprendente para los diputados pues mientras ayer en la Comisión de Comunicaciones en San Lázaro escuchaban al secretario Juan Molinar y decía que esperaba que se desahogaran los litigios judiciales, por otro lado se estaban entregando los títulos de manera subrepticia.

"Ésta es una más de las inconsecuencias y uno más de los engaños del maestro Juan Molinar, pero no es la más importante porque el hecho más grave sigue siendo la entrega a Televisa y Nextel a una empresa que ya ocupa un segmento muy importante de la televisión y a otra empresa los 30 megahercios a un precio por abajo del mercado".
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Empleados en una antena de telecomunicaciónFoto La Jornada

Reclamo a Felipe Calderón

Trejo Delarbre aseguró que esta decisión de la SCT no termina el litigio y es un paso más en un asunto que se ha prolongado y complicado demasiado por la decisión de las autoridades del gobierno federal. "Ahora que se haga la entrega formal de las concesiones creo que habrá una vía más expedita para que se desahoguen los recursos legales y administrativos que ayer (viernes) en la Cámara de Diputados anunció el diputado Javier Corral".

El presidente de la Amedi dijo que la Cofetel queda maltratada, como un organismo poco independiente y "deploró el silencio y la complicidad de todos los consejeros". Esta decisión de entregar a precio de "ganga" es una decisión que tenemos que atribuir y que debemos de reclamar al presidente de la República, Felipe Calderón. Por otro lado, dijo, que "Iusacell, propiedad de Tv Azteca y del Grupo Salinas, es una empresa poco afecta a cumplir con la ley y no debemos dejarnos engañar por los reclamos de Iusacell y Tv Azteca, porque una y otra vez han llegado a transgredir la ley". Recordó el caso de canal 40, por lo que, dijo, no son los actores sociales ni los intereses empresariales más idóneos para reivindicar la legalidad”.

Gerardo Soria, ex comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), opinó: “Me parece que la licitación 21 estuvo mal diseñada. Desconozco si voluntariamente o por descuido, pero en todo caso es una falla atribuible a la burocracia y no a los competidores.

"Creo que en este caso, para variar, el gobierno queda mal con todos y manda señales desfavorables a los inversionistas respecto la certeza y seguridad jurídica que deben imperar en México".

Ramiro Tovar, consultor en regulación y competencia económica y profesor del ITAM, afirmó: “Se genera una pésima señal a los mercados dado que se ha subordinado a un organismo regulador a decisiones de política de telecomunicaciones en retroceso a un entorno de apertura y libre concurrencia por lo que ahora se regresa, en forma evidente, que el factor clave para las empresas es el posicionamiento en el escenario político y no la efectividad como competidores en los mercados.

"La señal del Ejecutivo federal es que la regulación es un instrumento de distribución de privilegios y no una salvaguarda de las libertades de competir".

Jorge Fernando Negrete, director de la consultoría Mediatelecom, señaló que la entrega de los títulos de la licitación 21, lejos de ser un instrumento que obsequie certidumbre jurídica, estabilidad de las políticas de Estado en materia de comunicación, garantía de los derechos a la información y a la cultura del estímulo y promoción de la industria para generar empleos, así como de la legítima intervención del Estado en la regulación del mercado, ha pasado a ser un ejemplo claro de invitación al conflicto, falta de liderazgo, de visión, de claridad y de la construcción profunda –casi deliberada– de un sistema de políticas sustentadas en la ocurrencia y la improvisación”.

fuente

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