Por Daniela Pastrana
MÉXICO, 2 jul (IPS) - Desde el asesinato el lunes 28 de junio de Rodolfo Torre Cantú, el candidato con más posibilidades de ganar las elecciones de este domingo en Tamaulipas, las palabras "narcopolítica", "colombianización" y hasta "narcocracia" se reproducen por todo México, ya sea en columnas políticas, noticieros o comentarios de bares.
"Nada más falta que maten a un futbolista", comentó el martes un oficinita de la ciudad de México tras leer los títulos de prensa, en referencia al caso de Andrés Escobar, el jugador de la selección de Colombia que fue asesinado, presuntamente por orden de mafias, tras regresar a su país después de hacer un gol en contra en el torneo mundial de 1994 en Estados Unidos.
"Al presidente (mexicano Felipe Calderón) se le han olvidado los problemas sociales. Está tan metido en esa mentada guerra que no sé a dónde vamos a parar", dijo Sergio Torres, taxista de la exclusiva colonia Polanco.
Sin embargo, para el colombiano Álvaro Sierra es aún temprano para asegurar que el asesinato de Torre Cantú marca el inicio de una tendencia.
"En términos de la relación entre los ‘narcos’ y la política, México y Colombia son mundos aparte", insistió este profesor asociado de la Universidad para la Paz en Costa Rica, entrevistado por IPS vía correo electrónico.
Sierra aclaró, empero, que "hay que estar atentos", pues en un contexto de ofensiva dura del Estado contra los grupos de traficantes "no es de descartar que éstos opten por atacar a personalidades del país o extranjeras".
Torre Cantú, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), tenía el triunfo en la mano, según las encuestas, para ser gobernador del oriental estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos. El 28 de junio fue emboscado junto con ocho colaboradores en Ciudad Victoria, capital del estado, a plena luz del día y cuando se dirigía a un acto de cierre de campaña.
Es el asesinato político de mayor repercusión desde la muerte en 1994 del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en un acto electoral en Tijuana.
Más de un analista local ha comparado la violencia política de los últimos meses con la de ese año, que comenzó con la presentación pública del insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el sureño estado de Chiapas y terminó con el asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, en la capital de México.
La diferencia con la violencia política de 1994 y de los años 70, cuando la guerrilla izquierdista secuestró al gobernador del estado de Guerrero, Rubén Figueroa, es ahora el grado de intervención del crimen organizado, dijo a IPS Jorge Luis Sierra, periodista mexicano especializado en asuntos militares y de seguridad nacional.
"Eso le da una dimensión totalmente distinta", indicó. "Hemos entrado en una fase de violencia que fue alimentada por la impunidad que ha marcado la política en México por décadas y ahora está cobrando rostros que no sospechamos, y el país está sin herramientas para enfrentarla", criticó.
La estrategia contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Calderón ha sumado más de 22.000 muertos en tres años.
Pero este domingo no sólo se realizan elecciones en Tamaulipas sin en otros 14 estados de este país con 107 millones de habitantes. En 12 de esos distritos se eligen gobernadores.
"En los 12 estados donde se renovarán los gobernadores están implicadas rutas del narcotráfico", explicó a IPS Martín Barrón, investigador del gubernamental Instituto Nacional de Ciencias Penales. "Esto genera un reacomodo porque de algún modo tratan de proteger su negocio".
Los comicios vienen precedidos por meses de violencia y escándalos de narcopolítica. Este domingo cumplirá 50 días secuestrado el ex senador Diego Fernández de Cevallos, uno de los dirigentes más poderosos del país y miembro del gobernante y conservador Partido Acción Nacional (PAN).
En la antesala, hay dos candidatos a gobernadores detenidos: Martín Orozco, postulado por el PAN en Aguascalientes, y Gregorio Sánchez, que representa a una coalición izquierdista en Quintana Roo. El primero está imputado de tráfico de influencias y el segundo de relación al narcotráfico y a la delincuencia organizada.
A ellos se agrega César Duarte, candidato del PRI en Chihuahua, inmerso en un escándalo por viajar en el avión privado del empresario Jaime Galván, detenido esta semana en Estados Unidos por lavado de dinero.
El cuadro lo completan una docena de dirigentes políticos locales o familiares cercanos asesinados entre abril y junio, entre ellos un candidato a alcalde en Tamaulipas y un alcalde en funciones en Chihuahua, así como los ataques con bombas molotov a las oficinas de los tres principales partidos de Sinaloa.
"El crimen organizado está adentro del poder público. Estos atentados pueden leerse como enfrentamientos entre grupos de interés (de narcotraficantes y políticos) enfrentados a otros grupos de interés antagonistas", dijo Jorge Luis Sierra.
En México, la llamada narcopolítica existe desde hace 80 años, explicó, pero la creencia del gobierno de Calderón de que la violencia estaba ocurriendo sólo en las filas de los narcotraficantes y que la sociedad estaba a salvo, provocó esta escalada.
Además, "el gobierno creyó que cada narcotraficante ejecutado por otro narcotraficante era un enemigo menos, y permitió que la espiral de violencia creciera", puntualizó.
En el corto plazo, el escenario mexicano parece complicarse aun más. La reacción del gobierno es "débil", de "una enorme incapacidad para comprender lo que pasa, con la guardia baja y sin muestras de pensar en los peores escenarios", dijo Jorge Luis Sierra.
Para Barrón, la única certeza de la respuesta oficial es "que va a haber más muertos". Y, peor aún, que no va a haber culpables de los crímenes.
"De acuerdo con los números oficiales en los últimos nueve años han sido detenidas casi 150.000 personas relacionadas con el crimen organizado, pero en las cárceles mexicanas hay 230.000 presos y 80 por ciento de ellos están por robo. ¿Dónde están los detenidos relacionados a las mafias?"
Por lo pronto, es posible que este domingo el miedo gane las elecciones.
"Yo no voy a votar", dijo vía telefónica desde Ciudad Victoria un periodista que pide que sus datos se mantengan en reserva. "La presencia del ejército no garantiza nada, al contrario, se puede poner más loco esto", añadió.
Esta persona tiene a su familia afuera del estado. El diario donde trabaja ya había confeccionado páginas de adelanto con la victoria del candidato priísta y la noticia del asesinato impactó a todos.
"Nadie quiere salir de sus casas, y la llegada de los marinos y los soldados pone todo más tenso. No ves gente en la calle. Esto es como un pueblo fantasma", detalló. (FIN/2010)
"Al presidente (mexicano Felipe Calderón) se le han olvidado los problemas sociales. Está tan metido en esa mentada guerra que no sé a dónde vamos a parar", dijo Sergio Torres, taxista de la exclusiva colonia Polanco.
Sin embargo, para el colombiano Álvaro Sierra es aún temprano para asegurar que el asesinato de Torre Cantú marca el inicio de una tendencia.
"En términos de la relación entre los ‘narcos’ y la política, México y Colombia son mundos aparte", insistió este profesor asociado de la Universidad para la Paz en Costa Rica, entrevistado por IPS vía correo electrónico.
Sierra aclaró, empero, que "hay que estar atentos", pues en un contexto de ofensiva dura del Estado contra los grupos de traficantes "no es de descartar que éstos opten por atacar a personalidades del país o extranjeras".
Torre Cantú, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), tenía el triunfo en la mano, según las encuestas, para ser gobernador del oriental estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos. El 28 de junio fue emboscado junto con ocho colaboradores en Ciudad Victoria, capital del estado, a plena luz del día y cuando se dirigía a un acto de cierre de campaña.
Es el asesinato político de mayor repercusión desde la muerte en 1994 del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en un acto electoral en Tijuana.
Más de un analista local ha comparado la violencia política de los últimos meses con la de ese año, que comenzó con la presentación pública del insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el sureño estado de Chiapas y terminó con el asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, en la capital de México.
La diferencia con la violencia política de 1994 y de los años 70, cuando la guerrilla izquierdista secuestró al gobernador del estado de Guerrero, Rubén Figueroa, es ahora el grado de intervención del crimen organizado, dijo a IPS Jorge Luis Sierra, periodista mexicano especializado en asuntos militares y de seguridad nacional.
"Eso le da una dimensión totalmente distinta", indicó. "Hemos entrado en una fase de violencia que fue alimentada por la impunidad que ha marcado la política en México por décadas y ahora está cobrando rostros que no sospechamos, y el país está sin herramientas para enfrentarla", criticó.
La estrategia contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Calderón ha sumado más de 22.000 muertos en tres años.
Pero este domingo no sólo se realizan elecciones en Tamaulipas sin en otros 14 estados de este país con 107 millones de habitantes. En 12 de esos distritos se eligen gobernadores.
"En los 12 estados donde se renovarán los gobernadores están implicadas rutas del narcotráfico", explicó a IPS Martín Barrón, investigador del gubernamental Instituto Nacional de Ciencias Penales. "Esto genera un reacomodo porque de algún modo tratan de proteger su negocio".
Los comicios vienen precedidos por meses de violencia y escándalos de narcopolítica. Este domingo cumplirá 50 días secuestrado el ex senador Diego Fernández de Cevallos, uno de los dirigentes más poderosos del país y miembro del gobernante y conservador Partido Acción Nacional (PAN).
En la antesala, hay dos candidatos a gobernadores detenidos: Martín Orozco, postulado por el PAN en Aguascalientes, y Gregorio Sánchez, que representa a una coalición izquierdista en Quintana Roo. El primero está imputado de tráfico de influencias y el segundo de relación al narcotráfico y a la delincuencia organizada.
A ellos se agrega César Duarte, candidato del PRI en Chihuahua, inmerso en un escándalo por viajar en el avión privado del empresario Jaime Galván, detenido esta semana en Estados Unidos por lavado de dinero.
El cuadro lo completan una docena de dirigentes políticos locales o familiares cercanos asesinados entre abril y junio, entre ellos un candidato a alcalde en Tamaulipas y un alcalde en funciones en Chihuahua, así como los ataques con bombas molotov a las oficinas de los tres principales partidos de Sinaloa.
"El crimen organizado está adentro del poder público. Estos atentados pueden leerse como enfrentamientos entre grupos de interés (de narcotraficantes y políticos) enfrentados a otros grupos de interés antagonistas", dijo Jorge Luis Sierra.
En México, la llamada narcopolítica existe desde hace 80 años, explicó, pero la creencia del gobierno de Calderón de que la violencia estaba ocurriendo sólo en las filas de los narcotraficantes y que la sociedad estaba a salvo, provocó esta escalada.
Además, "el gobierno creyó que cada narcotraficante ejecutado por otro narcotraficante era un enemigo menos, y permitió que la espiral de violencia creciera", puntualizó.
En el corto plazo, el escenario mexicano parece complicarse aun más. La reacción del gobierno es "débil", de "una enorme incapacidad para comprender lo que pasa, con la guardia baja y sin muestras de pensar en los peores escenarios", dijo Jorge Luis Sierra.
Para Barrón, la única certeza de la respuesta oficial es "que va a haber más muertos". Y, peor aún, que no va a haber culpables de los crímenes.
"De acuerdo con los números oficiales en los últimos nueve años han sido detenidas casi 150.000 personas relacionadas con el crimen organizado, pero en las cárceles mexicanas hay 230.000 presos y 80 por ciento de ellos están por robo. ¿Dónde están los detenidos relacionados a las mafias?"
Por lo pronto, es posible que este domingo el miedo gane las elecciones.
"Yo no voy a votar", dijo vía telefónica desde Ciudad Victoria un periodista que pide que sus datos se mantengan en reserva. "La presencia del ejército no garantiza nada, al contrario, se puede poner más loco esto", añadió.
Esta persona tiene a su familia afuera del estado. El diario donde trabaja ya había confeccionado páginas de adelanto con la victoria del candidato priísta y la noticia del asesinato impactó a todos.
"Nadie quiere salir de sus casas, y la llegada de los marinos y los soldados pone todo más tenso. No ves gente en la calle. Esto es como un pueblo fantasma", detalló. (FIN/2010)
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