Foto: CRISTINA RODRIGUEZAgricultores de diferentes organizaciones bloquean el paso de camiones de carga en el puente internacional Córdoba-Las Américas, en la frontera México-Estados Unidos
* Anuncian su adhesión al movimiento contra la apertura agrícola que encabeza López Obrador
* El gobierno federal sigue favoreciendo a los acaparadores, denuncian productores de granos
* Riesgo de que el maíz transgénico contamine la producción nacional, advierte Ana de Ita
* En los hechos, la CNC no es combativa; se somete a los intereses políticos, apunta la investigadora
* Más de 10 mil campesinos de la Ciénega se sumarán a la lucha contra el acuerdo
Sería importante que los agricultores de Jalisco, uno de los principales estados productores de granos en el país, hicieran frente común con los grupos que se organizan para tratar de convencer al gobierno federal de que renegocie el capítulo agrario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), indicó Ana de Ita, investigadora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam); sin embargo, la poca tradición de organización independiente en el campo jalisciense hace que las movilizaciones sociales que con este motivo se realizan en algunos puntos de la República, pasen prácticamente inadvertidas por aquí.
La investigadora recuerda que uno de los movimientos más interesantes de organizaciones campesinas que se agruparon de forma independiente en Jalisco se dio a principios de los 90, cuando pequeños productores de granos básicos y maiceros de Ameca, El Grullo y Cuquío se integraron a la Comercializadora Agropecuaria de Occidente (Comagro), que finalmente no pudo soportar la crisis económica de 1995 y sucumbió, obligando a los más de 600 mil jefes de familia que la conformaban a regresar a sus antiguas centrales campesinas, como la Confederación Nacional (CNC).
En su opinión, con la entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLCAN, no hay ninguna posibilidad de protección para los campesinos del país, pues aunque la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) confía en que el alto costo de los granos con que se producen biocombustibles impida que el mercado mexicano se inunde con productos importados de bajísimo costo, nada garantiza que esto no suceda.
En su artículo titulado Catorce años del TLCAN y la crísis de la tortilla de maíz, De Ita señala que “los diseñadores de las políticas neoliberales parten del supuesto de que el aumento del comercio internacional provoca un mayor desarrollo económico y que la apertura comercial resulta en ganancias para todos los actores si se especializan en las áreas en las que tienen ventajas comparativas. Sin embargo, las profundas asimetrías de la agricultura mexicana frente a la de Estados Unidos y la de Canadá provocan que en términos generales los principales sectores productivos de granos básicos y oleaginosas, ganado, con excepción de aves y forestal, no tengan ninguna ventaja frente a los de sus competidores”.
Su percepción es la de que los precios de los granos se deprimirán cuando Estados Unidos encuentre otra forma de producir energía y los biocombustibles no representen la opción que hoy parecen ser; entonces –dice– la entrada de productos agrícolas de bajo costo (debido a los avanzados sistemas de producción que hay en Estados Unidos y Canadá) será inminente y los campesinos locales no tendrán forma de competir.
Otro punto débil de este tratado tiene que ver con los grandes huecos que hay en la Ley de Bioseguridad del país, pues no hay manera de garantizar que el maíz transgénico que entra a México desde Estados Unidos (donde 60 por ciento de la producción de maíz se altera genéticamente) no contamine la producción nacional.
La investigadora del Ceccam señaló que la CNC ha sido una organización que declarativamente parece defender los intereses de sus agremiados; sin embargo, en los hechos no es combativa y se somete a los intereses políticos.
Reiteró la importancia de las movilizaciones que intentan obligar la renegociación de este capítulo del TLCAN, donde organizaciones como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca) y otras organizaciones civiles y de derechos humanos, piden que al menos el maíz y el frijol se mantengan fuera del tratado comercial.
Mantener estos dos productos fuera –indica De Ita– sería una forma de protección al productor nacional, pues más de la mitad de la superficie agrícola del país se destina a la producción de maíz y hay una gran cantidad de pequeños agricultores que siembran frijol y no tienen otra opción de producción.
Finalmente opinó que este capítulo del TLCAN sólo beneficiará a las grandes empresas como Maseca, Minsa, Cargill, Arancia y Archer Daniels Midland, que desde la desaparición de Conasupo (Compañía Nacional de Subsistencias Populares) son quienes controlan la comercialización del maíz e imponen condiciones a los productores, ya que se encargan tanto de la importación como exportación de este grano en el país.
fuente
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
