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jueves, marzo 11, 2010

Las mujeres políticas de siempre

Sara Lovera

MÉXICO, D.F., 11 de marzo (apro).- El materialismo dialéctico es un método de pensamiento y de análisis de la realidad, que nos enseñó a tomar de los acontecimientos sus experiencias para no repetir errores, para trascender y atarse a una espiral ascendente.

Hace una década, una destacada analista feminista mexicana me dijo que el espacio intocado, donde las mujeres no pueden entrar, es el espacio del poder real, porque ese es de los hombres, su infinita postura conservadora y patriarcal, sus intereses y sus modos de hacer.

Durante años escuché que las mujeres podríamos, juntas, hacer otro tipo de política. Por ello, durante momentos importantes y coyunturas precisas desde finales de los años 30, con el Frente Pro Derechos de la Mujer, las mexicanas iniciamos un largo proceso de convergencias, varias para acordar estrategias comunes en pos de nuestras necesidades y por la emancipación de todas las mujeres.

Recuerdo al menos ocho o 10 en los últimos 40 años: Coalición de Mujeres Feministas; Frente por la Liberación y los Derechos de la Mujer; Red de Feministas; Coordinadora Feminista del Distrito Federal; Coordinadora Benita Galeana; Asamblea Nacional de Mujeres, que derivó en el Parlamento de Mujeres; Avancemos un Trecho Más; Constituyente Feminista por la Reforma del Estado; Grupo De la A a la Z; Grupo Plural Pro Víctimas, y otros intentos.

Como resultado de estas experiencias, producto de acontecimientos y acciones de la vida nacional, se elaboró un Plan de Igualdad, que recibieron los candidatos en el proceso electoral de 1994. En el 2000, con serios intentos plurales, se reunieron mujeres libres, mujeres políticas, legisladoras y grupos feministas, en diferentes iniciativas.

Así, en el tiempo se obtuvieron cambios en muchas leyes, algunas no poco importantes, políticas públicas e instituciones.

No obstante, el lugar de la política, siempre excluyente y masculina, nos expulsó una y otra vez. Tal vez por eso en 1998-99, un puñado de mujeres decidió crear un partido político teñido de política feminista: México Posible. Más tarde, esas mismas mujeres que perdieron su registro en el año 2000 insistieron y crearon el Partido Alternativa Social Demócrata, y varias agrupaciones políticas nacionales nacieron cuando ello fue posible y legal.

La demanda y la lucha no han cesado. Recientemente, ante el embate conservador, nació el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, de mirada profunda y altiva frente a un proceso que atenta con generar y mantener una tremenda regresión a los avances que parecían reales, legales, libertarios y democráticos.

Los dos ensayos de partidos políticos con mirada feminista fueron tremendamente derrotados porque, como dice una de sus liderezas, se tuvo que enfrentar a los políticos de siempre.

Las mujeres quieren estar en política, sin duda, no importa lo que ello signifique en principios, incluso posponiendo programas y horizontes.

Hay mujeres políticas, muchas aliadas de estas miradas de largo aliento que se quedan en el espacio masculino y lo intentan, una y otra vez. No obstante, no se ha podido materializar eso que se llama hacer política de otra manera.

En el centenario del 8 de marzo, una emblemática fecha que coincide con el bicentenario nacional de independencia y el centenario de la revolución, nuevamente hay quienes intentan caminar los senderos ya probados, con las mismas tácticas, llevando a cuestas métodos patriarcales y la misma mirada, la que concede, la que calla y omite el tamaño de nuestro momento, donde se yergue un inmenso dique a todas las antiguas agendas o programas.

En esta hora no se puede ocultar el significado de vivir con un gobierno autoritario y semi militarizado ni las cifras ominosas del feminicidio que superan a las 2 mil caídas anualmente.

Hoy, la avalancha fundamentalista criminaliza lo mismo la protesta social con el encarcelamiento y persecución de sus dirigentes femeninas, que a las indígenas totonacas de Veracruz o las campesinas de Guanajuato por interrumpirse un embarazo legalmente.

Los partidos y sus dirigentes, los aparatos electorales, las reformas de papel, son elementos de un sistema que parece cerrar todas sus puertas a intentos legítimos de colocarse en la elite del poder.

Por ello, llama poderosamente la atención el relanzamiento de tres políticas que en nombre de las mujeres anuncian un movimiento en la coyuntura de la nueva Reforma Política, opaca y poco creíble, sin hondura y armada desde el poder. Poder que no deja avanzar la emancipación de las mujeres.

Llama la atención el discurso de antaño, de conmiseración por las mujeres pobres, sin importar el control de su cuerpo y de sus vidas por el Estado, no por su marido únicamente.

Llama la atención el llamado de Las Insurgentes por la independencia femenina, un juego de palabras del bicentenario, sin mujeres, porque las mujeres en México, a pesar de todo, no hemos logrado conformar una masa crítica vigorosa y real ni un conglomerado capaz de defender los derechos inscritos en las numerosas legislaciones.

Llama la atención la oportunidad electoral o electorera de la nueva iniciativa, mientras continúa el avance del oprobio y la minusvalía de las mujeres, desde las acciones del gobierno actual y de numerosos gobiernos locales, de diputados y diputadas sin vergüenza y fundamentalistas, de los que no hablan.

Mientras, se pisotea el Estado laico y se conspira contra la democracia. No hallé una sola mención a estos problemas en la invitación a unirse a Las Insurgentes, cuya carta de presentación es por lo menos inocua.

A cien años del llamado transformador y potente de Clara Zetkin, algo tendríamos que aprender de las experiencias, de los acontecimientos, del contexto nacional donde podrían moverse las experimentadas mujeres que tantos ensayos han hecho para llegar al poder y revisar críticamente su propia actuación.

Ahora toca sacar a las presas de las cárceles, difundir qué significa ser presa de conciencia, defender los derechos humanos fundamentales de las mujeres, oponerse con todas sus palabras a la represión sistemática y buscar que las almas y las cabezas de las mujeres realmente se transformen.

Toca otra cosa, no convivir de nueva cuenta, como diría aquella amiga, con los políticos y las mujeres políticas de siempre.

saralovera@yahoo.com.mx

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2010::

viernes, octubre 19, 2007

Derechos humanos a la Constitución

sara lovera lópez - proceso

México, D.F., 15 de octubre (apro-cimac).- Una reforma profunda a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos ha sido propuesta por la senadora Rosario Ibarra de Piedra, empezando por el artículo primero que sustituiría las garantías individuales por derechos humanos.

Se trata de un meticuloso examen de la Constitución para renovarla y ponerla al día en el concierto internacional, en el cual la jerarquía de los tratados internacionales esté por encima y se evite cualquier interpretación.

La reforma a 6 artículos de la Constitución y la adición a dos centrales como el 20 y 133, son, como propuesta, una verdadera revolución que pondrá frente al espejo a políticos que se llenan la boca de respetos y declaraciones vacías. Deja atrás parches inoperantes y revisa armonizando todos los detalles.

Si la propuesta se aprobara, en México la carta magna recogería y haría congruente al siglo XXI la exigencia de que cese el abuso, la tortura, la desaparición forzada, el genocidio y cualquier otro acto que atente contra la dignidad humana. Eso incluye el horrendo panorama de la violencia feminicida en México y combatiría desde la Constitución la impunidad.

Se trata de una reforma a 6 artículos fundamentales y la adición a dos centrales, como lo son el 20 y el 133 de nuestra Constitución.

La propuesta de la senadora Ibarra de Piedra, atiende, como dice la exposición de motivos el nuevo contexto político y social y evidencia la urgencia de decir desde el artículo 1 que en este país se aseguran los Derechos Humanos, más allá de algunos de sus aspectos como la discriminación o la prohibición de la esclavitud.

El artículo 1 diría: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, así como de las garantías establecidas para su protección.

“Las normas protectoras de las personas contenidas en los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional y prevalecen sobre el derecho interno en la medida en que confieran una mayor protección a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos humanos.”

Para las mujeres la reforma propuesta sería una garantía central para hacer efectivas leyes generales que por falta de un asidero constitucional son por ahora inaplicables en tanto que se contradicen con leyes secundarias, vericuetos en códigos penales y confusión respecto de la doctrina de 1857 relativa a una imperfecta visión, entonces sólo liberal y denominada como garantías individuales.

La riqueza de la propuesta incluye desaparecer del artículo 13 el “fuero de guerra”, para evitar que los militares no sean juzgados por la justicia civil; garantizará mediante una adición al artículo 20, la protección efectiva de las víctimas; evitará que los delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura sean prescriptibles.

Adelantamos desde ahora que esta propuesta que pone a prueba al Congreso de la Unión, inicia un litigio en cuanto a reforma de Estado se refiere y recoge, de la coyuntura y del pasado todas las contradicciones de un sistema que llamándose democrático, sistemáticamente viola los derechos fundamentales y la dignidad humana. Es como decir basta.

La reforma aparece en un momento en que se ha reanudado en México la persecución por movilizaciones sociales y la tortura sexual que para las mujeres ha constituido una amenaza latente.

Y aun cuando no es una iniciativa con perspectiva de género, al elevar claramente las obligaciones del Estado respecto a la firma de convenciones y tratados internacionales, nos incluye.

La propuesta que apenas se presentó la semana pasada requiere de una amplia discusión, dentro de la Reforma del Estado que tan pomposamente se ha puesto en el tapete de las discusiones y pretende tener diversas paternidades.

En su exposición de motivos la iniciativa define claramente qué es genocidio y queda claro que ello es congruente con una ley tan importante y abarcadora como la General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres o la relativa a la igualdad entre mujeres y hombres.

La desaparición de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua; la violación de las indígenas tlapanecas que están ahora en discusión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el cúmulo de denuncias que a diario se reciben en las comisiones o procuradurías de derechos humanos, encontrarían una referencia en la Constitución que sería inapelable.

La propuesta para que desaparezca el “fuero de guerra” y la que se prepara en la Cámara de Diputados relativa al Código Militar serían congruentes. Lo trascendente es que ambas son propuestas de legisladoras que hacen evidente la importancia de tenerlas en el Congreso, congruentes con sus principios y sus luchas. Rosario Ibarra, también impulsora del Frente Nacional contra la Represión, deja en claro que tiene sentido y profundidad llegar al Congreso fuera de toda duda y clientelismo.

Es el artículo II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio del 9 de diciembre de 1948, donde se precisa que por ese delito debía entenderse cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, describiéndose como tal la matanza de miembros del grupo, lesionar gravemente la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo; esta es la esencia que recoge nuestro derecho al tipificar tales conductas como genocidio

De dicha descripción, se desprende que el bien jurídico tutelado por tal delito es la preservación de la existencia de determinados grupos humanos considerados como estables, mientras que el elemento subjetivo del tipo es la intención de destruir total o parcialmente al grupo humano, debiendo distinguirse que esa intención de destrucción no es el móvil del delito, sino elemento subjetivo del injusto, lo que se traduce en que el móvil con el que se actúa es irrelevante para la existencia del delito, en razón de que se puede actuar con el propósito de destruir al grupo por motivos políticos, económicos, por venganza u otros, sin que ello sea relevante para la configuración del delito, porque lo que interesa es la intención de destruir total o parcialmente al grupo humano, con independencia de los motivos o razones que se tengan para ello.

La presente iniciativa busca no sólo fortalecer normativamente los derechos humanos desde el aspecto sustantivo, sino también el aspecto adjetivo o procesal de tutela de los derechos humanos. En este sentido, se modifica el supuesto de procedencia de nuestro juicio de amparo, modificando la categoría “garantías individuales” por la de “derechos humanos”; esto último amplía el ámbito protector del juicio de amparo, no sólo a las libertades públicas reconocidas por la Ley Suprema, sino a las que reconocen los propios tratados internacionales, los cuales también se establecen en la modificación propuesta.


::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::

viernes, diciembre 22, 2006

Opinión - Sara Lovera

La militarización


sara lovera - Proceso

México, D.F., 21 de diciembre (apro-cimac).- Un régimen legítimo no tiene por qué mostrar a sus policías y a sus militares, dice, palabras más palabras menos, Guillermo Almeida en un artículo reciente. Y eso me hizo reflexionar sobre los primeros días de la administración del régimen, donde Felipe Calderón se ostenta como el jefe.

El despliegue de las fuerzas militares y policíacas como primeras acciones de un gobierno espurio, le hacen actuar precisamente por su debilidad, como gobierno golpista que necesita de las Fuerzas Armadas para sostenerse, que utiliza en su discurso mensajes de miedo y anuncia que no parará.

El pretexto ha sido el tema del narcotráfico, pero ha tenido poco cuidado. También habló ya de lo que viven y sienten él y sus correligionarios, como revuelta social.

Se trata de un comienzo muy peligroso, de tintes y rasgos autoritarios y, por tanto, misóginos y excluyentes.

En paralelo, las cárceles se llenan de ciudadanos que hacen protesta social como los presos de Oaxaca. No han pasado más que unos cuantos días y su gobierno ya reprimió a un puñado de mujeres mazahuas que hicieron manifestación, y fuerza para que se les atienda una vieja demanda de dotación de agua para sus comunidades. No se hizo ni intento de diálogo. ¿Quién protestará por esta acción? Es una clara manifestación de odio por las mujeres que protestan.

La militarización entraña una serie de secuelas especialmente lamentables, no sólo por el carácter autoritario de quien las moviliza, de su demostración de debilidad ante su ilegitimidad frente a la población que no lo ha elegido, sino que las paradas militares son una amenaza para la seguridad e integridad de las mujeres.

Todas sabemos qué significaron ya los abusos contra las hermanas de San Salvador Atenco. Hay una narrativa documentada sobre la vida en Chiapas militarizada. La historia nada inocente de Las Visitadoras que narró desde la realidad Mario Vargas Llosa, muestra con elocuencia cómo se conduce un régimen militar, cómo piensa, cómo ubica sus reales o imaginarios enemigos y cómo carece de todo respeto, precisamente a la ley, la que sea, la que esté vigente.

¿Será que Felipe no conoce a Mario Vargas Llosa, escritor latinoamericano? ¿O será que sus apoyos para llegar a la silla ahora le exigen cuentas y acciones? Tal vez sí tiene un buen plan para acabar con los pobres… matándolos.

El anuncio de militarizar la frontera sur es un escándalo. En la frontera con Guatemala se concentra, se sintetiza la crítica situación de pobreza y abandono de nuestros pueblos, y para atemperar o encubrir la situación y hacerle un dique, se enviarán sólo policías. Me temo que este es un compromiso con el gobierno de Estados Unidos y los caciques de la región.

Me acuerdo perfectamente de lo que significaron en Chiapas los retenes militares: no sólo la falta de libertad, la alteración cotidiana de la legalidad --esa con la que se llena la boca Felipe--, porque en los retenes se filma a quien pasa por ellos; se exige la identificación; se violan las garantías individuales plasmadas en la Constitución que, ya lo sabemos, está rebasada, sino que la parada militar obliga a establecer reglas para los pueblos y comunidades, acciones extraterritoriales y encima se abusa de sus habitantes.

Martha Figueroa, la abogada emblemática defensora de las tres mujeres tzeltales violadas por los militares en Altamirano, Chiapas, ha documentado en qué consiste la vida de las mujeres en esa entidad militarizada.

Ahora sabemos --porque la debilidad obliga a enseñar las armas, como único medio de control--, que se ha militarizado Michoacán; que las fuerzas policíacas-militares se disponen en Oaxaca para reprimir a la población; crecen en Guerrero, se extienden en los caminos hacia el norte; se apostan en Sinaloa y Jalisco; aparecen en las costas y en las montañas; anuncian su llegada a otras partes del país, sin recato, sin vergüenza y sin considerar a la República. Se supone que las entidades son autónomas políticamente hablando. Ahora se obvia esta situación.

En estos días se decidirá el presupuesto. Felipe ha enviado un volumen abultado de recursos para el aparato policial, disminuyendo recursos sustantivos para la educación del alma, que es la cultura, el futuro que es la tecnología y la paz que son el respeto a los derechos humanos y la aplicación de las garantías individuales.

Tenemos que preocuparnos como mujeres, como personas, como ciudadanas, porque el silencio y la indiferencia han producido muchos dictadores en el mundo, fortalecidos por los más nefastos intereses del capital y el poder. Este es el caso. Pararlo urge.

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