Proceso - de la redacción
México, D.F., 18 de diciembre (apro-cimac).- Para Lydia Cacho Ribeiro, luego de un año de enfrentar el proceso penal por difamación que inició en su contra el empresario Kamel Nacif, actor principal en el libro sobre pederastia Los demonios del Edén, las presiones de los hombres del poder no terminan, como tampoco el interminable tráfico de influencias que opera el gobernador de Puebla, Mario Marín, para defenderse él mismo y al empresario textil, y que ahora extiende hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encargada de resolver el caso.
En entrevista, la periodista y escritora interpreta la acción de Mario Marín, conocido como el “gober precioso”, de donar un terreno para que la SCJN construya un tribunal en Puebla como un juego de poder ante la opinión pública para decirle de una manera indirecta: "Yo tengo la protección de los más altos niveles de poder".
Explica que es juego de poder se evidenció cuando el gobernador poblano afirmó enfrente del presidente de la SCJN, Mariano Azuela Guitrón, que el de Lydia Cacho "era un caso cerrado" y que él era inocente.
Lo más grave, añade la periodista, es que el presidente de la SCJN haya guardado silencio ante la declaración de Marín, ya que prácticamente avaló las declaraciones del gobernador. “No debió haber guardado silencio", lamentó.
Para Lydia Cacho el 2006 fue un año en el que conoció las redes de apoyo que la mantienen firme; pero también las redes de influencias y corrupción que le impiden terminar con el episodio de la demanda y la presión del poder, las cuales se sintetizan en una nueva demanda y la indiferencia de las autoridades judiciales para llegar al fondo del caso.
A un año de los hechos, Lydia Cacho aún padece las secuelas del trauma que le provocó su detención. Con la voz entrecortada y la cara desencajada, recuerda lo difícil que ha sido: "He tenido muy poco tiempo para ser víctima y convertirme en sobreviviente, me he dedicado a ser Ministerio Público, agente investigador, perita y víctima otra vez."
Además, Cacho Ribeiro enfrenta una nueva demanda, ahora de Edith Encalada, la víctima principal del empresario libanés Jean Succar Kuri, quien la demandó por haber utilizado su testimonio públicamente. Pero la activista, aunque lamentó la situación, confía en que la demanda no prosperará.
Con los ojos cerrados y espaciando sus comentarios porque la voz se le quiebra, Lydia Cacho recuerda su historia, que, dice, aún permanece fresca en su memoria por lo traumático que fue y es. Y analiza qué permitió su detención y qué le salvó la vida: se refiere a las redes de impunidad y corrupción.
Para la también directora del Centro Integral de Atención para la Mujer (CIAM) de Cancún, las redes de corrupción de servidores públicos, empresarios poderosos y gente que se dedica a la producción de pornografía infantil, así como a la trata de niños y niñas para explotación sexual, que se sintieron amenazados ante la publicación de su libro, permitieron su detención en Cancún el 16 de diciembre del 2005.
Por otro lado, lo que le salvó la vida, fueron las redes de mujeres que evidenciaron que se trataba de algo más allá que una simple detención; era "un castigo muy puntual a una periodista que, además, por ser mujer, fue castigada de una manera muy específica con amenazas de violencia sexual, de una golpiza y la tortura de 20 horas de camino de Cancún a Puebla", y por supuesto, la red de periodistas "que trabajaron como un reloj” para salvarla.
"Yo creo que es una buena muestra de cómo funcionan las redes en lo positivo y en lo negativo, desgraciadamente el poder formal que tienen estas redes de corrupción está ahí patente; el gobernador de Puebla, la procuradora, Blanca Laura Villada, están actuando como si nada hubiera sucedido, tratando de desestimar por completo el caso", agrega.
A Lydia Cacho le ha quedado más claro que nunca lo que significa la violencia de Estado, la violencia misógina; y considera que si los medios de comunicación no continuaran dándole un espacio, “ya no estaría viva”.
A lo largo de este año ha tenido que enfrentar amenazas de muerte de todo tipo, compra de sicarios, intimidaciones, pero ella sigue haciendo su vida dentro de lo "normal" pero convencida de que una víctima de violencia en este país no puede utilizar sus herramientas personales para convertirse en sobreviviente y para salir adelante si no cuenta con redes sociales que le protejan y que le ayuden a salir adelante. “Yo soy una prueba viviente".
En febrero de este año, la feminista Cacho Ribeiro interpuso una demanda penal ante la Procuraduría General de la República y su Fiscalía Especial para Delitos Violentos contra Mujeres (Fevim) que preside Alicia Elena Pérez Duarte, y otra ante la Fiscalía Especial para Periodistas, contra el gobernador poblano Mario Marín; Blanca Laura Villeda, procuradora estatal, la jueza de Puebla y los judiciales que la aprehendieron, por tráfico de influencias, abuso de autoridad y diferentes formas de tortura.
Lydia Cacho explica que la lentitud de los ministerios públicos de la fiscalía para periodistas dio tiempo a "la red criminal y de poder poblana" para intimidar a los testigos. Es más, dijo que ha perdido testigos de Puebla porque tardaron muchos meses para interrogarlos y fueron amenazados de perder el trabajo, incluso su carrera si testificaban.
Cacho insiste en que el “gober precioso” y su gente se han dado a la tarea de eliminar pruebas a partir de que obtuvo su expediente en la fiscalía, en donde ella describe y detalla los lugares en que permaneció durante su detención, con el fin de demostrar que está “loca” o es una “mentirosa”.
Para Lydia Cacho, este es "un ejemplo extraordinario de la capacidad de corrupción y de abuso de poder pero, además, del descaro brutal como lo hacen".
Testigos falsos, eliminación de pruebas, intimidación de testigos, han infiltrado el caso durante este año en el que Cacho Ribeiro esperaba tener logros, pero está convencida de que ganará la batalla aunque requiera más tiempo.
En cuanto a la SCJN, Cacho comenta que los ministros han declarado que existen elementos indiciarios suficientes para considerar que Mario Marín cometió tráfico de influencias, pero aclara: "Hay que entender que la SCJN no es el juez de mi caso, ellos son el juez a una solicitud del Congreso sobre violación a los derechos humanos en la que esta implicada una red de pornografía y abuso sexual."
Según Cacho Ribeiro, a un mes de que Vicente Fox concluyera su administración, las fiscalías "estaban listas" para detener a algunos personajes de esta historia, sin embargo, por causas que la misma periodista desconoce, la PGR decidió "congelar" el caso.
Después de varios intentos, relata, logró una entrevista con el procurador Daniel Cabeza de Vaca para hablar del caso Succar. Cacho recuerda lo sucedido en esa reunión:
"El procurador me dijo que el caso Succar estaba siguiéndose puntualmente y que no me preocupara que ahí no iba a haber tráfico de influencias para ayudar a Succar, que iba a ir conforme a derecho."
Pero al final de la entrevista el procurador le dijo a Cacho --pese a que no fue tema de la conversación, según la misma Lydia Cacho refiere- "tu caso no me preocupa, eso es otra cosa".
Para Lydia Cacho es más que claro que este "congelamiento", tiene que ver con las negociaciones políticas que hicieron con el PRI y con Mario Marín de que ya no querían tener más problemas, teniendo Oaxaca encima".
Con la nueva administración y el nombramiento de Eduardo Medina Mora como nuevo procurador, Cacho espera que todo se siga "conforme a derecho", aunque dijo que 2007 continuará siendo "un año difícil para ella".
Paco Ignacio Taibo II da lectura al manifiesto de apoyo a la periodista Lydia Cacho Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO
