Jorge Gómez Naredo :: La Universidad de Guadalajara: crisis sin democracia ::

foto: Cesar Huerta

La Universidad de Guadalajara: crisis sin democracia

El embrollo: lo legal y lo no legal

Ayer, la Universidad de Guadalajara amaneció en crisis y con dos rectores. El viernes pasado, el Consejo General Universitario (CGU) destituyó a Carlos Briseño Torres como rector general y en su lugar eligió a Marco Antonio Cortés Guajardo. Los consejeros universitarios que llevaron a cabo estas acciones argumentaron que Briseño Torres había cometido “faltas graves”. Según la Ley Orgánica de la UdeG, en su artículo 31, fracción VIII, el CGU tiene la facultad de “elegir al rector general, autorizar sus licencias, aceptar su renuncia y destituirlo por falta grave, en los términos establecidos por el Estatuto General”. En la polémica sesión, Carlos Briseño, en su calidad de presidente del CGU, decidió concluir la reunión por falta de acuerdo para el orden del día; sin embargo, la mayoría de los consejeros decidió lo contrario. Alfredo Peña, secretario general de la UdeG, continuó la sesión como presidente del CGU y se acordó la destitución de Briseño Torres y del vicerrector Gabriel Torres Espinoza.

¿Es posible continuar una sesión cuando el presidente del CGU la dio por concluida en contra de la mayoría de los consejeros? El Estatuto General de la Universidad de Guadalajara (un documento que aclara puntos de la Ley Orgánica) no especifica si es legal o no que el presidente del Consejo dé por finalizada una sesión si no se aprueba el orden del día. Determina que un dictamen puede ser suspendido por falta de quórum, por desórdenes, por acuerdo de dos terceras partes de los consejeros, por moción suspensiva y por receso. Pero esto es solamente para un dictamen, no para una discusión sobre el orden del día. Así pues, existe un problema: ¿fue legal o no que Briseño haya suspendido la sesión? La respuesta no es clara.

Ahora bien, ni la Ley Orgánica ni el Estatuto General de la UdeG establecen cómo (el proceso formal) y bajo qué argumentos el CGU puede destituir al rector. Tampoco indica qué se debe entender por “falta grave”. Así pues, ambos bandos (los briseñistas y los anti-briseñistas) pueden jugar con las leyes, manejarlas e interpretarlas a su antojo. Pero no hay certidumbre acerca de la legalidad: por eso hoy la Universidad tiene dos rectores y los argumentos de ambos pueden ser válidos y pueden ser, al mismo tiempo, inválidos. Un desgarriate, pues.

Lo que ha sido y es

Para nadie es una misterio lo que ha sucedido en la UdeG en las últimas dos décadas. Un grupo se ha consolidado y detenta la mayoría de los puestos de alto nivel. El líder máximo de ese grupo es Raúl Padilla López. Uno de sus hombres más cercanos hasta hace poco tiempo era Carlos Briseño Torres. Este grupo denominado “Universidad” se ha movido entre lo “positivo” y lo “negativo”. Por un lado ha formado eventos culturales tan importantes como la Feria Internacional del Libro, que es reconocida a nivel mundial y, por el otro, ha organizado un sistema corporativo que impide a otros grupos políticos tener peso dentro de la UdeG; es decir, niega pluralidad y libertad de participación al interior de la casa de estudios.

Lo social, lo político y lo universitario

Una comunidad universitaria está conformada por los cuerpos académicos, los estudiantes, los ex alumnos, las autoridades, los administrativos y todos los demás trabajadores de la institución: desde el intendente más humilde hasta el rector. Las universidades públicas son patrimonio de la sociedad, porque es ahí donde se educa a la población, donde se produce y de donde se divulga el conocimiento. Las universidades deben ser autónomas y los conflictos a los que se enfrenten precisan ser solucionados por la misma comunidad universitaria.

La participación política dentro de las universidades públicas necesita ser una constante, pues a través de ella se enseña: la democracia no puede quedar excluida de estas instituciones educativas. Por eso resulta lamentable que en la UdeG la participación política sea poca: estudiantes, académicos y trabajadores poseen mínimos espacios para desarrollar su participación política-universitaria. Quizás no los han conquistado; quizás les han sido robados; quizás no les interesen.

La elite que actualmente domina la UdeG y que en muchas ocasiones toma decisiones que van en contra de los intereses de los universitarios y de la misma Universidad, existe porque la comunidad universitaria no ha luchado por la pluralidad y la democracia dentro de la casa de estudios. El estudiantado es fácilmente manipulable. El viernes pasado, cientos de alumnos de preparatorias y centros universitarios llegaron a la rectoría para gritar y apoyar, para “echar desmadre”, pero no para participar políticamente de manera libre e informada: no sabían por qué estaban ahí. La participación de la comunidad universitaria en los asuntos que le conciernen (y también en los de su entorno sociopolítico) es imprescindible. Y ahora no se ve, o se ve débil, o muy disminuida.

La UdeG no puede estar secuestrada por una elite ni entrar en crisis por una escisión en esa misma elite. La comunidad universitaria debe reivindicar su participación política, su derecho a decidir, a tener voz y a no ser discriminada por su forma de pensar. La cuestión no es eliminar a un grupo político hegemónico para que llegue otro grupo político hegemónico. Lo principal es que existan muchos grupos en libertad de opinar, de elegir y de decidir: en pocas palabras, una verdadera democracia. Por eso hoy lo importante no es quién quede, quién sea el legítimo rector; lo importante es que sea la comunidad universitaria la que decida el futuro de la institución. Una institución, vale la pena recordar, siempre asediada por la derecha y los grupos oligárquicos, los cuales no soportan que el pueblo se eduque, piense, reflexione y critique, es decir, que el pueblo sea libre.

jorge_naredo@yahoo.com

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando a Andrés Manuel López Obrador en 2008::

Policías encubiertos

Jorge Regalado

Profesor investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad de Guadalajara.

Gaceta Universitaria

Con las policías que tenemos actuando en Jalisco y en el país, a diario, dadas sus prácticas, se generan muchas dudas de la existencia real del estado de derecho. Si se permite la existencia del policía o agente encubierto, ¿dónde quedarían el Estado de derecho, la legalidad y la transparencia que los gobiernos actuales dicen defender?

Afortunadamente la legislatura anterior se despidió sin aprobar la iniciativa de reforma a la Ley estatal contra la delincuencia organizada que pretendía, entre otras cuestiones preocupantes, crear la figura del agente encubierto. Este punto fue el que llamó centralmente la atención de la opinión pública e hizo accionar a organizaciones sociales muy disímbolas, pero que coyunturalmente coincidieron en oponerse a dicha iniciativa. Ojalá esta oposición haya sido el acicate para que no fuera aprobada, pero queda la duda respecto de si lo fundamental no se habrá constituido en la imposibilidad de las fracciones partidarias para lograr una negociación. O sea, que los panistas no ofrecieron lo suficiente al resto de las bancadas. Lo digo así porque en realidad del interior del Congreso del Estado no se escucharon voces importantes que se opusieran contundentemente a esta iniciativa del Poder Ejecutivo.

Voy a presentar algunas interrogantes que me parecen importantes para seguir discutiendo sobre este tema que, en algún momento, aparecerá en la agenda de la LVIII legislatura, porque el gobernador interino y otros personajes han anunciado que no cejarán en su intento. ¿Qué razones puede tener un gobierno para pretender convencer a la sociedad jalisciense de que para tener éxito en el combate a la delincuencia es necesario crear la figura del agente encubierto? ¿Por qué se considera una buena vía el poner a la sociedad frente a más riesgos de los que ya vivimos con las policías actuales?

¿Acaso existen problemas tan graves que desconocemos los ciudadanos y de los cuales sólo el gobierno está enterado? ¿Es la fuerza del narcotráfico y la delincuencia organizada tan poderosa que el gobierno estatal reconoce que las policías constitucionales son insufi- cientes e incapaces para hacerles frente con éxito y, por tanto, imagina que sólo le queda la estrategia de la infiltración, misma que ha utilizado la delincuencia respecto de la policía, ella sí con mucho éxito? Si esto fuera así, ¿por qué no decir claramente que desde su perspectiva consideran imposible combatir al delito siendo respetuosos de la ley y de los derechos humanos? Estos conceptos les molestan a los malos gobernantes y a los malos policías, pero el problema, para ellos, es que están considerados en nuestras leyes y deben respetarlos si aspiran a ser reconocidos como go- bernantes y representantes populares que ejercen sus funciones apegados a la ley.

Con las policías que tenemos actuando en el territorio jalisciense (y podría generalizar esta opinión a todo el país) a diario, dadas sus prácticas, se generan muchas dudas de la existencia real del estado de derecho. Si se permite la existencia del policía o agente encubierto, ¿dónde quedarían el estado de derecho, la legalidad y la transparencia que los gobiernos actuales dicen defender?

Con policías de este tipo regresamos a los años setenta del siglo XX, cuando no había ningún respeto a los derechos humanos y los panistas, entre otros, se dedicaban a protestar por ello. Entonces, ¿cómo tendríamos que definir a un gobierno y un Congreso que pretendieron reconstruir este tipo de organismos policiales propios de una etapa de nuestra historia que se supone superada? ¿Ya se olvidaron de los excesos de la Policía Secreta o el Servicio Secreto de Jalisco; de los horrores cometidos por todo el país por la Dirección Federal de Seguridad y su temible Brigada Blanca; de esos monstruos que se crearon en la oscuridad, en los sótanos y las cañerías del viejo sistema político y que luego se volvieron incontrolables? ¿Cómo pueden asegurar que no será utilizada la policía encubierta para otros fines, o que a c t u a r á “conforme a derecho”, cuando el gobierno de Jalisco destaca internacionalmente por su poca preocupación por el respeto a los derechos humanos?

Está documentado por las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, que en Jalisco las policías constitucionales practican cotidianamente la tortura como “método” predilecto de investigación, mientras las autoridades gubernamentales no hacen mayor cosa al respecto, ¿podemos imaginarnos cómo actuaría, cómo investigaría una policía secreta que por su misma naturaleza no tendría a quién rendirle cuentas claras y transparentes?

Si en Jalisco no hay control de las policías constitucionales, ¿cómo se piensa que podría ser controlable una Policía Secreta eufemísticamente denominada como policía encubierta? Por otro lado, al gobernador interino, autor de esta iniciativa, y los diputados de la anterior Legislatura, en ningún momento se les ocurrió, pequeño detalle, que deberían consultar a sus “representados” para saber su opinión al respecto. ¿El nuevo Congreso del Estado sí consultará a la sociedad para saber su opinión?

Al parecer, el gobernador interino quiere aprovecharse y chantajear con la preocupación social por la inseguridad que priva en Jalisco. Considero que está pasando por una gran confusión. Es muy diferente que los ciudadanos estemos preocupados por la falta de seguridad pública, a que por ello aceptemos, sin más, la existencia de policías encubiertos, secretos, que pondrían en mayor riesgo nuestros ya de por sí deteriorados y vulnerados derechos humanos.