Opinión - Ruben Martín

El Salto, negligencia criminal

Publico

Miguel Ángel López Rocha, un chamaco de ocho años, cayó al río Santiago en la colonia La Azucena de El Salto el pasado 25 de enero. Debido al agua que tragó, ahora su vida pende de un hilo. Las autoridades de todos los niveles, en lugar de admitir que han fallado y ofrecer respuestas a la altura de las circunstancias, están tratando de cambiar la versión de la madre de Miguel Ángel y de desestimar su caso por el origen social de la familia. Qué estúpida pretensión.

La extrema contaminación en El Salto y Juanacatlán, como muchas otras dolencias que padece la población, muestra las claras limitaciones de carácter sistémico que tiene el gobierno para resolver los problemas esenciales de la gente.

En El Salto y Juanacatlán se revela, con una crudeza extrema, la magnitud entre los problemas que padecen ambas comunidades y el limitado repertorio de opciones que ofrece la autoridad. Ahora con el caso de Miguel Ángel hay más excusas que acciones encaminadas a una solución radical y definitiva del problema.

Diego Petersen transcribía ayer en su columna el extracto de un reporte de tres científicos sobre el río Santiago. En resumen, encontraron un cóctel extremo de contaminantes.

Hace falta hacer el reporte del otro cóctel. El de las decisiones políticas, económicas y de gobierno que han hecho de El Salto uno de los sitios más contaminados no sólo de Jalisco, sino del mundo, a juicio de varios observadores venidos de otros países para observar lo que ocurre en esa zona.

En ese otro cóctel encontramos que en El Salto se manifiestan las ventajas y limitaciones del desarrollismo capitalista que creó en esa región uno de los distritos industriales más eficaces para atraer inversión y empleo, a costa de depredar los recursos naturales. En El Salto se muestra también la externalización de costos que hacen los empresarios que consideran los recursos naturales como un simple medio para obtener beneficios. Otro ingrediente es la mierda, literalmente, que los tapatíos vertemos sobre esa región al no tratar las aguas negras en la zona metropolitana. Por si fuera poco, también tiramos nuestra basura en un sitio, cuyos líquidos espesos y apestosos envenenan las tierras y las aguas de esas comunidades.

Otro ingrediente es el retiro del Estado de sus facultades de planeación urbana, dejando que el mercado decida dónde y qué se construye. La cereza (o aceituna, si se prefiere) en este cóctel es la negligencia criminal con la que las autoridades de todos los niveles han dejado crecer la contaminación en El Salto-Juanacatlán.

Nada bueno puede resultar de la mezcla de estos ingredientes. Se ha creado una región extremadamente contaminada donde viven unas 120 mil personas, quienes padecen a diario malos olores, enjambres de mosquitos y diversas dolencias corporales, además de cambiar un entorno natural que antes incluso era destino turístico.

Lo más grave, aunque las autoridades se empeñen en negarlo, es que el desastre medioambiental está provocando diversas enfermedades a los pobladores. Un Salto de Vida y otras agrupaciones han ido acumulando evidencias que revelan el aumento de casos de enfermedades como el cáncer, la leucemia, enfermedades gastrointestinales y del sistema respiratorio.

Tienen algunos estudios, pero sobre todo tienen la experiencia diaria que les confirma que no hay una sola cuadra en la cabecera municipal donde no haya una familia con un enfermo. Ni una sola.

¿Qué ofrece la autoridad ante esto? El alcalde de El Salto, nada; parece que no tiene ni idea de la gravedad del asunto. El secretario de Salud ha declarado puras tonterías al respecto, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente ofrece poner en marcha su maquinaria burocrática para ver si dentro de unos años encuentra alguna solución. Los planeadores de Emilio González no incluyeron un programa urgente y a gran escala para atender el problema, mientras que el gobernador está entretenido en aparecer en comerciales y en satisfacer el apetito comercial de las televisoras locales. En conjunto, puras pendejadas.

Queda claro que la solución a los problemas que tiene los habitantes de El Salto y Juanacatlán no se resolverá si la propia gente no exige su derecho a la vida, que es lo que está en riesgo en este momento. Lamentablemente el caso de Miguel Ángel no es el único.

ruben.martin@milenio.com

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