Protestas. Un grupo de periodistas se manifiestan en la capital mexicana para airear la situación de vulnerabilidad de la profesión, el mes pasado.
Foto: EFE / mario guzmán
Toni Cano
MÉXICO
Los que siguen tecleando tiemblan cuando en el identificador del teléfono aparece la leyenda llamada privada. «El telefonazo proviene entonces de una u otra banda», dice Juan Cuevas, director de El Debate de los Calenturos, un diario de Ciudad Altamirano, en plena región de Tierra caliente, entre Michoacán y Guerrero. Así le llegan las consignas en medio de insultos y amenazas: «Date por satisfecho con informar. Nada de encuestas, nada de opinión, nada de editorial». Esto es ahora disputado territorio del cártel de La Familia, como antaño de caciques y brotes guerrilleros.
Al menos Cuevas lo puede seguir contando. La situación no es mejor para la prensa en otros lugares, incluso en los de calidez turística. Como lo prueba la última víctima anual del gremio, Alberto Velázquez, reportero del periódico Expresiones de Tulum, asesinado hace 11 días. O Daniel Martínez, muerto en julio en Acapulco. O Daniel Méndez, asesinado en febrero en Veracruz. La lista de 14 se completa con periodistas convertidos en víctimas colaterales de la guerra entre los cárteles de la droga en otros puntos de Guerrero, Michoacán, Durango, Jalisco, Sinaloa y Chihuahua.
Sicarios en las redacciones
Los asesinatos son ejemplares. Disfrazados de policías con pasamontañas, los comandos de sicarios entran en las redacciones y acribillan al ya amenazado. Como a Norberto Miranda, director de Radio Visión, en Casas Grandes, Chihuahua, y autor de la columna El Gallito. Otros periodistas han aparecido estrangulados junto a una nota: «Por bocazas». O con un cartel más largo: «Esto me pasó por informar al Ejército y escribir de más».
La amenaza quedó clara desde que hace casi tres años se encontró en el puerto de Veracruz una testa humana acompañada de un mensaje: «Este es un regalo para los periodistas, van a rodar más cabezas». Ahora, hasta la comisión de derechos humanos oficialista corrobora en su último boletín: «México se ha convertido en un país de alto riesgo para el trabajo periodístico».
Ricardo Chávez, reportero de Radio Cañón, vivía en Chihuahua junto a la frontera pero nunca pensó en cruzar. Ni siquiera tenía pasaporte. Hace 20 días, los sicarios mataron a sus sobrinos Diego y Argenis, de 15 y 17 años, junto a otros dos jóvenes. Chávez exigió justicia y denunció que muchos sicarios circulan armados por Ciudad Juárez pese a la abrumadora presencia militar y «como si estuvieran protegidos». Poco después, recibió una llamada privada en su móvil: «Tú eres el siguiente al que vamos a matar por hablador».
Impunidad total
Ricardo huyó enseguida con su familia, cruzó a pie el puente fronterizo y pidió asilo en el estado de Tejas. «De entrada nos van a detener, pero es mejor estar encerrado que muerto», dijo. Es el cuarto periodista de Ciudad Juárez que pide refugio en el extranjero.
Desde el año 2000 han sido asesinados 59 periodistas y ocho siguen desaparecidos. Ni discursos ni fiscalías especiales han logrado ni siquiera disminuir la total impunidad. Apenas un miembro de Los Zetas detenido y confeso de secuestrar y matar a Eliseo Barrón en Durango para, dijo, «dar un escarmiento a los periodistas». Pero su jefe, conocido como El Lucifer, que torturó y disparó otras cuatro veces a Barrón, sigue matando y escupiendo: «Pinches periodistas».
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