El caso Jacinta en el programa de Ricardo Rocha

Diputados federales visitaron ayer a la indígena en penal en Queretaro.

Creemos que (el juez) en estos meses puede emitir su sentencia o revocar la sentencia del Juez Cuarto de Distrito, o absolverla y cancelar esta sentencia, indicó el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga Valenzuela, luego de que diputados federales visitaran ayer en el penal de San José El Alto, a Jacinta Francisco Macial, indígena ñhañhu (otomí) acusada de secuestrar a seis agentes de la AFI.

Constataron la inocencia de doña Jacinta, sobre todo que es falsamente acusada de un delito que tiene un gran repudio social, como el secuestro.

Una delegación de diputados encabezados por Alliet Mariana Bautista (PRD) y Carlos Navarro Sugich (PAN) de la Comisión de Derechos Humanos, así como María de los Ángeles Jímenez del Castillo (PAN) de la Comisión de Seguridad Pública, visitaron a la índigena en Querétaro; de acuerdo con Luis Arriaga, ésta comisión se comprometió a dirigirse al Magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, Hanz Eduardo López Muñoz, que está por resolver la apelación que presentó la organización CentroProdh.

Cabe recordar que Jacinta fue detenida en 2006, cinco meses después del operativo en el que dicen, cometió el agravio contra los agentes. Hace unos meses, el juez cuarto de Distrito de Querétaro, Rodolfo Estrada Longi, la sentenció a 21 años de prisión y al pago de una multa de 91 mil pesos por el delito de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro.

El líder de la organización indicó que el 4 de mayo del 2006 los Agentes Federales de Investigación amplían su declaración y con base en la fotografía, señalan a Jacinta como participante del secuestro, pese a que en su declaración inicial, no identificaron a ninguna mujer indígena como presunta responsable. Por su parte uno de los agentes que se señala como presunto secuestrado, no menciona ni identifica a la señora.

Ante esta situación, la organización de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez asumió la defensa de la mujer de 42 años.

La demanda es muy clara, dar pasos concretos para resolver el caso de Jacinta, pero también las deficiencias estructurales que tiene este sistema de justicia y cesar ya con el uso faccioso que de él se hace para enfrentar este tipo de situaciones tan lamentables, comentó Luis Arriaga.

Es importante resaltar que dicha organización no pretende reducir la sentencia de la indígena, ni lograr su libertad bajo fianza, ya que pagarla significaría aceptar los cargos que se le imputan.

No hemos pagado la multa porque estamos inconformes con esta sentencia, por lo que hemos asumido su defensa e interpuesto la apelación... Este delito nunca se configuró y por lo tanto no tiene porque reducir la pena, tiene que ser absuelta, declaró Arriaga Velenzuela.

CentroProdh lleva a cabo una campaña en apoyo a la defensa de la inocencia de Jacinta, que consiste en enviar una carta modelo al Magistrado del Tribunal Unitario Hanz Eduardo López Muñoz, para que tome en cuenta los argumentos presentados por la organización. Para ser parte de este movimiento puede consultar la página web: www.centroprodh.org.mx.

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::

Yo soy Jacinta ::Ricardo Rocha::

Ricardo Rocha
Detrás de la Noticia
05 de marzo de 2009

El Universal

Yo soy Jacinta


Y ella es una mujer indígena, otomí, de 42 años. Acaba de ser sentenciada a 21 años de cárcel. Aunque usted no lo crea, por el secuestro de seis agentes armados de la AFI. Sí, leyó usted bien. Fue acusada con otras dos mujeres. Un juez la halló culpable porque, para él, la prueba presentada por la PGR fue contundente: una fotografía de un diario local donde aparece Jacinta asomándose al borlote de lo que pasó en su pueblo hace tres años ya.

El 26 de marzo de 2006 seis AFI llegaron amenazantes y sin uniforme a Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Ahí, en el tianguis, Jacinta y sus compañeras vendían aguas frescas. Llegaron los agentes y comenzaron con destrozos, despojos y exigencias de tributo con lujo de violencia quesque por hallar mercancía pirata. Fuenteovejunescamente, los pobladores cercaron a los intrusos para exigirles identificación y la orden que justificara su proceder. Éstos se negaron, pero también se rajaron. La tensión crecía y comenzaron los gritos de protesta y justicia de la gente por tanto abuso. A llamado de los intrusos se apersonaron un agente del MP y el jefe regional de la AFI. Prometieron reparar los daños con mercancía decomisada —más bien robada— de otros tianguis, de otros pueblos. Ante la negativa popular se comprometieron a compensarlos con dinero. Se fueron y dejaron “en garantía” a un agente que no fue molestado. Regresaron a las siete y pagaron lo pactado.

Pero se la guardaron al pueblo. Y se desquitaron con Jacinta, a la que el 3 de agosto llevaron con engaños a la ciudad de Querétaro. Ahí la acusaron falsamente; ahí la juzgaron de inmediato en español, cuando sólo hablaba otomí; ahí presumieron su culpabilidad antes que su inocencia; ahí la tienen presa; ahí la sentenciaron a 21 años de prisión; ahí le destrozaron la vida y a su familia.

Así, Jacinta es una víctima más de la intolerancia rabiosa que caracteriza a los gobiernos panistas como el que ahí encabeza Francisco Garrido Patrón, que no ha movido un dedo en defensa de una de sus gobernadas. ¿Cómo si es una india de pueblo?

Así se repite la historia de la furia discriminatoria y racista de los poderosos en este país. Como cuando se les inventaron delitos a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, indígenas ecologistas de Guerrero que lucharon contra los caciques talamontes. Una vez más el menosprecio inhumano que nos avergüenza en la memoria de doña Ernestina Ascensio, abusada y asesinada por militares y muerta por diagnóstico presidencial de gastritis crónica. Nomás acordémonos de Aguas Blancas y Acteal. De Atenco, condenados a más de un siglo de cárcel por defender sus tierras. Otra vez la más brutal represión de estos gobiernos contra los que se atreven a alzar la voz ante las injusticias.

Hay ahora un movimiento encabezado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al que me sumo gustoso, para exigir juicio justo y liberación de quien sólo ha cometido tres grandes pecados en este país: ser mujer, ser indígena y ser pobre. Por cierto, se llama Jacinta Francisco Marcial. Y yo soy ella.

PD. ¿Esto también es falso, señor Medina Mora?

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