Ibarra: FRA no podría ser interlocutor con un movimiento democrático como el de AMLO

Ha ejercido un gobierno totalitario y de represión, dijo el perredista“

No reconocemos… ni reconoceríamos a Francisco Ramírez Acuña como un interlocutor”, advirtió ayer Enrique Ibarra Pedroza, vocero del movimiento de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco, en torno a las declaraciones del ex secretario de Gobernación en entrevista que La Jornada Jalisco publicó el lunes pasado.

Ramírez Acuña, quien pretende alcanzar la candidatura a diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) por el Distrito X de Zapopan, se asumió como un interlocutor con las otras fuerzas políticas del país, incluida la del movimiento que representa López Obrador, de quien reconoció, “es un político que anda por todo el país, que tiene propuestas muy interesantes, con algunas no coincidimos, pero seguramente que con otras coincidiremos”.

“(Ahora bien) Es importante cómo encajan dentro de sus propias condiciones de participación política, (porque) hoy tenemos un sistema de partidos, no un sistema de caudillos y hay que observar la congruencia de participar dentro de las propias estructuras partidistas. Que decida con cuál va”, manifestó el ex titular de Gobernación a este diario.

Para Ibarra Pedroza, el ex mandatario estatal, “aunque se fue a competir a un distrito blandito, de ninguna manera tiene segura la victoria”. Primero, dijo el ex candidato a la gubernatura del estado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ramírez Acuña tiene que ganar el proceso interno del PAN, y luego, ganarse a los ciudadanos, “a los que dejó una estela de su administración que para nada los convence y que difícilmente le otorgarán la representación de ellos en el Congreso de la Unión”.

Como ejemplos, Ibarra Pedroza narró el “ejercicio de gobierno autoritario, de represión” de Ramírez Acuña.

“Todavía queda la secuela del 28 de mayo de 2004, día en que todo el mundo pudo presenciar la represión del aparato policiaco. Cuando fue además presidente municipal (Ramírez Acuña), tuvo gran cantidad de recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, dijo.

Y añadió que “como interlocutor ante un movimiento como el de Andrés Manuel, de millones de mexicanos, democrático, no podría serlo. Por lo tanto, no reconocemos ni reconoceríamos a Francisco Ramírez Acuña como un interlocutor”.

Ibarra Pedroza expresó que, “con engaños”, el ex secretario de Gobernación detuvo a Flavio Sosa, líder de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), a su llegada al Palacio de Covián.

“Sosa fue injustamente encarcelado… ¿tú crees que un movimiento como el nuestro podría sentarse a la mesa ante un historial como el de Ramírez Acuña? Nosotros no le vemos a Ramírez Acuña ni el perfil ni la estatura. Su salida de Gobernación se debió a que no representaba ningún vaso comunicante con todos los actores políticos”, aseguró.

Al preguntarle sobre las declaraciones del ex mandatario, en el sentido de que existe un sistema democrático, no de caudillos, en referencia a López Obrador, el vocero del movimiento del tabasqueño en la entidad expresó: “para variar, Paco se equivoca, López Obrador no tiene vocación de caudillo; anima la lucha social y no de ahora, tiene años de ese ejercicio que lo ha llevado a lo que nadie en el país había hecho, recorrer cada uno de los municipios, sin pedir voto, sólo escuchando las propuestas de los mexicanos”.

fiente: La Jornada Jalisco


::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::

Cuestiona AI el controvertido proceso en que resultó electo Felipe Calderón

Al rendir protesta no contrajo ningún compromiso claro con los derechos humanos, dice

Preocupante, el nombramiento del secretario de Gobernación; persisten tortura e impunidad, señala

VICTOR BALLINAS

En su informe anual 2007, Amnistía Internacional (AI) resalta que Felipe Calderón fue elegido presidente en un controvertido proceso electoral, y la imparcialidad de las elecciones y el estrecho margen de la victoria del Partido Acción Nacional (PAN) fueron cuestionados por el candidato que obtuvo el segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador, postulado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia.

El organismo internacional subraya que, al rendir protesta, Calderón no contrajo ningún compromiso claro de fortalecer la protección de los derechos humanos y, por el contrario, ''fue motivo de preocupación el nombramiento que hizo como secretario de Gobernación de Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador de Jalisco, que cuando tuvo ese cargo no impidió ni castigó las violaciones graves a easas garantías cometidas en aquella entidad''. Los altermundistas torturados, detenidos ilegalmente e incomunicados, son un ejemplo de lo anterior.

AI destaca en su informe 2007 que, en el caso de México, Vicente Fox Quesada concluyó su mandato sin cumplir el compromiso de su gobierno de poner fin a las violaciones de derechos humanos y a combatir la impunidad, que siguieron siendo generalizadas.

Amnistía Internacional denuncia en dicho informe mundial que en México ''continuaron tortura, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y procedimientos judiciales sin garantías, sobre todo en los estados; asimismo, fracasaron las acciones para esclarecer las violaciones del pasado y procesar a los responsables''.

Por lo que hace a la violencia contra las mujeres, AI subraya que ''siguió siendo endémica en muchas entidades'' y cita el caso de Ciudad Juárez; además, varios periodistas fueron asesinados y defensores de derechos humanos y oponentes políticos siguieron corriendo peligro, sufrieron hostigamiento y fueron procesados con procedimientos infundados.

La organización internacional sostiene que los elevados índices de delincuencia y la inseguridad pública continuaron ocupando un lugar destacado en las preocupaciones de la opinión pública, y hace notar que ''los altos índices de esa delincuencia, en muchos casos relacionada con el narcotráfico, menoscabaron la seguridad pública en muchas zonas del país, en tanto que operaciones policiales masivas contra manifestantes se saldaron con violaciones graves de derechos humanos''.

Subraya que durante 2006 recibió informes de ''violaciones graves en el estado de Oaxaca, en el contexto de una dilatada crisis política". Hace notar que en junio de ese año, la policía local usó fuerza excesiva en contra de los maestros en huelga que habían ocupado y paralizado el centro de la ciudad capital de ese estado. ''Se constituyó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para apoyar a los docentes y exigir la renuncia del mandatario estatal, y ocuparon edificios oficiales, emisoras de radio y de televisión. Informes dan cuenta que policías vestidos de civil dispararon contra partidarios de la APPO, causando la muerte de al menos dos personas. Durante la crisis hubo torturas, detenciones arbitrarias e incomunicación a maestros y partidarios de esa organización civil. En octubre, policías atacaron varias barricadas, con saldo de tres civiles muertos y muchos heridos; 4 mil 500 integrantes de la Policía Federal Preventiva entraron a la ciudad. En noviembre se detuvo a 140 personas; muchas no habían participado en los hechos que se les imputaban''.

Amnistía da cuenta del reiterado ''uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos''; por ejemplo, refiere el caso de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa), en Michoacán, donde en abril de 2006 policías federales y estatales desalojaron a mineros en huelga que bloqueaban el acceso a la planta. ''Tras el desalojo se produjeron enfrentamientos violentos en los que murieron, a consecuencia de disparos efectuados por la policía, José Luis Castillo Zúñiga y Héctor Alvarez Gómez; 54 personas más resultaron con lesiones, entre ellos agentes policiales''.

El informe enfatiza en que a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por el caso Sicartsa, porque consideró que las policías federal y estatal actuaron ilegalmente y solicitó una investigación ''criminal'', las autoridades se negaron a llevarla a cabo.

También da cuenta del operativo policiaco en San Salvador Atenco, el 3 de mayo de 2006. Dice que, según los informes, varios agentes estaban retenidos, por lo que ''la policía utilizó gas lacrimógeno, toletes y armas de fuego contra miembros de la comunidad y detuvo, durante los días que duró la operación, a 211 personas, muchas de las cuales fueron reiteradamente golpeadas y torturadas mientras se les trasladaba a la prisión''.

En estos hechos, acusa AI, 47 mujeres fueron detenidas y trasladadas a la cárcel. ''Al menos 26 de ellas denunciaron ante la CNDH que fueron objeto de agresión sexual o violación por parte de policías. Al finalizar el año, sólo se habían fincado cargos menores contra uno de los agresores''.

El organismo internacional señala que durante 2006 en México persistieron detenciones arbitrarias, malos tratos, tortura y la vulneración del derecho al debido proceso de presuntos delincuentes. ''Los tribunales continuaron pasando por alto los informes de tales abusos. En muchos casos se negó el acceso a asistencia letrada (abogados) en las fases iniciales de la detención, y con frecuencia los licenciados designados por el Estado no garantizaron el derecho a una defensa efectiva".

El informe será presentado este miércoles y recalca que ''a los detenidos más pobres y desfavorecidos, como los indígenas, se les negó a menudo la aplicación de normas mínimas de imparcialidad''.