Momento de decisión
Publico
Acusada por los medios de secuestrar al Congreso. Exhibida ante la opinión pública por negarse a aceptar las reglas de un debate que, de producirse en las condiciones planteadas por el PRI y el PAN, estaría condenada a perder. Dividida luego de un turbio proceso electoral interno, aún no resuelto, en el PRD. La izquierda mexicana vive —y con ella el país— un momento crucial, un momento de definición.
No sólo está en juego su posición ante el electorado. Perder el rol de segunda fuerza política como resultado de la incapacidad de asimilar el que la Presidencia le haya sido arrebatada a la mala en 2006 y de transformar ese agravio, que lo es para la nación, en una estrategia consistente, creativa y exitosa de oposición sería lo menos grave. Si la izquierda pierde esta batalla pierde el país. Perdemos todos.
La defensa del petróleo y, por lo mismo de la propia Constitución General de la República, está hoy en sus manos. La izquierda, ante este reto, debe reinventarse con urgencia, cohesionarse en torno a esa lucha, mantenerse firme en la defensa de sus principios, vencer a quienes pretenden revertir una conquista histórica de la nación. Si no lo hace ya poco o ningún sentido tiene su existencia.
Mal harían, sin embargo, los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista en ceder a la tentación de mejorar su imagen, de lavar la cara, de mantenerse a flote —tarea que se antoja imposible en las actuales condiciones— reduciendo el perfil de confrontación con el gobierno y sus cómplices. No es la hora, a pesar de la enorme presión de las buenas conciencias y el desgaste que las acciones radicales producen, de conciliar y retroceder.
El gobierno y sus cómplices no se andan con contemplaciones y se han tirado a matar. Saben que tienen una correlación de fuerzas favorable y no están dispuestos a dar marcha atrás. Más allá de que rasguen sus vestiduras y se presenten, aun sintiéndose la parte ofendida, magnánimos, tolerantes y abiertos al debate, lo cierto es que son ellos los que perpetraron un secuestro.
Son ellos y no la izquierda, que ocupa sólo las tribunas de las cámaras de Senadores y Diputados, quienes violentaron las reglas del juego democrático y quienes tienen en su poder, en calidad de rehenes, a la inmensa mayoría de los mexicanos.
El PRI mantenía, a punta de fraudes electorales, corrupción y represión, el país bajo control. Para hacerlo tenía a sus órdenes soldados en los medios electrónicos e impresos. A los rehenes Vicente Fox, sin liberarlos de hecho, los transformó en audiencia cautiva. Volviéndose ahora, él mismo, soldado de los medios electrónicos, abdicando así ante ellos de la soberanía del Poder Ejecutivo los convirtió —poniéndose a su servicio— en su instrumento primordial de gobierno.
Haciendo caso omiso de leyes promulgadas hace muy poco por el propio Congreso de la República que, supuestamente, prohíben a los gobernantes hacer uso publicitario personal de los medios de comunicación, el propio Felipe Calderón, siguiendo los perniciosos usos y costumbres establecidos por Fox, se presentó en las pantallas de todos los canales de tv, en el tiempo estelar y con un rating extraordinario (47.4 puntos según IBOPE) para promover su reforma.
Imposible tener un alcance y una penetración similar, desde la oposición, con el mensaje en defensa del petróleo como patrimonio de la nación y contra la reforma. Imposible, además, contrarrestar el impacto brutal de la propaganda a favor de la privatización que la Iglesia, los poderes fácticos y la iniciativa privada han lanzado. Todo debate en estas condiciones está destinado a ser esencialmente asimétrico, insuficiente e inútil.
Sin un cambio sustantivo en el acceso a los medios electrónicos la batalla está perdida de antemano y es absolutamente irrelevante si son 50 días o 4 meses los que se empeñan en el debate de la reforma. Llegar a todo México, a todos los mexicanos por otras vías puede tomar años.
No se trata tampoco de que, en un ejercicio simplista de resignación, la izquierda reduzca su acción a la resistencia en las plazas y calles. Nada sobra, sobre todo en las actuales circunstancias, pero es vital que la izquierda, tan de mitin, afine la puntería y haga llegar —ése es el reto— a la mayor cantidad de mexicanos sus razones y argumentos para actuar contra el albazo legislativo y contra la privatización enmascarada del petróleo.
Aun si se produce —que lo dudo— el referendo que la izquierda demanda y la razón democrática exige, por tratarse de materia tan grave para la nación, el problema principal subsiste. Los cercos comunicacionales, como el que sufrimos, no se rompen ni con denuncias ni con lamentos. Hace falta que soplen vientos nuevos en la izquierda. Hace falta que con creatividad e imaginación sus integrantes encuentren el camino para llegar a la gente que está más allá de sus mismas trincheras. Se juegan la vida en ese ejercicio. De alguna manera —por lo que México perdería— nos la jugamos todos.
eibarra@milenio.com
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viernes, abril 18, 2008
viernes, abril 04, 2008
Opinión - Epigmenio Ibarra
¿A quién creen que engañan?
Publico
Ahora dicen que no. Que jamás se habrían atrevido a plantearlo siquiera. Que el petróleo es de la nación y que nadie en el gobierno federal ha tenido antes o tiene ahora intención alguna de privatizar Pemex. De eso no se trata la reforma energética —gritan a los cuatro vientos sin atreverse a presentar su iniciativa— sino de todo lo contrario: de convertir a la paraestatal, al menos eso debemos inferir de sus fintas y declaraciones, en un ariete de desarrollo, con el concurso, sí, de nuevos actores en el proceso pero sin perder jamás —enfatizan con melodramática solemnidad— el control sobre nuestros recursos naturales.
Al tiempo que se curan en salud —luego de haber lanzado una multimillonaria campaña publicitaria que sólo les sirvió para detectar un enorme desacuerdo social con su estrategia— aprovechan todos los espacios para descalificar, en tanto se reagrupan, la movilización que en defensa del petróleo se está organizando y tachan sin ningún recato de locos, de provocadores, a quienes pensamos que pende sobre nuestras cabezas el peligro real e inminente de que Calderón y su gobierno intenten, con una especie de albazo legislativo, despojar a la nación.
Porque más allá de la simulación y las maniobras mediáticas del gobierno y de quienes se han convertido, en la práctica, en defensores de su política energética, hay que decir que en nuestro país, en las altas esferas del poder político y económico, existe, ha existido de hecho desde hace décadas, una corriente de pensamiento privatizador que hoy se siente en la posición y con la fuerza necesaria para consumar sus propósitos.
No se trata, pues, sólo de una ocurrencia coyuntural —la campaña contra Pemex lleva al menos dos sexenios—, sino de una firme determinación surgida casi al mismo tiempo que se produjo, con el general Lázaro Cárdenas, la expropiación petrolera y exacerbada a partir de la llegada al poder, con De la Madrid y luego Salinas de Gortari, de los tecnócratas neoliberales.
Justo para oponerse al cardenismo es que nació el PAN. Largo fue el camino para llegar al poder. Fox intentó la privatización sin lograr una correlación favorable de fuerzas. Calderón no puede, no quiere, no debe perder la oportunidad y se siente más fuerte y mejor arropado.
No se trata tan solo de una cuestión que desde su código genético los panistas traen precargada sino, además, del cumplimiento de compromisos políticos y económicos con aquellos gracias a los cuales conquistaron, a la mala, el poder. Llegó a Calderón y a los suyos la hora de pagar facturas. Ahí está el tesoro escondido en el fondo del mar para hacerlo. Echarán mano de él en cuanto puedan.
Pragmáticos como son pueden haber postergado como táctica, ocultado por conveniencia, su propósito privatizador de la industria petrolera. Nadie con dos dedos de frente sale a campaña prometiendo privatizar el petróleo. Nadie encontrará en el discurso panista evidencia abierta de este propósito. No ha perdido, sin embargo, este impulso original, fundacional del PAN, fuerza alguna. Al contrario. Como nunca, ven aglutinarse alrededor de este objetivo fuerzas políticas y económicas que están dispuestas a dar el todo por el todo para conseguirlo y llevarse su tajada.
Esta idea, esta convicción privatizadora es compartida por muchos miembros activos y ex miembros prominentes del PRI que son hoy el punto de apoyo fundamental de la maniobra calderonista. Si bien al propio Salinas de Gortari se le hubiera hecho, desde el poder, difícil avanzar en esta dirección, hoy sus afanes pueden verse cumplidos así sea por interpósita persona.
Lo que en el gobierno no pudieron conseguir los tecnócratas del PRI piensan hoy lograrlo de la mano del PAN, cobrando, por supuesto, muy caro el peaje.
Que el PAN privatice y pague, con su próxima derrota en las elecciones presidenciales, el costo de esta traición. Ya habrá tiempo para que el PRI, piensan sus dirigentes, de regreso al gobierno, administre esta nueva bonanza petrolera, producto del despojo a la nación.
Otro tanto sucede con la inmensa mayoría de los empresarios. Más allá de coincidencias ideológicas y de un desprecio genético a la participación del Estado en procesos económicos, en su lógica comercial muchos miembros de la iniciativa privada hacen ya un reparto anticipado de las utilidades que habrá de dejarles una participación —como protagonistas o como intermediarios de las empresas extranjeras— aun más activa en la industria petrolera.
También muchos académicos, intelectuales y líderes de opinión piensan, como sus cadenas, que Pemex es un dinosaurio del que es preciso desembarazarse y que la inserción de México en la nueva economía depende de las llamadas reformas estructurales, entre las que destaca, y urge, la reforma energética. No hablan, claro está, de privatizar en tanto resulta políticamente incorrecto, pero en el pensamiento económico del que se nutren ese fantasma no deja de rondar.
Con el apoyo de militantes del PRI, de la empresa privada, de un sector de la academia y la prensa —éste es su orden de batalla—, Calderón, quien urge, pues sería catastrófico no hacerlo, a la acción, se prepara para un combate que no puede evitarse y que será decisivo.
http://elcancerberodeulises.blogspot.com
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Publico
Ahora dicen que no. Que jamás se habrían atrevido a plantearlo siquiera. Que el petróleo es de la nación y que nadie en el gobierno federal ha tenido antes o tiene ahora intención alguna de privatizar Pemex. De eso no se trata la reforma energética —gritan a los cuatro vientos sin atreverse a presentar su iniciativa— sino de todo lo contrario: de convertir a la paraestatal, al menos eso debemos inferir de sus fintas y declaraciones, en un ariete de desarrollo, con el concurso, sí, de nuevos actores en el proceso pero sin perder jamás —enfatizan con melodramática solemnidad— el control sobre nuestros recursos naturales.
Al tiempo que se curan en salud —luego de haber lanzado una multimillonaria campaña publicitaria que sólo les sirvió para detectar un enorme desacuerdo social con su estrategia— aprovechan todos los espacios para descalificar, en tanto se reagrupan, la movilización que en defensa del petróleo se está organizando y tachan sin ningún recato de locos, de provocadores, a quienes pensamos que pende sobre nuestras cabezas el peligro real e inminente de que Calderón y su gobierno intenten, con una especie de albazo legislativo, despojar a la nación.
Porque más allá de la simulación y las maniobras mediáticas del gobierno y de quienes se han convertido, en la práctica, en defensores de su política energética, hay que decir que en nuestro país, en las altas esferas del poder político y económico, existe, ha existido de hecho desde hace décadas, una corriente de pensamiento privatizador que hoy se siente en la posición y con la fuerza necesaria para consumar sus propósitos.
No se trata, pues, sólo de una ocurrencia coyuntural —la campaña contra Pemex lleva al menos dos sexenios—, sino de una firme determinación surgida casi al mismo tiempo que se produjo, con el general Lázaro Cárdenas, la expropiación petrolera y exacerbada a partir de la llegada al poder, con De la Madrid y luego Salinas de Gortari, de los tecnócratas neoliberales.
Justo para oponerse al cardenismo es que nació el PAN. Largo fue el camino para llegar al poder. Fox intentó la privatización sin lograr una correlación favorable de fuerzas. Calderón no puede, no quiere, no debe perder la oportunidad y se siente más fuerte y mejor arropado.
No se trata tan solo de una cuestión que desde su código genético los panistas traen precargada sino, además, del cumplimiento de compromisos políticos y económicos con aquellos gracias a los cuales conquistaron, a la mala, el poder. Llegó a Calderón y a los suyos la hora de pagar facturas. Ahí está el tesoro escondido en el fondo del mar para hacerlo. Echarán mano de él en cuanto puedan.
Pragmáticos como son pueden haber postergado como táctica, ocultado por conveniencia, su propósito privatizador de la industria petrolera. Nadie con dos dedos de frente sale a campaña prometiendo privatizar el petróleo. Nadie encontrará en el discurso panista evidencia abierta de este propósito. No ha perdido, sin embargo, este impulso original, fundacional del PAN, fuerza alguna. Al contrario. Como nunca, ven aglutinarse alrededor de este objetivo fuerzas políticas y económicas que están dispuestas a dar el todo por el todo para conseguirlo y llevarse su tajada.
Esta idea, esta convicción privatizadora es compartida por muchos miembros activos y ex miembros prominentes del PRI que son hoy el punto de apoyo fundamental de la maniobra calderonista. Si bien al propio Salinas de Gortari se le hubiera hecho, desde el poder, difícil avanzar en esta dirección, hoy sus afanes pueden verse cumplidos así sea por interpósita persona.
Lo que en el gobierno no pudieron conseguir los tecnócratas del PRI piensan hoy lograrlo de la mano del PAN, cobrando, por supuesto, muy caro el peaje.
Que el PAN privatice y pague, con su próxima derrota en las elecciones presidenciales, el costo de esta traición. Ya habrá tiempo para que el PRI, piensan sus dirigentes, de regreso al gobierno, administre esta nueva bonanza petrolera, producto del despojo a la nación.
Otro tanto sucede con la inmensa mayoría de los empresarios. Más allá de coincidencias ideológicas y de un desprecio genético a la participación del Estado en procesos económicos, en su lógica comercial muchos miembros de la iniciativa privada hacen ya un reparto anticipado de las utilidades que habrá de dejarles una participación —como protagonistas o como intermediarios de las empresas extranjeras— aun más activa en la industria petrolera.
También muchos académicos, intelectuales y líderes de opinión piensan, como sus cadenas, que Pemex es un dinosaurio del que es preciso desembarazarse y que la inserción de México en la nueva economía depende de las llamadas reformas estructurales, entre las que destaca, y urge, la reforma energética. No hablan, claro está, de privatizar en tanto resulta políticamente incorrecto, pero en el pensamiento económico del que se nutren ese fantasma no deja de rondar.
Con el apoyo de militantes del PRI, de la empresa privada, de un sector de la academia y la prensa —éste es su orden de batalla—, Calderón, quien urge, pues sería catastrófico no hacerlo, a la acción, se prepara para un combate que no puede evitarse y que será decisivo.
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sábado, junio 09, 2007
Opinión - Epigmenio Ibarra
Ebrard en la encrucijada
Publico
A los gobiernos de izquierda de la Ciudad de México se les ha convertido siempre en objetivo de campañas mediáticas de linchamiento. La luna de miel con el gobierno federal dura además muy poco y el fuego cruzado se desata sin tregua. No se trataba sólo, en los casos de gobiernos anteriores, de las campañas de desprestigio típicas, de hacer –desde la oposición y los medios- más complicada su gestión o incluso –como en el desafuero- ir más allá y provocar, con descaro golpista hasta ahora impune, su caída. Lo principal era cerrar de tajo sus posibilidades a futuro. Se trataba pues, y se trata ahora también y tan temprano en el calendario electoral, de cancelar, más allá de los triunfos locales, las posibilidades que de gobernar este país, tan urgido de un cambio real, tiene la izquierda mexicana.
Que un político de izquierda se instale en el antiguo Palacio del Ayuntamiento es un agravio que quienes detentan el poder económico y político en nuestro país pueden tolerar sólo a condición de que esto no signifique la posibilidad siquiera de ganar la Presidencia de la República. La clase política sabe muy bien lo que pesa gobernar esta ciudad y tanto que por décadas la tuvo congelada en condición de “regencia” del Poder Ejecutivo. De un palacio a otro hay sólo unos pasos. Por eso quien, sin pertenecer al PAN o al PRI, ocupa este cargo se ve muy pronto en el ojo de la tormenta.
El caso Stanley hizo a la televisión enfocar sus baterías, sin pudor alguno, contra Cuauhtémoc Cárdenas, a quien poco menos que se acusó –en tiempo estelar- de ser el autor, por omisión, del homicidio del comediante; un homicidio además con claros nexos con el crimen organizado. Esa misma noche quedaron sepultadas, al perder Cárdenas 17 puntos porcentuales en las encuestas, no sólo sus aspiraciones presidenciales sino las posibilidades de triunfo de la izquierda.
Sobre Andrés Manuel López Obrador cayó una ofensiva mediática tras otra. Aunque estos golpes lo fortalecieron en primera instancia, cimentaron a la postre su caída. Sobre las percepciones sembradas, durante esas refriegas, es que se estructuró la campaña de guerra sucia en su contra. Se le pudo presentar como un “peligro para México” gracias a que el proceso de acumulación de acusaciones lo había colocado ya en la mira y precisamente en esa condición ante sectores muy importantes de la opinión pública.
Ambos, Cárdenas y López Obrador, cometieron errores políticos y de comunicación que sólo hicieron arreciar las campañas en su contra. El ingeniero por omisión y el tabasqueño por sus excesos ante el micrófono hicieron a sus enemigos más fácil la tarea. Cárdenas no pudo remontar el golpe; incapaz de comunicar con la majestad y eficiencia que el nivel de las acusaciones exigía fue avasallado por la verborrea de sus adversarios y quedó, ante la opinión pública, como un hombre incapaz de dar la cara y actuar con decisión.
López Obrador, por el contrario, se montó en un tren de acciones espectaculares. Construyó su imagen a partir de los muchos golpes que, orientados por el gobierno federal, recibía desde todos los frentes. No tuvo recato, ni demasiada precisión pero sí mucha efectividad. Logró convocar, como nadie lo había hecho antes en este país, a las masas en su defensa contra el desafuero pero ese enorme capital político no le alcanzó para llegar a la Presidencia. Ciertamente las elecciones –por la ilegal intromisión de Fox, la Iglesia y la cúpula empresarial- no fueron limpias pero, ciertamente también faltó distancia y masa crítica para impugnarlas.
Hoy toca el turno a Marcelo Ebrard. Primero la ley de sociedades en convivencia, luego la despenalización del aborto, ahora la histérica exigencia de que saque el garrote y reprima a los maestros disidentes lo han colocado en el centro de una tormenta ideológica. Es el stablishment político y con razón el que –con o sin concertación; por puro instinto de sobrevivencia- lo ataca.
Qué importa si Ebrard está más a la izquierda que AMLO; qué más da incluso su origen partidario, lo que importa es que respete, exprese y mantenga vigente –pese a los ataques- esa voluntad de cambio expresada en las urnas que lo llevó al poder. Voluntad de millones de ciudadanos que quieren, que queremos, una ciudad abierta, un país distinto y que sabemos que aquí y de esta manera se conquista o se cancela el futuro. No es esta una escaramuza más; es la misma batalla de siempre. Ebrard no tiene derecho a equivocarse, más allá de sus aspiraciones, lo que está en juego es la verdadera transición democrática.
Publico
A los gobiernos de izquierda de la Ciudad de México se les ha convertido siempre en objetivo de campañas mediáticas de linchamiento. La luna de miel con el gobierno federal dura además muy poco y el fuego cruzado se desata sin tregua. No se trataba sólo, en los casos de gobiernos anteriores, de las campañas de desprestigio típicas, de hacer –desde la oposición y los medios- más complicada su gestión o incluso –como en el desafuero- ir más allá y provocar, con descaro golpista hasta ahora impune, su caída. Lo principal era cerrar de tajo sus posibilidades a futuro. Se trataba pues, y se trata ahora también y tan temprano en el calendario electoral, de cancelar, más allá de los triunfos locales, las posibilidades que de gobernar este país, tan urgido de un cambio real, tiene la izquierda mexicana.
Que un político de izquierda se instale en el antiguo Palacio del Ayuntamiento es un agravio que quienes detentan el poder económico y político en nuestro país pueden tolerar sólo a condición de que esto no signifique la posibilidad siquiera de ganar la Presidencia de la República. La clase política sabe muy bien lo que pesa gobernar esta ciudad y tanto que por décadas la tuvo congelada en condición de “regencia” del Poder Ejecutivo. De un palacio a otro hay sólo unos pasos. Por eso quien, sin pertenecer al PAN o al PRI, ocupa este cargo se ve muy pronto en el ojo de la tormenta.
El caso Stanley hizo a la televisión enfocar sus baterías, sin pudor alguno, contra Cuauhtémoc Cárdenas, a quien poco menos que se acusó –en tiempo estelar- de ser el autor, por omisión, del homicidio del comediante; un homicidio además con claros nexos con el crimen organizado. Esa misma noche quedaron sepultadas, al perder Cárdenas 17 puntos porcentuales en las encuestas, no sólo sus aspiraciones presidenciales sino las posibilidades de triunfo de la izquierda.
Sobre Andrés Manuel López Obrador cayó una ofensiva mediática tras otra. Aunque estos golpes lo fortalecieron en primera instancia, cimentaron a la postre su caída. Sobre las percepciones sembradas, durante esas refriegas, es que se estructuró la campaña de guerra sucia en su contra. Se le pudo presentar como un “peligro para México” gracias a que el proceso de acumulación de acusaciones lo había colocado ya en la mira y precisamente en esa condición ante sectores muy importantes de la opinión pública.
Ambos, Cárdenas y López Obrador, cometieron errores políticos y de comunicación que sólo hicieron arreciar las campañas en su contra. El ingeniero por omisión y el tabasqueño por sus excesos ante el micrófono hicieron a sus enemigos más fácil la tarea. Cárdenas no pudo remontar el golpe; incapaz de comunicar con la majestad y eficiencia que el nivel de las acusaciones exigía fue avasallado por la verborrea de sus adversarios y quedó, ante la opinión pública, como un hombre incapaz de dar la cara y actuar con decisión.
López Obrador, por el contrario, se montó en un tren de acciones espectaculares. Construyó su imagen a partir de los muchos golpes que, orientados por el gobierno federal, recibía desde todos los frentes. No tuvo recato, ni demasiada precisión pero sí mucha efectividad. Logró convocar, como nadie lo había hecho antes en este país, a las masas en su defensa contra el desafuero pero ese enorme capital político no le alcanzó para llegar a la Presidencia. Ciertamente las elecciones –por la ilegal intromisión de Fox, la Iglesia y la cúpula empresarial- no fueron limpias pero, ciertamente también faltó distancia y masa crítica para impugnarlas.
Hoy toca el turno a Marcelo Ebrard. Primero la ley de sociedades en convivencia, luego la despenalización del aborto, ahora la histérica exigencia de que saque el garrote y reprima a los maestros disidentes lo han colocado en el centro de una tormenta ideológica. Es el stablishment político y con razón el que –con o sin concertación; por puro instinto de sobrevivencia- lo ataca.
Qué importa si Ebrard está más a la izquierda que AMLO; qué más da incluso su origen partidario, lo que importa es que respete, exprese y mantenga vigente –pese a los ataques- esa voluntad de cambio expresada en las urnas que lo llevó al poder. Voluntad de millones de ciudadanos que quieren, que queremos, una ciudad abierta, un país distinto y que sabemos que aquí y de esta manera se conquista o se cancela el futuro. No es esta una escaramuza más; es la misma batalla de siempre. Ebrard no tiene derecho a equivocarse, más allá de sus aspiraciones, lo que está en juego es la verdadera transición democrática.
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