JORGE ROCHA*
Jornada Jalisco
Las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas continúan a pesar de que hace 13 años el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) puso en la escena política las múltiples violaciones a los derechos humanos y la situación de extrema pobreza en la que vive la décima parte de la población mexicana: los indígenas.
Los hechos recientes en Jalisco y México nos demuestran una vez más que el tema de los derechos de los pueblos indígenas sigue siendo parte de la agenda pública de este país, a pesar de que grupos gubernamentales y empresariales intenten invisibilizarlo y no darle su debida importancia y peso.
En el momento actual son varios y profundos los problemas sociales que no permiten la vigencia de estos derechos, algunos de los más importantes son:
1. La legislación aprobada en México en esta materia no ha resuelto prácticamente en nada la situación de los pueblos indígenas, incluso dichas leyes han sido objeto de rechazo por parte de los propios pueblos, al considerar que no recogieron el espíritu de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. El principal punto de conflicto, tanto en la ley federal como en la recién aprobada ley estatal, es que los pueblos indígenas no son considerados sujetos de derechos, es decir, no se les atribuyen las capacidades legales necesarias para conducirse como pueblos autónomos. Además, en ambas legislaciones no se tomó en cuenta el parecer de los indígenas. En pocas palabras, se les sigue viendo como “menores de edad” y como una expresión “folklórica” de la cultura.
2. Otro de los problemas que con preocupación va creciendo es la disputa por recursos naturales. La gran mayoría de los pueblos indígenas en México y Jalisco están asentados en territorios que tienen buena parte de los recursos naturales estratégicos que requiere la economía global para su funcionamiento. La razón de esta coincidencia es sencilla, y tiene que ver con que las formas de producción de estos pueblos suelen ser ambientalmente más sustentables. Las grandes empresas, sobre todo las trasnacionales, han encaminado sus ojos y sus esfuerzos a tomar control de facto de ciertos recursos: agua, zonas de biodiversidad, bosques, minerales y combustibles fósiles (petróleo y gas natural). Los conflictos alrededor de estos intereses se van acrecentando y provocando violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Como ejemplo basta citar el caso de La Parota, en Guerrero, donde se pretende construir un gran proyecto hidroeléctrico en zonas indígenas; o en Jalisco, en la Sierra de Manantlán, donde la explotación de la minera de Peña Colorada ha sido fuente de violaciones a los derechos de los pueblos asentados en esa zona.
3. El tercer gran problema está ligado con las formas de organización autónoma y de reproducción de la cultura indígena. Entes de gobierno y ciertos sectores de derecha en México ven como un peligro que los pueblos indígenas mantengan o vayan creando formas de organización social, que pueden representar procesos visionarios de nuevas maneras de hacer política, de formas novedosas y más radicales de vivir la democracia, de procesos reales de autonomía. Un ejemplo son los marcos normativos. Pueblos indígenas de Chiapas han desarrollado sistemas de justicia que tienen su acento en la reparación del daño y no en el castigo al culpable, o la implementación de sistemas de jueces que son mediadores en los conflictos comunitarios con un nivel de eficacia muy alto. A pesar de estas luces civilizatorias, grupos del gobierno y la derecha se empeñan en frenar y deslegitimar estos procesos sociales, acusándolos de balcanización e incluso sugiriendo que caen en conductas ilegales. En esta misma línea, las grandes televisoras vieron como un peligro para sus intereses comerciales y de expansión la multiplicación de radios comunitarias en pueblos indígenas.
4. En el pasado encuentro del Congreso Nacional Indígena, celebrado en Tuxpan, Jalisco, se confirmó que uno de los problemas por el que atraviesan varios pueblos indígenas, sobre todo los que han optado por luchar por la vigencia de sus derechos, es la militarización de sus regiones. Como apareció en La Jornada Jalisco (13 de marzo), los indígenas evidenciaron que los cuerpos militares se van asentando en sus comunidades provocando diversos problemas sociales, a saber: despojo de sus pertenencias, incremento del alcoholismo, división de la comunidad, clima de miedo, aparición de la prostitución y, como vimos hace unos días, hasta violaciones de mujeres. Este patrón de actuación por parte del gobierno federal apareció desde 1994, con el levantamiento zapatista como una estrategia de guerra contrainsurgente o de baja intensidad, ésta se mantiene en Chiapas, pero va extendiéndose a otras regiones indígenas. El efecto más nocivo de estas intervenciones es la ruptura del tejido social y la aparición de problemas “nuevos” en las comunidades que no se saben procesar.
5. La migración interna de jornaleros agrícolas indígenas del sureste del país al Bajío y el noroeste de México se ha convertido en un problema social de amplia envergadura, ya que se incrementa en número y es origen de múltiples violaciones a los derechos humanos. En este tema resalta el caso de la Montaña de Guerrero, que anualmente expulsa a 50 mil indígenas a los campos de hortalizas del noroeste de México. Todos ellos en condiciones laborales sumamente precarias, donde se permite el trabajo infantil y se pagan salarios de miseria. Esta situación fue objeto de un fuerte pronunciamiento por parte de Jorge Bustamante, el relator especial de Migración de la ONU, dirigido al gobierno mexicano por su olvido y negligencia ante esta situación.
En las campañas de Felipe Calderón y Emilio González Márquez el tema indígena no estuvo presente y, en el mejor de los casos, se le toma sólo como un problema de pobreza, pero se niega e invisibiliza la demanda en torno a los derechos de los pueblos. Las acciones hasta ahora no están claras y no se vislumbra como una prioridad de estos gobiernos… ¿Dejarán que la cuerda vuelva a reventarse? Ojalá que no, pero por lo pronto seguimos esperando.
*Académico del ITESO
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viernes, marzo 16, 2007
jueves, marzo 15, 2007
El CNI y el movimiento indígena en Jalisco
CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA
Los pasados días 10 y 11 de marzo tuvo lugar la decimonovena reunión del Congreso Nacional Indígena en la región Centro-pacífico del país. Dicha asamblea se realizó en la comunidad nahua de Tuxpan y contó con la participación amplia y representativa de doce pueblos indígenas correspondientes a nueve estados de la república.
Sobre todo resaltó la copiosa participación de viejos y nuevos representantes de los pueblos wixárika (huichol) del norte del estado y nahua del sur de la entidad. A contrapelo de quienes suponen que el movimiento indígena de Jalisco ya no existe o que se reduce exclusivamente a las impopulares y fantasmagóricas “dirigencias” indígenas que actúan en el espacio público sobre la base de una falsa representatividad, la pasada reunión exhibió un renovado movimiento indígena que persiste en sus demandas históricas a la par que hace la crítica profunda de las causas estructurales que han provocado la pobreza, explotación y falta de reconocimiento de los pueblos originarios del estado y del país.
De este modo, los pueblos indios de Jalisco aprovecharon el cónclave regional para refrendar un pacto que viene de varios años atrás y que, esperamos, próximamente dará nuevos frutos que fortalezcan su lucha en el nivel local, estatal y nacional.
No está por demás decir que los más de 100 delegados correspondientes a los pueblos indígenas de Jalisco, presentes en la reunión, reiteraron su tajante rechazo a la ley indígena recientemente aprobada en la entidad, así como a la inmisericorde explotación que actualmente viven los trabajadores del campo y a los infrenables procesos de despojo que cotidianamente desata el gran capital en contra de los territorios y los saberes tradicionales indígenas.
No debe resultarnos casual que en la asamblea de Tuxpan se hayan efectuado la descripción y la denuncia minuciosas de los más novedosos mecanismos de saqueo capitalista, aquéllos que buscan la apropiación definitiva de los saberes ancestrales indígenas a través de los mecanismos de propiedad intelectual legalizados en meses anteriores por el Congreso de la Unión.
Y decimos que no es casual lo anterior porque Tuxpan, una de las comunidades con mayor identidad cultural y acumulación de saberes ancestrales de todo el occidente mexicano, tal como está reconocido en etnografías tan viejas y tan prestigiadas como la que Karl Lumholtz realizó hace más de un siglo en la sierra huichol, la sierra tarahumara , Cherán y la propia Tuxpan, está siendo ya víctima de la piratería y las patentes “culturales”.
La Declaración de Tuxpan, segundo documento que el CNI emite en la referida localidad, después de que suscribiera un primer Pronunciamiento Indígena de Tuxpan el día 29 de septiembre de 2001, recoge los puntos esenciales que se discutieron en la asamblea del pasado fin de semana, mismos que resultan cruciales para el futuro desarrollo del movimiento indígena en la entidad y en el país, pues, dicho documento desde un principio establece que “las grandes empresas han tomado ya el gobierno de este país y han intensificado el ataque frontal a las comunidades con un claro objetivo de exterminio de nuestros pueblos, apoyándose en organismos financieros internacionales, así como en programas y leyes que legalizan su terrorismo de Estado”.
A tono con otros acontecimientos centrales del movimiento indígena nacional los participantes en la reunión de Tuxpan acordaron convocar “a todos los pueblos, naciones, tribus, colectivos y organizaciones que integran el Congreso Nacional Indígena a participar en los campamentos de paz –en defensa del derecho a la existencia de los pueblos cucapá, quilihua y tzotzil– que se desarrollarán en los meses de febrero a mayo en la comunidad indígena de El Mayor en territorio cucapá, Baja California (…) y en el poblado de Huitepec Ocotal (segunda sección), en territorio del pueblo tzotzil, en las cercanías de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas”.
La declaración concluye con una contundente sentencia: “El sistema político actual nos ha dado la espalda y ya no es opción para nuestros pueblos, por lo que seguiremos trabajando desde abajo y a través de nuestros modos y formas propias de organización”.
Los pasados días 10 y 11 de marzo tuvo lugar la decimonovena reunión del Congreso Nacional Indígena en la región Centro-pacífico del país. Dicha asamblea se realizó en la comunidad nahua de Tuxpan y contó con la participación amplia y representativa de doce pueblos indígenas correspondientes a nueve estados de la república.
Sobre todo resaltó la copiosa participación de viejos y nuevos representantes de los pueblos wixárika (huichol) del norte del estado y nahua del sur de la entidad. A contrapelo de quienes suponen que el movimiento indígena de Jalisco ya no existe o que se reduce exclusivamente a las impopulares y fantasmagóricas “dirigencias” indígenas que actúan en el espacio público sobre la base de una falsa representatividad, la pasada reunión exhibió un renovado movimiento indígena que persiste en sus demandas históricas a la par que hace la crítica profunda de las causas estructurales que han provocado la pobreza, explotación y falta de reconocimiento de los pueblos originarios del estado y del país.
De este modo, los pueblos indios de Jalisco aprovecharon el cónclave regional para refrendar un pacto que viene de varios años atrás y que, esperamos, próximamente dará nuevos frutos que fortalezcan su lucha en el nivel local, estatal y nacional.
No está por demás decir que los más de 100 delegados correspondientes a los pueblos indígenas de Jalisco, presentes en la reunión, reiteraron su tajante rechazo a la ley indígena recientemente aprobada en la entidad, así como a la inmisericorde explotación que actualmente viven los trabajadores del campo y a los infrenables procesos de despojo que cotidianamente desata el gran capital en contra de los territorios y los saberes tradicionales indígenas.
No debe resultarnos casual que en la asamblea de Tuxpan se hayan efectuado la descripción y la denuncia minuciosas de los más novedosos mecanismos de saqueo capitalista, aquéllos que buscan la apropiación definitiva de los saberes ancestrales indígenas a través de los mecanismos de propiedad intelectual legalizados en meses anteriores por el Congreso de la Unión.
Y decimos que no es casual lo anterior porque Tuxpan, una de las comunidades con mayor identidad cultural y acumulación de saberes ancestrales de todo el occidente mexicano, tal como está reconocido en etnografías tan viejas y tan prestigiadas como la que Karl Lumholtz realizó hace más de un siglo en la sierra huichol, la sierra tarahumara , Cherán y la propia Tuxpan, está siendo ya víctima de la piratería y las patentes “culturales”.
La Declaración de Tuxpan, segundo documento que el CNI emite en la referida localidad, después de que suscribiera un primer Pronunciamiento Indígena de Tuxpan el día 29 de septiembre de 2001, recoge los puntos esenciales que se discutieron en la asamblea del pasado fin de semana, mismos que resultan cruciales para el futuro desarrollo del movimiento indígena en la entidad y en el país, pues, dicho documento desde un principio establece que “las grandes empresas han tomado ya el gobierno de este país y han intensificado el ataque frontal a las comunidades con un claro objetivo de exterminio de nuestros pueblos, apoyándose en organismos financieros internacionales, así como en programas y leyes que legalizan su terrorismo de Estado”.
A tono con otros acontecimientos centrales del movimiento indígena nacional los participantes en la reunión de Tuxpan acordaron convocar “a todos los pueblos, naciones, tribus, colectivos y organizaciones que integran el Congreso Nacional Indígena a participar en los campamentos de paz –en defensa del derecho a la existencia de los pueblos cucapá, quilihua y tzotzil– que se desarrollarán en los meses de febrero a mayo en la comunidad indígena de El Mayor en territorio cucapá, Baja California (…) y en el poblado de Huitepec Ocotal (segunda sección), en territorio del pueblo tzotzil, en las cercanías de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas”.
La declaración concluye con una contundente sentencia: “El sistema político actual nos ha dado la espalda y ya no es opción para nuestros pueblos, por lo que seguiremos trabajando desde abajo y a través de nuestros modos y formas propias de organización”.
martes, marzo 13, 2007
Militarizar territorios indígenas no detiene el narcotráfico, afirman participantes del CNI-CP
Sólo da seguridad a empresas para seguir saqueando nuestros recursos naturales, denuncian
Lamentan que aumenten las agresiones y que la presencia de soldados se vea como algo cotidiano
EMILIANO DIAZ CARNERO
La militarización del país y de los territorios indígenas no ha resuelto el problema del narcotráfico, sólo busca dar seguridad y estabilidad a las empresas para seguir despojando de sus recursos naturales a las comunidades, denunciaron representantes indígenas que participaron en la 19 asamblea del Congreso Nacional Indígena de la región Centro-Pacífico (CNI-CP).
“Tanto los partidos políticos como los militares utilizan el alcoholismo para lograr lo que quieren en nuestras comunidades. También cuando llegan los preventivos y los soldados agreden a las gentes pacíficas de la comunidad que no tienen algún delito, y si alguien reclama ellos lo ven como una agresión y lo golpean por las preguntas que hacen. A nosotros nos dicen los soldados que están para proteger a la nación, pero para nosotros nos agraden porque nos hacen pasar por delincuentes”, denunció Gaudencio Mancilla Roblada, representante legal del Consejo de Mayores de la comunidad nahua de Ayotitlán.
“Se meten en las decisiones que le corresponden a la asamblea, no informan de lo que hacen y de lo que buscan, nada más van y nos agreden sin respetar a la gente, nuestra asamblea y autoridad tradicional, pero eso sí, protegen los intereses de la Minera Peña Colorada, que lleva sacando desde hace años hierro de nuestro territorio, destruyendo poblados, cultivos, los bosques y los manantiales”, agregó Mancilla.
En la costa nahua de Michoacán, los militares lo único que hacen es dañar los cultivos y robarse los animales y las frutas que cultivan las comunidades. “Nada más se llevan los cocos y las frutas de las comunidades como si fueran de ellos, también matan a las iguanas y a los venados. Entran a los potreros y dejan que se salgan los animales y dañan nuestros cultivos. Si hacen esto para destruir plantas que buscan (amapola y marihuana), pues está bien, pero que dañen nuestros cultivos y bosque no está bien; a veces también dañan las mangueras y nos dejan sin agua a los abrevaderos de los animales. Afortunadamente en nuestra comunidad no ha habido violaciones de mujeres como en otras comunidades que sí hay denuncias”, dijo Evaristo Domínguez, de la comunidad de Ostula.
“Aquí la cosa sigue igual, los militares están ahí y la gente lo sabe pero no ha cambiado nada, los grandes narcos siguen igual y las cosas no mejoran nada”, continuó.
Por otro lado, en Guerrero, donde la militarización comenzó desde 1988, el narcotráfico y la inseguridad no han disminuido, por el contrario, sigue en aumento a pesar de los operativos federales en el estado.
“Los militares no respetan a la comunidad, ellos llegan con el capricho de atacar el narco y llegan golpeando sin saber quién es quién; nos culpan de narcos pero somos campesinos que defendemos nuestro bosque de las empresas aserraderos, nos revisan el morral donde llevamos la tortilla para comer en la milpa y nos la tiran y nos amenazan. Además, llegan a la comunidad y a la gente le da miedo, eso es lo que ya no queremos”, explicó Miguel Mendoza Cruz, presidente de Bienes Comunales de La Soledad, comunidad mixteca de Guerrero.
Asimismo, en Guanajuato la presencia militar se incrementa, lo que preocupa a las comunidades chichimeca huachichil, ya que para ellos no sólo aumentarán las agresiones y violaciones de mujeres, sino que la militarización se vea como algo cotidiano.
“En las elecciones pasadas llegó un convoy de militares con la excusa de custodiar las elecciones y el IFE, pero se quedaron ahí, no se fueron. Ahora hay hostigamientos constantes hacia la gente de mi comunidad y lo que nos preocupa es que la gente se acostumbre a estas agresiones. La gente baja al centro de la comunidad y del municipio a vender su artesanía y sus productos del campo y ahí es cuando los militares se acercan a las chavitas, las ubican y luego se presentan los casos de violaciones, hasta con embarazos”, denunció Carmen Alvarez, de la comunidad chichimeca huachichil de San Ignacio, del municipio de San Luis de la Paz.
“Lo que nosotros pensamos es que la presencia militar que está aumentando en nuestro territorio y estado es para darle seguridad a los inversionistas que están detrás de la construcción del llamado “puerto interior”, que es un aeropuerto que quieren construir en el corredor industrial de Silao-León y que distribuiría todas las mercancías de las grandes empresas de nuestra región, de México y de las trasnacionales”, continuó Alvarez.
A la par de estas denuncias, el gobierno federal ha incrementado los operativos militares en todo el territorio nacional con la intención de combatir el narcotráfico, pero no ha tenido los resultados esperados, como lo denuncian todos los medios de comunicación nacional a pesar de haber aumentado los sueldos de todo el Ejército mexicano en un 46 por ciento y de invertir millones en equipos de alta tecnología.
Lamentan que aumenten las agresiones y que la presencia de soldados se vea como algo cotidiano
EMILIANO DIAZ CARNERO
La militarización del país y de los territorios indígenas no ha resuelto el problema del narcotráfico, sólo busca dar seguridad y estabilidad a las empresas para seguir despojando de sus recursos naturales a las comunidades, denunciaron representantes indígenas que participaron en la 19 asamblea del Congreso Nacional Indígena de la región Centro-Pacífico (CNI-CP).
“Tanto los partidos políticos como los militares utilizan el alcoholismo para lograr lo que quieren en nuestras comunidades. También cuando llegan los preventivos y los soldados agreden a las gentes pacíficas de la comunidad que no tienen algún delito, y si alguien reclama ellos lo ven como una agresión y lo golpean por las preguntas que hacen. A nosotros nos dicen los soldados que están para proteger a la nación, pero para nosotros nos agraden porque nos hacen pasar por delincuentes”, denunció Gaudencio Mancilla Roblada, representante legal del Consejo de Mayores de la comunidad nahua de Ayotitlán.
“Se meten en las decisiones que le corresponden a la asamblea, no informan de lo que hacen y de lo que buscan, nada más van y nos agreden sin respetar a la gente, nuestra asamblea y autoridad tradicional, pero eso sí, protegen los intereses de la Minera Peña Colorada, que lleva sacando desde hace años hierro de nuestro territorio, destruyendo poblados, cultivos, los bosques y los manantiales”, agregó Mancilla.
En la costa nahua de Michoacán, los militares lo único que hacen es dañar los cultivos y robarse los animales y las frutas que cultivan las comunidades. “Nada más se llevan los cocos y las frutas de las comunidades como si fueran de ellos, también matan a las iguanas y a los venados. Entran a los potreros y dejan que se salgan los animales y dañan nuestros cultivos. Si hacen esto para destruir plantas que buscan (amapola y marihuana), pues está bien, pero que dañen nuestros cultivos y bosque no está bien; a veces también dañan las mangueras y nos dejan sin agua a los abrevaderos de los animales. Afortunadamente en nuestra comunidad no ha habido violaciones de mujeres como en otras comunidades que sí hay denuncias”, dijo Evaristo Domínguez, de la comunidad de Ostula.
“Aquí la cosa sigue igual, los militares están ahí y la gente lo sabe pero no ha cambiado nada, los grandes narcos siguen igual y las cosas no mejoran nada”, continuó.
Por otro lado, en Guerrero, donde la militarización comenzó desde 1988, el narcotráfico y la inseguridad no han disminuido, por el contrario, sigue en aumento a pesar de los operativos federales en el estado.
“Los militares no respetan a la comunidad, ellos llegan con el capricho de atacar el narco y llegan golpeando sin saber quién es quién; nos culpan de narcos pero somos campesinos que defendemos nuestro bosque de las empresas aserraderos, nos revisan el morral donde llevamos la tortilla para comer en la milpa y nos la tiran y nos amenazan. Además, llegan a la comunidad y a la gente le da miedo, eso es lo que ya no queremos”, explicó Miguel Mendoza Cruz, presidente de Bienes Comunales de La Soledad, comunidad mixteca de Guerrero.
Asimismo, en Guanajuato la presencia militar se incrementa, lo que preocupa a las comunidades chichimeca huachichil, ya que para ellos no sólo aumentarán las agresiones y violaciones de mujeres, sino que la militarización se vea como algo cotidiano.
“En las elecciones pasadas llegó un convoy de militares con la excusa de custodiar las elecciones y el IFE, pero se quedaron ahí, no se fueron. Ahora hay hostigamientos constantes hacia la gente de mi comunidad y lo que nos preocupa es que la gente se acostumbre a estas agresiones. La gente baja al centro de la comunidad y del municipio a vender su artesanía y sus productos del campo y ahí es cuando los militares se acercan a las chavitas, las ubican y luego se presentan los casos de violaciones, hasta con embarazos”, denunció Carmen Alvarez, de la comunidad chichimeca huachichil de San Ignacio, del municipio de San Luis de la Paz.
“Lo que nosotros pensamos es que la presencia militar que está aumentando en nuestro territorio y estado es para darle seguridad a los inversionistas que están detrás de la construcción del llamado “puerto interior”, que es un aeropuerto que quieren construir en el corredor industrial de Silao-León y que distribuiría todas las mercancías de las grandes empresas de nuestra región, de México y de las trasnacionales”, continuó Alvarez.
A la par de estas denuncias, el gobierno federal ha incrementado los operativos militares en todo el territorio nacional con la intención de combatir el narcotráfico, pero no ha tenido los resultados esperados, como lo denuncian todos los medios de comunicación nacional a pesar de haber aumentado los sueldos de todo el Ejército mexicano en un 46 por ciento y de invertir millones en equipos de alta tecnología.
domingo, marzo 11, 2007
Nueva ofensiva paramilitar impide a comunidades zapatistas asistir al CNI
Mediante una carta denuncian el intento de despojo de sus tierras “por los malos gobiernos”
Uno de los asistentes al CNI da lectura a la carta enviada por indígenas zapatistas Foto: EMILIANO DIAZ CARNERO
EMILIANO DIAZ CARNERO
Uno de los asistentes al CNI da lectura a la carta enviada por indígenas zapatistas
Lupa
Uno de los asistentes al CNI da lectura a la carta enviada por indígenas zapatistas Foto: EMILIANO DIAZ CARNERO
Tuxpan, 10 de marzo.- A través de una carta enviada por la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a la décimo novena reunión del Congreso Nacional Indígena de la región Centro-Pacífico (CNI-CP), se denuncia la nueva ofensiva paramilitar que sufren las comunidades indígenas zapatistas de Chiapas, lo que les impidió asistir a dicha reunión como lo tenían planeado.
“Como sabrán, en estos días estamos resistiendo una nueva ofensiva de los grupos paramilitares patrocinados por los malos gobiernos federales, estatales y municipales. Nuestras comunidades resisten organizadamente los intentos de despojo de las tierras que recuperamos con la sangre de nuestras compañeras y compañeros. Estos grupos guardias blancas están ligados a los partidos políticos PRI, PT y PRD y cuentan con el beneficio del gobierno federal, o sea, del PAN. CIOAC-Histórica (ligada al PRD) y algunos otros que no son nada más que reediciones del grupo paramilitar Paz y Justicia.
“El hostigamiento de los paramilitares en contra de nuestros pueblos no es nuevo. Lo novedoso es que antes contaban con el auspicio del gobierno y del PRI, y ahora se han sumado el PRD, el PT y el PAN.
“Tampoco es nueva la indiferencia de ciertos sectores de la sociedad que antes estuvieron cercanos al zapatismo. Desde nuestro distanciamiento del PRD y nuestra posición crítica frente al llamado lopezobradorismo, esos actores han querido cobrarnos con su silencio y su desprecio el no sumarnos a la corte de AMLO.
“Lo sabíamos. Desde que se gestó en nuestras montañas la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, sabíamos que estas personas se iban a alejar y a ponerse en contra. Aún así, hicimos y hacemos lo que consideramos es nuestro deber: buscar abajo y a la izquierda el camino, el paso y la compañía. Es nuestra convicción que sólo podemos conquistar nuestra libertad y nuestros derechos como pueblos originarios si derrotamos al sistema responsable de nuestros dolores: el capitalismo.
“Conforme se disipa el espejismo electorero y allá arriba se despojan de sus trajes de carnaval, la realidad va confirmando lo que coma desde lejos vimos y valoramos: allá arriba no hay sino simulación, cinismo y deshonestidad.
“Como les decíamos, la ofensiva paramilitar y gubernamental no es nueva, pero nos ha obligado a algunos ajustes internos que nos permitan cumplir con dos de los grandes objetivos de la Sexta Declaración: cuidar a nuestros pueblos y avanzar en lo que se ha dado en llamar la Otra Campaña.
“Son estos ajustes los que nos impidieron asistir personalmente a su importante reunión. Con toda oportunidad y nobleza, fuimos invitados por los compañeros y compañeras del CNI-Región Centro-Pacífico y gustosos aceptamos. Desgraciadamente, debido a estos problemas, ahora sólo les llega nuestra palabra en estas letras”, manifiesta la carta enviada.
Esta denuncia se suma a las que desde inicios de febrero han hecho públicamente tanto las Juntas de Buen Gobierno de los cinco caracoles zapatistas, como por el propio EZLN.
Uno de los asistentes al CNI da lectura a la carta enviada por indígenas zapatistas Foto: EMILIANO DIAZ CARNEROEMILIANO DIAZ CARNERO
Uno de los asistentes al CNI da lectura a la carta enviada por indígenas zapatistas
Lupa
Uno de los asistentes al CNI da lectura a la carta enviada por indígenas zapatistas Foto: EMILIANO DIAZ CARNERO
Tuxpan, 10 de marzo.- A través de una carta enviada por la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a la décimo novena reunión del Congreso Nacional Indígena de la región Centro-Pacífico (CNI-CP), se denuncia la nueva ofensiva paramilitar que sufren las comunidades indígenas zapatistas de Chiapas, lo que les impidió asistir a dicha reunión como lo tenían planeado.
“Como sabrán, en estos días estamos resistiendo una nueva ofensiva de los grupos paramilitares patrocinados por los malos gobiernos federales, estatales y municipales. Nuestras comunidades resisten organizadamente los intentos de despojo de las tierras que recuperamos con la sangre de nuestras compañeras y compañeros. Estos grupos guardias blancas están ligados a los partidos políticos PRI, PT y PRD y cuentan con el beneficio del gobierno federal, o sea, del PAN. CIOAC-Histórica (ligada al PRD) y algunos otros que no son nada más que reediciones del grupo paramilitar Paz y Justicia.
“El hostigamiento de los paramilitares en contra de nuestros pueblos no es nuevo. Lo novedoso es que antes contaban con el auspicio del gobierno y del PRI, y ahora se han sumado el PRD, el PT y el PAN.
“Tampoco es nueva la indiferencia de ciertos sectores de la sociedad que antes estuvieron cercanos al zapatismo. Desde nuestro distanciamiento del PRD y nuestra posición crítica frente al llamado lopezobradorismo, esos actores han querido cobrarnos con su silencio y su desprecio el no sumarnos a la corte de AMLO.
“Lo sabíamos. Desde que se gestó en nuestras montañas la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, sabíamos que estas personas se iban a alejar y a ponerse en contra. Aún así, hicimos y hacemos lo que consideramos es nuestro deber: buscar abajo y a la izquierda el camino, el paso y la compañía. Es nuestra convicción que sólo podemos conquistar nuestra libertad y nuestros derechos como pueblos originarios si derrotamos al sistema responsable de nuestros dolores: el capitalismo.
“Conforme se disipa el espejismo electorero y allá arriba se despojan de sus trajes de carnaval, la realidad va confirmando lo que coma desde lejos vimos y valoramos: allá arriba no hay sino simulación, cinismo y deshonestidad.
“Como les decíamos, la ofensiva paramilitar y gubernamental no es nueva, pero nos ha obligado a algunos ajustes internos que nos permitan cumplir con dos de los grandes objetivos de la Sexta Declaración: cuidar a nuestros pueblos y avanzar en lo que se ha dado en llamar la Otra Campaña.
“Son estos ajustes los que nos impidieron asistir personalmente a su importante reunión. Con toda oportunidad y nobleza, fuimos invitados por los compañeros y compañeras del CNI-Región Centro-Pacífico y gustosos aceptamos. Desgraciadamente, debido a estos problemas, ahora sólo les llega nuestra palabra en estas letras”, manifiesta la carta enviada.
Esta denuncia se suma a las que desde inicios de febrero han hecho públicamente tanto las Juntas de Buen Gobierno de los cinco caracoles zapatistas, como por el propio EZLN.
Denuncia el CNI los problemas que viven los pueblos indígenas frente a políticas capitalistas
Ante más de 200 delegados y representantes de 12 etnias, se inauguró la 19 reunión plenaria
Comparten experiencias de lucha y organización ante ataques de las leyes de los tres niveles de gobierno
EMILIANO DIAZ CARNERO (Enviado)
Tuxpan, 10 de marzo.- Ante la actual crisis del sistema político mexicano y la difícil situación económica que padecen no sólo los pueblos indígenas de México, sino la mayoría de los mexicanos, el Congreso Nacional Indígena de la región Centro-Pacífico (CNI-CP) denunció los problemas que viven los pueblos indígenas frente a las políticas públicas capitalistas que llevan cabo tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y municipales de todos los partidos políticos.
Con la presencia de más de 200 delegados y representantes del pueblo nahua de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como de los pueblos, naciones y tribus coca, de Jalisco; ñañu, del estado de México; trique, de Oaxaca; amuzgo y mixteco, de Guerrero; zoque, de Chiapas; wirraritari o huichol, de Jalisco, Nayarit y Durango; purépecha, de Michoacán, y chichimeca huachichil, de Guanajuato, se inauguró la décimo novena reunión plenaria del CNI-CP, en la que los representantes indígenas se han dado cita para discutir los problemas que padecen sus pueblos; identificar quién y cómo son explotados y despojados de sus riquezas naturales y culturales; para compartir experiencias de lucha y organización ante los ataques de las leyes y políticas de los gobiernos actuales, así como la forma de fortalecer su resistencia y articulación para construir el programa nacional de lucha junto con todos los explotados del país en el marco de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, emitida por las comunidades indígenas que integran el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
“A más de 11 años de que fueron firmados los Acuerdos de San Andrés por el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista, en nuestro país no se ha logrado reconocer los derechos de las comunidades indígenas en el marco jurídico nacional, en la Constitución; por el contrario, vemos cómo se han ido minando nuestros derechos ya ganados, a través de reformas constitucionales, leyes estatales indígenas, como la recientemente aprobada en Jalisco; pese al rechazo unánime de todas las comunidades indígenas del estado y programas de gobierno, se busca el exterminio de nuestros pueblos. El gobierno está golpeando cada vez más fuerte a nuestros pueblos, que desde hace más de 500 años vive una situación de extrema pobreza”, declararon los anfitriones de la reunión.
En la inauguración de la reunión se denunció la nueva ofensiva paramilitar que actualmente sufren las comunidades indígenas zapatistas de Chipas, que impidieron su participación en este encuentro, así como la situación que padecen los más de 80 millones de mexicanos pobres que hay en México, además de la escandalosa migración forzada que cada año obliga a dejar a sus familias a más de 11 millones de paisanos.
“Mientras que el gobierno llena de policías y militares todo el territorio nacional con la excusa de combatir el narcotráfico sin destruirlo realmente, nuestros pueblos indígenas siguen en la más terrible miseria y hostigamiento por parte de las autoridades del gobierno por seguir existiendo como pueblos, con nuestra propia cultura y tradición. Por eso es importante esta reunión, para continuar los trabajos que ya venimos realizando desde hace años para lograr que se nos reconozcan nuestros derechos. Tenemos que meterle coraje a estos trabajos, tenemos que buscar la unidad y respeto a través del diálogo entre nosotros mismos y así detener los intentos de división que vienen realizando el gobierno y los partidos políticos en nuestras comunidades”, declaró María de Jesús Patricio.
Por su parte, los representantes del pueblo huichol ratificaron su compromiso por seguir trabajando junto a los esfuerzos del CNI, al cual le van a presentar en esta reunión diferentes propuestas a lo largo de los trabajos.
De igual forma, los delegados de la comunidad coca de Mezcala y nahua de Ayotitlán saludaron los trabajos que se van a iniciar y anunciaron su voluntad para seguir trabajando junto con el CNI-CP para lograr el reconocimiento de los derechos y cultura indígenas.
“Nosotros vemos cómo siguen llegando más y más problemas a nuestras comunidades, por lo que tenemos que organizarnos todos juntos como mexicanos para poder sobrevivir ante los engaños y mentiras del gobierno y sus programas. Nosotros queremos trabajo y buenos salarios para vivir dignamente y no depender de las migajas y limosnas que da el gobierno con sus despensas”, enfatizó Sebastiana Guzmán Leal.
“Queremos que los medios de comunicación digan la verdad de lo que padecen nuestros pueblos, no que digan medias verdades, como hacen algunos, sino la verdadera situación de miseria que vivimos al no tener trabajo, educación y salud, a pesar de pagar nuestros impuestos, que el gobierno no regresa con servicios y trabajos dignos para nuestros pueblos”, agregó.
Terminada la inauguración, los representantes indígenas se concentraron a trabajar en cuatro mesas de discusión, en donde comenzaron a surgir denuncias como el impedimento para que las comunidades puedan aprovechar sus recursos naturales, así como la contaminación de sus territorios por empresas gasificadoras, termoeléctricas, mineras, proyectos carreteros que no benefician en nada a sus comunidades y sólo enriquecen a lo que ellos llaman “los señores del dinero”.
La reunión de Tuxpan continúa los acuerdos alcanzados en su anterior asamblea, celebrada en la comunidad purépecha de Cherán, la cual declaró en su momento que:
“A diferencia de ayer, hoy nuestro Congreso Nacional Indígena, en el marco de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y de la Otra Campaña, reconoce la autonomía que como pueblos vivimos y construimos como una de nuestras formas de resistencia pacífica ante los avances y contradicciones del neoliberalismo en el mundo y en nuestro país. La actual crisis del Estado mexicano y su sistema político, en que se encuentran inmersos los partidos políticos sin excepción, ha sido inducida por los intereses económicos de los grupos capitalistas nacionales e internacionales, confundiendo a amplios sectores del pueblo de México que buscan una supuesta democracia en un sistema de partidos que deja de lado los auténticos intereses de nuestros pueblos. Por lo tanto, reafirmamos nuestro consenso nacional de reconocer a los Acuerdos de San Andrés como nuestra Constitución y principal carta de derechos de nuestros pueblos indígenas de México”.
La discusión será retomada y enriquecida en las mesas de trabajo de este domingo.
Comparten experiencias de lucha y organización ante ataques de las leyes de los tres niveles de gobierno
EMILIANO DIAZ CARNERO (Enviado)
Tuxpan, 10 de marzo.- Ante la actual crisis del sistema político mexicano y la difícil situación económica que padecen no sólo los pueblos indígenas de México, sino la mayoría de los mexicanos, el Congreso Nacional Indígena de la región Centro-Pacífico (CNI-CP) denunció los problemas que viven los pueblos indígenas frente a las políticas públicas capitalistas que llevan cabo tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y municipales de todos los partidos políticos.
Con la presencia de más de 200 delegados y representantes del pueblo nahua de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como de los pueblos, naciones y tribus coca, de Jalisco; ñañu, del estado de México; trique, de Oaxaca; amuzgo y mixteco, de Guerrero; zoque, de Chiapas; wirraritari o huichol, de Jalisco, Nayarit y Durango; purépecha, de Michoacán, y chichimeca huachichil, de Guanajuato, se inauguró la décimo novena reunión plenaria del CNI-CP, en la que los representantes indígenas se han dado cita para discutir los problemas que padecen sus pueblos; identificar quién y cómo son explotados y despojados de sus riquezas naturales y culturales; para compartir experiencias de lucha y organización ante los ataques de las leyes y políticas de los gobiernos actuales, así como la forma de fortalecer su resistencia y articulación para construir el programa nacional de lucha junto con todos los explotados del país en el marco de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, emitida por las comunidades indígenas que integran el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
“A más de 11 años de que fueron firmados los Acuerdos de San Andrés por el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista, en nuestro país no se ha logrado reconocer los derechos de las comunidades indígenas en el marco jurídico nacional, en la Constitución; por el contrario, vemos cómo se han ido minando nuestros derechos ya ganados, a través de reformas constitucionales, leyes estatales indígenas, como la recientemente aprobada en Jalisco; pese al rechazo unánime de todas las comunidades indígenas del estado y programas de gobierno, se busca el exterminio de nuestros pueblos. El gobierno está golpeando cada vez más fuerte a nuestros pueblos, que desde hace más de 500 años vive una situación de extrema pobreza”, declararon los anfitriones de la reunión.
En la inauguración de la reunión se denunció la nueva ofensiva paramilitar que actualmente sufren las comunidades indígenas zapatistas de Chipas, que impidieron su participación en este encuentro, así como la situación que padecen los más de 80 millones de mexicanos pobres que hay en México, además de la escandalosa migración forzada que cada año obliga a dejar a sus familias a más de 11 millones de paisanos.
“Mientras que el gobierno llena de policías y militares todo el territorio nacional con la excusa de combatir el narcotráfico sin destruirlo realmente, nuestros pueblos indígenas siguen en la más terrible miseria y hostigamiento por parte de las autoridades del gobierno por seguir existiendo como pueblos, con nuestra propia cultura y tradición. Por eso es importante esta reunión, para continuar los trabajos que ya venimos realizando desde hace años para lograr que se nos reconozcan nuestros derechos. Tenemos que meterle coraje a estos trabajos, tenemos que buscar la unidad y respeto a través del diálogo entre nosotros mismos y así detener los intentos de división que vienen realizando el gobierno y los partidos políticos en nuestras comunidades”, declaró María de Jesús Patricio.
Por su parte, los representantes del pueblo huichol ratificaron su compromiso por seguir trabajando junto a los esfuerzos del CNI, al cual le van a presentar en esta reunión diferentes propuestas a lo largo de los trabajos.
De igual forma, los delegados de la comunidad coca de Mezcala y nahua de Ayotitlán saludaron los trabajos que se van a iniciar y anunciaron su voluntad para seguir trabajando junto con el CNI-CP para lograr el reconocimiento de los derechos y cultura indígenas.
“Nosotros vemos cómo siguen llegando más y más problemas a nuestras comunidades, por lo que tenemos que organizarnos todos juntos como mexicanos para poder sobrevivir ante los engaños y mentiras del gobierno y sus programas. Nosotros queremos trabajo y buenos salarios para vivir dignamente y no depender de las migajas y limosnas que da el gobierno con sus despensas”, enfatizó Sebastiana Guzmán Leal.
“Queremos que los medios de comunicación digan la verdad de lo que padecen nuestros pueblos, no que digan medias verdades, como hacen algunos, sino la verdadera situación de miseria que vivimos al no tener trabajo, educación y salud, a pesar de pagar nuestros impuestos, que el gobierno no regresa con servicios y trabajos dignos para nuestros pueblos”, agregó.
Terminada la inauguración, los representantes indígenas se concentraron a trabajar en cuatro mesas de discusión, en donde comenzaron a surgir denuncias como el impedimento para que las comunidades puedan aprovechar sus recursos naturales, así como la contaminación de sus territorios por empresas gasificadoras, termoeléctricas, mineras, proyectos carreteros que no benefician en nada a sus comunidades y sólo enriquecen a lo que ellos llaman “los señores del dinero”.
La reunión de Tuxpan continúa los acuerdos alcanzados en su anterior asamblea, celebrada en la comunidad purépecha de Cherán, la cual declaró en su momento que:
“A diferencia de ayer, hoy nuestro Congreso Nacional Indígena, en el marco de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y de la Otra Campaña, reconoce la autonomía que como pueblos vivimos y construimos como una de nuestras formas de resistencia pacífica ante los avances y contradicciones del neoliberalismo en el mundo y en nuestro país. La actual crisis del Estado mexicano y su sistema político, en que se encuentran inmersos los partidos políticos sin excepción, ha sido inducida por los intereses económicos de los grupos capitalistas nacionales e internacionales, confundiendo a amplios sectores del pueblo de México que buscan una supuesta democracia en un sistema de partidos que deja de lado los auténticos intereses de nuestros pueblos. Por lo tanto, reafirmamos nuestro consenso nacional de reconocer a los Acuerdos de San Andrés como nuestra Constitución y principal carta de derechos de nuestros pueblos indígenas de México”.
La discusión será retomada y enriquecida en las mesas de trabajo de este domingo.
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