Los últimos cinco presidentes de México han gobernado de manera contraria a los intereses populares y nacionales. Tres de ellos, De la Madrid, Zedillo y Fox, recibieron el poder de manera formalmente legal. Salinas fue y Calderón es un usurpador. Uno y otro decidieron hacer nugatoria la democracia y aplicaron meticulosamente la ortodoxia del golpe de Estado. Ante la evidencia de que la voluntad popular les era adversa —y en palmaria contravención a la ley— se actuó desde las más altas esferas del poder, utilizando las instituciones nacionales en contra de los intereses populares para preservar el régimen político y los privilegios oligárquicos. Dicho en plata mexicana: se robaron el poder.
Ahí terminan las semejanzas entre los dos últimos eventos del latrocinio electoral mexicano y se inician las diferencias. Después del fraude de 1988 la población se encontraba agraviada y molesta, pero al mismo tiempo impedida de reaccionar, porque la aceptación del fraude como un hecho consumado inhibió cualquier posibilidad de lucha. En 2006, ni la población ni su dirigencia aceptaron el fraude. Habrá quien lo atribuya al carisma y tenacidad del líder, o al saber hacer en la dirección política, o al hartazgo de la población por los reiterados atropellos a su voluntad y la iniquidad de la mentira. De cualquiera de las maneras, o por todas ellas, lo que aparece es la lección histórica. El pueblo de México aplicó en 2006 lo que aprendió en 1988. Ni mansedumbre ni resignación; resistencia.
El pueblo, reunido en asamblea, decidió resistir. Pacíficamente, pero resistir. Rechazó como espurio al representante de la oligarquía y ungió con su legitimidad a su propio candidato. AMLO fue designado Presidente Legítimo de México. Cuando se materializó el atraco, el día primero de diciembre de 2006, la masa concentrada en el Zócalo estaba furiosa, pero desorganizada: el lenguaje exacerbado, las consignas temerarias, los ánimos exaltados, la violencia en el aire. Mientras que en el otro lado, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se había levantado una fortaleza. Esa mañana, las armas nacionales no, repito, no se cubrieron de gloria. AMLO inició la marcha, hacia el otro lado. ¿Cuántas vidas se salvaron ese día?
Diciembre y enero transcurrieron mientras se preparaba la operación política más ambiciosa de la historia de México. Organizar al pueblo. En febrero dio inicio el proceso que se ha dado en llamar credencialización. El nombre dice poco. En realidad se trata del compromiso en que de manera voluntaria, libre y consciente los mexicanos expresan su adhesión y apoyo al Gobierno Legítimo de México, cuyos postulados principales son la protección de los derechos del pueblo y la defensa del patrimonio nacional.
El compromiso es con el Presidente Legítimo de México. Con nadie más. No hay estructuras intermedias. La pertenencia que acredita el carnet de resistente es personal y directa; va de la base a la cúspide del movimiento. Ya hay un millón 200... y sumando.
La “credencialización” es el fundamento, sólo el fundamento, de la organización popular que se enfrentará a las instituciones viciadas que han servido de estribo para llegar a la silla presidencial espuria. Con esta organización, vale decir, con este poder el pueblo podrá construir un IFE digno de confianza, tribunales que hagan justicia y no favores, y unas fuerzas armadas al servicio de la nación y no del presidente. Así, paso a paso, se construye una nueva república.
Servicio de noticias ISA
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